Compatriotas:

Esta noche me dirijo a ustedes para tratar un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.

Al asumir el gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, que sólo podríamos cicatrizar si procurábamos reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia.

Con ese propósito, constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrándola con personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, para que luego de recibir, recoger y analizar todos los antecedentes que les fuera posible, emitieran en conciencia un informe sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Expresamente precisamos que, para estos efectos, se entendería por graves violaciones «las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

Al cabo de nueve meses de esforzada- labor, la Comisión emitió dicho Informe, acordado por la unanimidad de sus miembros, del que me hizo pública entrega el 8 de febrero recién pasado.

Cumpliendo lo entonces anunciado, hoy lo pongo en conocimiento del país, para lo cual se ha hecho entrega de su texto íntegro a las más altas autoridades públicas, sociales y morales de la nación y a los medios de comunicación.

Después de haber leído cuidadosamente el informe, creo mi deber reiterar, en esta oportunidad, el reconocimiento que merecen los integrantes de la Comisión y sus colaboradores, por la abnegación, espíritu público, eficiencia, responsabilidad y objetividad con que cumplieron su tarea. Pienso que su valioso aporte compromete la gratitud de todos los chilenos.

¿Qué dice el Informe?

Relación de hechos

En sus primeras 1094 páginas, luego de definir conceptos y describir el marco histrórico político y el marco jurídico institucional en que los hechos acontecieron, relata por orden cronológico todos los casos en que la Comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.

Partiendo del concepto de que “existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado, sino por todos los actores políticos” y acorde con el decreto que creó la Comisión, el informe califica de violaciones a los derechos humanos “no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos.

La relación divide el período en tres etapas: primero, la comprendida entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en que hubo algunos enfrentamientos, detenciones masivas en casi todo el país ejecuciones de muchos prisioneros políticos y los primeros desaparecimientos; luego, el período de la DINA, hasta agosto de 1977, en que se llevó a cabo una acción sistemática para exterminar a quienes ese organismo atribuía más peligrosidad política y se produjo el mayor número de desapariciones de personas; y finalmente, la etapa en que la DINA fue sustituida por la CNI, en la que, luego de un lapso de relativo apaciguamiento, se produjeron numerosas acciones violentas con resultados fatales, sea en atentados cometidos por grupos armados o terroristas, sea en operativos destinados a combatirlos, sea con motivo de las protestas que tuvieron, 1983.En cada período se señalan la naturaleza y caracteres de los organismos represivos, los procedimientos preferentemente empleados por ellos, los lugares de detención, los métodos de tortura y de ejecución de las víctimas. Se relatan también los atentados a los derechos humanos cometidos por particulares bajo pretextos políticos y las acciones de violencia política de que resultaron víctimas fatales. Se reseña, asimismo, la actitud asumida ante esos hechos por los diversos actores de la sociedad civil: políticos, sociales, espirituales y de medios de comunicación. El balance de todo el período arroja 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión “ víctimas de la violencia política” y 2115 calificadas de “ víctimas de violación a sus derechos humanos” . Estas últimas, a su vez, se pueden clasificar en:

a) Muertos por agentes del Estado o por personas a su servicio:

– En virtud de Consejo de Guerra 59

– Por exceso de represión durante las protestas 93

– En ejecuciones alegando ley de fuga 101

– En otras ejecuciones y muertos en tortura 815

Subtotal: 1.068

b) Detenidos por agentes del Estado y desaparecidos 957

c) Muertos por atentados cometidos por particulares 90

bajo pretextos políticos

Total 2115

El Informe precisa que la Comisión conoció otros 641 casos, que individualiza, respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesario que se continúe investigando. La Comisión expresa que frente a estos hechos, “el Poder Judicial no reaccionó con suficiente energía” (pág. 126), lo que produjo “en alguna importante o involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales” (pág.128).

Recomendaciones

En las 74 páginas siguientes (de la 1096 a la 1168) del Informe, la Comisión da cumplimiento al encargo que se le hizo en el decreto que la creó, de “ recomendar las medidas de reparación y reivindación que crea de justicia “ y “ las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir” nuevas violaciones a los derechos humanos.

Reparación a las víctimas

Luego de expresar que “ la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables” , por lo que “no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas” que sugiere, el Informe señala que “ la reparación moral y material parece ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena, entendiendo por reparación “un conjunto de actos que expresen un reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias en que son materia” del Informe. Este precisa que “ la reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro entre los chilenos” (pág. 1096).

En el plano de la reparación moral, propone “ reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas» mediante actos que sugiere a modo ilustrativo. Propone, asimismo, establecer un procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas.

