MARIANO RAJOY

Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Desde que el pasado 27 de octubre dos grupos políticos presentaron en el Parlamento de Cataluña una Propuesta de Resolución para la configuración de una república independiente catalana, he venido informando puntualmente a las distintas fuerzas políticas, y al conjunto de la sociedad española, de las actuaciones del Gobierno ante este desafío rupturista.

En esta misma línea comparezco ante ustedes para informarles de que esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña.

Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la Resolución implica «la vulneración evidente» del núcleo esencial de la Constitución Española y, además, supone «una declarada insumisión a las instituciones del Estado».

El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña «niega el orden constitucional vigente, en su conjunto» y añade algo muy significativo como es que se pretende obviar que «toda decisión del poder queda, sin excepción, sujeta a nuestra Norma Fundamental, sin que existan para el poder público –ni puedan existir–(…) espacios libres o espacios de inmunidad frente a ella».

Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes, por otra parte, conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado.

Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la Nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza: la principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático y de Derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española.

Eso es lo que plantean quienes persiguen, con una Resolución parlamentaria, vulnerar la Constitución, incumplir su propio Estatuto de Autonomía y cuestionar la integridad de España; quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse, también, la soberanía nacional que a todo el pueblo español y sólo al pueblo español le pertenece; una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales.

Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos; pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los Gobiernos que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la Ley.

El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación, y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estos son los principios que quebranta la Resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente.

Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la Ley cualquier poder y cualquier Gobierno pierden su legitimación, y no deberían olvidar que, cuando se prescinde de la Ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen: acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos.

Eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación.

Hace unos minutos la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la Resolución del Parlamento de Cataluña. Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta Resolución y de todos sus efectos, y hemos solicitado que las decisiones que adopte el Alto Tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada: a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la Mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su Gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el Gobierno que presido está cumpliendo la suya.

Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones.

Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos; no sólo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento; se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como Nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país

Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención.