DIEGO VALADEZ

El pasado 11 de febrero concluyó el periodo de pre-campañas previsto en la legislación electoral mexicana para la elección presidencial del próximo primero de julio. Desde su inicio y hasta su conclusión, el abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido como puntero en todos los sondeos de opinión sobre preferencia del voto. Sin embargo, aún restan más de 120 días para la celebración de la jornada electoral, incluyendo el periodo formal de campañas, por lo que es aventurado afirmar que la elección presidencial pueda estar definida en sentido alguno. Es claro que, con la incertidumbre reinante en el ambiente político y social, las autoridades electorales enfrentarán un gran reto, que se extenderá al periodo post-electoral y en el que los resultados oficiales, seguramente, terminarán decidiéndose en instancia judicial.

La elección presidencial del próximo 1º de julio será, sin duda, una elección de resultados muy competidos, donde el candidato ganador quizás lo sea con una ventaja menor al 5% sobre el segundo lugar. En este contexto resulta de vital importancia que ganadores y perdedores tomen conciencia de la gran responsabilidad que recaerá sobre sus hombros al momento de aceptar o impugnar los resultados, así como de la forma en que lo harán. Conducirse de manera irresponsable no solamente puede poner en riesgo la legitimidad de los resultados, sino inclusive comprometer el andamiaje institucional de la joven democracia mexicana, con un impacto directo en la valoración misma de la democracia como forma de gobierno en México.

Estudiosos de la teoría democrática se han ocupado de analizar las condiciones que permiten que una democracia sea estable en un Estado dado. A pesar de que los resultados de estas investigaciones no son concluyentes, por la gran cantidad de variables que confluyen en cada tiempo y lugar determinado, sí es posible afirmar que los actores políticos y sus actitudes juegan un papel fundamental en esta área. Con independencia de la legitimidad en el uso de los recursos legales e institucionales para solicitar la revisión de los cómputos electorales, es necesario que en última instancia los perdedores de la contienda lleguen a aceptar la legitimidad de su derrota, así como que los vencedores deben evitar explotar en extremo las dimensiones de su triunfo. Precisamente, porque las democracias suponen la existencia de un procedimiento, legal e institucional, que salvaguarda la posibilidad de la alternancia, donde la oposición tiene legítimas aspiraciones para pasar a ser gobierno en el futuro. De esta forma, se crea un incentivo para que los perdedores de una contienda electoral mantengan su “lealtad” hacia los resultados, esperando que el día de su victoria, los entonces vencidos hagan lo propio[1].

En el caso de México, debe causar preocupación el que desde ahora haya segmentos de la sociedad civil que sostengan o defiendan el triunfo de un candidato determinado como algo definitivo, y que la única alternativa para que se dé un resultado distinto, sea a través de la puesta en marcha de un “fraude electoral”. En el caso del candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, la preocupación se intensifica. Más allá de las experiencias pasadas en las que el mismo López Obrador encabezó una movilización con el objeto de desconocer los resultados electorales que le fueron adversos, y a partir de la elaboración de su discurso dicotómico entre “la mafia del poder” y el pueblo amigo, distinguiéndolos entre quienes apoyan o no su movimiento, es importante evaluar si en este momento López Obrador tiene incentivos suficientes para reconocer, en un momento dado, resultados de la contienda presidencial que le sean desfavorables.

Sobre este particular, los partidos políticos en muchas ocasiones juegan un rol fundamental en la actitud de sus candidatos para respetar los resultados electorales. En principio, porque los partidos políticos representan un conjunto de intereses más amplios y variados que los que pudiera atribuírsele a un candidato determinado. Así, la actitud de un candidato puede ser condicionada, limitada o vetada cuando la misma pueda poner en riesgo los intereses generales del partido. Tal es el caso en el que un candidato opte por desconocer los resultados electorales adversos, si con ello se puede poner en riesgo los triunfos que haya podido tener el partido en alguna otra entidad o nivel de gobierno. Lamentablemente, la eficacia de este instrumento de contrapeso puede no ser suficiente cuando la identidad del propio partido, así como su estructura central, se funda en la imagen y aprobación del mismo candidato. Es decir, cuando los intereses del candidato como individuo, sobrepasan o paralizan los intereses del mismo partido.

Por otro lado, es la tercera ocasión en la que López Obrador se presenta como candidato presidencial en condiciones competitivas, contando con una preferencia electoral importante. De acuerdo con la última encuesta realizada por el diario Reforma[2], publicada el 11 de febrero pasado, lideraba la preferencia del voto con un 42%, seguido por un rezagado Ricardo Anaya en segundo lugar con un 32%. Sin embargo, y de acuerdo con declaraciones propias de López Obrador, esta será la última ocasión en que se presentará a la carrera presidencial. Visto así, la elección del primero de julio será para López Obrador como un juego de suma cero, por lo que su actitud será fundamental para determinar el clima en el que se desarrollará la jornada post-electoral en México.

Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador será el personaje más relevante en el periodo post-electoral mexicano, con independencia del resultado de los comicios presidenciales. En caso de que resulte triunfador, la expectativa se centra en que López Obrador actúe con responsabilidad en la integración de su gobierno y las primeras determinaciones y acciones que asuma serán de vital importancia para el país. En caso de que resulte perdedor, sería deseable ver a un López Obrador que asuma la legitimidad de su derrota en última instancia. Solamente los resultados oficiales que dé a conocer la autoridad electoral nos permitirán conocer cuál será el futuro de la democracia mexicana.

Las condiciones en las que se desarrollará la elección presidencial son suficientes para encender las alarmas y desarrollar un protocolo que permita a las autoridades electorales no ser sobrepasadas por el protagonismo de los contendientes, así como para que la legitimidad de nuestra autoridad electoral y sus acciones no sean dañadas de modo irreparable. Todas las condiciones dejan entrever que el periodo post-electoral en México puede ser caótico y tormentoso, y sólo la actitud de autoridades y actores políticos puede ayudar a cambiar dicho pronóstico.

Diego Valadez es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estudios en Análisis Político (ITAM) y en Elecciones y Partidos Políticos en México (COLMEX). Actualmente cursa el Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá, España. Ha trabajado en el ámbito de la comunicación política, comunicación de gobierno, democracia y participación ciudadana tanto en el ámbito público (en el Instituto Electoral de la Ciudad de México) como en el ámbito privado en una agencia de comunicación política (SPIN Taller de Comunicación Política). (@DieguitoValadez)

Imagen de Rick González en Flickr (CC)

[1] Léase SAPIRO, Ian. El estado de la teoría democrática. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005; pp. 130 y ss.

[2] Visto en https://gruporeforma-blogs.com/encuestas/ (Consultada el 18 de febrero de 2018, 17:58 horas)