Las recomendaciones relativas al bienestar social tienden «a reparar el daño moral y patrimonial que afecta a los familiares directos de las víctimas», para lo cual propone, entre otras cosas, establecer por ley “una pensión única de reparación» y medidas destinadas a proporcionar a esos familiares una atención especializada en salud, formas de reparación en el plano educativo y con respecto a los problemas de vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del servicio militar a los hijos de las víctimas.

En este mismo orden de cosas, el Informe propone la creación de una Fundación de Derecho Público, autónoma, dirigida por un Consejo del más alto nivel y prestigio, que continúe las tareas de «tratar de determinar el paradero de las víctimas» de desaparecimiento, dictaminar acerca de los casos de posibles víctimas respecto de los cuales la Comisión no alcanzó a formarse convicción, centralizar y mantener los archivos y antecedentes sobre las violaciones a los derechos humanos, prestar asesoría legal y asistencia social a los familiares de las víctimas, y las demás funciones que la ley le encomiende.

Frente al grave problema de «determinar el paradero de las víctimas» en los casos de «personas detenidas desaparecidas» y de “ejecutados sin entrega de los restos mortales a sus familiares” , propone “penalizar el ocultamiento de este tipo de información» y, al mismo tiempo, “garantizar reserva y eximir de responsabilidad por su eventual participación, a quienes proporcionen estos antecedentes” (pág.1161).

Prevención de eventuales violaciones

Luego de señalar que «no existió en Chile, en la época en que estas violaciones se cometieron, una conciencia nacional suficientemente firme respecto del deber imperioso de respetar los derechos humanos», el Informe formula numerosas sugerencias para mejorar la legislación nacional en la materia, perfeccionar el Poder Judicial a fin de que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, lograr en las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones, crear una institución cuya misión sea de protección de los derechos humanos y tratar de consolidar, a partir del sistema educacional y en todos los ámbitos de la vida social una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.

Víctimas

Finalmente, en un segundo volumen de 635 páginas, el Informe contiene una breve reseña biográfica, por orden alfabético, de cada una de las 2279 personas respecto de las cuales se formó la convicción de que murieron o desaparecieron corno víctimas de violación sus derechos humanos o como víctimas de la violencia política entre ellos 132 miembros de las Fuerzas Armadas o de Orden Seguridad.

Hasta aquí el resumen del informe. Ojalá todos lo lean y mediten. Os invito a hacerlo.

Reflexiones necesarias

Permítanme ahora compartir con ustedes algunas reflexiones que golpean mi conciencia de ser humano, de chileno y de Presidente de la República, a raíz de la lectura del Informe y de los intercambios de opiniones que he tenido a su respecto con personas representativas de diversos sectores de nuestra patria.

El tema de la verdad

El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia. Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social, desde el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las relaciones familiares como para las relaciones en el seno de las naciones, y aun entre éstas.

Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas; surgen la duda, las descalificaciones y, consiguientemente, los odios y la tentación de la violencia. La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros -que sabían- la negaban, y quienes debieron investigarla, no lo hicieron. Se explica así que mucha gente, tal vez la mayoría, no creyera. Y esa discrepancia fue un nuevo factor de división y ociosidad entre los chilenos.

El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla. No digo que sea una verdad «oficial». El Estado no tiene derecho a “ imponer” una verdad. Pero, convencido de ella, yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará y la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe. Como éste asevera, «la situación al 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus trasgresiones, pero en ningún caso las justificaron» (pág. 24).

Tampoco puede invocarse, para negar o desconocer esta verdad, un supuesto estado de «guerra interna” que habría existido, ni la necesidad de defender a la patria del terrorismo. Todos sabemos -y el Informe lo establece- que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos.

El tema del perdón y la reconciliación

Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner “ punto final” a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro que nos une más que al pasado que nos separa que tenemos que hacer para construir una sociedad democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras del S.S. Juan Pablo II en su visita: «Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación».

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y, de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de 1a República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.

El pueblo de Chile siempre ha querido y admirado a sus Instituciones Armadas y de Orden. Ellas se identifican con las glorias de la Patria, con el espíritu varonil de los chilenos y con abnegadas acciones en la vida cotidiana o frente a graves emergencias. El anhelo de reconciliación, en un Chile verdaderamente unido, exige remover los obstáculos que aún perjudican esos sentimientos. Todos debemos contribuir a ello.

He dicho en más de una ocasión que mi mayor anhelo como gobernante es alcanzar la unidad nacional en democracia. Ello exige de todos y de cada uno un gran esfuerzo para ponerse en el lugar de los demás y procurar comprenderlos, con humildad para reconocer las propias faltas y limitaciones y generosidad para perdonar las ajenas.

