Señor Presidente, señoras y señores diputados,
Tras las pasadas elecciones del 14 de marzo y según lo dispuesto en nuestra Constitución, comparezco ante esta Cámara para solicitar su confianza conforme a la propuesta realizada por el Rey.
Permítanme que en este momento mi primer pensamiento sea para los casi cuarenta y dos millones de personas que representamos. Ellos son los que nos han traído hasta aquí y a ellos, a todos ellos, me debo a partir de ahora. Nos faltan, sin embargo, ciento noventa y dos. Tenían derecho a estar hoy entre nosotros. Su ausencia de hoy debe constituir presencia imborrable. Han muerto, como ha ocurrido con tantos otros españoles en los años precedentes, por obra del furor homicida de unos desalmados.
No hay razón en el terrorismo, no hay sentido en el terrorismo, no hay política en el terrorismo. Sólo hay terror, muerte, chantaje. Sólo hay voluntad de someter, de sojuzgar, de destruir la moral de los hombres, de eliminar sus convicciones.
Ante el terror, Madrid ha dado ejemplo de coraje, de solidaridad y de heroísmo. Y con Madrid, toda España.
Gracias, en nombre de quienes, en esta Cámara, representamos a todos los españoles; gracias a todos los que ayudaron, a todos los que en todas partes han mostrado su apoyo y solidaridad. Muchas gracias. Un agradecimiento que, junto con mi felicitación, hago extensivo a todas las Administraciones Públicas que, con admirable eficacia, pusieron en acción coordinada sus recursos para paliar las consecuencias de los brutales atentados del 11 de marzo.
Se han dispuesto importantes medidas de atención a las víctimas y a sus familias. Anuncio ya mi propósito de reforzarlas para que quienes han sufrido esta barbarie sientan el pleno apoyo de la sociedad y del Gobierno. Todo cuanto hagamos por ellos constituye una deuda democrática. Ellos y todos los ciudadanos deben saber, en todo caso, que el Gobierno que presida tendrá como objetivo prioritario la lucha sin cuartel contra el terrorismo, contra cualquier terrorismo, contra todo terrorismo; una lucha en la que emplearemos todos los recursos de los que pueda dotarse una sociedad democrática. Desde luego, y en primer lugar, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mejor equipadas, mejor coordinadas, mejor informadas.
A lograrlo contribuirá mi compromiso de crear un Mando único operativo de las Fuerzas de Seguridad que evite descoordinaciones que merman su eficacia y disminuya, así, la seguridad de los españoles. Esta eficacia también se incrementará mediante la coordinación de todos los servicios de inteligencia e información del Estado, y mediante la multiplicación de los medios contra el terrorismo internacional; una coordinación que, mediante el diálogo y el acuerdo institucional con el Gobierno Vasco y con la Generalitat de Cataluña, quiero extender a las Fuerzas de Seguridad con que cuentan esas Comunidades.
Junto a ello, estoy decidido a impulsar la más amplia cooperación internacional para lograr el éxito en esta lucha; cooperación contra todo tipo de terrorismo: contra el que nos ha golpeado durante cuarenta años y contra el terrorismo internacional. Una cooperación que, en todo caso, deberá respetar las pautas y los valores que nuestra democracia se ha esforzado en consolidar a lo largo de los años.
No caeré, así, en el error de proponer, en aras de la seguridad, restricciones en nuestro sistema de libertades, como tampoco ampararé iniciativas que violen nuestra propia legalidad o la legalidad internacional.
Por idénticas razones combatiré toda forma de xenofobia que pretenda encontrar amparo en los sucesos recientes ¿es que no han muerto, con los de nuestro país, decenas de hijos de otras naciones? y condenaré, asimismo, toda utilización política del terrorismo, porque el elemento esencial de la lucha contra el terrorismo es la unidad de los demócratas; una unidad que se rompe cuando se trata de sacar rentabilidad política del terrorismo; que se rompe también cuando falta una solidaridad incondicional con las víctimas, cuando se contemporiza con los violentos, cuando se olvida que nadie es libre si no somos todos libres.
Convencido de la necesidad de la acción única de quienes representamos los intereses colectivos, propuse en su día el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que suscribieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Este Pacto, para mí, sigue vigente.
Hoy, además, es posible y necesario ir más allá y ampliar la base del acuerdo democrático contra el terrorismo y por ello me propongo convocar de inmediato a todas las fuerzas políticas parlamentarias a una reunión en la que se comparta información y se defina una estrategia común. Será la primera de las que, sucesiva y periódicamente, se mantendrán en la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara.
Así lograremos una sociedad más segura y, al serlo, será también una sociedad más libre.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
Por quinta vez en los veinticinco años de democracia constitucional el Partido Socialista ha recibido el encargo mayoritario de los españoles para formar Gobierno. Esa decisión ha sido la expresión de un deseo colectivo imparable: la voluntad de cambio.
Sé que esa voluntad expresada por los electores encierra una fuerte dosis de esperanza: la de lograr una España mejor, la España que merecemos, que el Partido Socialista prometió en la campaña electoral. Por eso mismo sé también que la voluntad de cambio de los españoles está preñada de exigencias. Hay, ante todo, una exigencia de respeto a las promesas. Los ciudadanos nos exigen a los políticos que seamos fieles a nuestras promesas. Esta exigencia es, para mí, la más apremiante, la más obligada. Haré honor a la palabra dada.
