MARIANO RAJOY

Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Como saben, comparezco ante ustedes para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha reunido esta mañana.

Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado, el Gobierno ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas no refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el Decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Como saben ustedes, si se admiten a trámite por el Tribunal los dos recursos, queda automáticamente suspendida la vigencia, tanto de la Ley como del Decreto, según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución.

No voy a reiterar ante ustedes los argumentos que se exponen en los recursos y que debe valorar el Tribunal. Los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto, ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución Española.

La decisión de hoy es coherente con lo que el Gobierno ya había anticipado desde el día 12 de diciembre del pasado año, cuando comparecí yo aquí en esta misma sala. Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat anunció su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación. El mismo día fijamos la posición del Gobierno que, como es evidente en un asunto de estas características, no ha sido modificada.

Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Venimos insistiendo en ese mismo argumento todas y cada una de las veces que se ha planteado el asunto. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles.

La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»

La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y, por tanto, cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución. Y ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja, en modo alguno, en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma.

Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una Comunidad, negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. Por tanto, la consulta es profundamente antidemocrática: el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás.

Jurídicamente hablando, el Gobierno no puede ni debe hacer otra cosa distinta de la que hoy hace y, desde un punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera.

No hay nada ni nadie; ni poder, ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, ésa y no otra es la consecuencia práctica de la consulta convocada por la Generalitat.

El Gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. A ellos y a sus derechos también estamos defendiendo con este recurso.

Quiero recordar que la posición del Gobierno se ha visto avalada política y legalmente por una incuestionable mayoría del Congreso de los Diputados, así como por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 24 de marzo.

Permítanme que me extienda ahora algo más en la argumentación porque, además de recurrir, debemos explicar con meridiana claridad lo que implica este desafío.

Lo primero que quiero decir es que con este recurso defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir.

No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política.

A nadie se le impide ni hablar ni expresar su voluntad. Felizmente, los españoles llevamos haciéndolo desde hace décadas. Pero lo que se no se puede permitir es que la voluntad de una parte prive de sus derechos al conjunto.

Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma: proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante. Ésa es la manera de hacer las cosas. Lo que no se puede hacer, o no debería hacer un gobernante responsable, es buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras.

Quisiera decir algo sobre el diálogo. El Gobierno ha mantenido permanentemente abierto un diálogo con el Gobierno de la Generalitat y yo, particularmente, lo he mantenido con su Presidente. Pero lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir. Mi postura ha sido abierta, clara y firme. He estado dispuesto a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real porque, primero, se han tomado decisiones desde la Generalitat y, luego, se ha pretendido que el Gobierno de España no sólo las aceptase, sino que encontrase, además, las vías políticas y legales para llevarlas a cabo.

Cuando una parte actúa en contra del marco legal y de los intereses del conjunto, no puede ser la obligación del Gobierno encontrar un punto intermedio de acuerdo. La única vía real de diálogo habría consistido en plantear los problemas y buscar conjuntamente escenarios posibles para resolverlos. Se ha hecho lo contrario. Se han tomado decisiones unilaterales pretendiendo llegar a un punto de no retorno que obligara al resto a aceptarlo sin más.

Y quiero hablar, por último, de responsabilidad, porque quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las graves consecuencias del mismo. Consecuencias que pasan por la deslegitimación injusta de nuestras instituciones democráticas o por la fractura de los lazos de hermandad que han unido a Cataluña y al resto de España durante toda nuestra larga historia en común.

En particular, juntos, los catalanes y el resto de los españoles, nos hemos otorgado una Constitución que ha brindado el tiempo de mayor prosperidad y bienestar en democracia de nuestra historia. Apoyada por una amplísima mayoría de los catalanes y refrendada por el pueblo español, nuestra Constitución, fruto del consenso, del dialogo y de la generosidad de todas las partes, ha permitido a Cataluña disfrutar del mayor reconocimiento y el máximo nivel de autogobierno, y durante más tiempo, de toda la historia.

Lamento profundamente que, a pesar de todas estas consideraciones, el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Lo lamento, porque va en contra de la Ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España, y perjudica gravemente a su bienestar, por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor es que lo sabía desde el principio.

Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Tanto el Gobierno, como yo mismo, estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo; pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Y, desde luego, quiero decir con toda claridad que, mientras yo sea presidente del Gobierno, la Ley se va a respetar en toda su integridad. Que todos los catalanes y el resto de los españoles estén tranquilos en ese sentido: todo el diálogo dentro de la Ley y ninguno fuera de la Ley.

Muchas gracias y buenos días.