MADELYN FERNÁNDEZ
¿Qué es un estado fallido? Es una categoría nueva en el Derecho Internacional de la que forman parte estados caracterizados por no poder cumplir con sus responsabilidades y sus funciones habituales con normalidad, la seguridad de sus ciudadanos, el acceso a las necesidades materiales más básicas, la sanidad, educación, infraestructuras, etc. Haití podría ser un ejemplo de ello, con la precaria seguridad que brinda a la población (ciudadanos desprotegidos y víctimas de bandas que operan con impunidad), con la inexistencia de presencia estatal en gran parte del país, con un 80% de la población analfabeta, con el 50% de absentismo de los niños en edad escolar (datos de UNICEF), con un gasto público per cápita en salud de 13 dólares al año, por debajo del promedio de los países de bajo ingreso que es de 15 dólares y mucho menor que el de sus vecinos[1] en el Caribe.
Ficha país
Haití es la primera república negra y el segundo país de América en lograr su independencia el 1 de enero de 1804. Comparte la Isla Hispaniola con la República Dominicana, país con el que sustenta diferencias profundas en el idioma, lo cultural, y el principal receptor de su emigración[2]. Su población ronda los 10.981.229 de habitantes (un poco más que la población de la República Dominicana 10.942.397 de habitantes) en 27.750 km2. Es la economía 139 en un ranking de 196 países. Su PIB nominal es de 8.429 millones de dólares y su PIB per cápita de 2017 es de 765,7 dólares[3]. Su deuda pública externa equivale a un 27% del PIB, el 60% de su presupuesto se cubre con fondos provenientes de la cooperación internacional, y en el índice de desarrollo humano se encuentran en el puesto 163[4], por lo que sus habitantes están entre los peores lugares en el ranking. Es el país más pobre de Occidente.
Aspectos históricos
Su historia ha estado marcada por fuertes conflictos, golpes de estado, sucesión de desastres naturales y, en particular, por los abusos de autoridad de los jefes de Estado. El actual sistema político –establecido en la Constitución de 1987–, es presidencialista con carácter híbrido, el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro el jefe de Gobierno. El objetivo era el equilibrio de poderes con cláusulas específicas que limitaran el poder del ejecutivo. El presidente elige a su primer ministro, quien tiene que ser miembro del partido mayoritario en el Parlamento y la decisión del presidente tiene que ser ratificada por el Parlamento.
Esta reforma se llevó a cabo gracias a gobernantes como François Duvalier (conocido como Papá Doc), con una dictadura de 1957 a 1986, y después con su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), que controlaron al país a través de la represión y la violación de los derechos humanos, y que saquearon lo poco que tenía el Estado. Aún después de sus caídas, el país continuó encauzado en un ambiente de violencia, corrupción, de aumento de los índices de pobreza.
Los golpes de estado han impactado en la estabilidad del país de forma reiterativa, como el perpetrado al presidente Jean Bertrand Aristide, depuesto por el ejército haitiano en septiembre de 1991, elegido ocho meses antes en las elecciones de 1990. A raíz de estos hechos las Naciones Unidas y la OEA decidieron desplegar una Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) en 1993. Posteriormente, ese mismo año, el Consejo de Seguridad estableció la primera Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) sin éxito alguno, ya que no pudieron desplegarse con gran capacidad. A ésta le siguieron otras tantas que lograron el restablecimiento de cierto grado de democracia.
En el 2000, Aristide es elegido nuevamente presidente, y para febrero de 2004 renunció a sus funciones y se fugó en un avión, dejando a un pueblo inmerso en un gran descontento social por la corrupción de su régimen y en el conflicto. A raíz de estos hechos, el 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1529 (2004), autorizando el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional con el mandato de apoyar la continuación de un proceso político pacífico, constitucional y mantener un entorno seguro y estable. Es en abril de 2004, atendiendo a las recomendaciones del secretario general de la ONU, Kofi Annan, que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1542[5] estableciendo la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que sustituyó la Fuerza Multinacional.
Después de 13 años, en octubre de 2017, culminó y se materializó la salida de la MINUSTAH, que a pesar de atribuírsele crédito por mantener la seguridad en ciclos electorales, entrenar el cuerpo policial haitiano, y hacer frente en los momentos de revueltas manteniendo cierto equilibrio, se les hace igualmente responsables por numerosos escándalos de abusos sexuales, fraude y malversación de fondos, pero sobre todo por dejar un saldo de más de 10.000 muertes y 700.000 personas infectadas de la enfermedad del cólera introducida por el contingenté nepalí de cascos azules.
Sucesos que han contribuido para la desgracia de un país que va hacia el retroceso, un terremoto devastador en el 2010, en el que más de 50 países prometieron entregar casi 10.000 millones de dólares para los trabajos de reconstrucción y ayuda, de los que sólo se han desembolsado 5.300 millones de dólares, a causa de la corrupción endémica de los gobernantes haitianos que no generan confianza en una comunidad internacional que no vislumbra avances en el país. En el 2016 son golpeados por el huracán Matthew, que nuevamente trastoca el país con más destrucción, dejando alrededor de 800 muertos.