Quiero también mantener un estilo de gobierno que responda a las expectativas de cercanía, proximidad y participación que han manifestado quienes, saliendo de la desesperanza en la política, han acudido a votar en estas elecciones. Esto exige una acción de gobierno en la que nadie se sienta excluido; que escuche y atienda a razones; que explique siempre el por qué de cada decisión adoptada. Será un Gobierno, pues, que respete a los ciudadanos, que escuche las voces y las críticas por fuertes que éstas sean.
En el resultado electoral hay también una exigencia de entendimiento y diálogo. Éste es, sin duda, el sentido de una voluntad popular que se ha traducido en una Cámara tan plural como la que hoy nos reúne, diversa y sin mayoría absoluta. Así lo han querido los ciudadanos.
Quiero hacer un valor de este dato. Podré compartirlas o no, pero respetaré la legitimidad de cuantas posiciones se defiendan en esta Cámara aceptando las reglas que los españoles hemos acordado. Y estoy dispuesto a hacer de ésta La legislatura del diálogo, del entendimiento, del encuentro. Es algo más que una necesidad de apoyos para alcanzar la mayoría; es la voluntad de responder fielmente a la decisión de los españoles.
El Gobierno actuará de acuerdo con sus ideas, de acuerdo con su programa, de acuerdo con sus valores; pero el Gobierno que yo presida, si obtengo la confianza de la Cámara, tiene también, como proyecto político, la voluntad de incorporar en la toma de decisiones las visiones que se aporten lealmente desde otras perspectivas políticas y de lograr así para sus políticas el apoyo más amplio posible de los Grupos Parlamentarios.
Mi voluntad de entendimiento no se limitará a los actores políticos; tiene que extenderse a los agentes sociales; desde luego, a los sindicatos, que siguen siendo hoy el mejor instrumento de participación de los trabajadores en las decisiones colectivas, y, con ellos y junto a ellos, a las organizaciones empresariales.
Con ambos quiero desarrollar un diálogo social fecundo, que asegure el crecimiento económico y la participación efectiva de todos los ciudadanos en el bienestar social; una voluntad de entendimiento que quiero que alcance, igualmente, a la amplia red de organizaciones sociales que defienden intereses de colectivos necesitados de especial atención y ayuda, y a las organizaciones no gubernamentales, que encontrarán en el Gobierno un aliado eficaz para el trabajo ejemplar que desarrollan.
En el resultado electoral hay, en fin, una exigencia de eficacia. Hemos prometido que haríamos una gestión de gobierno destinada a lograr una España mejor. Estoy decidido a cumplirlo. Para ello, si obtengo la confianza de esta Cámara, voy a designar un Gobierno en el que tengo plena confianza. Será un Gobierno destinado a atender no sólo los grandes problemas nacionales, sino también los problemas cotidianos de los ciudadanos, los que afectan a su vida diaria y a la de sus familias. El empleo, la vivienda, la atención a las personas dependientes, la educación, el poder adquisitivo de salarios y pensiones, no serán sólo competencias de uno u otro Ministerio; serán preocupaciones del conjunto del Gobierno y constituirán materia preferente de la atención política de su Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
No soy de los que creen que todo vuelve a comenzar con nuestra llegada al poder. Creo, por el contrario, que la reciente historia de España es un proceso compartido en el que, en sus diferentes fases, todos hemos jugado un papel que hemos de reivindicar y asumir colectivamente. Éste era el sentido profundo que me inspiraba cuando me propuse desarrollar un estilo constructivo de oposición. Éste es también el sentido que me inspira a la hora de enjuiciar la labor del último Gobierno.
Respeto lo hecho por el último Gobierno, aunque haya discrepado sobre su interpretación de los intereses generales de España. Creo que se ha equivocado en cuestiones esenciales para nuestra convivencia y creo que los españoles han confirmado este juicio con sus votos; pero creo también que ha puesto en marcha iniciativas que han contribuido al progreso de nuestro país.
En la tarea que los socialistas ahora emprendemos no podemos ni debemos, pues, empezar de cero. No podemos permitirnos el derroche de desaprovechar la experiencia acumulada por quienes, a lo largo de los años, han dirigido los destinos del país. De acuerdo con ello, en las próximas semanas el Gobierno remitirá a la Cámara un Proyecto de Ley para incorporar al Consejo de Estado, como vocales natos y permanentes del mismo, a quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno. Todos nos beneficiaremos de su experiencia.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
Se abre ahora un tiempo nuevo en la vida política de España. En él quiero asegurar el protagonismo ciudadano a que todos tenemos derecho en una sociedad tolerante, laica, culta y desarrollada como debe ser la nuestra. Una etapa que, como he indicado, ni puede ignorar la realidad de la que partimos, ni quiere ser continuación de la etapa que ahora termina.
Hasta el día de hoy he prometido un cambio sustentado en valores como el diálogo, el respeto, el pluralismo, la tolerancia y la transparencia. Ahora ha llegado el momento de cumplir las promesas y hacer frente a los compromisos asumidos.
Con este talante quiero centrar la actividad del Gobierno en torno a los cinco ejes que he definido durante la campaña electoral: la renovación de la vida pública; una política exterior marcada por una visión europea y europeísta; un desarrollo económico sustentado en la Educación, la Investigación y la Innovación que permita la creación de empleo estable; la puesta en marcha de nuevas políticas sociales para las nuevas necesidades de personas y familias; y el desarrollo y extensión de los derechos civiles y políticos, y del valor de la igualdad para lograr una convivencia avanzada.
Todos ellos atienden a problemas reales de los ciudadanos. Su objetivo no es otro que caminar hacia una sociedad moderna, abierta, culta y mejor preparada que hasta ahora para afrontar los retos del futuro.
La renovación de la vida pública ha de ser, va a ser, el objetivo prioritario y la seña de identidad de este período. De ella forman parte importante la nueva forma de ejercer el Gobierno y las nuevas iniciativas democráticas contra el terrorismo a las que me he referido anteriormente. Pero hay que avanzar más, hay que ser más ambiciosos, porque hay que reconocer que en los veinticinco años que hemos vivido de democracia la sociedad se ha mostrado, en muchas ocasiones, más viva y dinámica que la política.
Esa falta de adecuación se encuentra, sin duda, en la base del distanciamiento de algunos y de la falta de incorporación de los más jóvenes. Tienen la sensación de que la política no satisface sus necesidades y expectativas, y también de que la política no habla su lenguaje ni responde a sus valores. Hay que recuperar su presencia, su participación; hay que evitar su desencanto y, para ello y ante todo, hay que revitalizar el Parlamento.
No podemos seguir demorando una reforma del Reglamento del Congreso que todos reconocen necesaria y nadie aborda. No podemos seguir en esta situación y quiero advertir que es uno de mis compromisos más firmes y en el que quiero que se empeñe toda la Cámara. En uno u otro momento todos los partidos hemos dicho que la reforma del Reglamento era necesaria. Pues bien, lo que se dice se hace.
Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.
Por idénticas razones es imprescindible abordar la reforma del Senado. Todos coincidimos en la necesidad de reforzar la cohesión y la vertebración de España y en defender la identidad, el autogobierno y la participación de las Comunidades Autónomas en una tarea común. Ese espacio corresponde al Senado y hay que facilitar que lo pueda llevar a cabo.
La reforma del Senado debe plantearse en un proceso consensuado de reforma parcial de la Constitución. Si algo ha sido, si algo es, la Constitución de 1978, es norma de convivencia. Con ese espíritu nació. Ése fue, desde el principio, su objetivo más destacado. La Constitución fue obra de todos y es propiedad de todos; de todos. De ahí los riesgos, que repetidamente he denunciado, de la apropiación unilateral de su texto, de su sentido, de su defensa; de ahí también los riesgos del exclusivismo interpretativo que algunos han querido arrogarse; de ahí, en fin, mi distancia profunda de una concepción del patriotismo que se limite a la adoración formal de la Constitución como un ídolo.
La Constitución ha cumplido, hasta ahora, su objetivo de convivencia en paz y libertad pues ha resuelto, en buena medida, los grandes problemas de la convivencia española. No hay razón alguna para poner en cuestión sus grandes opciones.
Como ha servido, como nos ha servido a todos, la Constitución debe mantenerse, y todos podemos y debemos defenderla; pero han transcurrido, sin embargo, los años suficientes como para que acontecieran hechos que la Constitución misma no podía prever y para que podamos adoptar soluciones, en el desarrollo de nuestras instituciones, que la propia aplicación de la Constitución va permitiendo.
Hace veinticinco años no existía para los españoles la realidad de la Europa unificada, no se había producido la revolución social que han protagonizado las mujeres, no se había hecho realidad el Estado Autonómico. Por eso queremos ofrecer a todas las fuerzas políticas un consenso básico para afrontar una reforma concreta y limitada de la Constitución que aborde esos problemas.
Se trata, en primer lugar, de abordar, como he anunciado, la reforma del Senado; en segundo lugar, de modificar, sin alterar las previsiones que afectan al Príncipe de Asturias, las normas que regulan el orden de sucesión en la Corona con el fin de adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer que, con carácter general, consagra la propia Constitución; en tercer lugar, creo que ha llegado el momento de consagrar, con la fuerza simbólica que proporciona la Constitución, la denominación oficial de las diecisiete Comunidades y las dos Ciudades Autónomas y su consideración definitiva como parte esencial del Estado y su forma de organizarse territorialmente; y, en cuarto lugar, queremos que la Constitución Española incorpore a su texto una referencia a la próxima Constitución Europea como signo solemne de nuestro compromiso definitivo con Europa y del valor real que damos a nuestra condición de ciudadanos europeos.
El proyecto de reforma de la Constitución es una tarea esencial en la que pido el concurso de todos y la voluntad de todos para alcanzar un gran acuerdo, porque se trata de reformarla para mejorarla. El Gobierno tomará la iniciativa para la reforma, para lo que solicitará un informe previo al Consejo de Estado, que constituirá la base de su proyecto. En los próximos días el Gobierno procederá al nombramiento de un Presidente del Consejo de Estado de reconocido prestigio y probada independencia para que dirija ese trabajo. Contará además, para ello, con el auxilio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que pasará a adscribirse al propio Consejo de Estado abandonando la órbita estricta del Gobierno.
Señoras y señores Diputados,
Desde distintas Comunidades se han adoptado iniciativas de reforma estatutaria. Quiero dejar clara mi posición: reformar los Estatutos es optar por vivir dentro de ellos, es aplicar la Constitución y, en consecuencia, apoyaremos las propuestas de reforma.
La legitimidad de las reformas estatutarias sólo tiene para nosotros dos condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que supongan un amplio consenso político y social, porque la reforma estatutaria sólo tiene sentido si incrementa la cohesión social; nunca si es un elemento de fractura, de confrontación, de división o enfrentamiento en el seno de una Comunidad.
