GUILLEM PURSALS
El pasado 11 de abril el Perú celebró elecciones generales. En ellas se decidía como quedaría compuesto el Congreso de la República, como también los candidatos presidenciales que pasarían a segunda vuelta, y cuya elección sería el 6 de junio entre los dos más votados, además de los representantes del Perú para el Parlamento Andino. Sobre las elecciones parlamentarias hemos de recordar que el Perú está divido en 27 distritos electorales, y son elegidos 130 representantes; y para el Parlamento Andino, órgano deliberante de la comunidad andina creado en 1979, cinco.
Sobre cómo se reparten los distritos electorales del Perú, los representantes pertenecientes a Lima son 33; en La Libertad y Piura son 7; en Arequipa y Cajamarca son 6; en Áncash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno son 5; en Callao, Ica, Lima Provincias, Loreto y San Martín son 4; en Ayacucho, Huánuco y Ucayali son 3; en Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes son 2; y en Madre de Dios es 1. Recordemos que los residentes en el extranjero cuentan como circunscripción electoral parlamentaria, y eligen a dos representantes.
La distribución de los 130 escaños, quedo repartida así: Perú Libre obtuvo 37; Fuerza Popular 24; Acción Popular 16; Alianza para el Progreso 15; Renovación Popular 13; Avanza País 7; Juntos por el Perú 5; Somos Perú 5; Podemos Perú 5; y el Partido Morado obtuvo 3. En las elecciones al Parlamento Andino, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País obtuvieron un escaño cada uno. Y en las presidenciales, pasaron a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el primero por Perú Libre, y la segunda por Fuerza Popular.
Perú Libre, Democracia Directa, Nuevo Perú, Renacimiento Unido Nacional, FREPAP, Juntos por el Perú, Frente Amplio y Unión por el Perú mostraron en la segunda vuelta su apoyo a Pedro Castillo. Y Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Nación, Perú Patria Segura, Partido Popular Cristiano, Renovación Nacional y Victoria Nacional apoyaron a Keiko Fujimori. Los históricos partidos, como Acción Popular o el Partido Aprista Peruano no se decantaron en la segunda vuelta por ninguno de los dos candidatos.
El resultado cuyo recuento al 100% terminó el día 15 de junio, dio la victoria a Pedro Castillo, del partido Perú Libre, con el 50,125 % de los votos, frente a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con el 49,875 % de votos. Es importante destacar el 1.108.039 de votos nulos, el 5,876 % del total de votos válidos emitidos, si tenemos en consideración que es casi una octava parte del voto obtenido por cada uno de los candidatos, 8,835 millones de Castillo, frente los 8,791 millones de Fujimori.
Como consecuencia de esta polarización, algunos diputados ya han dicho que es necesario un cambio constitucional en el Perú. Quizás pueda parecer sorprendente que propongan cambios constitucionales tan rápido, o incluso que se redacte una nueva constitución política, pero es necesario repasar a continuación la tradición constitucional de la República del Perú, para entender que no lo es.
Si analizamos el constitucionalismo peruano entre 1893 y 1993, para abarcar un siglo desde la promulgación de la última Constitución Política con Alberto Fujimori, nos encontramos con una serie de características que se repiten. En 1893 la Constitución Política del Perú vigente entonces fue la redactada en 1860, séptimo texto constitucional, pues el octavo quedó suprimido un año después de su promulgación porque resultó ser demasiado progresista para la ciudadanía, se llamó Constitución de 1867. La Constitución Política de 1860 se redactó y promulgó después de la Guerra Civil Peruana y su finalidad era establecer una norma marco que contentase a todos, liberales y conservadores.
La razón de su redacción fue un poco sui generis, porque se decía que fue por las dudas generadas de si el nuevo Congreso era constitucional o era constituyente, es decir, si se seguía reconociendo el texto constitucional anterior, o si se redactaría un nuevo texto constitucional. Fue lo segundo. Como la facción del mariscal y presidente Ramón Castilla perdió durante los debates previos, la Constitución de 1860 contentó a todos. Ni el presidente Castilla y su facción salían “derrotados”, ni los conservadores salían “victoriosos” con el nuevo redactado.
En 1920 se redactó una nueva Constitución Política, promulgada por el presidente Augusto B. Leguía. Leguía subió al poder el año anterior después de ganar las elecciones diciendo que la oposición no reconocería el resultado, así que dio un Golpe de Estado y disolvió el Congreso. Empezando así el período de la “Patria Nueva”, donde se reformaría la Constitución anterior, la de 1860, hasta el límite. A final de año se ratificó, y en 1920 el presidente Leguía empezaba el llamado Oncenio. El nuevo texto constitucional, con las reformas pertinentes, le permitiría gobernar hasta 1930. Así pues, el presidente Leguía se había redactado la Constitución Política a medida de lo que necesitaba en aquel momento. Nunca se aplicó totalmente por las excepcionalidades que recogía, llegando a crear entes gubernamentales que nunca existieron.
