MARIANO RAJOY

Señorías,

Quiero que mis primeras palabras hoy ante esta Cámara sean de recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Quiero desde aquí reiterar a sus familias el cariño y el apoyo de toda la sociedad española, y garantizarles que no vamos a abandonarles en su dolor.

Quiero, además, aprovechar esta ocasión para reconocer la tarea ejemplar que han llevado a cabo los distintos equipos de rescate y todos los servidores públicos, que desde el primer momento del siniestro se volcaron con generosidad y abnegación en la atención a las víctimas.

Por último, como presidente dle Gobierno, pero también como santiagués, permítanme que desde esta tribuna exprese mi gratitud a todos los vecinos de Angrois y de Santiago de Compostela que han ofrecido dentro y fuera de nuestra fronteras la mejor imagen de España; la imagen de un país integrado por personas responsables y solidarias con aquellos que más lo necesitan, entregados al bien común sin reparar en esfuerzos y sacrificios. Han sido lo más reconfortante de esta terrible tragedia que nos ha conmocionado a todos.

Señor Presidente, Señorías,

He solicitado comparecer en esta Cámara para ofrecer a los españoles, a través de sus legítimos representantes, las aclaraciones y explicaciones que creo que son necesarias en la situación en que vivimos. A mi solicitud de comparecencia hay que unir las aceptadas por la Diputación Permanente de esta Cámara el pasado día 24 de julio: me refiero a las formuladas por los Grupos Parlamentarios Mixto y la Izquierda Plural, por un lado, y a las de los Grupos Parlamentarios Vasco y Catalán, por otro.

A nadie se le oculta que, por encima del interés que, sin duda, despierta la situación económica y la evolución del empleo, principales inquietudes de los ciudadanos, los diversos escándalos de corrupción que han aflorado en España concentran la mayor atención de los españoles en este momento, y también su mayor rechazo.

No pretendo ocuparme hoy de la generalidad de los procesos en curso, porque no me corresponde, salvo para referirme a las medidas que impidan su proliferación. Comentaré exclusivamente aquel que me toca más de cerca.

Por lo tanto, nada más lejos de mi propósito, Señorías, que conducir esta comparecencia por el estéril camino de lo que se conoce como el «y tú más». No haré ni la más mínima alusión a otros asuntos que están igualmente en la agenda pública y que conciernen a otros partidos.

Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado «caso Bárcenas», que implica a un ex tesorero y ex gerente del Partido Popular, actualmente en prisión provisional, imputado por diversos delitos, entre los cuales se encuentra la evasión de unos capitales ocultados a la Hacienda Pública, y cuyo origen investiga la justicia.

Como es bien sabido, durante la instrucción de este caso, que ya dura más de cuatro años, han surgido distintas acusaciones que afectan a diversos afiliados del Partido Popular y al propio partido en su conjunto.

Uno de los objetivos de mi presencia aquí es, pues, salir al paso de los equívocos o malentendidos que se hayan podido producir, ofrecer mi opinión sobre lo sucedido y, naturalmente, facilitar toda la información que esté en mi mano y pueda contribuir a un mejor conocimiento de los hechos en un asunto que, les recuerdo, está sub iudice. Es importante que los españoles sepan qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué repercusiones puede tener en los asuntos que a ellos más les importan.

No es la primera vez que hablo de esta materia. Ya lo hice en una comparecencia abierta para todos los españoles a principios del pasado mes de febrero y unas semanas más tarde debatimos en esta Cámara sobre este asunto en el Debate sobre el Estado de la Nación. En numerosas ocasiones y en diversos escenarios se me ha preguntado sobre el mismo. Otra cosa es que mis explicaciones no gusten.

Y digo esto, Señorías, porque es imposible que yo pueda satisfacer a quienes proclaman de antemano que mis explicaciones «no coinciden con la verdad». Por lo que se ve, algunas personas disfrutan el privilegio de conocer ya la verdad. Por ello, no precisan que se les diga nada, porque no les interesa escuchar nada que no coincida con ese dogma personal que han prefabricado. No es información, pues, lo que reclaman, sino una ratificación sin condiciones de sus propias ideas, si es que podemos llamarlas así. Todos hemos tenido ocasión de escuchar a quienes anuncian que, diga lo que diga hoy aquí, reclamarán mi dimisión. ¿Qué se les puede decir, Señorías? ¿De qué sirve decirles nada?

Es comprensible en este clima mi escepticismo sobre una comparecencia que podía servir para cualquier cosa menos para debatir con serenidad los problemas que los españoles nos encomiendan.

En efecto, traer al Parlamento debates estériles, infundados, plagados de sospechas sin confirmar y de informaciones parciales difícilmente puede considerarse un gesto de respeto a la Cámara. Por eso no he comparecido hasta hoy. No me parecía que lo que aquí se pudiera debatir compensara el mal efecto que este debate podría producir en nuestro crédito exterior; pero hemos llegado a un extremo, Señorías, en el que el mal que ya se ha causado a la imagen del país y a la confianza de los ciudadanos comienza a resultar relativamente pequeño al lado del daño que pudiera producirse si no se sale al paso y se da una respuesta cumplida a lo que está ocurriendo.

