MARCOS NOVARO
Los populismos latinoamericanos han estado tradicionalmente asociados a la promoción del estatismo: tanto en su faz económica, por el uso y abuso del sector público para estimular el consumo de los sectores bajos y “corregir al mercado”, como en su costado político, por la exaltación de la condición mayoritaria y siempre virtuosa de las pasiones populares frente a los intereses y privilegios de las minorías y las mediaciones organizadas. Este tipo de fenómenos tiende a poner por delante al Estado, cargándolo de funciones reparatorias.
Sin embargo, ese privilegio del Estado suele ser problemático pues la sobrecarga de demandas y responsabilidades no se corresponde con una simultánea tarea de fortalecimiento institucional y provisión sustentable de recursos. Los populismos de la región han tendido a hacer un manejo coyunturalista de la cosa pública cuando les tocó administrarla. Y han buscado por todos los medios fortalecer los roles y márgenes de libertad de los líderes, en detrimento del resto de los poderes constitucionales.
A ello se suma otro rasgo también característico y de serias consecuencias para la salud del sector público: la intensa polarización del campo político que promueven y que conduce a la partidización del aparato estatal, en su afán por convertirlo en un exclusivo instrumento del “pueblo” contra sus enemigos, y la consecuente exclusión de otros sectores sociales y grupos de opinión, minoritarios pero no irrelevantes.
Estos dos rasgos explican que estos movimientos políticos en general fracasen tanto en consolidar los regímenes en cuyo seno se desarrollan, como en la tarea que en ocasiones se proponen de fundar otros nuevos para reemplazarlos.
En síntesis, vemos que los populismos latinoamericanos establecen una relación equívoca con el Estado, pues pretenden extraer de él más de lo que están dispuestos a invertir para fortalecerlo. Con lo cual aunque exalten y amplíen sus roles, a medida que se prolongan las experiencias de gobierno de este signo, tanto en el terreno de los recursos fiscales y administrativos como en el de la legitimidad de los aparatos públicos, su legado es destructivo.
Tras una década larga de gobiernos populistas en la región es oportuno hacer un balance a este respecto. Para ello consideraremos, en primer lugar, el caso por varios motivos paradigmático de populismo radicalizado, el chavismo, y luego de analizar su impacto en el estado venezolano lo compararemos con otros casos también significativos, los de Brasil y Argentina, que han tenido impactos más moderados en sus regímenes políticos y sectores públicos, y dan la pauta de lo que podemos llamar reacciones liberaldemocráticas. Por último, extraeremos algunas consecuencias, tanto para el futuro de la democracia en la región, como para la discusión sobre el papel de los populismos en otros contextos, en particular en la Europa mediterránea.
Auge y decadencia de los populismos radicales: Venezuela, Brasil y Argentina
El chavismo fue desde comienzos de la década de 2000 ejemplar para toda esta familia de fenómenos políticos latinoamericanos, y no casualmente fue él quien alcanzó los niveles más altos tanto de expansión como de deterioro de los roles que estos movimientos asignan al sector público. Veamos los rasgos medulares de este impacto.
En primer lugar, encontramos la partidización de las reglas de juego. Condensada en una amplia refundación constitucional, que dio lugar a la llamada República Bolivariana e incluyó diversas vías de concentración de poder en manos del entonces presidente, Hugo Chávez, y de exclusión de las fuerzas de oposición de la comunidad “nacional y popular”.
Él logró así algo que los kirchneristas en Argentina y los lulistas en Brasil desearon pero no consiguieron: destrabar progresivamente los límites temporales para el ejercicio del gobierno, de manera que burló el principal freno que los sistemas presidenciales ponen al abuso de poder, los mandatos fijos. Ellos no existen en los parlamentarismos precisamente porque allí actúan otros contrapesos. Remover los obstáculos a la reelección es por ello la vía obligada para pasar de presidencialismos democráticos a dictaduras electivas, o al menos a regímenes híbridos.
En el caso de Argentina el kirchnerismo ensayó primero una sucesión matrimonial del poder, que permitiría ignorar el límite de los dos mandatos consecutivos. Pero con la muerte de Néstor Kirchner en 2010 esa fórmula se agotó. Fue entonces que su heredera Cristina Fernández intentó iniciar una reforma constitucional, que sin embargo no pudo avanzar debido tanto a la resistencia de la opinión pública, como al bloqueo legislativo que impusieron las fuerzas de oposición y también algunos de los miembros del partido oficial, el peronismo.
En segundo lugar, Venezuela experimentó una casi total anulación de las voces disidentes, en nombre de la verdad “nacional y popular”, a través del ataque a los medios “concentrados, monopólicos y de derecha”. Chávez no sólo cerró cantidad de medios independientes desde su ascenso al poder, sino que cultivó como nadie la comunicación “massmediática” cotidiana con sus seguidores, imponiendo la presencia asfixiante de su figura y su voz en la escena pública. En suma, realizó el ideal de transparencia entre el pueblo y su líder que ha acompañado a todos los populismos.
En Argentina y en Brasil los presidentes de este signo se esmeraron también en impugnar la tarea de los periodistas independientes y la legitimidad de las empresas de medios más importantes. En el primer caso, incluso se avanzó con una legislación dirigida a desarmar esas empresas o subordinarlas al poder gubernamental. Pero esta ley fue frenada en la Justicia durante años y finalmente la Corte Suprema condicionó su aplicación, en tanto las audiencias siguieron prefiriendo informarse con el periodismo autónomo, por lo que las políticas de comunicación y propaganda oficiales tuvieron una eficacia muy acotada.
