MIGUEL SÁNCHEZ

En los últimos días se viralizaron en redes sociales videos de aeropuertos estadounidenses colapsados por horas de espera. La causa: el cierre parcial del gobierno federal. Pero ¿qué significa realmente ese “shutdown” que periódicamente paraliza a la primera potencia mundial?

A comienzos de octubre de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos volvió a detener su marcha. Oficinas cerradas, empleados suspendidos y un Congreso paralizado: el government shutdown regresó al centro de la escena política. Más allá de los titulares, este fenómeno revela no solo una crisis presupuestaria, sino una fractura institucional que amenaza la estabilidad política y económica del país. Comprender su origen y sus implicaciones es también entender los límites contemporáneos de la democracia estadounidense.

Cada año, el Congreso debe aprobar las apropiaciones federales, es decir, los fondos necesarios para mantener operativas las agencias gubernamentales. Cuando el Senado y la Cámara de Representantes no logran acordar el presupuesto o una extensión temporal (continuing resolution), la ley impide al Ejecutivo gastar dinero no autorizado. El resultado: el gobierno literalmente “cierra”.

El Antideficiency Act (ADA) una norma que prohíbe contraer gastos sin aprobación legislativa obliga a suspender todas las funciones consideradas “no esenciales”. En la práctica, cientos de miles de empleados públicos son enviados a casa sin sueldo, y múltiples agencias suspenden su actividad hasta nuevo aviso.

El cierre actual, iniciado el 1 de octubre de 2025, se originó en el fracaso de las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto del nuevo año fiscal. Las diferencias no son menores: mientras los republicanos exigen recortes en programas sociales y un control más estricto del gasto, los demócratas defienden la inversión en salud, asistencia social y cambio climático. El resultado, una vez más, fue la parálisis.

No todo el Estado se apaga durante un cierre. Las funciones esenciales seguridad nacional, control aéreo y fuerzas armadas continúan, aunque muchas veces sin pago inmediato. Sin embargo, áreas clave como la investigación científica, los servicios administrativos y las agencias ambientales reducen drásticamente su actividad.

Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan retrasos en la tramitación de beneficios y programas de asistencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la economía estadounidense podría perder entre 7,000 y 14,000 millones de dólares si el cierre se prolonga varias semanas. Cada día sin acuerdo erosiona la confianza de los mercados y golpea el bolsillo de los trabajadores públicos.

Pero el shutdown es mucho más que una disputa contable: es la expresión de un bloqueo político estructural. El sistema estadounidense, basado en la separación de poderes, se convierte en un campo de batalla cuando la polarización impide el consenso mínimo. La incapacidad del Congreso para aprobar el presupuesto refleja el deterioro del diálogo bipartidista y la creciente instrumentalización del gasto público como arma política.

Ambos partidos apuestan a desgastar al otro ante la opinión pública. Para los republicanos, el cierre es una demostración de disciplina fiscal; para los demócratas, un acto de chantaje irresponsable. En medio de esa pugna ideológica, los ciudadanos terminan siendo los rehenes del enfrentamiento.

El primer cierre formal del gobierno federal ocurrió en 1980, bajo la administración de Jimmy Carter, cuando la Comisión Federal de Comercio tuvo que cesar operaciones por falta de fondos. Aquel episodio duró apenas un día, pero marcó el nacimiento de una figura institucional que, 45 años después, sigue atormentando a Washington.

El cierre de 2025 podría resolverse con un acuerdo temporal o derivar en una crisis más profunda si fracasan las negociaciones. Históricamente, estos episodios terminan con un paquete de emergencia y el pago retroactivo a los empleados, pero el contexto actual es distinto: el nivel de polarización es el más alto en cuatro décadas, y la cercanía de las elecciones legislativas de 2026 agrava los incentivos para prolongar el conflicto.

A corto plazo, el impacto económico puede ser manejable; a largo plazo, el daño institucional es mayor. Cada cierre erosiona la credibilidad del sistema político y proyecta al mundo la imagen de un país capaz de detenerse por falta de acuerdo interno. En un escenario de competencia global con China y Europa observando esa parálisis tiene un costo geopolítico que excede el presupuesto.

En última instancia, el shutdown estadounidense es un espejo de su política: un país que no se detiene por falta de recursos, sino por exceso de división.

Miguel Sanchez es Licenciado en negocios internacionales, con master en marketing, estrategia y comunicación politica (@Mickeylodeon28)