A eso es a lo que vengo, Señorías, a frenar esa erosión de la imagen de España que algunos cultivan; a evitar que el daño a los españoles, a sus intereses y a su futuro siga creciendo de manera, a mi parecer, irresponsable; y también, a desmentir las mentiras, manipulaciones e insinuaciones maliciosas que han jaleado con entusiasmo, entre otros, algunos dirigentes políticos.

Ésta es la razón de mi comparecencia y ésta es la razón por la que me ha parecido conveniente presentar una visión de conjunto, y ofrecer a Sus Señorías la posibilidad de plantear cuantas cuestiones les preocupen y puedan servir para despejar las dudas de los españoles.

No comparezco por ninguna otra razón, Señorías, y mucho menos porque me inquiete en lo personal esa irreflexiva Moción de Censura, de la que hablaré luego y que yo tendría especial gusto en debatir, si ello fuera gratuito para España. Desgraciadamente no lo es, sino todo lo contrario; y no porque sea una Moción irrelevante y pueril, es que produce un daño incalculable a la imagen de España, a su crédito y a sus posibilidades.

A los que presumen de haberme traído aquí ante la presión que representaba una Moción de Censura les diré que presumen en balde, primero, porque para mí una Moción de Censura nunca será una amenaza. La Moción de Censura es un instrumento constitucional y yo no me siento amenazado ni chantajeado por nada que esté contemplado en la Constitución.

Esa Moción de Censura, en fraude de Constitución, con que algunos han intentado amenazarme no servía ni siquiera de instrumento para obligarme a venir a la Cámara. Señorías, les recuerdo que en el debate de una Moción de Censura la figura imprescindible es la del candidato, no la del presidente del Gobierno, que no tiene por qué intervenir en el mismo. Es más, no tiene ni si quiera obligación de acudir a la Cámara durante ese debate. Por lo tanto, Señorías, evítense el ridículo de decir que me han traído a rastras, porque no disponían de mecanismos para ello.

Pero dejemos para después un comentario más amplio sobre las Mociones de Censura y sus consecuencias.

Señorías,

En suma, he aceptado comparecer para evitar que los despropósitos sigan creciendo.

Señorías,

No voy a hacer un debate sobre la situación económica de España. La analizamos en detalle, hace poco más de cinco meses, en el Debate sobre el Estado de la Nación; pero conviene situarnos en el contexto económico reciente para valorar los riesgos que pudieran derivarse de una gestión imprudente de la situación.

Señorías,

La situación de la economía española no es buena y no podemos decir que es buena porque, a pesar de las mejoras de los últimos meses, una cifra que supera ampliamente los cinco millones de parados lo impide. No obstante, aunque la economía española no esté bien, va mejor:

– Va mejor porque nuestras relaciones económicas con el exterior, cuyo mejor indicador es la balanza de pagos por cuenta corriente, van mucho mejor que hace un año.

– Va mejor porque mantenemos la senda de reducción del déficit del sector público.

– Va mejor porque la opinión sobre nuestra economía ha mejorado ostensiblemente en las instituciones y en los mercados internacionales.

– Va mejor porque han desaparecido los riesgos de rescate que gravitaban sobre nuestras cabezas hasta hace pocos meses.

Es más, incluso en el aspecto más cruel de la crisis, el paro, la situación va mejor:

– La Encuesta de Población Activa, conocida hace pocos días, nos ha ofrecido el mejor dato trimestral desde el comienzo de la crisis. El incremento de la ocupación en 149.000 personas, así como el descenso del paro en 225.200, podemos calificarlos como indicios alentadores de un cambio de tendencia. Es evidente que son datos que están afectados por un fuerte componente estacional, pero tanto como lo han estado los de todos los segundos trimestres de los años anteriores, que han sido sensiblemente peores que éste.

– A su vez, la estadística de paro registrado de los Servicios Públicos de Empleo, cuyos datos concretos conoceremos mañana, refleja un descenso en los últimos cinco meses que se situará en el entorno de 340.000 parados menos. Se trata, con diferencia, del descenso mayor en estos meses desde que comenzó la crisis. Para que se hagan una idea, Señorías, es un descenso de 2.250 personas diarias desde el pasado mes de marzo y, si lo medimos desde principios de año, es la mayor caída del paro entre enero y julio desde 2006, es decir, antes de que comenzara la crisis.

No podemos considerar esto como un triunfo, pero sí como un indicador de que el viento en la economía española está cambiando.

Señorías,

Estamos a punto de salir de la recesión. En los tres últimos trimestres la caída de la actividad ha pasado del -0.8por 100 en el último trimestre del pasado año al -0.5 por 100 en el primer trimestre de éste y al -0.1 por 100 en el trimestre pasado. Como les decía antes, a punto de salir de la recesión, paso imprescindible para la reactivación económica.

Este mejor comportamiento de la actividad económica se asienta, de manera muy especial, en la evolución del sector exterior. Señorías, nuestras exportaciones de bienes han crecido de forma muy notable y, con los últimos datos disponibles del mes de mayo, han crecido un 7.3 por 100. Y, lo que es más importante, fuera de la zona euro han crecido hasta el 16.3 por 100, lo que demuestra la alta competitividad de la economía española en los mercados más difíciles, como el norteamericano, el chino o el conjunto de los países emergentes.

