Chile, hacia una nueva Constitución – Parte I

GUILLEM PURSALS

El once de setiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de la República de Chile ejecutan un golpe de Estado contra el presidente Allende, democráticamente elegido en 1970 y de ideología marxista. En aquel momento, el país se regía por la Constitución de 1925, en la que se establecía la división de poderes, la fiscalización recíproca y el establecimiento de una democracia consolidada. Ese mismo día once, la Junta Militar emite el Decreto ley N.o 1 donde se establece el Mando Supremo de la Nación, y se designa a Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la Junta.

El día 21 de setiembre de 1973 se disuelve el Congreso Nacional con el Decreto ley N.o 27; el 13 de octubre se ilegalizan las llamadas asociaciones ilícitas, que en aquel momento serian los partidos de la oposición, y el día doce de noviembre, la Junta de Gobierno asume el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. Aun con todo esto, el gobierno militar busca la manera de legitimarse interna e internacionalmente, y crean la CENC, Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, llamada popularmente “Comisión Ortúzar” porque la dirigiría el antiguo ministro Enrique Ortúzar.

El objetivo de ésta no sería otro que redactar una nueva Constitución para el país, y de este modo superar la antigua etapa política, creando una nueva. Nuevo sistema, nueva Constitución. Además, la misma, mediante la celebración de un referéndum fortalecería el régimen militar. Garantizando incluso que si este cayera, el sistema creado continuaría.

En 1978 sucedieron dos cosas, se terminó el esbozo de la comisión Ortúzar, y el régimen convocó un plebiscito nacional, el 4 de enero, en el que se consultaba al pueblo chileno, sin censo establecido, si reconocía al presidente Pinochet como legítimo. Ganó el “Sí” con un 78.7% de los votos. El símbolo del “Sí” era la bandera chilena, y el del “No” era una bandera negra.

Con este respaldo, el proyecto constitucional de la Comisión Ortúzar pasó al Consejo de Estado, y después la Junta Militar añadió algo más. fue en el plebiscito nacional del once de septiembre de 1980, siete años después del golpe de Estado que derrocó a Allende, cuando la actual Constitución Política de Chile obtuvo su respaldo popular. El “Sí” ganó con un 67.04%, aunque con muchas irregularidades, como por ejemplo que funcionarios del Estado iban a votar varias veces, que el censo no cuadraba con los votos, o incluso que votos del “No” se sumaban al “Sí”. Es importante destacar que durante este plebiscito fue cuando la oposición organizó su primer acto como tal, que se llamó Caupolicanazo, por el lugar en el que se realizó el Teatro Caupolicán de Santiago el 27 de agosto de 1980. El 11 de marzo del siguiente año, la actual Constitución entró en vigor.

Entre 1981 y 1988 el régimen militar hizo un uso de la Constitución de manera arbitraria. Dotaba al presidente de la República de un poder total sobre el sistema político, y aunque se definía como república democrática, se buscó una perversión de significado ya que, si ibas contra la misma Constitución, no podías ser considerado facción democrática. Por lo que si cualquier asociación, partido o movimiento fuese contra la Junta Militar, sería inconstitucional, y por lo tanto fuera del sistema. Aun así, un fallo constitucional permitió que en 1987 muchos partidos se registrasen como “oficialistas” a través de la Ley 18603, aun siendo de izquierdas o de derechas.

Pero en 1988 el sistema chileno de Pinochet se encontró con un problema, el periodo presidencial constitucional era de ocho años. Por lo que constitucionalmente, ese año se tenían que hacer elecciones presidenciales, o un plebiscito, puesto que el periodo presidencial constitucional era de ocho años, en el que se propondría al sucesor de Pinochet, y que sería elegido por unanimidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y por el General Director de Carabineros. Y ellos eligieron a Augusto Pinochet, como sucesor de sí mismo, el 30 de agosto de 1988. Sin sorpresas, aceptó la nominación. Y el oficialismo se congregó a hacer campaña para el “Sí”. Mientras que Por su parte, los partidos de la oposición harían campaña por el “No”.