El Gobierno socialista garantizará, en todo caso, la cohesión social entre los ciudadanos y los territorios de España desde una comprensión positiva de su pluralidad constitutiva. Nuestra visión de España lo hemos dicho muchas veces descansa en el reconocimiento de su pluralidad como un valor constitucional. Ello implica que el Gobierno de este país debe hacer un permanente esfuerzo de integración de la diversidad en la unidad, respetando siempre las singularidades (lengua, cultura, insularidad) que nuestro ordenamiento constitucional garantiza y preserva.
Estoy dispuesto a poner los medios para lograrlo y para ello me propongo, ante todo, recuperar el diálogo político con las Comunidades Autónomas, con todas las Comunidades Autónomas. Con este propósito me entrevistaré con todos los Presidentes Autonómicos antes del verano, como primera manifestación de una iniciativa que quiero mantener, al menos, una vez al año.
Con la misma voluntad, quiero instituir una Conferencia de Presidentes que nos reúna a quienes ejercemos los Gobiernos de todo el Estado y de cada una de las Comunidades; una Conferencia cuya primera reunión quisiera celebrarla en el último trimestre del presente año y una Conferencia que será el complemento idóneo de un Senado reformado.
Con la actividad efectiva de ambos foros será fácil abordar la reforma de los instrumentos de cooperación interterritorial e instrumentar la participación de las Comunidades en la conformación y en la expresión de la voluntad del Estado en la Unión Europea. De este modo, mejoraremos la participación de todos y la coordinación de todos los poderes públicos, de todas las Administraciones Públicas.
Para asegurarlo, no obstante, nos queda aún una deuda pendiente: la del reconocimiento efectivo del papel de los Ayuntamientos españoles. El diálogo con la Federación Española de Municipios será el canal por el que podamos alcanzar acuerdos que exigirán generosidad y reconocimiento por parte del conjunto del Estado.
El Gobierno anuncia desde hoy su apoyo más decidido a dos grandes acontecimientos de carácter cultural protagonizados por nuestros dos mayores Ayuntamientos: el Fórum de Barcelona y la Candidatura Olímpica de Madrid para organizar los Juegos del año 2012.
Señorías,
El proceso de reforma política, de renovación de la vida pública, no se agota, sin embargo, con cuanto he expuesto hasta aquí. Debe extenderse al ámbito de los medios de comunicación públicos, singularmente Radiotelevisión Española y la Agencia EFE, a los que quiero liberar del control del Gobierno al que tradicionalmente han estado sometidos para que puedan desempeñar sin trabas el papel que les corresponde en una sociedad democrática avanzada.
El Consejo de Ministros procederá, de inmediato, a nombrar un Consejo Independiente de Expertos para que, en un plazo no superior a nueve meses, formulen una propuesta que el Gobierno se compromete a traducir en disposiciones legales mediante el correspondiente Proyecto de Ley que remitiremos a las Cámaras en el primer trimestre de 2005. Con ello avanzaremos claramente en la transparencia del ejercicio del poder público, garantizaremos la información veraz a que tienen derecho los ciudadanos e incrementaremos las posibilidades de control social de la acción del Gobierno.
La exigencia de información veraz y el control social deben, con todo, extenderse a otros campos. La publicidad institucional y el acceso de los ciudadanos a la información de las Administraciones Públicas son otros ámbitos cuyos criterios serán reformados por mi Gobierno para impedir usos ilegítimos e implantar la máxima transparencia en la gestión de lo público.
Las reformas que afectan al ámbito político e institucional no se verían satisfechas si no incluyesen un fuerte compromiso con la Justicia, condición esencial para la salvaguarda de los derechos ciudadanos. Empeñados en dotarla de medios suficientes, el Gobierno creará 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en la Legislatura, y asegurará las inversiones requeridas para la modernización del servicio público de la Justicia. Un nuevo Estatuto Fiscal asegurará la imparcialidad del Ministerio Público y permitirá abordar la reforma del proceso penal para mejor protección de los derechos de las víctimas y garantía de los acusados.
Un esfuerzo paralelo comprometo desde hoy para la atención a la seguridad ciudadana. No hay ciudadanos libres si no se saben y se sienten seguros, protegidos por el Estado y por el servicio público de la seguridad ciudadana. A lo largo de la Legislatura dispondremos los recursos necesarios para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 36.000 efectivos más a disposición de los ciudadanos.
Reforma del Reglamento del Congreso; reforma del Senado en el marco de una reforma parcial de la Constitución; reforma de Estatutos y nuevas relaciones institucionales con las Comunidades Autónomas; atención preferente a la Administración de Justicia y a la seguridad ciudadana; nuevos estatutos para los medios de comunicación públicos; incorporación al Consejo de Estado de los ex Presidentes del Gobierno; compromiso prioritario en la lucha contra el terrorismo y la atención a las víctimas; nuevo estilo de Gobierno abierto, transparente y participativo: éstas son las principales medidas que conformarán la renovación política que pienso protagonizar desde el Gobierno.
Señor Presidente,
El segundo eje al que dedicará particular atención el Gobierno es el referido a la política exterior.