Y junto a las exportaciones, el turismo internacional ofrece también datos muy positivos. El pasado mes de junio registramos un record de visitantes extranjeros, 6,3 millones de turistas, lo que lleva a que el acumulado del primer semestre haya crecido un 6.6 por 100 y que los ingresos por turismo hayan crecido cerca de un 7 por 100.

Nuestra Balanza de Pagos por Cuenta Corriente ha llegado a registros históricos y hoy España tiene capacidad de financiación frente al exterior, lo que quiere decir que estamos en condiciones de seguir reduciendo la enorme deuda exterior de nuestra economía. Ayer conocimos el último informe del Banco de España: en él se dice que la economía española experimentó en los cinco primeros meses de 2013, por primera vez desde 1997, una capacidad de financiación de 2.487 millones de euros, en claro contraste con la necesidad de financiación contabilizada en igual período del año previo, 2012: 14.309,3 millones de euros; más de 17.000 millones de euros de vuelco, Señorías.

Por otra parte, seguimos ajustando el déficit de nuestro sector público con el esfuerzo de todas las Administraciones implicadas: local, autonómica y central.

Todo esto ha permitido que crezca la confianza del exterior en nuestra economía. Hace exactamente doce meses que el coste de nuestro endeudamiento se elevó hasta el 7.62 por 100 en el bono a diez años, con la prima de riesgo rondando los 640 puntos. Ayer, Señorías, doce meses más tarde, nuestra prima de riesgo estaba en 299 puntos básicos y lo que nos cuesta colocar el bono a diez años es un 40 por 100 menos que entonces.

Alguien ha dicho que de la prima de riesgo no comen las personas que están en paro. Bien, Señorías, pues nada más falso. Si hubiéramos mantenido la prima de riesgo en los niveles de julio de 2012, les puedo asegurar que la ralentización de nuestra senda de consolidación fiscal no se hubiera producido. Es decir, nuestro presupuesto de gasto sería, obligatoriamente, 18.500 millones de euros menos que el actual, lo que hubiera afectado , de manera indefectible, a las partidas de gasto social y, entre otras, a las prestaciones por desempleo.

Un país como España, con un déficit público situado todavía en el 6.5 por 100 del Producto Interior Bruto, es decir, 65.000 millones de euros este año, y con la necesidad de financiar su Deuda Pública, debe tener un exquisito cuidado en las señales que transmite a los mercados financieros internacionales. Por ejemplo, la mejora en las condiciones para España en esos mercados desde julio del pasado año se ha traducido en un ahorro anual que oscila en el entorno de los 6.000 millones de euros; pero, Señorías, podría ocurrir lo contrario si no hacemos las cosas bien.

Pero, ¿qué hay detrás de esta mejor percepción por parte de los mercados internacionales? ¿Por qué España está dejando de ser un sobresalto en la eurozona? ¿Qué ven hoy en nosotros que no vieran hace un año?

Lograr este punto de confianza exterior nos ha costado mucho. Es el fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad española, de mucho sacrificio, y no podemos dilapidarlo por la gestión irresponsable de determinadas actuaciones políticas.

Señorías,

La recuperación de la confianza se basa principalmente en la garantía de estabilidad que ofrece un Gobierno que ha trazado una «hoja de ruta» que combina austeridad y reformas, y tiene el respaldo parlamentario preciso para llevarlas a cabo.

Señorías,

Repito, la economía española no goza, todavía, de buena salud. No está bien, pero va a mejor y debemos procurar que siga siendo así.

Pues bien, en esta situación irrumpe con fuerza una cuestión que altera la opinión pública española y que también tiene ecos negativos en los medios internacionales. Me refiero al llamado «caso Bárcenas», objeto fundamental de esta comparecencia.

Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras: Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero así fue. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.

Señorías,

Ésta es una historia que comenzó hace más de cuatro años, a principios de 2009, cuando, un buen día, nos enteramos de que al tesorero del Partido Popular lo habían imputado por el llamado «caso Gürtel». El juez Garzón, que era el instructor, acusaba al señor Bárcenas de haber cobrado comisiones ilegales. Poco después supimos que la operación judicial había venido acompañada de una cacería en la que, entre otros, participaron el juez instructor y el entonces ministro de Justicia, que tuvo que presentar la dimisión por este episodio.

Estábamos en vísperas de varios procesos electorales –en Galicia, en el País Vasco y en el Parlamento Europeo– y todo aquello tenía muchos elementos dudosos. Además, estaba muy reciente un episodio en el que una persona que hoy, con toda justicia, se sienta en el banco azul, el ministro de Industria, Energía y Turismo, había experimentado en carne propia una injustificada persecución por acusaciones que después se revelaron como totalmente falsas.

En resumen, no existían motivos claros para creer en la acusación y si existían para pensar que estábamos ante un acoso injusto. De hecho, la Fiscalía señaló en un primer momento que no existían indicios suficientes para una imputación.

Creí en la inocencia de esta persona, como creería en la de cualquiera de ustedes que se encontrara en un trance semejante, mientras los hechos no desvirtuaran esa presunción de inocencia.

