GUILLEM PURSALS

La primera parte terminó con el Estadillo Social de 2019, y el plebiscito nacional de 2020 sobre la cuestión constitucional. Pero qué pasó en Chile para que la subida del precio del transporte público acabase provocando unas elecciones constituyentes para redactar una nueva Constitución. En esta parte expondré que pasó en Chile entre el 6 de octubre de 2019 y el 28 de noviembre de 2020, día en el que se convoca a la elección de los miembros de la Convención Constitucional en el Diario Oficial de la República de Chile.

El seis de octubre de 2019, Metro de Santiago aumentó 30 pesos el precio del billete en hora punta, situándose en 830 pesos. Hay que aclarar que el precio del billete de metro en Santiago varía según la hora a la cual lo coges, diferenciando la hora punta, del resto de horas. La redacción del Artículo 19 de la Constitución de 1980 había provocado que el Estado solamente estuviera en aquellas circunstancias donde aquello privado no existiese, o no llegase, creando para todo lo demás empresas concesionarias.

Como respuesta a esta subida, a la mañana siguiente, lunes, los estudiantes se saltaban los accesos a la red de metro.

En tres días hasta 3500 personas se saltan los controles del metro. Esto hace que las autoridades no tomen en serio las protestas, y se refuerce la seguridad en el metro. Con la presencia policial de los Carabineros, se empiezan a generar disturbios en las estaciones, destrozos, cargas, daños físicos. En los primeros diez días los daños y pérdidas se elevaron a 700.000 dólares. Las protestas incluían, abrir los tornos, destrozar algunas máquinas de billetes, pero sin provocar daños físicos. El día 18 de octubre debido a las protestas organizadas, y casi toda la dotación de Carabineros en Santiago dedicada al metro, la autoridad de transporte del metro cierra todo el servicio. Esa misma la tarde, el ministerio del Interior anuncia la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes.

La respuesta de los manifestantes a ese anuncio fue todo lo contrario a lo que el ministerio esperaba. Los estudiantes construyeron barricadas en algunas calles, y además los ciudadanos de Santiago les daban apoyo a través de un cacerolazo.

Después de las barricadas, el mismo día 18 se fueron a quemar estaciones de metro, como protesta a dicho anuncio, y al de que no se tocarían las tarifas.

Esa misma madrugada, el presidente Piñera declara el Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. El jefe de la Defensa Nacional se pone al frente de las zonas declaradas en Estado de Excepción. Después declararon el Estado de Emergencia en Valparaíso y Concepción, generando más descontento en todo el país. En pocos días, en casi toda la nación se había establecido el Estado de Excepción, y el toque de queda, bajo responsabilidad y gestión militar. Para tener en cuenta que desde la dictadura militar de Pinochet que no se decretaba un Estado de Excepción por motivos de desorden civil.

Dos días después, el 20 de octubre, Piñera declaró que estaban en guerra contra un enemigo poderoso, que utilizaba la violencia y la delincuencia. Utilizando una retórica militar contra los ciudadanos que se manifestaban en las calles de Chile. La desproporción de las medidas y la retórica utilizada por el gobierno se tornó más en su contra. Poco después surgieron ya las primeras grandes manifestaciones en las principales ciudades, no solamente en apoyo a los primeros manifestantes, sino también contra la desigualdad social, el alto coste de vida, la falta de bienes por las restricciones gubernamentales, las pocas medidas sociales emprendidas por el gobierno en situación de crisis, la violencia policial, etc.

Como respuesta a estas manifestaciones masivas, el 22 de octubre el gobierno chileno anunció la llamada “Nueva Agenda Social”, donde se planteaba enmendar y dar respuesta a los principales clamores populares que pedían reformas. Incrementos en pensiones, mejoras en los seguros de Salud, mejoras en economía como la creación del Ingreso Mínimo Garantizado, reducción de salarios de los miembros del Parlamento y Senado, cambios de proporciones y reducción de miembros electos. Además, también empezó el impulso de reformas legislativas, tributarias, y también de seguridad.

Este anuncio no generó suficiente confianza, y el 25 de octubre se convocó la “Marcha más grande de Chile”, llamada así por las más de 1.200.000 personas que se manifestaron en Santiago, superando cualquier otra manifestación producida en el país a lo largo de su historia. Ese día, además de en Santiago, también hubo manifestaciones en Valparaíso, Rancagua, La Sereno, Coquimbo, Concepción, Arica, Punta Arenas, Viña del Mar y otras muchas a lo largo del país. A la mañana siguiente, el 26, se puso fin al toque de queda, y el 27 el ejército volvió a los cuarteles. El 28 se cambiaron ocho ministros del gobierno. El día 4 de noviembre dos manifestantes fueron atropellados por una patrulla policial, y dos policías fueron heridos durante esa jornada de protestas. Al final fueron 43 los heridos que hubo ese día.