En este campo es hora de recuperar un consenso que nunca debió romperse. Nada hemos progresado al hacerlo y hemos puesto en riesgo muchos de nuestros intereses más importantes. Un consenso que, por este orden, debe dejar claro un convencido compromiso europeísta; debe situar en Latinoamérica y el Mediterráneo nuestros centros de atención preferente; debe mantener con Estados Unidos una relación de países socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza recíprocas; debe alinearse inequívocamente con la legalidad internacional, con la reforma y reforzamiento de los instrumentos de paz internacionales; y debe, finalmente, hacer de la cooperación al desarrollo un elemento esencial de nuestra política internacional. Todo ello atendido por un nuevo servicio exterior del Estado, potente y preparado para servir a España en un mundo globalizado.
En este marco la Constitución Europea supone un hito en el proceso de paz, libertad, progreso y bienestar en cuya implantación y desarrollo estamos empeñados los europeos desde hace ya cincuenta años. Será el elemento más sólido de unión entre los veinticinco Estados que pronto conformarán la Unión Europea.
Convencido de que lo que es bueno para Europa es bueno para España, el Gobierno hará cuanto esté en su mano para asegurar que el proyecto de Constitución Europea se apruebe antes de que concluya la Presidencia irlandesa y pueda firmarse en Madrid en homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo.
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica de España en Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus pueblos, consolidar la democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales para la actualización, modernización y eficacia de nuestra comunidad de naciones.
Marruecos exige y merece una atención preferente y unas relaciones que busquen el entendimiento profundo. Así lo expondré a las autoridades marroquíes en la visita que realizaré, si obtengo la confianza de esta Cámara, en los próximos días.
En el Mediterráneo debemos recuperar el objetivo del diálogo, del entendimiento y de la cooperación que supuso la Declaración de Barcelona.
En lo que se refiere a la crisis iraquí, no es mi intención reabrir debates pasados. Todos los españoles conocen mi posición sobre las causas que se esgrimieron para justificar esta guerra y sobre la intervención española en la misma. Hoy, tras recordar a los españoles que han perdido la vida en Iraq, tenemos que mirar unidos al futuro.
Día a día seguimos siendo testigos del continuo deterioro de la situación en Iraq, que se aleja cada vez más de la paz y la estabilidad que todos deseamos. Puedo garantizarles que mi Gobierno seguirá firmemente comprometido con la estabilidad, la democratización y la reconstrucción de Iraq, pero no sin los iraquíes ni contra los iraquíes. Es urgente que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar libre y democráticamente sus elecciones.
España desea un Iraq que mantenga su integridad territorial y en el que todas sus comunidades puedan sentirse partícipes de un futuro común. Éste es el objetivo fundamental, con el que estamos plenamente comprometidos, que defenderemos en los foros internacionales y al que prestaremos toda nuestra ayuda.
Mi postura sobre la presencia de tropas españolas en Iraq es bien conocida, así como sus argumentos y razones, y no cabe malinterpretarla. No permitiremos que se ponga en cuestión nuestro firme compromiso con la seguridad internacional y en la lucha contra el terrorismo. Por ello, quiero dejar claramente sentado que España asumirá las obligaciones internacionales que le correspondan en defensa de la paz y la seguridad. Lo hará siempre, con un solo requisito: la decisión previa de Naciones Unidas o de cualquier otra organización de carácter multinacional que nos obligue a ello. En todo caso, la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones en el exterior se acordará con la participación del Parlamento.
En cualquier caso, nuestra acción privilegiará la diplomacia preventiva y el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas frente a la guerra preventiva y al unilateralismo, y hará hincapié en una utilización más eficaz de todos los instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y sociales para el arreglo pacífico de controversias. Estoy convencido de que todos necesitamos revisar solidariamente la estrategia en la lucha internacional contra el terrorismo y a ello dedicará su esfuerzo mi Gobierno.
También aquí la opción estratégica por Europa adquiere pleno sentido. Al hilo de los acontecimientos de los últimos años y bajo la iniciativa de Javier Solana, la Unión Europea está dando pasos, todavía tímidos pero decisivos, para incrementar su propia capacidad de defensa y seguridad en beneficio de sus ciudadanos y para ejercer un papel relevante en pro de la paz en el mundo.
Ésta será, en consecuencia, la guía fundamental para la modernización, la formación y el equipamiento necesario para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir sus misiones en condiciones de eficacia, pero también en condiciones adecuadas de seguridad y de atención a sus miembros; unas Fuerzas Armadas que, en todo caso, multiplican su actividad en beneficio de la comunidad y que merecen y necesitan el afecto, el reconocimiento y el aliento de los ciudadanos, porque constituyen una pieza fundamental para la seguridad de una sociedad que en algunos momentos se siente amenazada.
La recuperación del consenso en política exterior; la prioridad de la visión europea de nuestra política; el compromiso con la aprobación inmediata de la Constitución europea; la atención preferente a Latinoamérica y el Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional; la reivindicación de Naciones Unidas como garante efectivo de la paz y seguridad internacionales, constituyen, pues, los hitos fundamentales de la nueva política exterior.
Señoras y señores Diputados,
La tercera prioridad en la acción del Gobierno es la modernización e impulso de nuestra economía para que el bienestar llegue a todos, para que todos vean que es posible combinar crecimiento y bienestar social, para que obtengamos recursos suficientes para desarrollar nuestro sistema de bienestar.
A estos efectos, quiero hacer un pronunciamiento previo: mi Gobierno asume, como criterio que guiará su actuación, el principio de estabilidad presupuestaria. Es un compromiso firme, porque estamos convencidos de que unas cuentas públicas saneadas son requisito imprescindible para poder mejorar los servicios públicos y, con ellos, la calidad de vida de los ciudadanos; un compromiso que se completa con otro de igual importancia y expresado con idéntica claridad: el Gobierno no incrementará la presión fiscal global. En el segundo año de la Legislatura presentaremos ante esta Cámara un proyecto de reforma fiscal que establezca un sistema impositivo próximo, sencillo, eficiente, equitativo y eficaz en la recaudación.