El tema de la justicia

La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz. Sabemos que, por las limitaciones propias de la condición humana la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo, lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible.

La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia. Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social. Admitir la vindicta privada es sustituir el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece por sobre la razón y la justicia.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.

Pero ello no basta. La justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.

En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales.

En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al Tribunal correspondiente. Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual -en mi concepto- no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente.

Terrorismo y violencia

Los criterios expuestos no deben ser interpretados por nadie como signos de tolerancia o debilidad en la lucha contra el terrorismo y la violencia de sectores extremistas.

Es decisión de mi gobierno combatir con la mayor energía el terrorismo y toda forma de violencia, de quienquiera que provenga. Lo importante es encontrar mecanismos eficaces para derrotarlos y ponerles término. La experiencia de otros países demuestra que los caminos del Derecho son para ello más eficaces que la simple confrontación armada. Nos resistimos a aceptar que para combatir el terrorismo, repudiable entre otras razones porque viola los derechos humanos, sea indispensable emplear métodos que incurran en análogas violaciones, porque tales métodos, moralmente inaceptables, ayudan en la práctica a alimentar la espiral de la violencia.

Decisiones

En presencia del Informe que he reseñado, teniendo en cuenta las reflexiones precedentes y a fin de encarar los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos con la mayor responsabilidad, eficacia y prontitud, creo necesario adoptar las medidas que, paso a enunciar:

1°. Hago un ferviente llamado a todos mis compatriotas a aceptar la verdad que se expone en el Informe y a ajustar sus conductas a ese reconocimiento;

2°. Acogiendo la sugerencia del Informe, reivindico pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas en cuanto hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios, adecuados para defenderse;

3” . En el curso del presente mes, el gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para concretar las proposiciones del Informe en cuanto a pensión única de reparación a los familiares directos de las víctimas, procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas, otras prestaciones de carácter social y creación de una institución de Derecho Público que se haga cargo de las tareas que el Informe señala;

4°. Hoy mismo he enviado a la Corte Suprema un oficio en que le adjunto el texto del Informe y le solicito que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya a los tribunales correspondientes para que activen con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación les remitió, haciéndole presente que, en mi concepto, la amnistía vigente, que el gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas;

5°. El gobierno pedirá, por intermedio del ministro de Justicia y con arreglo al art. 26 bis del Código de Procedimiento Penal, la intervención del Ministerio Público en primera instancia cada vez que lo estime necesario;

6°. Personalmente he pedido a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al señor General Director de Carabineros, la cooperación de sus instituciones para establecer el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ajusticiados cuyos restos no han sido entregados a sus familiares;

7°. El gobierno dará instrucciones especiales a los Servicios de Orden y Seguridad Pública para que presten la más diligente cooperación a los Tribunales de Justicia para el éxito de las investigaciones en los casos referidos;

8°. Se enviará próximamente al Congreso Nacional el proyecto de ley, que le fue propuesto por el Capítulo Chileno del Ombudsman y que el gobierno ha hecho suyo, para crear la institución del Defensor del Pueblo, que se encargará fundamentalmente de cautelar el respeto y plena vigencia de los derechos humanos; y

9°. Finalmente, el Ministerio de Justicia constituirá a la mayor brevedad un equipo de trabajo que prepare el o los proyectos de ley necesarios para introducir en nuestra legislación las reformas que la Comisión de Verdad y Reconciliación sugiere para la mejor protección de los derechos humanos.

Independientemente de lo expuesto, creo oportuno anunciar que, coincidiendo con algunas de las sugerencias del Informe, el gobierno tiene preparados los proyectos de ley necesarios para perfeccionar y modernizar la Administración de Justicia. Siendo ésta una materia en que existe muy alto consenso nacional, es mi propósito procurar rápidamente los acuerdos necesarios para que dicha reforma judicial pueda presentarse próximamente en términos que faciliten su debate y aprobación parlamentaria en el más breve lapso.

Ruego a los chilenos

Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es tarea de todos, de la que nadie puede excluirse.

Si el dolor, el espanto y la justa indignación nos movieran al odio y a la violencia, pronto caeríamos en lo mismo. Sería reanudar la lucha fratricida, destruir nuestra renaciente democracia y renunciar: al anhelo de paz que todos abrigamos.

Todos los chilenos pueden tener la certeza de que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo inspiran, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la patria.

Pero ésta no es sólo tarea del gobierno. Lo es igualmente de los otros Poderes del Estado, de las Instituciones Armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional. A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile.