DIEGO VALADEZ

El miércoles 16 de mayo, alrededor de la una de la tarde, se comenzó a difundir una noticia que sorprendió a más de uno: la candidata independiente Margarita Ester Zavala Gómez del Campo anunciaba que se retiraba de la carrera presidencial mexicana. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría tratado de encontrar la motivación para la toma de esta decisión.

En días previos, la propia candidata Zavala ya había manifestado distintas dificultades que enfrentaba su equipo de campaña por la falta de recursos suficientes y que le impedían desplegar una estrategia electoral competitiva en comparación con las estructuras partidistas de los tres candidatos presidenciales ubicados en los primeros puestos. Sin embargo, ningún razonamiento podría arrojar un análisis exhaustivo de todos los factores que pudieron impulsar la toma de esta decisión que, por supuesto, es muy probable que haya sido consultada con el entonces equipo de campaña de la candidata presidencial.

Sin embargo, y con independencia de los efectos que pudiera tener este acto en la contienda presidencial que se disputará el próximo primero de julio, este hecho abre la puerta a un breve análisis sobre la búsqueda de equidad en la contienda para que los partícipes gocen de efectiva competitividad en el marco legal y constitucional mexicano, principalmente en el caso de aquellas candidaturas que se postulen por vía independiente.

En primer lugar, es conveniente recordar que el modelo de financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos en México es de tipo mixto –integrado por recursos de origen público y privado–, regido por un principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado.

En general, este modelo de financiamiento gozó de una irrestricta observancia a través de una preponderante influencia condicionada por la ministración de recursos económicos. Su fin era evitar una posible injerencia de poderes fácticos y económicos que pudieran pervertir el sentido de la política mexicana. Sin embargo, desde el año 2014 este modelo de financiamiento tuvo que ser rediseñado a partir de la inclusión en el sistema político-electoral mexicano de las candidaturas apartidistas (o candidaturas independientes, como frecuentemente se les conoce).

Así, el modelo de financiamiento político-electoral en México fue sustantivamente modificado para corresponder al nuevo modelo de candidaturas. En ese sentido, se optó como solución dar a las candidaturas independientes a nivel federal un trato semejante al de un partido de nueva creación. Este trato considera al número total de candidatos independientes que hayan obtenido su registro ante la autoridad electoral federal para posteriormente distribuir entre ellos una bolsa común equivalente al financiamiento público que le correspondería a un partido de nueva creación.

A su vez, esta bolsa común se distribuye en tres partes iguales de acuerdo con el tipo de candidatura federal de que se trate: una tercera parte para candidatos independientes presidenciales, otro tanto para candidatos independientes a una diputación federal y otro igual para candidatos independientes a una senaduría. Obtenidas estas tres bolsas de financiamientos público, se procede a dividirla entre el número total de candidaturas independientes registradas para el cargo de que se trate. Lo anterior, bajo una última regla de asignación: en caso de que un solo candidato independiente obtenga su registro para alguno de los cargos referidos, su financiamiento público no podrá exceder del 50% del monto total que corresponda para dicho cargo.

De esta forma, en fecha 28 de marzo de 2018 el Instituto Nacional Electoral aprobó como financiamiento público para los candidatos independientes de los 3 cargos federales una bolsa común de 42.9 millones de pesos, que una vez divididos entre los tres diversos cargos a disputar corresponderían a cada uno una sub-bolsa de 14.3 millones. Esto quiere decir que para la candidata y el candidato independiente a la Presidencia de la República le corresponderían como financiamiento público para su campaña poco más de 7 millones de pesos, cantidad máxima si se toma en consideración la regla señalada en la parte final del párrafo anterior, léase el límite del 50% para el caso de que un solo candidato independiente obtenga su registro para alguno de los cargos referidos.

Por supuesto, esta cifra aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral guarda una enorme discrepancia con el tope de gastos aprobados específicamente para las campañas al cargo de Presidente de la República que para esta elección oscila en los 429 millones 633 mil 325 pesos. Es decir, que los candidatos independientes para presidente de la República únicamente cuentan con un financiamiento público autorizado de poco más de 7 millones de pesos, cuando los candidatos al mismo cargo pero postulados por vía partidista tienen la amplia posibilidad de gastar hasta cerca de 43 millones de pesos en sus campañas políticas. Por obviedad de razones, es que el financiamiento privado era la única entrada de recursos de los que podrían disponer las candidaturas independientes para aspirar a entablar una postura competitiva con sus semejantes partidistas.

Un trato semejante reciben los candidatos independientes por lo que se refiere al derecho de acceso a espacios y tiempos en radio y televisión que en el modelo electoral mexicano es administrado en forma monopólica por el Instituto Nacional Electoral. En este caso, los candidatos independientes también reciben un trato idéntico al de un partido de nueva creación con una metodología distributiva muy parecida al del financiamiento público, teniendo por resultado que los tiempos en radio y televisión de las candidaturas independientes también son considerablemente inferiores a los que gozan los partidos políticos nacionales. Para el caso que nos ocupa, el número de spots para campañas presidenciales quedó de la siguiente forma:

Bajo este contexto se dio la renuncia pública de la candidata presidencial Margarita Zavala. Más allá de todo tipo de especulaciones, lo cierto es que este nivel de desventaja, que actualmente existe en el sistema electoral mexicano, ubica a los contendientes por vía apartidista en una situación de desigualdad para poder posicionarse en un escenario real de competitividad frente al electorado.

Mi diagnóstico es que, considerando que el financiamiento privado quedó como la única vía de ingresos disponible de los candidatos independientes para alcanzar un piso de competitividad mínimo, hacer condicionar las aportaciones a las campañas, de parte de la iniciativa privada, a grado tal de poder constreñir o comprometer (en mayor o menor medida) la autonomía e independencia que se pretendía alcanzar con el principio establecido para partidos políticos: prevalencia del recurso público sobre el privado.

Es decir, ¿acaso no podría afirmarse una relación inversamente proporcional entre el grado de competitividad real de un candidato independiente con el nivel de injerencia que pudiere representar la aportación de un ente privado a su campaña? En el caso concreto de Margarita Zavala, con una preferencia electoral cercana al -2%/+4%, ocupando un cuarto lugar muy lejano del puntero de todas las encuestas Andrés Manuel López Obrador, es indudable que esto tiene un impacto directo en el costo individual que representaba a sus simpatizantes realizar aportación alguna a su campaña, salvo que ese costo fuere, a su vez, compensado con una posibilidad real de intervenir y formar parte de las decisiones y rumbo de la campaña.

Insisto en que este breve artículo no tiene por objeto emitir un juicio de valor sobre la figura de los candidatos independientes en el sistema electoral mexicano, mucho menos tratar de justificar o explicar cabalmente el contexto en el que pudo haberse asumido la decisión política de la otrora candidata presidencial Margarita Zavala; simplemente, me parece que es una reflexión que conviene hacerse sobre un posible círculo vicioso que podría poner en riesgo la anhelada independencia y autonomía que hasta el momento pretende alcanzar la democracia mexicana a través de las llamada “candidaturas independientes” en su sistema electoral.

Diego Valadez es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estudios en Análisis Político (ITAM) y en Elecciones y Partidos Políticos en México (COLMEX). Actualmente cursa el Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá, España. Ha trabajado en el ámbito de la comunicación política, comunicación de gobierno, democracia y participación ciudadana tanto en el ámbito público como en el ámbito privado en una agencia de comunicación política. (@DieguitoValadez)