No fui el único, Señorías. Aún bajo el anterior Gobierno, en julio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archiva la causa contra él y en octubre de ese mismo año ratifica el archivo. Cuando tras varios recursos sobre la competencia del Tribunal el sumario vuelve a la Audiencia Nacional, el instructor en ese órgano jurisdiccional, en marzo de 2012, decide reabrir la causa contra el ex tesorero. Es decir, bajo el Gobierno anterior se archiva la causa y bajo este Gobierno se le vuelve a imputar.

Díganme Sus Señorías si se requiere prueba mayor de que la Justicia ha actuado en este caso sin interferencia alguna del poder político.

Di crédito al señor Bárcenas, Señorías. Era una persona de confianza en el partido. No fue tesorero más que un año, pero desde mucho antes había tenido responsabilidades importantes como gerente.

Lo digo con toda franqueza: carecía de razones para dudar de su inocencia. Así es que me fie de él y le apoyé. Sí, le apoyé, como apoyaría a cualquiera que sufriera una persecución que yo creyera injusta.

Creí en su inocencia. Lo hice hasta el momento en que, a los cuatro años de iniciadas las investigaciones, llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza, no declaradas a la Hacienda Pública, a nombre del señor Bárcenas. Esto, además de revelar una manifiesta deslealtad con el partido que le había encomendado sus cuentas, confiado en él y defendido su inocencia, además de todo eso, constituía un hecho ilegal que no admitía dudas, puesto que la existencia de ese dinero en Suiza a su nombre la confirmó el juez y el imputado no pudo negarlo.

Y ése ha sido todo mi papel en esta historia.

¿Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada? Sí. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable.

¿Me engañó? Sí. Lo tenía muy fácil. Yo no condeno a nadie de manera preventiva.

Cuando algunos de mis colaboradores han sufrido dificultades políticas o personales, les he mostrado mi apoyo y mi solidaridad. Siempre he actuado así y no por que una persona haya fallado voy a variar mi actitud porque, si yo pasara a considerar que la buena intención o la buena fe es culpable, tendría que cambiar muchas cosas en mi tabla de valores, Señorías, y les aseguro que a eso no estoy dispuesto.

A partir de aquí, como saben perfectamente, el ex tesorero entendió que su mejor estrategia defensiva consistía en atacar al Partido Popular. Tiene un indiscutible derecho a defenderse; yo no se lo voy a negar. Tiene derecho a defenderse y a escoger su propia estrategia.

Señorías,

Como ustedes saben, en el sistema penal español los testigos, que están obligados bajo juramento a decir la verdad, si no lo hacen, incurren en un delito y pueden acabar en la cárcel. Al acusado, sin embargo, se le permite no declarar e, incluso, mentir en defensa propia. El acusado tiene derecho a mentir, a esconder la verdad; a negar los hechos; a fantasear; a transferir su culpa a otros; a rodearse de circunloquios; a inventar excusas, pretextos, justificaciones… En una palabra, tiene todo el derecho a defenderse como mejor le parezca, incluso a cambiar de versión cuantas veces quiera.

Y eso es lo que está haciendo el señor Bárcenas, Señorías: defenderse como mejor le parece, poniendo el foco en el Partido Popular.

¿Por qué ha escogido ese camino? Eso es algo que yo no sé.

Señorías,

Yo no puedo decirles otra cosa sino que son falsas sus acusaciones, son falsas sus medias verdades y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades.

El juez determinará lo que proceda sobre cada una de las insinuaciones; pero ya les adelanto yo que en el Partido Popular, ni se ha llevado una doble contabilidad, ni se oculta ningún delito.

¿Se han pagado sueldos? Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como en todas partes. Es de justicia. Se ha pagado por un trabajo, se ha pagado en blanco y se ha incluido el pago en la contabilidad.

Declarar los ingresos privados a Hacienda ya es una responsabilidad individual. De eso, ni el señor Bárcenas ni nadie que no sea la Hacienda Pública sabe nada.

Por lo que a mí respecta, yo les aseguro que siempre he declarado todos mis ingresos. Mis declaraciones de renta y de patrimonio de los últimos diez años están a la vista de todo el mundo, Señorías, y me parece que tienen bastante más valor que un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado.

Si todo lo que aparece en los papeles del señor Bárcenas tiene la misma consistencia que en lo que a mí se refiere, estamos ante una asombrosa e imaginativa colección de falsedades, como el tiempo y la Justicia demostrarán.

Dejemos que los jueces trabajen, Señorías. Una vez que la especie está lanzada, lo único sensato que se puede hacer no es agitarse, ni amplificarla, sino dar tiempo a que el juez resuelva lo que proceda. Es a él a quien le corresponde establecer la verdad.

En este momento lo único que cabe es que ustedes me pregunten si lo que dice el señor Bárcenas es cierto. Yo digo que no lo es y aquí se acaban todas las posibilidades que nos ofrece el caso. El resto es misión del juez, que bien merece que se respete su tarea.

Esto es una cámara parlamentaria, señorías, no un tribunal.

