ELISEO OLIVERAS
La confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y nacionales y en los partidos políticos está bajo mínimos.
Las propuestas de reforma planteadas por los dirigentes europeos no abordan las raíces del malestar ciudadano.
Los dirigentes de la Unión Europea (UE), nacionales y de las instituciones comunitarias, tienen un grave problema con sus ciudadanos que se expresa en cada oportunidad que le ofrecen las urnas y también en movilizaciones masivas contra políticas emblemáticas europeas, como los tratados comerciales internacionales (ACTA, CETA, TTIP, TiSA). Esto es debido fundamentalmente a la ruptura del contrato social de la posguerra y al incumplimiento de las promesas sociales del artículo 2 del Tratado de Maastricht (1992) de promover un “elevado nivel de empleo y protección social, creciente nivel y calidad de vida y cohesión económica y social”, que fueron degradadas en el nuevo artículo 3 del actual Tratado de la UE.
Los partidos euroescépticos, populistas y de extrema derecha han logrado un elevado respaldo electoral en Italia, Francia, Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca, Hungría, Polonia y Finlandia. El voto contra las políticas oficiales europeas también se ha expresado mediante el respaldo a los partidos situados a la izquierda de los socialdemócratas, que asimismo han conseguido significativos avances electorales en España, Portugal, Grecia, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Y el voto de los británicos a abandonar la UE en el referéndum de junio de 2016, pese a la demagogia que rodeó la campaña, evidenció como un mazazo la profundidad de ese malestar ciudadano que no se quería admitir que existía.
La realidad que revelan los sondeos
El último sondeo Eurobarómetro de la Comisión Europea, publicado en agosto de 2017, revela que la confianza de los ciudadanos en la UE, las instituciones nacionales y los partidos políticos están bajo mínimos. El porcentaje de ciudadanos europeos que confía en la UE se limita al 42 %, sólo el 40 % tiene una imagen positiva de la UE y únicamente el 30 % considera que las cosas vayan en la dirección correcta en la UE. Además, el 52 % de los europeos se queja de que su opinión no cuenta en las decisiones que adopta la UE.
El porcentaje de confianza medio de los europeos en el parlamento y gobierno nacionales es aún más bajo: el 37 % y el 36 %, mientras que la confianza en los partidos políticos cae al 19 %. En el caso de España, las cifras del Eurobarómetro son aún más devastadoras: el porcentaje de ciudadanos que confía en los partidos políticos se limita al 7 %; en el gobierno y el parlamento nacional, al 18 %; y en la UE, al 40 %. Únicamente el 27 % de los españoles considera que las cosas van en la dirección correcta en la UE y el porcentaje baja al 25 % en el caso interno de España. Además, el 66 % señala que su opinión no cuenta en la UE.
Otro sondeo publicado en junio de 2017 por la Chatham House británica (Royal Institute of International Affairs) también revela, por ejemplo, que el 72 % de los ciudadanos europeos considera que los políticos no tienen en cuenta lo que le preocupa a la gente y que el 54 % piensa que su país era un lugar mejor para vivir hace 20 años que ahora, mientras que sólo el 27 % estima que es mejor ahora. El mismo sondeo indica que el 49 % de los ciudadanos considera que el “trabajo duro generalmente no lleva al éxito, sino que depende de las conexiones y la suerte”, mientras que sólo el 25 % estima que el trabajo duro da resultados positivos.
Una UE indispensable en un mundo globalizado
Nadie niega los éxitos de la UE, que ha ofrecido a Europa su periodo de paz y prosperidad más prolongado de su historia. La UE también es más indispensable que nunca en el actual e inestable mundo globalizado para proteger a los ciudadanos y los gobiernos nacionales frente al poder desmesurado de las grandes multinacionales y del sector financiero, para hacer valer los intereses de Europa en el mundo, para contribuir a resolver los conflictos internacionales y para defender a sus ciudadanos de las amenazas de seguridad (desde guerras exteriores, a terrorismo y a crimen organizado). El caos británico posterior al referéndum del Brexit y la percepción de la fragilidad y aislamiento de un país individual en el mundo globalizado ha enfriado la tentación de abandonar la UE en los ciudadanos de otros países, pero no ha debilitado el malestar, ni el rechazo a la política y a la forma de hacer política en la UE.
Las raíces del malestar ciudadano
Los economistas, sociólogos e historiadores agrupan en tres bloques las principales causas de ese malestar ciudadano respecto a la UE: el empeoramiento de las condiciones de vida de una parte creciente de la población (desigualdad, precariedad, pérdida de poder adquisitivo, recortes sociales, degradación educación y sanidad pública), la sustracción de las decisiones económicas al control y opinión de los ciudadanos a través de la tecnocracia europea y el repliegue identitario nacional como reacción a la inseguridad generada por una globalización desregulada, por el fracaso de la integración de los inmigrantes y por el desarrollo de comunidades islamistas que rechazan de forma militante los valores y el modo de vida europeos.