Quiero expresar mi convencimiento de que la economía española tiene su principal reto en sentar las bases de un crecimiento equilibrado y sostenible, con un horizonte de largo plazo que se traduzca en aumento del ahorro y, especialmente, de la productividad.
Esto significa, ante todo, invertir en Investigación, en Desarrollo y en Investigación. Un incremento del 25 por 100 del correspondiente presupuesto en estas partidas es un compromiso que hoy adquiero ante la Cámara. Eso significa también incorporación definitiva y urgente a la Sociedad de la Información y del Conocimiento; eso significa, asimismo, volcarse en las nuevas tecnologías y en el desarrollo y extensión de las telecomunicaciones; eso significa, en definitiva, colocar a la ciencia en el centro de nuestras prioridades.
Junto a la Ciencia, la Educación: Educación desde las escuelas infantiles a la Universidad; Educación de calidad, moderna, actualizada. España necesita hacer un considerable esfuerzo para extender la Educación y mejorar su calidad. Ésa es la orientación europea, ése es nuestro principal reto.
Es un lugar común constantemente repetido, pero no siempre seguido en la práctica: la Educación es, por todos los conceptos, la inversión más rentable. No repetiré aquí cuanto he afirmado sobre el deterioro que padece la escuela pública y sobre las carencias generales de nuestro sistema educativo de todos los niveles; pero sí debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos.
Es una reforma que tardará algún tiempo por los trámites que hay que respetar; pero, sobre todo, porque quiero seguir el procedimiento contrario al que se utilizó para su aprobación: quiero lograr un amplio acuerdo, porque creo que la Educación requiere proyectos de largo plazo, estabilidad suficiente para evaluar sus resultados y un amplio consenso social que respalde la actividad de los docentes y proporcione tranquilidad a los padres sobre la formación que reciben sus hijos. Por ello, en las próximas semanas el Gobierno de la nación, el único que está capacitado y legitimado para hacerlo, aprobará las disposiciones necesarias para suspender la aplicación de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación.
Lo que tampoco puede esperar es el cumplir la promesa que en su día hice a los jóvenes: en el próximo mes de mayo, si obtengo la confianza de la Cámara, el Consejo de Ministros aprobará un crédito extraordinario para incrementar la dotación y el número de las becas. Es un compromiso imprescindible para quienes, como nosotros, hemos hecho seña de identidad de la igualdad de oportunidades.
La Cumbre de Lisboa apostó por la inversión en infraestructuras y en la Sociedad del Conocimiento como factor clave para el crecimiento económico. No es cuestión de enumerar ahora los compromisos que hemos asumido en el programa electoral en cuanto a las infraestructuras de transporte. Me basta con recordar que unas son grandes obras de vertebración del territorio nacional; que otras, como el Plan Galicia o el conjunto de actuaciones previstas para Canarias, tienen carácter más localizado; que la mayoría de ellas responden a las necesidades de conexión entre sí de nuevos centros de actividad y empleo en nuestro país, y que todas ellas se abordarán con estrictos criterios medioambientales.
Ahora precisaré que antes de finales del año en curso el Gobierno aprobará el Plan Nacional de Transportes e Infraestructuras y lo enviará al Parlamento para su debate.
En materia de energía me limitaré a señalar nuestra opción por fomentar el recurso a energías alternativas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el Protocolo de Kioto, y, progresivamente, abandonar la energía de origen nuclear.
Entre los retos que abordará el Gobierno destaca el de situar a España en una senda en la que la economía y la innovación tecnológica avanzan en paralelo con la cohesión social, con el uso racional de los recursos naturales y con la reducción de la contaminación; una senda hacia un desarrollo más sostenible y, por ello, más duradero, más justo y más saludable.
Un desarrollo sostenible entraña un compromiso con la España rural que garantice su supervivencia y permita una vida con calidad. Ello exige una apuesta decidida por el desarrollo rural, por la viabilidad de la agricultura familiar y por la competitividad de la industria alimentaria.
En este contexto quiero anunciar una nueva política del agua; una política que tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso y restaurando los sistemas asociados. Para ello, el Gobierno abordará una profunda reforma de las Confederaciones Hidrográficas y revisará el Plan Hidrológico Nacional vigente, manteniendo aquellas actuaciones del Anexo de Inversiones que resulten coherentes con la reorientación de la política del agua y priorizando las inversiones destinadas a mejorar la situación de carencia de Levante, en particular de la Cuenca del Segura.
Esta revisión, que implicará la paralización de determinadas infraestructuras y su sustitución por proyectos más eficientes, más baratos y menos conflictivos, se llevará cabo en forma concertada con las Comunidades Autónomas.
Este conjunto de inversiones tiene como objetivo suplir carencias y mejorar los elementos de base de nuestra economía; pero este conjunto de inversiones tiene otro objetivo tanto o más importante para España: crear empleo. Diré más: proseguir la creación de empleo, pero posibilitar un empleo de calidad que ponga fin a la escandalosa e injustificada precariedad en el empleo que azota, fundamentalmente, las vidas y los planes de futuro de los jóvenes de nuestro país.