Su más reciente crisis fue en el pasado mes de julio, cuando el gobierno haitiano, a raíz de unos acuerdos firmados con el FMI, anunció el aumento de los precios de los combustibles entre un 38% y un 51%, además del incremento de los aranceles a los principales productos de importación de país. Como resultado de las protestas se verificaron incendios, destrucción, saqueo de pequeñas y grandes empresas, supermercados, bancos, industrias, vehículos y residencias. Tras una semana de convulsión, y a pesar de que el gobierno haitiano anunciará que las disposiciones quedaban sin efecto, el primer ministro Jack Guy Lafontant dimitió ante la Cámara de Diputados, anunciando que la renuncia había sido aceptada por el presidente Jovenel Moïse.
¿Por qué puede considerarse un fracaso estatal?
De acuerdo a Rainer Tezlaff, la noción de fracaso estatal es multidimensional a largo plazo, donde el colapso del estado es el punto final de dicho proceso. El internacionalista Robert Rotberg, quien ha dedicado años al estudio de los estados fallidos, postula que las naciones se encuentran básicamente diseñadas para proveer una serie de bienes políticos a sus ciudadanos: adecuada infraestructura de telecomunicaciones, un sistema financiero y fiscal oportuno, seguridad, un sistema jurídico y judicial, libertades políticas, derechos económicos, sociales y culturales. Y por lo mismo, postula que fallan o fracasan cuando llegan a incumplir dichos bienes políticos.
Por lo general, para determinar si un estado es fallido, la metodología utilizada es cuantitativa, evaluando un conjunto de variables en forma de índices que se utilizan para localizar el nivel de falla, para posteriormente determinar a cuáles efectivamente se les puede “atribuir” la categoría. Sin embargo, para el estudio de algunos casos se utiliza la metodología cualitativa, para describir la situación y los focos rojos existentes.
Es importante establecer que los estados que se encuadran en esta categoría son tensos, profundamente conflictivos y con disputas por facciones en guerra. En la mayoría, las tropas del gobierno combaten revueltas armadas con uno o más rivales, las autoridades enfrentan dos o más insurgencias, disturbios civiles, descontento social, y una plétora de disidencia dirigidas al Estado y a los grupos dentro del mismo. A mi entender, no es la intensidad de la violencia en ciertos momentos de la vida democrática de un país lo que identifica un estado fallido, más bien, es el carácter perdurable de esa violencia, el inexistente control gubernamental en el territorio, el pésimo desempeño de sus gobernantes por varias décadas [tesis que postula Patricia Moncada], y catástrofes económicas y sociales que llegan a formar parte del statu quo natural de estos países, como el Congo, Yemen y Sudán.
En el índice de Estados Frágiles 2018 de The Fund for Peace Haití ocupa el puesto 12, subiendo una posición con respecto al 2017. Lo interesante es que dentro de este grupo de países entre (High Alert) alerta máxima y (Very High Alert) muy alta alerta, Haití, al igual que Guinea, no se encuentra fracturado o sumido en conflicto bélico interno o con los países vecinos (como es el caso de Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Zimbabue, República Centroafricana, Siria, Irak, Afganistán, Chad, Yemen y República Democrática del Congo).
Haití es un caso atípico en esta categoría, no por causales de divisiones étnicas, religiosas u otras divisiones sociales, sino porque, aunque sale del marco de fallido, es el Estado en quiebra por excelencia de Occidente, que durante toda su historia se ha visto comprometido por un liderazgo autocrático y corrupto, instituciones débiles, amenaza a la sociedad civil, altos niveles de delincuencia, bajos niveles de PIB per cápita, altas tasas de mortalidad infantil, muy bajos niveles en el índice de desarrollo humano, organizaciones criminales que representan un serio problema desde 1980, entre otras deficiencias.
Así pues, ¿Haití no debería ser parte de esta categoría? Si bien es cierto que el país tiene instituciones, se celebran elecciones, cuenta con una sociedad civil organizada, cohesión social, y una fuerte identidad nacional construida a partir de la negritud, su falla es resultado de una deteriorada infraestructura, gobiernos que carecen de legitimidad, un vacío de la autoridad estatal reconocidos por la desidia, y por la profunda desconfianza que generan a nivel interno e internacional, que tiene como resultado la disminución de la ayuda humanitaria, que como se había dicho, representa un 60% del presupuesto nacional.
En definitiva, el desafío sigue presente para la comunidad internacional. Haití debe dejar de ser una nación sumida en la más profunda pobreza y desigualdad, en un proceso de reconstrucción que no avanza, y con una alta emigración de la que forma parte la “migración altamente calificada”, que puede contribuir al redescubrimiento y a serios esfuerzos por la estabilización de su país.
Madelyn Fernández Agüero es Licenciada en Derecho. Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la UCM. Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, UCM. Dr. (c) Derecho, Gobierno y Administración Pública en la UAM @Madelynfer
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[1] Informe del Banco Mundial del 27 de junio de 2017 titulado “Mejor gasto, mejor atención: una mirada al financiamiento de la salud en Haití”.
[2] Más de 497.825 inmigrantes haitianos se encuentran en la República Dominicana de acuerdo a los resultados de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana en 2017 (ENI-2017).
[3] https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
[4] Informe Sobre Desarrollo Humano 2016, desarrollo humano para todos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
https://drive.google.com/file/d/0B4QT-QeiO8NtMzRYeTE3bE9Wb2c/view
[5] Resolución S/RES/1542 (2004), de 1 de junio de 2004. https://undocs.org/es/S/RES/1542%20(2004)