Como indicaba con gran acierto, en su día, un miembro de esta Cámara, «hay quien quiere convertir el Parlamento en una enorme comisaría; eso es un disparate» (fin de la cita). Tenía toda la razón, como la tenía otro dirigente político de nuestro país cuando dijo: «las Cortes no están para suplantar la acción de los jueces en la instrucción de los sumarios» (fin de la cita).

Y así es, Señorías. Cuando el Poder Judicial se hace cargo de una materia, no es el momento de que el Poder Legislativo le dispute la competencia. Lo nuestro, como Congreso, no es decidir sobre la veracidad de unos hechos; eso corresponde a los Tribunales. Lo nuestro es, sin duda alguna -repito, sin duda alguna–, demandar responsabilidades políticas. Pero, como muy bien señaló en su día un político de esta Cámara, «hay que pedir la responsabilidad política por hechos que se demuestre que han existido, por hechos que resulten ciertos» (fin de la cita). Y tenía toda la razón.

Hace cuatro años que oigo hablar de este proceso. No hemos pasado aún de la fase de instrucción y no sé lo que todavía podrá durar. Lo que sí sabemos es que el único hecho probado hasta hoy es el del dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza. Ése el único hecho cierto hasta ahora, como es cierto que desde hace cuatro años el señor Bárcenas ya no es tesorero del Partido Popular y que desde hace más de tres no ostenta ninguna representación política, ni siquiera militancia en ese partido. Ésos son los hechos que se quieren disimular, poniendo el foco en la financiación del Partido Popular.

Señorías,

No me corresponde a mí, ni al Gobierno, ni siquiera a la Cámara, sino a los jueces, establecer la verdad sobre las insidias del señor Bárcenas.

Se ha dicho con razón, y cito: «los jueces en España son los que deciden si las imputaciones son veraces o no» (fin de la cita).

Por lo tanto, Señorías, «esperaré a que la Justicia acabe su trabajo. Es lo razonable y lo que me parece que hay que hacer en todos los casos». Espero que estén todos ustedes de acuerdo con esto que acabo de decir. Ya veo que no todos están de acuerdo pero, al menos, uno de ustedes si debería de estarlo, porque fue lo que dijo, enfáticamente, el señor Pérez Rubalcaba en esta Cámara no hace tiempo: el 20 de septiembre de 2011.

Me refiero a todos los casos, Señorías. Yo les aseguro que esperaré a que concluya el proceso judicial en la confianza de que, al final, ni a mí, ni a mi partido se nos podrá atribuir ninguna actividad ilícita.

Señorías,

A cualquiera se le alcanza que para el señor Bárcenas hubiera sido imposible crear el escándalo que ha procurado crear, si no contara con ayudas valiosísimas.

No han faltado quienes, individualmente o en grupo, han resuelto aprovechar la situación en su beneficio particular. Me refiero, entre otros, a los que aplauden y jalean las marrullerías de papeles y fotocopias; los que transforman cada insinuación en acusaciones vehementes, dan por bueno, seguro y probado todo lo que se publica e ignoran todo lo que se desmiente; los que ven delitos con la misma facilidad con que antes veían brotes verdes; los que se erigen en jueces para condenar sin pruebas; los que se dejan arrastrar por una prisa incontenible y prefieren no esperar a que se conozca la verdad, tal vez porque les inquieta el riesgo de que la verdad no les guste, o no les convenga, o no tengan tiempo político para conocerla.

Como muy bien dijo en su día el señor Pérez Rubalcaba, «habría que recordarle a la oposición el respeto a la presunción de inocencia y no utilizar la mentira y las sospechas infundadas, cuando no la infamia, como arma política» (fin de la cita).

Tenía muy serios motivos para decirlo porque, de otro modo, como señalaba otro político de nuestro país, y cito siempre textualmente, «se producen juicios paralelos y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados» (fin de la cita).

Y es verdad que eso ocurre, Señorías; es verdad. Es asombrosa la facilidad con que en España brota en algunos la vocación súbita de erigirse en jueces que, a partir del barrunto de una sospecha, aplauden las acusaciones sin pruebas y lanzan condenas sin examen.

Afortunadamente, se equivocan de país. La España que los demócratas construimos en 1978 es un Estado de Derecho, en el que impera, y queremos que impere, el principal fundamento de la Justicia que, como todo el mundo sabe, es el derecho a la presunción de inocencia. Significa que para toda persona, sin excepción alguna, se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, y, naturalmente, que no se la puede condenar sin pruebas. Esto lo recoge nuestra Constitución y todas las declaraciones de derechos humanos que circulan por el mundo civilizado.

¿Y quién debe aportar las pruebas que demuestren que una persona no es inocente? Lo digo porque confío en que nadie pretenda que yo caiga en el absurdo de responder a cada infundio, calumnia, maledicencia y embuste pormenorizadamente. No me incumbe. No es mi tarea demostrar la falsedad de lo que dicen otros. En nuestra democracia las cosas funcionan al revés: son quienes acusan los que deben probar sus afirmaciones. El acusado no tiene que demostrar su inocencia. A él se le presume.

«Lo razonable -y no soy yo el único que lo dice- es que aquel que acusa demuestre la culpabilidad» (fin de la cita).

