MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ
Realidades políticas de la colonia más antigua del mundo: Puerto Rico
Fuera de su música popular, que cuenta hitos a nivel mundial y las imágenes de un paraíso caribeño, no siempre llegan a las portadas internacionales las peripecias políticas de Puerto Rico. La isla que tiene más puertorriqueños afuera de su suelo que dentro sigue siendo la colonia más antigua y propiedad de la hasta ahora nación más poderosa del mundo. Aun con su condición política, Puerto Rico tiene un sistema político y electoral peculiar regido principalmente por la deseabilidad o no para que cambie o se mantenga su relación política con Estados Unidos de América.
Trasfondo histórico
Puerto Rico ha sido colonia desde que Cristóbal Colón llegó a sus costas en el siglo XV. Primero fue del Reino de España, luego ha sido colonia de los Estados Unidos. La nación americana recibió el terruño caribeño en 1898 como saldo de la guerra Hispanoamericana. Con la firma del Tratado de París, el cual dio fin al mencionado conflicto bélico, España cedió como botines de guerra a Filipinas, Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos. Cuba declaró su independencia. Filipinas fue entregada a Estados Unidos a cambio de 20 millones de dólares americanos. Guam y Puerto Rico fueron cedidas sin más e inmediatamente se convirtieron en propiedades de Estados Unidos.
Inmediatamente entró en posesión de la isla, Estados Unidos implementó un régimen militar. Dos años después, en 1900, el Congreso de Estados Unidos aprobó la estructura de un gobierno civil republicano para Puerto Rico cuya mayor potestad de nombramiento era reservada para el presidente americano. Diecisiete años más tarde, Estados Unidos les concedió la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. Desde entonces y hasta hoy la ciudadanía americana que ostentan los puertorriqueños los hace ciudadanos americanos a nivel internacional, pero a nivel nacional mantiene diferencias entre los americanos que viven en el main land versus los que viven en la isla. A modo de ejemplo, un ciudadano americano que vive en Puerto Rico no tiene derecho a elegir al presidente de Estados Unidos ni tiene representación con voz y voto ante el Congreso. No obstante, la mayor parte de leyes y reglamentos federales sí aplican a Puerto Rico. Además de contar con su propio sistema de justicia, el sistema federal de justicia también tiene jurisdicción sobre Puerto Rico.
La razón de dicha desigualdad se fundamenta principalmente en que Puerto Rico no es estado, sino territorio de los Estados Unidos y le aplica la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Dicho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “Puerto Rico pertenece, pero no es parte de Estados Unidos” (Balzac v. Porto Rico) 258 U.S. 298 (1922).
La Constitución de Puerto Rico
Ante la presión internacional y local para aclarar la situación política con Puerto Rico y apaciguar los ánimos respecto a la opinión pública y la exigencia descolonizadora de la ONU, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1950 la conocida “Ley 600” para viabilizar que Puerto Rico estableciera “su propio gobierno y apruebe y vote por su constitución”. Fue en aquel entonces cuando se dio un proceso político local de Convención Constituyente y el documento resultante, luego de ser votado por los puertorriqueños, se llevó ante el Congreso federal para que fuera ratificado por este cuerpo donde no había ni hay representación con voz y voto de los puertorriqueños. Luego de ser modificado y aprobado por la legislatura federal, entró en vigor la Constitución que dio paso a conformar el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (nombre oficial de Puerto Rico). En ese entonces comenzó a regir un sistema de gobierno republicano local, análogo a las estructuras de los gobiernos de los cincuenta estados de Estados Unidos, pero con idiosincrasia particular y diferencias agudas en la relación política con la nación americana.
La ratificación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue la última acción y decisión del Congreso federal sobre la estructura de gobierno de Puerto Rico. No fue hasta el año 2016 cuando, en respuesta al descalabro fiscal y el endeudamiento público abismal del territorio, el Congreso aprobó la llamada “Ley PROMESA” o el “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” que estableció una Junta de Supervisión Fiscal sobre Puerto Rico con amplios poderes sobre el establecido gobierno local. Dicha Junta, cuyos miembros no son electos ni recomendados por los puertorriqueños sino por el presidente –al que los puertorriqueños no eligen– y el gobierno federal, tienen total poder para reestructurar la deuda económica de Puerto Rico, revisar y supervisar todos los procesos legislativos y gubernamentales y hasta vetar o rechazar la implementación de legislación aprobada por la legislatura y el gobierno local.
La situación colonial o territorial y la imposición de este ente rector ha levantado cuestionamientos legales y constitucionales en varias áreas y en tiempos recientes ha estado nuevamente ante los foros de justicia americanos quienes han reafirmado la territorialidad de Puerto Rico. Ciertamente, es una situación política sui generis.
Así las cosas y no es de extrañar, han sido múltiples los movimientos para cambiar el estado de indefinición política puertorriqueña. Hay grupos que han promovido la lucha armada para lograr la independencia de la isla y hay quienes han respaldado movimientos civiles o dentro del marco político legal para lograr un cambio de estatus que respalde la independencia o la anexión como estado de la nación americana. Ningún movimiento o acción ha tenido resultado vinculante para Estados Unidos y por ende ninguno ha cambiado el estado de las cosas en Puerto Rico.
Desde el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ante la falta de claridad en la relación política, son cinco los plebiscitos electorales o referéndums celebrados en Puerto Rico para consultar al pueblo puertorriqueño local sobre su relación política con Estados Unidos. Ninguna de las cinco consultas ha sido vinculante para Estados Unidos y no se han traducido en acciones políticas concretas, aunque todos los referéndums se han realizado en cumplimiento con las leyes y cartas magnas locales y federales, ninguno ha sido respaldado por en derecho internacional.
