SALVADOR PERCASTRE
Uno de los principales objetivos de configuración de lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea (UE), fue sin duda, el establecimiento de la paz entre las potencias del continente después de la Segunda Guerra Mundial y su posterior integración económica, política y social. Sin embargo, la Unión ha tenido que enfrentar grandes retos desde su fundación en los años 50; retos que hoy en día continúan poniendo a prueba los lazos que estrechan a 27 países del continente –después del Brexit– y de la zona del Mediterráneo, y que permiten mantener la paz y la convivencia compartida de más de 500 millones de personas que hoy en día, juntos producen más riqueza anualmente que cualquier otra economía del mundo, sólo superada por los Estados Unidos de América.
Sin embargo, el proyecto de integración supranacional más exitoso a nivel global, no se encuentra exento de dificultades. Si bien, históricamente la prioridad de integración fue la económica, probablemente ha sido la dimensión de integración social la que ha tenido una mayor percepción de éxito en la ciudadanía, no solo con la supresión de fronteras físicas artificiales para la libre circulación de personas entre los países miembros, sino con políticas de intercambio y movilidad social sobre todo en el ámbito educativo y profesional. Mientras que, justamente en la integración económica, es en donde se han encontrado las mayores dificultades de homologación, sobre todo en los sectores financiero y fiscal, especialmente en la zona del euro.
Las diferencias económicas entre los países miembros son evidentes. Por un lado se encuentra la UE poderosa de las 5 mayores economías: Alemania, Reino Unido –aún–, Francia, Italia y España, las cuales concentran el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 60 % de la población de la Unión.
En el mismo bando, se podría situar a la UE nórdica (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y al Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), que comparten vínculos culturales e históricos entre sí, y que, junto con Irlanda y Austria, poseen los más altos índices de PIB per cápita y de Desarrollo Humano de la UE, y al mismo tiempo registran los menores índices de pobreza humana.
Por otro lado, están los 15 restantes países de la Unión que, curiosamente, exceptuando a Portugal, se ubican todos geográficamente hacia el este de Europa. Países que, en mayor o menor medida, comparten características de nivel de desarrollo y se encuentran aún en el camino de una consolidación económica plena.
Basta con observar el peso económico que representan cada uno de estos dos bloques propuestos para tener una idea de la magnitud de las diferencias entre los dos modelos de desarrollo dentro de la Unión: el de occidente y el de la periferia.
Pero los grandes retos no están sólo en el plano de la economía global; la política doméstica también ha jugado un papel importante en el camino de la estabilidad. Recientemente, el crecimiento de las fuerzas políticas de ultraderecha, el populismo, la mala gestión de la crisis de personas que huyen de la guerra y la miseria en Oriente Próximo y en África o los procesos de autodeterminación en Cataluña y en Escocia, son algunos de los principales retos que enfrenta una UE que continúa liderada por Alemania y Francia, países fundadores de la Unión y, paradójicamente, archienemigos durante la Segunda Guerra Mundial.
La actual configuración política de la UE, permite observar cuál es su principal vocación ideológica y política. De los 28 estados miembros actuales, 4 se encuentran gobernados por dirigentes de algún partido conservador y ubicado ideológicamente en la línea dura de la derecha política: Polonia, Hungría y Bulgaria, con fronteras en el oriente de la UE y duramente cuestionadas por sus políticas de corte totalitario; además del Reino Unido, que bajo el liderazgo de Teresa May, se encuentra tutelando el complejo y dilatado proceso de salida de la UE, el llamado Brexit.
Mientras que en apariencia la democracia cristiana ha perdido fuelle en el contexto de la Unión, aún gobierna en 5 países que, aunque alejados geográficamente entre sí, juntos concentran la mayor población gobernada por liderazgos que comparten un mismo cariz ideológico; el más importante de ellos es Alemania, pero además están: España, Irlanda, Croacia y Chipre.
Por su parte, el liberalismo político es la ideología que lidera el mayor número de países en la Unión, con gobiernos ya sea de centroderecha o de centro. En países geográficamente muy cercanos como: Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia; en países vecinos del mar Báltico como Finlandia, Estonia y Letonia, e inclusive en Eslovenia, conectada al mar Adriático.
La socialdemocracia, que aparentemente también ha venido a menos, gobierna actualmente en sus múltiples modalidades que van desde el centro, el centroizquierda o la izquierda más clásica, en países tan disímbolos como, por un lado, Italia, Portugal, Rumanía y Malta, y por otro, Suecia, Austria, República Checa o Eslovaquia.
Finalmente, dos “rarezas ideológicas” por ser poco comunes en cuanto a gobiernos europeos son, sin duda, Grecia, situada en la izquierda radical, y Lituania, con el ecologismo político.