O, en términos más contundentes, y también tomo prestada esta frase: «si se invierte la carga de la prueba, hay que demostrar la inocencia, como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo» (fin de la cita).

Por lo tanto, Señorías, no es a mí a quien corresponde la carga de la prueba, sino a quien me acusa. No me pidan, pues, explicaciones de hechos que no se han producido; ni que me disculpe por lo que afirman otros; ni que dé explicaciones de la maraña que algunos están creando interesadamente. Esas explicaciones pídanselas a quien acusa, a quien difunde, a quien aplaude, a quien secunda, porque, insisto, en nuestra democracia la carga de la prueba corresponde al que acusa y nunca a su víctima. De otro modo, lisa y llanamente, esto no sería una democracia.

Si no exigiéramos pruebas, Señorías, cualquiera podría deshacerse de todos sus adversarios muy fácilmente. Hoy en día, con un esfuerzo mínimo se pueden alcanzar niveles de infamia máximos. Es una vileza, cierto; pero es mayor vileza, pedirle, encima, a la víctima que se defienda.

Si hubiera que dimitir por cada insidia que se propaga sobre nosotros, si hubiera que renunciar al escaño por cada información tendenciosa que circula, ¿cuántos de ustedes seguirían en la Cámara? ¿Cuántos diputados quedarían hoy aquí?

Mi obligación, Señorías, no es evitar las maledicencias. Eso no está en mi mano. Mi única obligación es que las maledicencias no tengan razón y eso ya lo he cumplido, porque no la tienen.

Señorías, no quiero concluir esta comparecencia sin comentar, como he dicho al comienzo, esa Moción de Censura que se ha estado anunciando con tintes de amenaza.

Yo no critico que se ejerza una oposición dura, incluso implacable. Ése es el papel que han dado los ciudadanos a quienes no han conseguido el apoyo suficiente en las urnas para formar un gobierno. Lo que critico es que se utilice un cauce constitucional, el de la Moción de Censura, para utilizarlo de forma torticera como elemento de amenaza o incluso de chantaje, al margen del fin que la misma tiene en la Constitución y despreciando los riesgos que se hacen correr al país con su uso.

Vamos a hablar claro, señor Pérez Rubalcaba. Su Señoría ha planteado la presentación de una Moción de Censura como una amenaza para que yo comparezca en esta Cámara. No me amenace, señor Pérez Rubalcaba, con una Moción de Censura. Como dije al principio, y repito ahora, no se amenaza con los instrumentos de la Constitución. ¿Que usted los quiere emplear? Es muy libre de hacerlo. Lo que no tiene sentido es convertirlos en un arma de presión.

Si cada vez que un presidente de Gobierno socialista se ha negado a comparecer ante la Cámara hubiéramos presentado una Moción de Censura, habríamos tenido más Mociones de Censura que sesiones de control. Eso no es serio, Señoría.

Y no es que yo la tema. Como les dije antes, me encantaría poder discutir su programa político. Me encantaría incluso conocerlo, aunque no hiciéramos otra cosa. No me inquieta una Moción de Censura, porque tengo muy serias razones para sospechar que no saldría adelante.

Pero eso no hace al caso. Lo que importa es que no está bien hacer ese uso fraudulento de los instrumentos de la Constitución. Y además no conviene, y usted debería saberlo.

Usted sabe lo que ocurre con la deuda española, y con los esfuerzos que debemos hacer para conseguir que se nos financie; y lo que ha ocurrido con la prima de riesgo, lo que nos ha costado en sacrificios y en reformas recuperar la confianza de los mercados.

No es cosa baladí, Señoría. Hay mucho esfuerzo y mucho sufrimiento en juego, y muchas esperanzas que pueden truncarse, porque nuestra situación económica mejora, cierto; pero es todavía demasiado delicada como para jugar con ella.

No es cosa baladí, Señoría. Usted sabe que necesitamos financiación exterior a un precio razonable. La necesitamos para todo.

Si usted sabe todo esto, como lo sabe, ¿por qué siembra incertidumbres dentro y fuera de España? ¿Por qué alienta la sospecha de inestabilidad? ¿Por qué sabotea la confianza que se han ganado los españoles en los mercados? ¿Qué cosa tan grande espera conseguir a cambio de que regresemos a la ruina?

Estamos hablando de cosas muy serias, Señoría, que no admiten ligerezas y que no entienden de conveniencias particulares ni de intereses partidistas.

El crédito se obtiene y se conserva con una imagen de estabilidad, de seriedad y de solvencia. ¿Acaso no era usted el que sostenía, y cito textualmente, «la estabilidad es una garantía para que nuestra política económica. y, por tanto, la superación de la crisis, se pueda llevar a la práctica. La estabilidad política es fundamental en la lucha contra la crisis económica» (fin de la cita, señor Pérez Rubalcaba).

¿Tiene usted derecho a presentar una moción aunque no sirva para nada? Por supuesto, como tiene derecho a equivocarse. ¿Tiene usted derecho a causar un daño gratuito, por mero capricho? La Constitución se lo permite, sin duda; pero su sentido de la responsabilidad, si lo tuviera, debería habérselo impedido.

La lucha contra la corrupción debe servir para fortalecer las Instituciones y no como coartada para desestabilizarlas.