En 1930 fue el comandante Luís Sánchez Cerro quien dio un Golpe de Estado acabando con el Oncenio y la “Patria Nueva”. Con Sánchez Cerro como presidente se quiso desarticular completamente todo lo que pudiese quedar del período anterior, incluida la Constitución Política. En 1931, se hicieron unas elecciones generales y las ganó la facción presidencial. Con esta legitimidad democrática, en 1933 se redactó y promulgó un nuevo texto constitucional. En este se contemplaba, en su artículo 53, que los partidos de organización internacional no eran reconocidos legalmente, por lo que se ilegalizaba así toda la oposición al ser partidos sucursalistas de partidos internacionales: el APRA y el Partido Comunista.
Con la Constitución Política de 1933 se suceden los mandatos de Sánchez Cerro, que muere asesinado, Óscar Benavides, Prado Ugarteche, Bustamante y Rivero, Noriega Agüero, Manuel Odría, Pérez Godoy, Lindley López y el primer mandato de Belaúnde Terry. Casi todos militares o de facciones de derechas, acordes con los valores de Sánchez Cerro. Pero en 1968 estalla un golpe de Estado contra Belaúnde Terry, empezando así el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, estableciendo un gobierno revolucionario con Juan Velasco Alvarado al frente. Durante este período la Constitución Política de 1933 entró en suspensión, y la Junta Militar impuso una nueva normativa sin contemplarla. Recordemos que esto sucedió entre 1948 y 1956, 1962 y 1963, y en este último período con Velasco Alvarado hasta 1975.
En 1975 estalló el Tacnazo. El general Morales Bermúdez se autoproclamó presidente de la República del Perú en Tacna, acabando así con el primer período revolucionario militar. Durante su periodo, también autodefinido como revolucionario y militar, se desterraron las ideas revolucionarias de izquierdas, y empezó una revolución contra los revolucionarios. En 1978, en las elecciones constituyentes el APRA ganó, y toda la oposición a la Junta Militar también sacó buenos resultados, provocando que, en 1979, para dirigir de nuevo el país hacia una transición democrática, se redactó la Constitución Política de 1979, que se promulgó en 1980. En ese período se coincidió con la celebración de las elecciones generales de 1980, donde Belaúnde Terry ganó con Acción Popular, siendo así el primer presidente con la nueva Constitución Política.
Una constitución que fue vigente hasta 1993, aunque su aplicación se suspendió en 1992, cuando Alberto Fujimori se hizo un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder y establecer las bases constitucionales del Fujimorismo. Actuando de la misma forma que hizo Leguía en 1920. Este marco constitucional consolidó un nuevo sistema parlamentario, el Congreso Constituyente Democrático, una nueva no-separación de poderes, y una dictadura constitucional. En 1995 se hicieron elecciones generales, que ganó, hasta el 2000.
Aunque Fujimori acabó huyendo del país, y a través de reformas constitucionales posteriores se ha vuelto a un sistema democrático garantista, la Constitución Política vigente hoy es la que redactó para consolidar el Fujimorismo. Bajo la Constitución Política de 1993, los presidentes que han ejercido el cargo han sido Fujimori, Paniagua, Toledo, García Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti.
Veinticuatro veces se ha reformado desde su promulgación en 1993. Provocando incluso contradicciones entre la realidad política y lo que expone el texto constitucional. Y ahora, en los últimos días de la legislatura anterior y los primeros de la siguiente se han presentado reformas que afectan a sesenta y cinco artículos constitucionales. Algunas de ellas afectan a la forma que tendría el Poder Legislativo, los poderes que tendría el Poder Ejecutivo, control al Gobierno… Pero fue el diputado Lenin Bazán, del Frente Amplio, quien expuso la necesidad de crear una Asamblea Constituyente que redactase una nueva Constitución Política.
La idea pues que surge desde la izquierda peruana es la de que, si finalmente Castillo es nombrado presidente del Perú, después de todas las impugnaciones por parte del Fujimorismo, y la idea de redactar una nueva Constitución Política sale adelante en el Congreso, posiblemente en diciembre se anuncie una Asamblea Constituyente que se reunirá en abril de 2022, y se constituirá a finales de julio del mismo año.
Así pues, la República del Perú ahora se encuentra en una encrucijada constitucional en la que decidir si se tienen que seguir haciendo reformas, o si se tiene que redactar una Constitución Política nueva que deje atrás el último vestigio político del Fujimorismo.
Las ideas que surgen de Chile, de convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política, porque la de 1980 fue escrita durante la dictadura de Pinochet para legitimarla, han corrido a través de los Andes como un chasqui corriendo por los caminos del Tahuantinsuyo llevando noticias hacia Cuzco. Será necesario seguir estos primeros pasos de la nueva legislatura, como también los primeros pasos del electo presidente Pedro Castillo. Y como decía antes, es costumbre política que, con un nuevo orden político, y más el que demuestra Castillo sobre la clase política limeña y tradicional del país, que aparezcan ideas, y precedentes, para establecer una nueva Constitución Política.
Guillem Pursals es Politólogo y Máster en Seguridad. Analista de Relaciones Internacionales y Conflictos (@GPursals )