Dado lo anterior, es posible afirmar que el rumbo general de las políticas públicas y la orientación del ejercicio de gobierno de la mayoría de países de la Unión, se sitúa mayoritariamente desde el centro del espectro ideológico y hacia la derecha liberal. Además, resulta relevante que el mayor porcentaje de población de la UE se encuentra gobernada bajo liderazgos con posiciones ideológicas cercanas a estos valores y principios de gobierno.
Si bien es en el Parlamento Europeo, donde reside la soberanía de la Unión y donde se encuentra representada la pluralidad política e ideológica de sus ciudadanos, los arreglos institucionales aún limitan la acción del Europarlamento en las políticas públicas que se materializan en los Estados miembros. Pero además, con independencia de los distintos sistemas políticos que conviven en la UE, el ejercicio del gobierno sigue siendo responsabilidad preponderante de los líderes políticos de cada país.
Lo anterior permite advertir el camino que está siguiendo la UE para enfrentar los retos venideros; permite observar cuál es el rumbo que está tomando la sociedad de la Unión hoy en día y permite advertir cuáles serán las orientaciones ideológicas de las decisiones de gobierno que se tomen para tratar de solventar las problemáticas domésticas, pero también los retos comunes de gobierno.
Ante tales condiciones resulta natural plantearse cuestiones como ¿qué hacer para enfrentar los grandes retos? y ¿de qué forma se plantean soluciones asequibles a mediano plazo? Seguramente no existe una única respuesta y dependerá en buena medida de la voluntad de los líderes europeos y del compromiso de las sociedades de los países miembros.
Una política económica realmente común que permita una integración plena no sólo en el ámbito comercial, que tiene que ver fundamentalmente con el libre intercambio de productos y servicios. Una verdadera consolidación de los sistemas financieros estatales en un ente supraestatal que permita regular e institucionalizar como política común un sistema financiero global como en el caso de la administración de las pensiones o una consolidación bancaria común que abra la posibilidad de usar libremente productos y servicios entre entidades bancarias de todos los países, sean o no de la Eurozona.
Será necesario abandonar el rumbo de “la UE de las dos velocidades” e incrementar la capacidad de actuación directa de la UE para acelerar el proceso de crecimiento y desarrollo de las economías que aún se encuentran en una fase de estancamiento económico. Desde una mayor flexibilización de los bancos centrales de los Estados para que puedan ajustarse a las variaciones del tipo de cambio en el euro, hasta la posibilidad de plantear un tesoro común.
En el ámbito político, sería necesario adaptar los mecanismos de representación política para acercar más las instituciones de la UE a sus ciudadanos. Resulta necesaria una revisión de las instituciones políticas de la Unión, para dar mayor representatividad a las minorías políticas y a las regiones históricas de los países, para que en el marco de la representación parlamentaria europea sea posible incluir a zonas y regiones de los estados miembros que tienen particularidades históricas, culturales, geográficas y políticas, o para que la resolución de los posibles conflictos entre regiones estatales o transestatales tenga un cause institucional con la participación de la Unión Europea.
Tal vez si dentro de la Unión, hubiese mecanismos de intervención institucional para la mediación y colaboración en la resolución de conflictos entre entes infraestatales, como en el caso de Cataluña, no se hubiese llegado al extremo en el que se han desarrollado los acontecimientos de los últimos días. Situación que, por cierto, representa tal vez el mayor reto institucional al que se haya enfrentado la Unión.
El desencanto por la política y los políticos en el mundo es evidente, aún en sociedades modernas como las que conviven en la UE, sin embargo, es también una realidad que la vocación democrática de las sociedades europeas continúa siendo un baluarte para la convivencia común. El respeto a las libertades y a los derechos fundamentales deberá seguir siendo la línea infranqueable para el mantenimiento de la paz y el desarrollo de todos los miembros.
En un mundo aún dominado por las potencias económicas, militares y políticas como los Estados Unidos, China o Rusia, la importancia de la UE como ente político y social promotor de los valores democráticos universales resulta relevante no sólo para los países miembros, sino para todo el continente y allende sus fronteras.
Si bien es responsabilidad de las instituciones públicas y de los partidos políticos promover iniciativas para mejorar los arreglos institucionales de la UE y su actuación como ente supranacional común, resulta necesario entonces que desde la sociedad civil, las universidades, los sindicatos, las organizaciones civiles, los clubes, las plataformas de lucha social, los medios de comunicación libres, los grupos empresariales comprometidos con la democracia, las iglesias, y todos los distintos colectivos y todas las formas de organización social puedan desde su espacio social y geográfico, y desde su propia perspectiva promover iniciativas de transformación y presionar a los dirigentes políticos y a los representantes populares, a generar alternativas novedosas e incluyentes que permitan construir una Unión Europea que permita ser un proyecto viable para los retos del siglo XXI y sobre todo que sea un espacio común sustentable para las nuevas generaciones.
El no hacerlo, significaría la derrota histórica del proyecto democrático de consolidación sociopolítico y cultural más importante de la historia. Ojalá
Salvador Percastre Mendizábal es investigador miembro del Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona y adscrito al ReSIC de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).
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