Bien está que tengamos que reparar en España la ruina que nos ha dejado el Gobierno anterior. No me pida que, además, tengamos que protegerla de las ligerezas de la actual oposición.

Estamos aquí para administrar unos bienes que ni son suyos, señor Pérez Rubalcaba, ni son míos,. Deberíamos tratarlos con exquisito cuidado, sobre todo cuando no se tiene razón, como es su caso.

Y ahora, Señorías, vamos a lo que de verdad importa.

En primer lugar, quiero asegurarles que nada de esto afecta, limita o condiciona al Gobierno de España. No permitiré que la agenda de un país con cerca de seis millones de parados y con las reformas que tiene en marcha la condicione ningún imputado ni quienes, al servicio de sus inconfesados intereses, le prestan crédito.

Nada relacionado con este asunto me ha impedido ni me impedirá gobernar. No me preocupa eso que el señor Pérez Rubalcaba llama «ataques de sinceridad del señor Bárcenas», que sí son ataques pero no conocen la sinceridad.

No temo las declaraciones de nadie, ni vivo pendiente de ellas. No hemos interrumpido una sola tarea de gobierno, ni nada nos ha distraído de ellas. Lo único que hasta el momento intenta dificultar o entorpecer la agenda del Gobierno son algunas iniciativas del señor Pérez Rubalcaba derivadas de su fe en la palabra del señor Bárcenas. Vive usted bastante más pendiente de él que yo.

Señorías,

El Gobierno gobierna y está decidido a garantizar ante el mundo la estabilidad de la situación política en España. No permitiré que nada ni nadie dinamite el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los españoles para recuperar este país. En consecuencia, puedo asegurar que no modificaré el rumbo de reformas que hemos programado para salir cuanto antes del estancamiento y estimular la creación de empleo.

Insisto, no es admisible que nadie ajeno a nuestros órganos parlamentarios, sean cuales fueren los métodos que emplee, dicte la política del Gobierno de España. No aceptaré más indicaciones que las procedentes de las Cortes Españolas. Nadie, salvo el Congreso de los Diputados y el Senado, tiene derecho a decidir sobre la política de nuestro país.

El Estado de Derecho, Señorías, no admite chantajes; no admite chantajes.

Respecto a los jueces, quédense tranquilos. La Justicia sigue su camino y cuenta con la colaboración y con el respeto del Gobierno. Ni se ha producido, ni se está produciendo, ni se producirá ningún tipo de indicación, de sugerencia, o de presión, ni a la Administración de Justicia, ni a la Administración Tributaria, ni a la Policía Judicial, ni a ningún escalón administrativo que tenga algo que ver con este proceso.

Haremos todo lo que haga falta para contribuir a que la verdad se aclare cuanto antes. No se le ha negado al juez nada de lo que ha solicitado hasta el momento.

No se ha cambiado a ninguno de los responsables de la investigación del caso y la mejor prueba de ello es que las personas que representan al ministerio público son exactamente las mismas. No se ha escuchado por nuestra parte ni una sola crítica, ni una sola queja sobre la acción de la Justicia; pero nos gustaría que esto quedara resuelto cuanto antes.

Señorías,

Le toca al Presidente del Gobierno hacer cuanto esté en su mano para que los españoles recuperen la confianza en la limpieza de la vida pública, en la honestidad de sus gobernantes y en que todas las instituciones responden al más alto estándar de exigencia ética.

Tenemos que conseguir que los españoles vuelvan a sentirse confiados en que la política es limpia y honesta. Y, si esto es importante en todo momento, lo es mucho más cuando, como ahora, les estamos pidiendo a los ciudadanos esfuerzos muy duros.

Para ello, hemos tomado iniciativas que reforzarán el control preventivo de la corrupción sobre personas e instituciones en una línea de exigencia máxima.

Y lo hemos hecho desde el primer momento. Por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos está en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado 22 de octubre; se han reducido las subvenciones anuales a los partidos y a las fundaciones vinculadas a los mismos; se ha prohibido que los partidos políticos acepten donaciones procedentes de quienes reciban subvenciones de las Administraciones Públicas; se han limitado las condonaciones a los partidos de sus deudas con los bancos; se ha obligado a los partidos a publicar el balance, la cuenta de resultados y la cuantía de los créditos y condonaciones correspondientes a cada ejercicio, y se les obliga a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a cincuenta mil euros, entre otras obligaciones. Insisto, Señorías, todo esto lleva ya más de nueve meses en vigor.

En la reforma del Código Penal se ha establecido un nuevo tipo para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. Y esto también está ya en vigor.

Y, como les dije en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, hemos preparado un conjunto amplio de medidas para seguir luchando, y luchar mejor, contra la corrupción.

Ayer mismo, la Comisión Constitucional de esta Cámara aprobó el dictamen del Proyecto de la que será la primera Ley de Transparencia de la democracia española. Antes de que termine el año, formará parte de nuestro Ordenamiento Jurídico. No creo necesario extenderme en su contenido porque lo conocen ustedes perfectamente, dado que, como decía antes, se ha estado debatiendo hasta ayer mismo en esta Cámara. No obstante, querría valorar las medidas incorporadas en el trámite parlamentario por las aportaciones de los distintos grupos políticos. Cuando, finalmente, este Proyecto de Ley se convierta en norma, podremos hablar de un antes y un después en los usos y comportamientos de la vida política española.

