LUCIA BARATECH
Cualquier persona que se asome a observar la humanidad en este último siglo lo tiene difícil para negar que no nos llevamos bien con el medioambiente. Desde la tala masiva de bosques milenarios en la Amazonia a la constante y creciente emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, parece que el ser humano le tiene declarada la guerra a la naturaleza, de la cual olvida que también forma parte.
El planeta azul está experimentando cambios a una velocidad inusual en sus 4.550 millones de años de existencia, los cuales están alterando los equilibrios que tan pacíficamente había logrado durante la última era geológica. ¿El resultado? La extinción masiva del Antropoceno: tasas de extinción de especies entre 100 y 1.000 veces superiores al promedio natural, que en los últimos 50 años han implicado la desaparición de más de la mitad de la biodiversidad terrestre (1) y que, en última instancia, pone en peligro nuestra propia supervivencia.
La preocupación por el deterioro de los ecosistemas que hacen posible nuestra existencia no ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad, ni mucho menos en todas las culturas. Hace siglos que, para el mundo occidental, la Tierra es campo de batalla y territorio de conquista: el resto de seres vivos son incorporados a nuestros sistemas de consumo como fuente de algún tipo de utilidad (alimento, trabajo o compañía), o son reducidos a márgenes en los que no molesten, empujándolos a la desaparición.
Por suerte, desde que en 1888 se produjo la primera manifestación por motivos medioambientales de la que se tiene constancia en España (2), las reclamas relacionadas con la justicia medioambiental y la protección de la naturaleza no han hecho más que aumentar. Desde el movimiento antinuclear que atravesó el país en los años 1970 y 1980 a las manifestaciones estudiantiles de los viernes en 2018, el movimiento ecologista destaca por su diversidad y heterogeneidad. Es capaz de exigir acciones para causas muy concretas, como la eliminación de los plásticos de un solo uso, o reclamar medidas que hagan tambalear los cimientos del sistema capitalista, como es el abandono de los combustibles fósiles.
Las causas de los diferentes movimientos reunidos bajo el paraguas del ecologismo son muchas y muy variadas. Históricamente siempre han tenido mucha fuerza las causas conservacionistas. Éstas buscan la protección de ecosistemas ricos en biodiversidad y de especies en peligro de extinción a través de acciones concretas, como fue en su día la campaña contra el almacén de gas en Doñana o la actual reclamación de protección al lobo ibérico. Hace una década aproximadamente surgió con intensidad el movimiento decrecentista, y tuvo un gran impacto en los entornos de activismo ecologista, pero también en las universidades. Gracias al decrecimiento, en la actualidad existe un alto grado de consenso en el mundo ecologista en que el crecimiento económico no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que éste ha de ser reemplazado por el bienestar de la población dentro de los límites planetarios.
Sin embargo, de todas las luchas relacionadas con el medioambiente, sin lugar a dudas la lucha contra el cambio climático es la que cuenta con mayores apoyos y capacidad de movilización en la actualidad. Alarmado por la situación de emergencia que cada vez es más difícil ignorar, el movimiento por la justicia climática busca forzar la acción política para detener el cambio del clima antes de que sea demasiado tarde.
Los objetivos concretos son archiconocidos: se exige el cumplimiento por parte de los gobiernos de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de las Partes (COP) en el marco de Naciones Unidas para poner fin al aumento de las temperaturas, y evitar que el calentamiento del planeta a finales del S.XXI sea superior a 1,5ºC. Para ello, se demanda la drástica reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en las próximas décadas, y alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050, tal y como recomiendan los informes del IPCC (3).
Esta tarea es de tal dimensión, que no hay resquicio de nuestra sociedad y economía que no deba transformarse para conseguir los objetivos de reducción de emisiones. La transición energética, el cambio en la movilidad o la transformación de los sistemas agroalimentarios y de consumo son algunos de los ejes sobre los que se estructuran las demandas ecologistas en este sentido, las cuales elaboran propuestas refinadas y complejas para avanzar en cada aspecto. En todos estos ejes de acción abundan las organizaciones y plataformas haciendo presión sobre las incoherencias y falta de acción de los gobiernos responsables.
Una de las herramientas utilizadas por organizaciones y activistas medioambientales para forzar a los gobiernos de diferentes países a tomar medidas en materia climática ha sido el inicio de acciones legales. El “caso del siglo”, impulsado por varias organizaciones ecologistas en Francia (4), el caso de Holanda (5) o el litigio de 6 jóvenes activistas portugueses a 33 países ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por inacción climática (6) son algunos de los ejemplos más recientes. En España fueron Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón las encargadas de presentar ante el Tribunal Supremo en 2020 la demanda al Gobierno por falta de acción climática (7).
La reciente aprobación de la tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Estado Español supone un importante paso en la agenda ecologista, a pesar de que las organizaciones denunciantes en 2020 la consideran poco ambiciosa para paliar la deuda medioambiental de nuestro país (8). Nunca está de más recordar que dicha deuda será asumida por las generaciones futuras, que poca responsabilidad pueden tener en la generación del cambio climático; y que en la actualidad ya está pasando factura a las zonas del planeta más expuestas a las consecuencias del cambio del clima, en la que habitan las poblaciones que precisamente menos han contribuido a generarlo(9).
No hay duda de que la lucha por la justicia climática és la que marcará las demandas ecologistas de la próxima década. En esta próxima década se pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos para hacer valer sus compromisos, y las organizaciones medioambientales los seguirán muy de cerca en este proceso. No olvidemos que lo que está en juego es, ni más ni menos, nuestra vida en la Tierra.
Lucía Baratech es especialista en economía social y ecológica. Asesora del grupo parlamentario de En Comú Podem en el Parlament de Catalunya.
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