JESSICA FILLOL

Pocos son realmente los temas que concitan unanimidad en el movimiento feminista, tan plural como autocrítico. La situación de la prostitución en el mundo enfrenta a las feministas abolicionistas, regulacionistas y prosex o pro trabajo sexual. La pornografía divide a las feministas. Por un lado, las liberales, que consideran la pornografía una representación de las fantasías sexuales, y por otro las radicales (en el sentido de ir a la raíz de las cuestiones analizadas), que cuestionan el origen del deseo en un mundo patriarcal que nos bombardea constantemente con fantasías masculinas a las que las mujeres hemos de aspirar y dudan que pueda existir un porno ético y feminista, o incluso el postporno que no implique la cosificación de las mujeres y una determinada dosis de violencia sobre los cuerpos femeninos. El binarismo de género separa de nuevo a feministas radicales que consideran el género un constructo social que nos encapsula en unos roles determinados y que debería ser abolido por innecesario en aras de la libertad, y transfeministas que consideran el género parte de la identidad individual al margen de la genitalidad y por lo tanto pueden existir tantos géneros como personas. La gestación subrogada o vientres de alquiler, terminología que varía dependiendo de la postura a favor o en contra, también forma parte actualmente de los debates feministas sin que se vislumbre un punto de acuerdo.

No obstante, si hay un tema en el que existe cierto consenso entre las distintas corrientes feministas es el aborto. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El pasado 28 de septiembre tuvo lugar el Día Internacional por el Derecho al Aborto, un evento de carácter internacional que se viene realizando desde que fue instituido en 1990 por las organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe. Numerosos fueron los actos y manifestaciones que tuvieron lugar en distintos países de Europa y América Latina en favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde hace varias décadas, los avances médicos permiten que la interrupción del embarazo pueda realizarse en condiciones seguras y dignas para la mujer, pero es necesario voluntad política para ello. La espada de Damocles pende sobre las mujeres que deciden no llevar a término un embarazo no deseado, y sobre el personal sanitario que realiza las intervenciones: amenazas, cárcel, estigmatización social y en no pocos casos la muerte en clínicas clandestinas es el destino de las mujeres que deciden someterse a un aborto en la mayor parte del mundo.

En Argentina, pese a que fue el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario, los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna, que se ceba especialmente entre las mujeres jóvenes y pobres, víctimas de una legislación sobre sus cuerpos, en palabras de la activista Martha Rosenberg “el primer territorio para el ejercicio de soberanía”, que hipoteca su futuro y limita su capacidad de decisión siendo criminalizadas y estigmatizadas cuando no desean continuar una gestación no planificada.

En España, en septiembre de 2014, las protestas de los colectivos feministas, respaldados mayoritariamente por la sociedad, lograron paralizar la infame reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo promovida por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, quien se vio forzado a renunciar a su cargo así como a su escaño de diputado en el Congreso al ser formalmente desautorizado por el jefe del ejecutivo en un extraño (por infrecuente) ejercicio de autoridad de Mariano Rajoy, tras tres años de tramitación. Este proyecto de ley promovido por el sector más conservador dentro del PP pretendía una vuelta atrás de la ley de plazos aprobada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en línea con otros países de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania, que permitía la libre interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin tutelas médicas sobre la autonomía de las mujeres, y propugnaba no solo un regreso a la ley de supuestos de 1985, sino un endurecimiento de estos en la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo más restrictiva de la democracia, eliminando incluso los supuestos de malformación del feto. Entre otras afecta gravemente a la libertad de decisión de las mujeres de 16 y 17 años al obligarlas a obtener la aprobación de ambos progenitores en su voluntad de interrumpir un embarazo no deseado, independientemente de las circunstancias familiares de la menor, incluso en casos de violencia o desamparo. Asimismo, reducía los supuestos para poder abortar a casos de violación o grave riesgo para la madre, obligando a las mujeres a llevar a término un embarazo aunque este fuese incompatible con la vida del feto o en casos de graves malformaciones congénitas, condenando a numerosas mujeres y a sus familias a un sufrimiento indescriptible. Estas medidas suscitaron una fuerte reacción social en contra liderada por los colectivos feministas que desencadenó finalmente la dimisión del Ministro de Justicia, en sus horas más bajas tras años de ser el político mejor valorado de su partido.

En abril, multitudinarias manifestaciones contra la violencia machista recorrieron México unidas bajo la consigna “Vivas nos queremos”, en uno de los 25 países del mundo más violentos para las mujeres. Cada 24 horas, 6 mujeres son asesinadas en México, con 15.000 denuncias por violación al año de las que sólo 1 de cada 5 acaba en juicio y 1 de cada 10 logra sentencia condenatoria para su agresor, según cifras de la oficina de la ONU Mujeres en México en un reciente estudio que analiza datos de 1997 a 2014. La lucha de las feministas en México está especialmente centrada en defender la vida y la integridad física de las mujeres frente a la tendencia creciente hacia la impunidad, pues según el mismo estudio de este organismo de la ONU, una buena parte de las muertes violentas de mujeres mexicanas ni siquiera son investigadas, ni se actúa con la diligencia debida.