El próximo mes de septiembre comenzará a verse el resultado del paquete de propuestas de regeneración democrática que planteé en el Debate sobre el Estado de la Nación del mes de febrero. Presentaré, a través de media docena de textos legales, un auténtico Plan Nacional de Regeneración Democrática, que deseamos que alcance el mayor nivel de consenso en esta Cámara. Este Plan incluirá:

1º.- Una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos; cuentas que deberán ser depositadas en un registro público. Se regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante esta Cámara, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción, entre otras medidas.

2º.- Una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que busca una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos, como de las fundaciones vinculadas a los mismos.

3º.- Una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas , tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos relacionados con la corrupción.

4º- Una Ley Reguladora de las Funciones Políticas, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos, y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato, entre otras cuestiones.

5º.- Una reforma del Código Penal, cuyo objetivo es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos, o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos.

6º- Y, por último, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque lo verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos, logrando así que la condena tenga un resultado ejemplificador. Estoy convencido de que la modificación de penas, plazos y procedimientos acabará con esa cierta sensación de impunidad que tanto irrita, y con razón, a la sociedad española.

Por lo tanto, Señorías, en este terreno hemos hecho, estamos haciendo y continuaremos impulsando profundas reformas.

Como dije en el Debate del Estado de la Nación, el Gobierno pretende que se hagan con el mayor grado de acuerdo posible entre los grupos políticos de esta Cámara. Mantendremos la actitud demostrada ya en el debate y admisión de enmiendas de la Ley de Transparencia, porque queremos una reforma hecha para todos y entre todos.

Señorías,

Algunos creen que la corrupción está extendida por todo el sistema y afecta a la mayoría de las instituciones, partidos y personas. Esa creencia no es sólo muy dañina, sino que es, además, radicalmente falsa.

Dañina porque en esa percepción se asientan los sentimientos negativos que la política suscita en muchos de nuestros conciudadanos y que socavan la moral colectiva, dando fuelle a los populismos y a la antipolítica.

Pero, además, es falsa. Debo reiterar mi convicción de que la inmensa mayoría de quienes se ocupan de la política, lo hacen al servicio de sus creencias y convicciones y al margen de intereses espurios. Creo que esto es así en la inmensa mayoría de los casos y en todos los partidos. Yo no creo que el impulso a la corrupción tenga un sesgo genético hacia la izquierda o hacia la derecha. Creo que pueden ser corruptas las personas, pero no las ideologías, salvo las totalitarias.

Es importante frenar este deterioro de la imagen de los políticos y de las instituciones democráticas, porque el clima que genera podría causar un daño irreversible, poniendo en peligro los logros conseguidos gracias al trabajo de todos.

Por tanto, hago una llamada a la colaboración de todos los Grupos Parlamentarios para superar este clima. Un elemento importante es, como ya he señalado, implantar una normativa más exigente para prevenir y castigar la corrupción. Otro elemento es el rigor de las distintas fuerzas políticas en el control interno de sus actividades. Y el tercero, no menos importante, atañe a que todos nos comprometamos a dejar trabajar a la Justicia, sin interferencias ni cortapisas, para que delimite lo real de lo falso, separe a los culpables de los inocentes y restablezca la honorabilidad de quienes la hayan visto en entredicho.

Y sólo de esta forma podremos frenar una mancha de desconfianza que se extiende con rapidez y que, además, se emplea de forma interesada para deslegitimar a todos los servidores públicos.

En resumen, Señorías,

He reconocido un error, mi error, y he respondido con el rechazo a todas las acusaciones vertidas por el señor Bárcenas y que están sub iudice.

Se ha causado un daño grave a la imagen de España, que trataremos de corregir y de superar. No por el procedimiento que algunos aconsejan de añadir un mal a otro, sino manteniendo con firmeza el rumbo del Gobierno y dejando trabajar a la Justicia.

Lo dije hace unos días y lo repito: los dos valores más importantes de la política española en estos momentos son su Programa de Reformas y su estabilidad. No consentiré que ninguno de los dos sufra daño.

Que nadie piense que vamos a distraernos en nuestro propósito de transformar el país, regenerar la vida pública, sacar a España de la crisis y devolver la esperanza a las personas que no tienen trabajo

Para nosotros es muy importante que no se quiebre la confianza en España, en su solvencia, en su estabilidad y en su capacidad para salir adelante.

Yo soy partidario de que nuestra actitud política sirva para tranquilizar a los españoles y a quienes nos miran desde fuera, para que vean que las cosas en España no son distintas que en cualquier otro país, para que sepan que la Justicia funciona, que la situación del Gobierno es estable y que España progresa y asienta su futuro cada día que pasa.

Si alguno de ustedes piensa que es más conveniente enviar otro mensaje, hágalo o siga haciéndolo. Yo, por mi parte, Señorías, me esforzaré para que la voz de la España sensata, laboriosa y responsable suene más alto y más fuerte que cualquier otra.

Muchas gracias.