En tercer lugar, Chávez logró la total subordinación de los partidos, en particular el suyo, los sindicatos y demás grupos de interés de su país. Apenas se afirmó en el poder, absorbió a las fuerzas partidarias que lo habían venido apoyando en el llamado Partido Único, una suerte de rama militante de la propia administración del Estado, absolutamente disciplinada y dedicada a hacer cumplir la voluntad del jefe. Además aprovechó una prolongada huelga petrolera para quebrarle el espinazo a ese gremio y a todos los demás que pretendieran ejercer la agregación de intereses con algo de autonomía, incluidas las entidades empresarias. Desde entonces instauró una lógica cortesana en su entorno: todos disputándose los favores del líder, sin ninguna capacidad para condicionarlo o institucionalizar mínimamente la competencia interna. Las mismas agencias estatales de control y seguridad, incluidas las fuerzas armadas y servicios de inteligencia, se volvieron una pieza de este sistema vertical de mando.
Ni en Argentina ni en Brasil los líderes populistas lograron un control semejante, aunque lo intentaron. Entre otras cosas, a través de un sistema de corrupción fuertemente centralizado que distribuyó recursos a cambio de disciplina entre legisladores, líderes territoriales y organizaciones sociales. De todos modos el pluralismo interno siguió siendo bastante intenso tanto en el PT brasileño como en el peronismo argentino. En el caso de Brasil pesó también el hecho de que el PT necesitó siempre de otros partidos para formar mayoría, y ellos resistieron los intentos por centralizar el poder. En el caso argentino la tradicional indisciplina peronista, que dio lugar en estos años a sucesivos cismas y una persistente tensión entre el gobierno y las centrales sindicales, cumplió una función semejante.
En conclusión, en todos los países donde los populismos lograron hacerse con el control del Estado tendieron a horadar no sólo los mercados y las reglas de la economía abierta, sino también las instituciones y la autonomía del sector público en beneficio de la discrecionalidad del gobernante y los intereses de su facción. Pero sólo allí donde las resistencias de las instituciones y la sociedad estaban desde un principio debilitadas ellos lograron plenamente sus objetivos.
Esta tendencia del populismo a consumir los recursos del Estado en que se asienta su poder tiene su lógica: se explica por la polarización propia de estos fenómenos, que reclama dosis siempre crecientes de discrecionalidad y cada vez más recursos. Las intervenciones del líder generan crecientes distorsiones en la economía y la violación de derechos de grupos cada vez más amplios, que se justifican vía la identificación de culpables, el “antipueblo”, y se buscan resolver con nuevas intervenciones discrecionales, cada vez más costosas y distorsivas. Si el proceso no encuentra un freno a tiempo, como sucedió en Argentina y Brasil, el resultado es la evaporación del poder público, como se observa en Venezuela desde la muerte de Chávez.
Vicios populistas. Lecciones latinoamericanas para Europa.
El populismo no es un fenómeno político estable, todo lo contrario, es el arte de la inestabilidad: nace y se alimenta de ella. Este rasgo se manifiesta en diversos terrenos, por caso, en las formas precarias y discrecionales de inclusión social que es capaz de ofrecer y en la inestabilidad económica que genera. También en la indisposición a institucionalizar su poder y la crónica dependencia de liderazgos personalizados. Así, aunque suele ser estatista, no es capaz de fortalecer, ni siquiera de preservar, el poder del Estado; más bien tiende a consumirlo hasta agotarlo.
Esta deriva es conveniente tenerla presente a la hora de considerar el posible impacto de fenómenos populistas en otras regiones. Tal vez no en el norte de Europa, donde los movimientos de este tipo tienden a ser marcadamente antiestatistas, pero sí en el sur de este continente, donde la seguidilla de crisis económicas ha alimentado el descontento social hacia los partidos tradicionales y ha nutrido la popularidad de líderes alternativos, favorables a ampliar las funciones económicas del sector público y sortear mediaciones institucionales. También en estos casos la polarización es un rasgo central y se corresponde con un marcado debilitamiento de las fuerzas moderadas de sistemas políticos hasta hace poco muy estables.
¿No se justifica acaso este reemplazo, vistos los escasos resultados alcanzados por vía de la moderación? Para evaluar los impactos de estos populismos sería preciso un análisis caso por caso, porque ellos, aunque en sus formas radicalizadas son una enfermedad de la democracia, pueden ofrecer también una vía de renovación, imprescindible cuando un sistema anquilosado debe procesar cambios profundos.
El establecimiento de un mínimo equilibrio entre la fuerza populista del cambio y la preservación del poder y la autonomía de las instituciones públicas podría ser una clave para evitar sus vicios. Permitiría moderar la tentación de destruir las instituciones vigentes por ir detrás del sueño de reemplazarlas por otras supuestamente mucho mejores, que como la experiencia latinoamericana de los últimos tiempos enseña, suele ser no más que un espejismo nutrido por la frustración y el resentimiento.
Marcos Novaro es sociólogo y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y del Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL).
Publicado en Beerderberg
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