El último hito del feminismo internacional ha sido la paralización de la prohibición total del aborto en Polonia tras las multitudinarias manifestaciones de mujeres que preveían desembocar en una huelga general promovida por colectivos feministas y proderechos humanos. El partido ultraconservador Ley y Justicia, que gobierna Polonia con mayoría absoluta, había aceptado la tramitación de una iniciativa popular que recibió casi medio millón de firmas para prohibir totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, implantar penas de cárcel para las mujeres que aborten, mayores castigos para los médicos e incluso abrir investigaciones en los casos de aborto natural.

El vice primer ministro de Polonia, Jaroslaw Gowin, ha admitido que las masivas protestas de mujeres polacas han hecho recapacitar al gobierno y han supuesto una lección de humildad. En este contexto, el Parlamento de Polonia ha dado marcha atrás, veremos hasta dónde y por cuánto tiempo. Si hay algo que las feministas no podemos permitirnos es relajarnos en la lucha por los derechos de las mujeres, pues el machismo aprovecha cualquier resquicio para colarse y tutelar nuestras libertades.

La legislación polaca ya prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, contemplando sin embargo algunas excepciones como son los supuestos de violación, incesto, graves malformaciones congénitas o si peligra la vida o la salud de la mujer gestante, siendo esta ley de las más restrictivas de Europa y sin embargo considerablemente más abierta que la que pretendía aprobar el gobierno del PP. Así, muchas mujeres polacas que desean poner término a un embarazo no deseado se ven obligadas a viajar a países cercanos como Alemania con una legislación menos restrictiva, igual que las mujeres españolas con recursos para ello viajaban a Londres para someterse a abortos con garantías médicas en épocas felizmente superadas, siendo como siempre las mujeres pobres las más afectadas por las leyes restrictivas sobre sus cuerpos y su derecho a decidir.

Que la mayor manifestación en Polonia tras la caída del Telón de Acero sea en protesta por los recortes en la libertad de las mujeres (ya bastante limitada) que pretendía poner en marcha el gobierno de Varsovia con mayoría absoluta y un respaldo de 450.000 firmas en una iniciativa legislativa popular, sin duda da para reflexionar.

Los colectivos feministas en defensa de la igualdad de género y de los derechos y libertades de todas las mujeres son capaces de concitar un amplio consenso social, como sin duda quedó patente en Islandia en la huelga general de mujeres del 24 de octubre de 1975 promovida por el colectivo Red Stockings (medias rojas), un movimiento radical femenino fundado en 1970. Ese día ha quedado marcado en el calendario como el día en el que el 90% de las mujeres del país secundaron la huelga femenina tanto de trabajos remunerados como no remunerados, conocido en Islandia como “el día libre de las mujeres”.

“Lo que ocurrió ese día estableció el primer paso para la emancipación de las mujeres en Islandia. Paralizó el país por completo y abrió los ojos de muchos hombres”, según explicó la presidenta Vigdis Finnbogadottir a la BBC, la primera mujer presidenta en Europa y la primera en el mundo elegida democráticamente jefa de estado. Su trayectoria política y sus 16 años al frente del país marcaron la senda para que Islandia sea considerado hoy en día como el país más feminista del mundo y marca el camino a seguir. Islandia encabeza el Índice Global de la Brecha de Género del WEF desde 2009, lo que significa que es el país del mundo donde hay más igualdad entre mujeres y hombres.

Pese a la “mala prensa” que tiene hoy en día la palabra “feminismo”, un fenómeno que por sí mismo podría ser objeto de otro artículo, lo cierto es que entorno a las reivindicaciones sociales de los movimientos feministas se articula el debate social y numerosos son los avances logrados gracias al liderazgo feminista. Aún estamos sin duda muy lejos de la plena igualdad de hombres y mujeres en el mundo, y numerosos son los retos que tenemos por delante. No obstante, pese a la resistencia de los sectores más reaccionarios y a la dificultad de alcanzar un consenso sobre muchos de los debates en los que nos hayamos inmersas, la historia reciente demuestra que cuando las mujeres luchan unidas por sus derechos, toda la sociedad acompaña el paso y avanza.

Jessica Fillol es especialista en Marketing y activista en sus ratos libres (@JessicaFillol)

Publicado en Beerderberg

Descargar el PDF

Ver más artículos del Número 12