DIEGO VALADEZ
El desencanto social que se ha visto en los últimos años hacia la clase política y dirigente ha sido un fenómeno común en varias partes del mundo, y cuyo fin no parece estar cerca. Se trata de una realidad palpable, a la que se han dedicado ríos de tinta para explicar, tanto sus causas como sus efectos.
En México han transcurrido ya tres meses desde que se celebraron las elecciones más grandes de su historia, mismas en las que el indiscutible ganador fue el partido Morena, cuya imagen e ideología es indisoluble a la figura de su entonces candidato y próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces y hasta el 1º de diciembre próximo (fecha en la que entrará en funciones el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal), es indudable que el hoy presidente electo es quien mantiene la titularidad de la agenda mediática, siendo sus promesas de campaña uno de los temas que mayor interés despierta entre sus seguidores y detractores.
Uno de los tópicos que abanderó Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial es el referente a un conjunto de reformas que prometió impulsar desde su presidencia y con el apoyo de los legisladores de Morena, a fin de reducir costos y gastos dentro de la Administración Pública Federal, así como en otros rubros del gobierno. Sobre esto, hace unos días, la bancada de Morena en la cámara de Senadores anunció su intención de buscar una reforma que reduzca hasta en un 50% el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales como parte de sus prerrogativas constitucionales. Para contextualizar, en México la Constitución prevé que los partidos políticos nacionales deberán de contar, de manera equitativa, con elementos y recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades, por lo que en la Ley se establecerán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizarse que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
Así, año con año el Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad encargada de establecer las cifras del financiamiento público que recibirán los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y electorales, según existan o no comicios que celebrarse. Actualmente, el cálculo del monto al que tienen derecho de recibir los partidos políticos nacionales es el derivado de multiplicar el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. El monto obtenido, se reparte: el 30% se distribuye en forma igualitaria entre todos los partidos políticos nacionales; el 70% restante se asignará de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Para este año 2018, en el que se celebraron elecciones federales y 29 locales, los partidos políticos recibieron más de 6,000 millones de pesos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, sus actividades específicas, así como para cubrir sus gastos de campaña.
La iniciativa que ahora impulsa la bancada de Morena en la cámara de Senadores, propone reducir a la mitad estos montos, haciendo que el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral se multiplique únicamente por el 32.5% del valor de la UMA, y no por el 65% como actualmente prevé nuestra Constitución.
De acuerdo con la exposición de motivos que se lee en el texto de la iniciativa firmada por el Senador Ricardo Monreal (Morena), “el monto de los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos es claramente excesivo y no corresponde con la difícil situación económica y social que ha vivido nuestro país en años recientes”. Si bien es cierto que la mayoría de los ciudadanos podríamos acompañar esta afirmación, también es que no por ello podemos asumir que la simple reducción del financiamiento público que reciben los partidos políticos, a través de la modificación de la fórmula, pueda asegurarnos que con ello los partidos asumirán un manejo responsable de sus finanzas. De la misma forma, tampoco eso puede asegurar que los recursos que este año no se asignen a los partidos políticos, llegue a programas sociales en beneficio de los más desfavorecidos, o cuando menos la iniciativa tampoco lo explica.
En otro apartado de la iniciativa, puede leerse que “según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los partidos políticos son instituciones que tienen un nivel de desconfianza del 82%”, para posteriormente comparar los recursos públicos que le son asignados a los partidos políticos, frente a los que le son entregados a otros organismos promotores de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en México. Nuevamente, sin evaluar si los recursos públicos asignados a estos otros organismos garantizan mejores resultados, ¿o acaso el nivel de confianza que puedan tener nuestras dependencias son un parámetro justo y objetivo para asignarles un mayor o menor financiamiento público? Es otra de las preguntas que no responde, ni parece contemplar, el texto de la iniciativa.