El Gobierno propondrá un acuerdo social de competitividad y empleo estable. En base a él definiremos sobre nuevas bases los supuestos de contratación temporal y las políticas activas de fomento del empleo estable, con atención especial a crear condiciones reales de accesibilidad al empleo para colectivos que, como mujeres, jóvenes, discapacitados y parados de larga duración, padecen dificultades especiales para acceder al empleo.
Prestaré especial atención a la adopción de medidas específicas para reducir drásticamente la siniestralidad laboral a través de un plan de actuación específico acordado con sindicatos y organizaciones empresariales.
Así pues, Señorías, propiciaremos la modernización e impulso de nuestra economía a través, fundamentalmente, del firme compromiso con la estabilidad presupuestaria; de la atención preferente a la inversión en educación, investigación y nuevas tecnologías; de la aprobación y remisión a esta Cámara de un ambicioso Plan de Transportes e Infraestructuras; del anuncio de una nueva política del agua; de la apuesta por la creación de empleo estable y de calidad y, en fin, del compromiso con el diálogo social.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
El cuarto de los ejes de la acción del Gobierno es, sin duda, el más conocido de ellos porque es el que define y caracteriza todo proyecto socialista. Me refiero, claro está, a las políticas sociales; a las políticas destinadas a promover las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos; a las políticas que garantizan la cohesión de nuestra sociedad y la hacen, así, más fuerte, más estable, más capaz y más humana.
La sociedad española de hoy conoce nuevos problemas para los que la respuesta colectiva se está demorando demasiado. Son los problemas de la precariedad, la vivienda, la dependencia, la discapacidad, el bajo nivel de una parte importante de las pensiones.
Mi Gobierno va a afrontar en forma decidida el mayor problema con que hoy conviven millones de familias españolas: la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones razonables. No es necesario insistir en las consecuencias aniquiladoras de este hecho para tantos proyectos de vida.
Combatiremos la especulación del suelo como un elemento fundamental del alto coste de las viviendas disponibles y mediante un plan, diseñado por el nuevo Ministerio de la Vivienda y concertado con las Comunidades Autónomas, se pondrán a disposición de las familias españolas, a precios asequibles, 180.000 viviendas, tanto de acceso a la propiedad, como en régimen de alquiler, poniendo en juego, para ello, la bolsa de suelo público en poder de las Administraciones y, en particular, de la Administración General del Estado.
El Gobierno, igualmente, abordará un ambicioso Plan de Atención y Ayuda a las personas dependientes, que constituirá la primera actuación en materia de servicios sociales concebidos como derecho de ciudadanía. Es un plan que tiene como destinatarios a quienes, día a día, conviven con muchos de nosotros: mayores, menores, discapacitados; es un plan destinado a prestar atención médica, sanitaria, asistencial; pero es un plan también destinado a ayudar a combatir la soledad, a incrementar la seguridad, a evitar las muertes en silencio y abandono; es un plan que concertaremos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y es un plan que generará empleo, riqueza e integración social.
Será también una prioridad del Gobierno garantizar los derechos de la infancia a través del desarrollo de políticas integrales que protejan sus derechos, velen por sus intereses y fomenten su educación a efectos de construir una sociedad que desde ahora piensa en su futuro, como lo será también el fomento del empleo de los discapacitados como medio más idóneo para superar el déficit de ciudadanía que en muchos casos hoy padecen.
El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y mediante acuerdo con las Comunidades Autónomas, llevará adelante un Plan de Calidad e Igualdad para la mejora del Sistema Nacional de Salud, que asegure el acceso a sus prestaciones en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional; que incorpore acciones especiales frente a la siniestralidad laboral y viaria y frente a enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o la diabetes; que controle el gasto farmacéutico, y que facilite y promocione la investigación con células madre embrionarias para combatir las enfermedades degenerativas.
Mi Gobierno, en fin, mejorará las condiciones de vida de quienes menos recursos poseen en esta sociedad.
En consecuencia, procederemos a la elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los seiscientos euros mensuales al final de la Legislatura, con el fin de recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los últimos años.
El Gobierno aprobará una subida progresiva de las pensiones más bajas en este país hasta alcanzar, al final de la Legislatura, un incremento por cuantía equivalente a los 4.000 millones de euros. No habrá campaña propagandística; habrá, simplemente, pensiones más dignas.
Plan de acceso a la vivienda; Plan de Servicios Sociales centrado en las situaciones de dependencia; atención a la familia y a la infancia; compromiso con el empleo de los discapacitados; incremento del salario mínimo y de las pensiones más bajas; mejora del Sistema Nacional de Salud y fomento de la investigación médica contra determinadas enfermedades son, así, las principales medidas que abordaremos para hacer frente a las nuevas necesidades sociales.
Señoras y señores Diputados,
Quiero, para acabar mi intervención, dedicar unos minutos al último de los ejes sobre los que girará lo fundamental de la acción de mi Gobierno.
Quiero, en efecto, que la etapa que ahora iniciamos suponga una oportunidad real para dotar de nueva dimensión, para llenar de nuevos contenidos, el concepto de ciudadanía. Lo haremos ampliando los derechos civiles y políticos de los ciudadanos españoles.
Mi Gobierno hará de la política dirigida a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres uno de sus empeños emblemáticos: igualdad en el empleo, igualdad en las condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad también en la participación en el poder.
La lucha contra la discriminación de la mujer no sería real si no incluyese una actuación decidida contra la violencia doméstica que acabe definitivamente con la mayor vergüenza nacional de nuestro tiempo: la que provoca la muerte violenta de una mujer cada semana a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales. Fiel al compromiso asumido, en el primer Consejo de Ministros examinaremos el Anteproyecto de Ley Integral contra la violencia doméstica.
Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social; modificación de las normas civiles que afectará a otros extremos del derecho de familia, con el fin de facilitar el derecho a la separación y el divorcio y asegurar el pago de las pensiones alimenticias.
Uno de los efectos más acuciantes y profundos que tiene planteados nuestra convivencia social es el derivado de la inmigración que desde hace años toma a nuestro país como destino. En forma insensible, primero, pero ya crecientemente acelerada, estamos pasando a ser una sociedad culturalmente heterogénea. En un asunto como éste, de gran sensibilidad y repercusión social, es fundamental propiciar una política de cohesión social, evitando los riesgos de fractura.
Por ello, mi Gobierno propondrá al resto de las fuerzas políticas, a las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a los agentes sociales la adopción de un Pacto de Estado sobre la Inmigración. Ese Pacto debe descansar en dos grandes elementos: el control y la gestión de flujos de inmigrantes y las políticas de integración.
Es imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra, especialmente en Comunidades, como Andalucía y Canarias, que se encuentran en muchos casos al borde de la saturación y con crecientes problemas humanitarios y de seguridad. Pero son los acuerdos con los países emisores y la contratación en origen es decir, la inmigración ordenada lo único que permitirá combatir eficazmente el tráfico de mano de obra y los desoladores accidentes que hoy cada vez son más frecuentes.
Las políticas de integración serán, sin duda, uno de los cometidos principales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al que, a partir de ahora, están encomendadas, para su concertación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, las políticas de integración social de la inmigración.
Especial atención merecerán también los muchos españoles que todavía viven fuera de nuestro país y para los mismos anuncio hoy un Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo, que delimite y refuerce los derechos de ciudadanía de quienes viven lejos de nosotros, pero son tan españoles como todos nosotros.
En conclusión, el compromiso con la igualdad radical de la mujer y la protección de su integridad y sus derechos; la aceptación plena de la libertad de opción sexual mediante la modificación de la regulación del matrimonio; y una oferta de Pacto de Estado sobre la inmigración constituyen, a nuestro juicio, una oportunidad excepcional para llenar de nuevos contenidos la condición de ciudadanos.
Señorías,
Una convivencia avanzada se construye y asegura con la cultura. Convivir es compartir una misma cultura. Por ello no es cultura lo que no es permeable a las ideas y maneras de los otros, lo que no nos deja convivir.
El destino de un pueblo depende del valor que sus Gobiernos dan a la cultura. Por ello me propongo que la cultura se sitúe en la esfera de las cuestiones de Estado. Mi Gobierno va a hacer de nuestra cultura la gran embajadora en el mundo; de nuestro patrimonio artístico, intelectual, humano, nuestras grandes cartas de presentación y nuestras manos tendidas; de nuestros creadores y sus obras, nuestra mayor riqueza, el lenguaje del diálogo y el encuentro, porque tal actitud incluye trabajar por todos y para todos.
Señorías, quiero decirlo claramente: para el Gobierno de España la cultura no merece ser tratada como una mercancía más. La cultura no es un objeto mercantil puro que deba regirse estrictamente por las reglas de la oferta y la demanda. La cultura encierra todo el pasado y todo el futuro de un país, las vivencias de las generaciones pasadas, las ambiciones de futuro de nuestros conciudadanos. Esta razón, y no otra, justifica el principio de excepción cultural que defenderemos desde el Gobierno.
El nuevo Gobierno será beligerante en la promoción y en el apoyo a las creaciones culturales españolas y en la difusión internacional de las lenguas de España. Fomentaremos también el acceso a nuestro país de todas las manifestaciones culturales de calidad, vengan de donde vengan; pero, por encima de todo, también velaremos para que el producto del genio y del talento de nuestros cineastas, de nuestros músicos, de nuestros artistas, de nuestros creadores, sea disfrutado en España y se esparza por todo el mundo.
Para elevar la cultura a política de Estado tenemos por delante un gran acontecimiento: la conmemoración del IV Centenario de la primera edición de «El Quijote». Es una ocasión excepcional para promover la cultura, la historia y la lengua de España; o, para reflejar mejor lo que pienso, para promover las culturas, las historias y las lenguas de España.
Quizás en «El Quijote» estén contenidas algunas de las notas básicas de nuestro carácter; pero la grandeza de la obra de Cervantes, su perenne actualidad, reside en el alcance universal de esa aventura, humana más que española, en la que pueden verse reflejados los seres más que los países, las personas y los colectivos de cualquier momento más que los propios de una u otra época.
Señorías,
Prometí un cambio tranquilo para un tiempo de ciudadanía. Para ello, si obtengo su confianza, gobernaré firme en los principios, desde el diálogo y para la esperanza. Durante mi Gobierno nadie estará por encima de las leyes. Las leyes que promovamos perseguirán que nadie viva dominado arbitrariamente. En palabras de Cervantes, un Gobierno de meollo y de sustancia; un Gobierno que acompañe a los ciudadanos en sus problemas y en sus sueños, porque algunas utopías merecen ser soñadas. No las alcanzaremos todas, pero nos marcarán el rumbo por el que hay que avanzar.
En mi vida ese rumbo ha estado marcado siempre por un credo que quisiera expresar públicamente en un día y en un acto como éste. Ese ideario es breve: un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes.
Muchas gracias.