Por el proceso y por el resultado se podría concluir que cada una de las consultas ha sido un entretenimiento de turno para los puertorriqueños. Cada uno de los plebiscitos ha ocupado horas de debate local, derroche de dinero en campañas políticas, manipulación de opinión pública local e internacional y, al final, no han provocado algún resultado concreto respecto al estatus. Al ir a la raíz del asunto, el problema de todas las consultas es el mismo: son ejercicios locales que no cuentan con aval del Congreso Federal y por tanto no surten efecto vinculante ni concreto para Puerto Rico. Hoy en día no se ha podido establecer con certeza cuál es el deseo del puertorriqueño respecto al estatus político, porque cada una de las consultas mencionadas ha estado maniatada o “echa a la medida” de alguna ideología política y otra. Mitos populares y la base registrada de afiliados a los partidos políticas tiende a inclinar la balanza hacia que los puertorriqueños prefieren convertirse en estado de la nación americana.
Partidos políticos y elecciones generales
Dentro del contexto relatado, en Puerto Rico existe un sistema de partidos políticos cuyo eje se ha basado –hasta hoy– en la relación política que se desea con Estados Unidos. Al presente existen tres fuerzas políticas consistentes que se reúnen en los llamados “tres partidos principales”: el Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la estadidad para Puerto Rico; el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que lucha por la independencia para Puerto Rico y el Partido Popular Democrático (PPD), que se fundó para luchar por la igualdad social y que apoyó el establecimiento del Estado Libre Asociado. No obstante, hoy día, dentro de los correligionarios del PPD hay partidarios de solidificar y ampliar lo establecido en la Constitución de 1952 y hay partidarios de establecer una autonomía puertorriqueña manteniendo un pacto con Estados Unidos
En todos los partidos hay afiliados que dicen ser liberales y otros conservadores como entendido comúnmente en los sistemas políticos de muchos otros países. Hay quienes favorecen la igualdad social en muchos renglones y quienes mantienen posiciones sobre economía de intervención estatal. Dentro de cada partido hay variedad de posturas sobre política pública y de gobierno.
Las elecciones en Puerto Rico se celebran cada cuatro años a nivel isla y coinciden con la fecha de las elecciones a presidente de Estados Unidos, aunque en Puerto Rico no se vote por éste. En la isla se elige al Gobernador, a un Comisionado Residente, a senadores, a representantes y a alcaldes con sus asambleas municipales. Todos se eligen el mismo día y por voto directo. El sistema político se rige por legislación local salvo el Comisionado Residente, que se rige en parte por la legislación electoral federal y que es un representante de Puerto Rico electo por los puertorriqueños para tener una silla por cuatro años en la Cámara de Representantes federal y cuyo rol es participar de los procesos en el Congreso, pero no tiene derecho a voto.
Campañas políticas hoy
Hay quien pensaría que la situación política con Estados Unidos podría frenar la actividad y el frenesí político cada cuatro años. No obstante, la actividad electoral en Puerto Rico es sumamente alta y levanta pasiones profundas y gastos abismales en campañas políticas. Cada proceso electoral es análogo a como se hacen campañas políticas en otros países donde hay alto nivel de participación, con estructuras y equipos para cada candidato y para los partidos. Guarda mucha similitud con el proceso político de Estados Unidos y se ha nutrido de tendencias de política pop, fenómenos de outsiders y candidatos tradicionales. Con mayor frecuencia, cada campaña es motivo de visita de consultores internacionales y de trabajo arduo de asesores políticos locales. Hay quien pensaría que la aprobación de la Ley PROMESA y su Junta de Supervisión Fiscal, con poderes totales sobre el gobierno local, amilanaría el ánimo político y el gasto de hacer campaña política. No obstante, las últimas elecciones demostraron lo contrario. En la pasada campaña electoral (2016), sólo los candidatos a la gobernación sumaron más de cinco millones de dólares en recaudos de donativos políticos. La mayor tajada de ese dinero fue a la confección y pauta en medios de campañas políticas. A esta recaudación se le añaden los cientos de miles de dólares donados a comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), una figura que se permite a nivel federal y en Puerto Rico y el resto de los donativos hechos a candidatos de todos los niveles. Es por esto por lo que, aun con la condición política a la que está sujeto Puerto Rico con Estados Unidos, las campañas electorales locales se mantienen. Los próximos comicios son en el año 2020.
María de Lourdes Martínez-Cordero es comunicadora y abogada puertorriqueña. B.A. en periodismo, juris doctor de la Universidad de Puerto Rico y máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra.
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Notas y referencias:
Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922) https://supreme.justia.com/cases/federal/us/258/298/
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. http://www.ceepur.org/
Constitución de Puerto Rico. http://www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asocicado-PR.pdf
Oficina del Contralor Electoral. http://oce.pr.gov
Fernando Picó, Historia General de Puerto Rico, Ediciones Huracán, 2008.
“¿Por qué algunos consideran que Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo?” BBC, 2017, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40178522
Ley PROMESA http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title48/chapter20&edition=prelim
Senado de Puerto Rico www.senado.pr.gov
Limarys Suárez, A 35 días de las elecciones, quién lidera en donativos para su campaña, 2016, https://cb.pr/a-35-dias-de-las-elecciones-quien-lidera-en-donativos-para-su-campana