Es totalmente cierto que los partidos y actores políticos hoy en día sufren de un gran desprestigio a los ojos de las sociedades modernas, pero dudo mucho de que eso sea suficiente argumento como para implementar reformas que pueden poner en riesgo la estructura actual de nuestro sistema electoral mexicano, por lo menos cuando dichas reformas carecen de un estudio serio y concienzudo de sus efectos inmediatos y últimos alcances.
La construcción del sistema electoral mexicano ha pasado por profundas transformaciones, y es obvio que la propia dinámica social nos exige pensar en su rediseño cuando ello pueda garantizarnos (o válidamente nos pueda hacer presumir) que traerá mejores resultados, pero es una realidad que en esta materia también se ha podido ver que los avances se dan a pasos de tortuga y los retrocesos en saltos agigantados.
Particularmente existen dos cuestiones que no deberían de pasarse por alto y, por tanto, requieren de una adecuada reflexión previo a decidir si es o no benéfica la reducción del financiamiento público a los partidos políticos en México. Ello, dejando de lado la discusión de si la democracia mexicana podría apostar hoy por abrir las fuentes de financiamiento privado para partidos y candidatos.
Le primera cuestión, se refiere a las grandes sumas de dinero que reciben los partidos políticos y candidatos provenientes de fuentes desconocidas (o incluso ilícitas) para el financiamiento de sus campañas electorales. De acuerdo con el estudio titulado “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, de la autoría de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde[2], se estima que, en promedio, por cada peso que un candidato a gobernador declara haber gastado en su campaña a la autoridad electoral, hay 15 pesos que se mueven en la irregularidad. Con cifras tan alarmantes como estas, conviene preguntarse si la reducción del financiamiento público no puede convertirse en un incentivo aún mayor para que candidatos y partidos se alleguen de recursos de procedencia desconocida o ilícita que pudiere comprometer la legitimidad y legalidad del propio sistema electoral. Pareciera ser, entonces, que el problema central del dinero relacionado con los partidos políticos y campañas electorales está más enfocado en un manejo opaco por parte de sus responsables, agravado por una deficiente fiscalización y vigilancia de estos de parte de las autoridades.
La segunda cuestión tiene que ver con que el modelo de financiamiento público para los partidos en México, atiende a la necesidad de dotarlos de un piso parejo que garantice la equidad en la contienda, sin importar si son o no de nueva creación o de la fuerza electoral con la que cuenten, a la vez que se procura evitar que los partidos tengan que recurrir a fuentes de financiamiento prohibidas por la Ley, que puedan poner en riesgo la imparcialidad el desarrollo de las contiendas. Para el primer caso, se prevé una bolsa presupuestal que se divide en partes iguales entre todos los partidos; mientras que para el segundo, es que se garantiza la prevalencia de los recursos públicos sobre los privados. La iniciativa que hoy pone sobre la mesa el partido ganador de las últimas elecciones, pasa de largo sobre este tema.
Estas dos cuestiones deberían de ser suficientes para motivar una reflexión más profunda acerca de si la reducción del financiamiento público de los partidos políticos es en realidad una solución adecuada y oportuna sobre los problemas que atraviesa el sistema electoral mexicano, considerando que quien impulsa dicha iniciativa es, precisamente, el partido político que durante los próximos 3 años, cuando menos, contará con una indiscutible mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. No debemos olvidar que, en la historia política de México, los partidos gobernantes suelen caracterizarse por hacer uso del aparato estatal para buscar un mejor posicionamiento entre los electores y, así, obtener una ventaja indebida sobre sus demás competidores.
Diego Valadez es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estudios en Análisis Político (ITAM) y en Elecciones y Partidos Políticos en México (COLMEX). Actualmente cursa el Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá, España. Ha trabajado en el ámbito de la comunicación política, comunicación de gobierno, democracia y participación ciudadana tanto en el ámbito público como en el ámbito privado en una agencia de comunicación política. (@DieguitoValadez)