Sin embargo, los líderes de la UE siguen considerando que el desencanto de los ciudadanos no se debe a la política económica que se impone desde Bruselas de forma tecnocrática, sino que es fruto de un problema de comunicación y desconocimiento, de la insuficiente explicación de los beneficios de pertenecer a la UE. Los dirigentes europeos actúan como si en ese malestar ciudadano no tuvieran ninguna responsabilidad las políticas concretas que ha promovido la UE: la austeridad, el recorte de derechos laborales y sociales, la desregulación financiera que condujo a la crisis, el reparto injusto de los sacrificios de la crisis, la rebaja de los impuestos para los más favorecidos, la pasividad con las empresas y bancos que operan en los paraísos fiscales, la privatización y encarecimiento de los servicios públicos, los sucesivos recortes en la protección social… O las políticas que se han abandonado en la UE: la lucha contra la desigualdad social y la defensa de un empleo no precario, de salarios que cubran el coste de vivir, de vivienda asequible y de servicios públicos en educación y sanidad adecuados.
Reformas que mantienen el statu quo
Tras el referéndum del Brexit, los jefes de estado y de gobierno de la UE y los dirigentes de las instituciones europeas han asegurado reiteradamente que han escuchado el mensaje de queja de los ciudadanos. Pero las medidas concretas y sus planes de futuro anunciados hasta ahora, como la Declaración de Roma de marzo de 2017, son una mera reafirmación del statu quo, el mantenimiento de la política de austeridad, la exigencia de más reformas estructurales (recortes laborales y sociales) y nuevas privatizaciones de servicios públicos y sólo vagas referencias a una Europa social sin concretar.
El primer paso para recuperar el perdido apoyo ciudadano a la UE requiere un cambio significativo en la política económica europea para recuperar el contrato social europeo de la posguerra, establecer una política tributaria más justa, acabar con la política de austeridad, la precariedad laboral y los recortes del gasto público y corregir la enorme desigualdad social creada por los efectos acumulativos de tres décadas de política neoliberal, tras el triunfo del denominado Consenso de Washington, promovido por el presidente norteamericano Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher.
El FMI avisa que el sistema tributario es injusto
Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido en su informe Monitor Fiscal Otoño de 2017, presentado en octubre, sobre la grave desigualdad que están generando en Europa y Norteamérica las rebajas tributarias a las personas con más ingresos y los consiguientes recortes en el gasto público social, en un giro significativo respecto a la política defendida durante décadas por la institución (y por la Comisión Europea).
En los últimos treinta años, indica el informe del FMI, se ha producido un elevado incremento de la desigualdad en casi todos los países de la UE, con la excepción de Francia, Irlanda y Grecia, donde se ha reducido. El estudio del FMI destaca que la progresividad tributaria como instrumento de redistribución de la riqueza ha caído en las tres últimas décadas, ya que el tipo máximo del impuesto sobre la renta ha pasado de media del 62 % de 1981 al 35 % en el 2015 en los países de la OCDE, trasladando el peso de la carga tributaria a los trabajadores y a la clase media. A ello, se ha sumado al efecto negativo del aumento de los impuestos indirectos, que acentúan la desigualdad, añade la institución.
El FMI precisa que el sistema tributario agrava aún más la desigualdad de lo que indican esos datos, “porque las personas con más ingresos tienen más acceso a deducciones fiscales y más oportunidades para eludir los impuestos”. “No hay evidencia empírica que muestre que la progresividad fiscal haya sido perjudicial para el crecimiento económico”, concluye el informe del FMI. La institución destaca además que “existe margen para aumentar la progresividad en los impuestos sobre la renta sin dañar al crecimiento”, desmontando las tesis de los economistas neoliberales y de la propia Comisión Europea.
Numerosos economistas, como el Premio Nobel Joseph Stiglitz, han recordado estos días que “ni la teoría, ni la evidencia indican que este tipo de rebajas fiscales (personas con más ingresos y grandes compañías) vaya a incrementar la inversión o el empleo”. “La lección clave” de la época de Reagan es que “este tipo de rebajas fiscales no conducen a un crecimiento más rápido, sólo a recortar la recaudación”, ha subrayado Stiglitz.
Otra política tributaria más justa permitiría disponer de más recursos estatales para la inversión pública, el impulso de la actividad económica y el gasto social. Sin embargo, la dinámica en la UE parece ir por la senda contraria, como muestran los avales de la Comisión Europea a las rebajas fiscales y las nuevas reducciones de impuestos, en especial para los más acomodados, planteadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, las anunciadas por el nuevo gobierno holandés y las prometidas en sus programas electorales por los democristianos y liberales alemanes y los democristianos austríacos.
La desigualdad social compromete la recuperación
Las consecuencias negativas de las políticas de reformas laborales de las últimas décadas también fueron reconocidas de forma implícita por el FMI en sus Previsiones Económicas de Otoño del 2017, cuando admitió que se estaba produciendo un estancamiento de los salarios, un crecimiento de la precariedad laboral y una disminución de las horas totales trabajadas en las economías avanzadas, lo que estaba contribuyendo a aumentar la desigualdad social. El economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, indicó que “la desigualdad ha alimentado un desencanto político y un escepticismo sobre los beneficios de la globalización y pone en entredicho la recuperación económica”.