Es interesante destacar que casi todas las encuestas daban como favorito el “No”, mientras que las controladas por el gobierno apuntaban a una victoria arrolladora del “Sí”.

El miércoles 5 de octubre de este año, Chile celebró el plebiscito. Si ganaba el “Sí” significaba que Pinochet estaría ocho años más en el poder. Si ganaba el “No”, Pinochet tenía que abrir un proceso constituyente ya que no habría sido refrendado por la ciudadanía. Con un 97.53% de participación, el “No” se impuso con un 55.99%, frente al 44.01% que sacó el “Sí”.

Y aquí hay un protagonista, el general del aire Fernando Matthei, comandante de la Fuerza Aérea de Chile y miembro de la Junta Militar, padre de la candidata presidencial y exsenadora Evelyn Matthei. Aunque la oposición sabía que estaba ganando, y lo estaba celebrando, el gobierno no decía nada. Y entonces se emitió una declaración a la una de la madrugada “Tengo bastante claro que ha ganado el No, pero estamos tranquilos”, frase pronunciada por el general Matthei. Y una hora después, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, anunció los resultados.

Al año siguiente, la Junta Militar promovió una reforma constitucional mediante un plebiscito nacional, que se realizó el 30 de julio de 1989. Se eliminaban competencias presidenciales como la de disolver la Cámara de Diputados, se restringían los Estados de Excepción, Emergencia y Sitio, se facilitaba la aprobación de leyes orgánicas constitucionales, se pasó de ocho a seis años el período en el cargo del presidente, se vinculaba la Constitución a los Acuerdos Internacionales, y se abolió la prohibición contra los partidos marxistas. El “Sí” ganó con el 91.25% de los votos. Y ese mismo año, se celebraron las primeras elecciones presidenciales desde 1970, que fueron ganadas por Patricio Aywin. Chile volvía a ser una democracia.

Con la reforma constitucional de 1989, la Constitución Política de la República entró en vigor en el marco actual. Aunque desde que fue escrita ha sido reformada 52 veces, siendo la reforma constitucional de 2005 la más importante.

En la reforma constitucional de 2005 se eliminaron los senadores designados y vitalicios, se redujo el mandato presidencial a cuatro años, se establecieron nuevos Derechos y Deberes ciudadanos, se modificó el sistema de reemplazo de parlamentarios y se impulsó una descentralización. Es importante destacar que fue en esta reforma cuando el presidente de la República adquirió la potestad de cambiar a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, pues antes solamente podía hacerlo cuando el Consejo de Seguridad Nacional en su mayoría lo aprobaba. Casi cada año desde entonces la Constitución de 1980 ha tenido que estar siendo  modificada, llegando hasta el 2019.

El 18 de octubre de 2019 se desata el llamado “Estallido Social”. Debido al incremento de los precios en el transporte público, la gente sale a las calles pidiendo mayores prestaciones sociales, mayores derechos, en contra del incremento del coste de vida en el país, contra la corrupción política, contra la legitimidad de las instituciones, e incluso, con la necesidad de una nueva Constitución Política, que garantice mayores derechos, libertades y justicia social. Se produjeron más de 30 muertos, 3.400 heridos y casi 9.000 detenidos en seis meses de manifestaciones por todo el país.

El 24 de diciembre de 2019 se modifica por ley el Capítulo XV de la Constitución, y se inicia el proceso, el presidente Piñeira convoca el 25 de octubre de 2020 un plebiscito nacional sobre si se inicia o no el Proceso Constituyente en la redacción de una nueva Constitución Política.

Se hizo a doble pregunta, en la primera se preguntó si se quería una nueva Constitución, y el 78.28% votó sí. En la segunda, la pregunta fue sobre qué tipo de organismo debiera redactar la nueva Constitución, y el 79% votó “Convención Constitucional”.

Continuará en “Chile, hacia una nueva Constitución – Parte II”.

 

Guillem Pursals es Politólogo y Máster en Seguridad. Analista de Relaciones Internacionales y Conflictos (@GPursals ‏)