Para calmar las protestas, el presidente del Senado y el portavoz de la Corte Suprema, uno el 21 de octubre y otro el 30 de octubre, manifestaron que quizás la solución a los problemas sociales no eran medidas concretas, como leyes o enmiendas en el imperio de la ley ya existente, sino que era establecer una nueva Constitución. El 7 de noviembre, la Asociación Chilena de Municipalidades, formada por 330 de las 345 municipalidades del país, aprobó una consulta ciudadana sobre si la Constitución había quedado obsoleta. La respuesta ministerial fue que ese tipo de debate se tenía que formular en el Congreso Nacional.

Como la Constitución Política de Chile de 1980 se redactó de tal manera que fuese muy difícil su reforma, el Congreso Nacional reformó la misma para facilitarla. La reforma, que contenía la convocatoria de un plebiscito nacional, fue aprobada por 127-8 votos en la Cámara de Diputados y 38-3 en el Senado. El 24 de diciembre se habilitó un mecanismo para elaborar una nueva Constitución, y el 27 de diciembre se promulga el decreto que lo convoca, empezando así oficialmente el proceso plebiscitario.

El plan principal era que la propaganda electoral empezase el 26 de marzo de 2020, y el plebiscito se hiciese el 26 de abril del mismo año. Debido a la situación de la pandemia por la COVID-19, las fechas cambiaron y la campaña empezó el 26 de agosto de 2020 y el plebiscito se hizo el 25 de octubre.

Solamente UDI, Nuevo Tiempo y Renovación Nacional hicieron campaña por el “Rechazo” y “Convención Mixta”, el resto de los partidos se sumaron a la campaña por el “Apruebo” y la “Convención Constitucional”. Hay que recordar que la diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional era que la primera estaba formada la mitad por miembros electos directos y la otra mitad por miembros del Congreso, y la Convención Constitucional estaba formada en su totalidad por miembros electos directamente.

El “Apruebo” ganó con un 78,28 % de los votos, y la “Convención Constitucional” por un 79% del total. En todas las regiones electorales ganaron ambas opciones. En la región de Atacama ambas opciones superaron el 85% de los votos. Así pues, el 29 de noviembre de 2020 se convocan las elecciones a la Convención Constitucional, formada por 155 miembros electos.

Hay que destacar que en la Convención Constitucional habrá una asignación de escaños reservados para los pueblos originarios. El pueblo mapuche tendrá siete escaños; el pueblo aimara dos escaños; el pueblo kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango, un escaño cada uno. Los otros escaños quedarán repartidos de la siguiente manera en las regiones: Arica y Parinacota, tres escaños; Tarapacá, tres escaños, Antofagasta, cuatro escaños; Atacama, cuatro escaños, Coquimbo, seis escaños; Valparaíso, trece escaños; Metropolitana de Santiago, cuarenta y un escaños; O’Higgins, nueve escaños; Maule, once escaños; Ñuble, cinco escaños; Biobío, once escaños; Araucanía, nueve escaños; Los Ríos, cuatro escaños; Los Lagos, siete escaños; Aysén, tres escaños; Magallanes y la Antártica Chilena, tres  escaños.

Según fuentes oficiales, se han presentado 1279 candidatos para los escaños de los distritos y 95 candidatos para los escaños de los pueblos originarios. Y serán 14.900.089 los chilenos con derecho a participar. Según un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 77% de los candidatos a dicha convención no provienen del mundo político, es decir, no han tenido ningún cargo en la administración, ni han sido electos en ningún momento. Es por este motivo por el que tiene un gran respaldo popular dicho proceso constituyente, según el propio observatorio.

Durante la campaña electoral se ha hablado sobre el sistema de gobierno, y la forma de este, si tiene que seguir siendo presidencialista, semi-presidencialista o parlamentario. Sobre qué derechos fundamentales debe haber, o sobre como se garantizará la separación de poderes, incluso hay candidatos que proponen un Ministerio Fiscal elegido por la ciudadanía. También sobre si debe seguir el bicameralismo, o sobre si se debe pasar de un Estado subsidiario a un Estado social.

Los próximos días 15 y 16 de mayo serán las elecciones a la Convención Constituyente, si la situación del COVID-19 lo permite. Esos dos días también están convocadas las elecciones a gobernador regional por un período de cinco años, y las elecciones municipales por un periodo de cuatro años.

Podéis leer la primera parte aquí.

Guillem Pursals es Politólogo y Máster en Seguridad. Analista de Relaciones Internacionales y Conflictos (@GPursals ‏)