El porcentaje de personas con empleo, pero con ingresos por debajo del umbral de pobreza, no para de crecer en la UE y representa el 13,1 % de los ocupados en España, el 9,5 % en Alemania, el 11,5 % en Italia, el 8,3 % en Austria y el 7,9 % en Francia, según los últimos datos de Eurostat correspondientes al año 2016. El porcentaje de población de la UE expuesta al riesgo de pobreza se sitúa de media en el 23,4 % en el conjunto de la UE (27,9 % en España y 19,7 % en Alemania), según Eurostat.
Corregir el déficit democrático de la UE
Un segundo bloque de medidas para recuperar el apoyo ciudadano pasa por devolverle a la UE un control real sobre las decisiones políticas y por corregir el actual déficit democrático y la imposición tecnocrática de la política económica por parte de la Comisión Europea, como han denunciado sociólogos tan dispares como Jürgen Habermas y Wolfgang Streeck. Por ejemplo, tras las reformas del gobierno económico de la eurozona adoptadas durante la crisis (los reglamentos del Six-Pack y el Pacto Fiscal), las recomendaciones de política económica de la Comisión Europea (diseñadas por altos funcionarios no electos y que escapan a cualquier control democrático) quedan aprobadas automáticamente en el Consejo de Ministros de Economía de la Eurozona a menos que haya una casi imposible mayoría cualificada en contra. Por ello, los ciudadanos, aunque cambien de partido gobernante a nivel nacional no pueden cambiar la política económica oficial.
Una corrección mínima del déficit democrático de la UE implicaría poner coto a la actual influencia desmedida de los lobbies en la elaboración de los proyectos legislativos y decisiones de la Comisión Europea, someter a las decisiones del Eurogrupo a un control efectivo del Parlamento Europeo y dotar a los eurodiputados de capacidad para destituir individualmente a los comisarios y a los responsables de las agencias europeas (donde proliferan los informes científicos y recomendaciones subordinados a los intereses del sector correspondiente) y para penalizar a los excomisarios cuyos fichajes posteriores constituyeran un claro conflicto de interés con los principios éticos establecidos en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE (casos José Manuel Durao Barroso, Neeile Kroes, Karel De Gucht).
Macron ha sido el único que ha propuesto hasta ahora algún tipo de medida para subsanar el déficit democrático, como dotar de un “control efectivo” al Parlamento Europeo sobre el Eurogrupo, pero no ha obtenido el apoyo de Alemania, ni de la Comisión Europea.
Las reformas democráticas no pueden limitarse a la UE, sino que tienen que alcanzar a los estados miembros para salir de la actual situación de postdemocracia que ha descrito el sociólogo Colin Crouch, donde la democracia ha quedado vaciada de contenido y reducida a meras elecciones regulares, mientras una élite política estrechamente vinculada al mundo de los negocios legisla y gobierna al servicio de los grandes grupos económicos y financieros, a espaldas de los ciudadanos desprovistos de cualquier poder de control efectivo.
El espejismo de la Europa “fortaleza” frente a la inmigración
De las grandes preocupaciones ciudadanas, los dirigentes europeos sólo han prometido abordar la preocupación por la inmigración, aunque la estrategia propuesta gira alrededor de medidas de seguridad y un planteamiento irrealista de Europa fortaleza. Una reforma justa de los sistemas tributarios y una lucha real contra los paraísos fiscales permitiría a los estados disponer de fondos adecuados, en lugar de los recortes aplicados hasta ahora, para poder integrar a los inmigrantes y refugiados que seguirán llegando, aunque sólo sea por la explosión demográfica en marcha en África, por la proliferación de los conflictos y el terrorismo en África y Asia y por los efectos negativos del cambio climático.
Los recortes aplicados en las últimas décadas al gasto público (educación, sanidad, vivienda, protección social) han creado la sensación entre muchos ciudadanos europeos de que tenían que competir con los inmigrantes para acceder a unos servicios y recursos sociales cada vez más escasos y deteriorados, lo que ha facilitado que fueran escuchados los argumentos electorales de los partidos de extrema derecha contra los inmigrantes. El envejecimiento de la población de Europa requiere una política activa pro natalidad o más inmigrantes, o ambas, para evitar una enorme pérdida de población activa y el declive económico.
Eliseo Oliveras es analista de Política Internacional y Economía en El Periódico de Catalunya. Licenciado en Historia (Universidad de Barcelona, 1981). Corresponsal europeo durante dos décadas en Bruselas para El Periódico. Premio de Periodismo Europeo Salvador de Maradiaga 2003 y Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta 2014. Coautor de los libros colectivos Irak en clave global (Universidad de Castilla-La Mancha, 2004) y El Futuro de un Sueño: Europa 2046 (Parlamento Europeo, 2016).
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