ALEIX CLARIÓ
Hoy quedan 23 días exactos para las elecciones en Catalunya. Eso, claro está, si los tribunales no dicen lo contrario, o si la curva de la Covid-19 no nos vuelve a encerrar a todos en casa, o si el ministro-candidato decide hacer más caso a su sombrero de ministro de sanidad que del sombrero de candidato socialista. Vamos, que estamos en medio de una pandemia mundial sin saber cuando tendremos que ir a votar, ni como lo vamos a hacer, ni si será seguro para el votante y mucho menos para los miembros de cada mesa de cada colegio electoral. Aquí cabe preguntarse una hipótesis: ¿y si, llegado el día, miles de ciudadanos deciden que prefieren enfrentarse a una multa que presentarse a las mesas que les ha tocado por sorteo? O aún mejor, ¿y si estos mismos ciudadanos deciden acogerse a una objeción de conciencia porque la obligación electoral les pone en serio riesgo su vida? ¿Qué hacemos entonces si resulta que centenares de puntos de votación (ya de por sí con complicados sistemas de colas, horarios, distancias y desinfecciones) no pueden abrir por falta de personal? ¿Y si, además de todo esto, le sumamos una bajísima participación por miedo al contagio? ¿Cómo se deberá proceder entonces? ¿Se podrá hablar de unas elecciones legítimas? ¿Qué porcentaje de participación mínima deben tener unas elecciones para considerarse legítimas? ¿Llegado este caso, se debería ampliar el plazo para votar durante varios días? ¿Cómo se procedería al recuento de votos? ¿Y como se darían los resultados? ¿Al final de cada jornada? ¿Al finalizar todos los días de votación? ¿Se podría hacer campaña durante estos días? ¡En menudo follón nos han metido!
Si retrocedemos en el tiempo (nada, unos pocos meses) la causa inicial de este dantesco panorama es la inhabilitación de un presidente por poner una pancarta, vamos, una sencilla desobediencia a la Junta Electoral Central que en decenas de casos anteriores (como por ejemplo el presidente Pedro Sánchez utilizando la Moncloa en campaña electoral) ha terminado en una simple multa. Pero no en este caso. ¿Tal vez porque la falta era mucho más grave? Parece que no. Fue, simplemente, un acto más de los autoproclamados salvadores de la patria, aquellos a quien la inoperancia del gobierno central les otorgó poderes ilimitados para hacer lo que quisieran en nombre de la unidad de España. Para más inri, la inhabilitación se produjo en medio de la segunda ola de la Covid-19, y estos mismos jueces que han impuesto semejante disparate electoral del 14 de febrero en medio de una tercera ola más parecida a la primera que a la segunda, son los mismos que acaban de inhabilitar al conseller que debe poner las urnas. Me pregunto, y estoy seguro que miles de ciudadanos catalanes también lo hacen, que podría salir mal en todo este embrollo.
Y es aquí cuando llegamos al clímax de la historia: por lo visto, ahora todo el mundo se ha dado cuenta que quizás algo tan sencillo como votar telemáticamente nos podría ahorrar todo este rompecabezas. La tecnología ya lo permite con seguridad, todo el mundo podría participar sin necesidad de poner en peligro su salud, la participación seria –como mínimo- la media de siempre y se podría solucionar un agravio histórico con el voto de los catalanes residentes en el extranjero (por poner un ejemplo, en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, en diciembre de 2017, el total de catalanes que viven en Rusia y que votaron fue… de una sola persona). Pues bien, si todo son ventajas, ¿votemos telemáticamente, no? Pues no. ¿Y eso porqué? Pues por algo largo y complejo de explicar, pero procuraré resumirlo al máximo.
En primer lugar, Catalunya no tiene ley electoral propia. ¿Es culpa de Madrid? No, es culpa de Barcelona. En 40 años ningún partido político ha tenido la decencia de redactarla y llevarla al Parlament para que fuera ratificada. Para ser justos, debería decir que un partido (Junts per Catalunya) lo ha intentado las últimas dos legislaturas y se ha quedado tan solo como Bernie Sanders en la investidura de Joe Biden. En segundo lugar, porque seguramente –disculpad, seguro- esta ley electoral habría acabado en la mesa del Tribunal Constitucional y, podéis saltar al vacío sin miedo a romperos nada, que habrían dicho que es inconstitucional. En tercer lugar, porque este mismo Tribunal Constitucional sentenció contra las investiduras telemáticas -ese pánico escénico que provoca Puigdemont a España incluso a 1.300km- y porque nuestro queridísimo gobierno más progresista de la historia, junto a la derecha rancia del país –y la vergonzosa abstención de Podemos- aprobó a finales de 2019 lo que se llamó “Decretazo Digital” para, en palabras del presidente Pedro Sánchez, “terminar con la República Digital de Catalunya”; un decreto que han denunciado todas las ONG Internacionales sobre derechos fundamentales porque, básicamente, los pisotea todos, incluso el hecho de que el gobierno de turno, bajo su único criterio y sin necesidad de validación de un juez, te puede intervenir tus redes bajo supuestos ridículos y abstractos; eso, entre otras muchas barbaridades.
A ver, lo he intentado resumir mucho, pero aun lo puedo resumir más: no podemos votar telemáticamente porque supone la antítesis de lo que España quiere imponer a su ciudadanía, es decir, el imperio de la Ley es la antítesis a la República Digital, al progreso y al empoderamiento de la ciudadanía. Cuanto más poderoso es el ciudadano más prescindible es el Estado, ¿o acaso alguien duda que esa fue la motivación para prohibir –dentro de ese Decretazo Digital- el uso de la tecnología Blockchain por parte de las administraciones? Pero dejemos margen a la desdichada duda. Quizás ahora, que ya no resulta tronchante esa idea de las investiduras y los parlamentos telemáticos, o de gobernar por WhatsApp –que gritaba siempre Arrimadas al conseller Puigneró- quizás, y solo quizás, haya una esperanza para que todos se pongan las pilas y, como mínimo aquellos que están en el extranjero, se pueda votar telemáticamente. Eso, claro esta, si las elecciones terminan siendo el 30 de mayo –que daría tiempo a ponerlo en marcha- y no el 14 de febrero. Y si, por un milagro, fuera posible que todos votaramos telemáticamente el 30M? Pues sinceramente no lo recomendaría. Es cierto que este tema no es un problema tecnológico sino de falta absoluta de voluntad política, pero también requiere de una “cultura del voto electrónico”, es decir, haberlo probado antes (también por aquellos que lo administran) en convocatorias más pequeñas. Nos falta esta cultura, esta práctica y, por supuesto, la confianza necesaria por parte de la mayoría de la sociedad. Y todo esto solo se soluciona con una buena preparación, con la práctica y con el tiempo, y no tenemos nada de todo esto.
Dejad que termine con un pequeño apunte: si al final estas ya famosas e históricas elecciones no se celebran el 14F –lo sabremos definitivamente el día 8- solo se habrán tirado a la papelera 10 millones de euros. Ahora imaginad todo lo que se podría haber hecho con ellos, físicamente o telemáticamente. En fin, cosas del imperio.
Aleix Clarió es asesor de redes sociales del 130º President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (@aleixclario)