Señora Presidenta:

Comparezco hoy ante la Cámara con objeto de solicitar su confianza para formar Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

El pasado 12 de marzo los españoles han tenido de nuevo en sus manos todo el poder para decidir. Votaron en libertad, después de conocer los programas con los que las diferentes candidaturas concurrieron a las urnas. Nada hay de extraordinario en ello, en una democracia consolidada como la nuestra. Pero no creo que esté de más ponerlo hoy de relieve. La historia contemporánea de nuestro país no ha sido, por desgracia, ni fácil ni pacífica. Sin embargo, a la altura del cambio de siglo, España tiene un régimen de libertades políticas arraigado y firme. Es a este régimen democrático, el de la Constitución de 1978, al que debemos nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestra convivencia. Es un mérito de todos los españoles.

Toda elección es una victoria de la democracia. Y esta vez lo ha sido muy especialmente en el País Vasco. Quienes durante tanto tiempo han despreciado los derechos y libertades individuales, en esta ocasión han querido silenciar la voz de los ciudadanos. Han fracasado. En el País Vasco los ciudadanos han acudido a votar como en cualquier otro lugar de España. Ha sido un comportamiento profundamente cívico y democrático que merece el reconocimiento de todos.

La Constitución es el mejor marco para ordenar en paz y en libertad la convivencia de los españoles

Hace veintidós años decidimos construir juntos el futuro. La Constitución articuló jurídicamente un modelo de Estado democrático en el que todos cupiéramos. En el que todos pudiéramos desarrollar proyectos políticos diferentes, sin poner por ello en cuestión los fundamentos de nuestra convivencia.

La Constitución es el mejor marco para ordenar en paz y en libertad la convivencia de los españoles. La idea de España que queremos seguir compartiendo con las demás fuerzas políticas es, precisamente, la que expresa la Constitución.

Pocas veces una sociedad ha tenido la ocasión de ver en tan poco tiempo los frutos de un acierto colectivo. En poco más de una generación el panorama de nuestro país ha cambiado sustancialmente. Los españoles hemos podido desplegar todas nuestras energías para impulsar el progreso de nuestra sociedad.

Sin embargo, el terrorismo ha pretendido quebrar las bases de nuestra convivencia y de la concordia alcanzada con tanto esfuerzo. Con sus acciones criminales, ha causado un grave daño a la sociedad española en su conjunto y, muy en particular, un enorme sufrimiento a las víctimas inmediatas de sus atentados.

A todas las víctimas quiero ahora rendir tributo de honor, como lo hizo el pueblo español en la pasada legislatura mediante la ley aprobada por unanimidad de ambas Cámaras.

La sociedad ha adquirido en estos años una nueva conciencia de la importancia del protagonismo cívico y de la movilización social frente a la violencia terrorista. Esta cohesión, enraizada en el marco constitucional y estatutario, sitúa la defensa del Estado de Derecho en el centro de nuestra acción política.

La inmensa mayoría de los ciudadanos vascos ha encontrado en su Estatuto un sólido punto de encuentro para la convivencia en paz y en libertad. Al margen de la ley constitucional, de sus instituciones y principios, nadie podría sentirse seguro de que sus derechos serán respetados.

Es inaceptable que el marco jurídico y político que arroja tal balance de adhesión esté siendo objeto de una estrategia de ruptura que pretende desbordar espacios de acuerdo tan laboriosamente construidos. Quienes se declaran demócratas han de ser coherentes con sus principios, abandonando cualquier estrategia que confirme a los terroristas en la idea de que el uso de la violencia, o la mera amenaza, son instrumentos útiles para alcanzar sus objetivos políticos.

La fortaleza y la tenacidad, asentadas en el consenso de Estado, deben presidir la lucha infatigable contra la violencia etarra. La firme aplicación de todos los medios que nos brinda nuestro Estado de Derecho, y el desarrollo de la cooperación internacional, nos permiten combatir el terrorismo con renovada eficacia, que se ha de extender a la persecución de quienes lo sostienen y dan cobertura.
Este enfoque definirá la acción del Gobierno, tanto en su responsabilidad al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como en las iniciativas que, en todos los ámbitos, le corresponda promover.

Quiero ser muy claro: nuestro único enemigo es el terrorismo y su desafío permanente a los derechos fundamentales y a las libertades individuales. Y con la misma claridad quiero reafirmar el compromiso del Gobierno con los valores y principios en que se funda la vertebración constitucional de España como Nación plural.