Comparezco ante esta Cámara para solicitar la confianza de la misma en los términos que prevé nuestro Estatuto de Autonomía. Lo hago proponiendo un proyecto compartido que espero acabe concitando el consenso mayoritario de sus señorías.

Los resultados de las elecciones del pasado 25M han señalado un camino. Por primera vez desde el comienzo de nuestra autonomía andaluza, la fuerza política más votada no ha sido el PSOE. Las urnas han situado al PP como el partido político con más votos y más escaños, aunque sin otorgarle el número suficiente de ellos para poder formar gobierno en solitario. Más de la mitad de los votos emitidos fueron para la izquierda representada en esta Cámara por PSOE e Izquierda Unida.

No es el resultado que muchos esperaban y pronosticaban, pero ha sido el resultado de los votos y por tanto la decisión democrática de los andaluces. Los ciudadanos han hablado y han decidido, libre y reflexivamente, que la izquierda siga siendo la opción mayoritaria en Andalucía.

Por eso, permítanme decirles que somos muchos los que nos hemos visto sorprendidos, y en algunos casos indignados, por determinados comentarios peyorativos sobre Andalucía que se han hecho tras unas elecciones en las que los andaluces y las andaluzas hemos votado libremente. Tan libremente como votamos en mayo o en noviembre. Con la misma responsabilidad.

La democracia es tan válida cuando refrenda nuestros intereses y planteamientos como cuando no lo hace. Por eso, permítanme que, desde esta Cámara en la que se asienta la representación legítima del pueblo andaluz, exija respeto. Respeto para la libre decisión de los andaluces. Respeto para esta tierra que es tan sabia y honesta como las demás. Un respeto que estoy dispuesto a exigir, si consigo el apoyo de esta Cámara, con todos los medios políticos y legales que sean necesarios.

Andalucía, tiene un alma que se hace fuerte cuando alguien pretende imponerle sus prejuicios o la impostura de sus arquetipos. Despertó un 28 de febrero y ha aparecido siempre que hemos necesitado demostrar que tenemos una identidad propia, leal con el resto de España, pero orgullosa de nuestra singularidad.

Sí, es verdad: el voto en Andalucía, al ser mayoritariamente de izquierdas, ha sido distinto al del resto de España. Un voto mayoritario que pide que nos esforcemos en demostrar que no existe una única ruta para enfrentar esta crisis mundial. Pero, sobre todo, que trabajemos para promover un camino de consenso en un momento económico tan difícil como el que atravesamos.

El Gobierno que he de formar, si obtengo la investidura, tendrá la mayoría de la Cámara pero buscará el acuerdo de todos en las cuestiones que afectan a nuestro modelo de convivencia.

Aspiramos a que el de Andalucía sea un Gobierno de coalición: de coalición con la sociedad, con todos los andaluces. Los que votaron izquierda y los que no lo hicieron. Un gobierno progresista, con un programa de gobierno comprometido con el presente de esta tierra, y sobre todo con su futuro.

Y un gobierno realista, sin aventuras pero sin claudicaciones, consciente del mundo en el que nos ha tocado vivir y de la situación difícil que atravesamos. Los ciudadanos reclaman valentía en defensa de su bienestar, no excusas que disfracen la falta de coraje político o coartadas que pretendan disfrazar los intereses particulares en exigencias para salir de la crisis. Nos proponemos formar un Gobierno que dé seguridad al ciudadano frente a la dureza e insolidaridad de los mercados.

Señorías. Vivimos momentos de grandes dificultades. El primer trimestre de este año nos ha traído una nueva recesión y con ella la destrucción en España de más de 4.100 empleos cada día.

El programa que pretendo desarrollar en el Gobierno, si cuento con el suficiente apoyo de esta Cámara, no ha de ser ajeno a los tiempos que nos han tocado vivir. Nuestra prioridad es defender a los ciudadanos como parte de una sociedad plural y tolerante, en la que la igualdad de oportunidades no sea un derecho más sino el derecho que determine nuestro ser como andaluces e inspire, de principio a fin, toda la política económica.

Vamos a hacerlo, conscientes de que seguimos inmersos en una crisis profunda. Una crisis que no termina cuatro años después de sus primeros síntomas. Una crisis que, si tuvo su origen al otro lado del Atlántico, sus consecuencias más negativas se están produciendo en Europa. Y, muy señaladamente, en España y Andalucía que han llegado a unos niveles de desempleo insoportables.

Por eso, porque es en Europa -y más concretamente, en la zona del euro- donde se están originando nuestros principales problemas, los que afectan a nuestra gente, a sus derechos y a sus expectativas, permítanme que les empiece por decir que la persistencia de la crisis nos indica a las claras que las recetas que se han venido proclamando y aplicando desde la UE están equivocadas porque no han dado resultado.

¿No es cierto acaso que, desde una pretendida disciplina monetaria, se ha obligado, se está obligando, a los países del sur de Europa a una política de recortes que, lejos de mejorar las cosas, nos ha llevado de nuevo a la recesión y a un mayor crecimiento del paro? ¿No es verdad que continuamos a merced de unos mercados financieros que actúan sin controles y que siguen sin regular? ¿Acaso la pervivencia de negocios bancarios con productos que te proporcionan dividendos cuando sube la prima de riesgo no es la mejor demostración del imperio de la especulación sobre la economía? Hemos sacralizado la libertad de los mercados financieros hasta llevarla a términos que ofenden cualquier sensibilidad.

Por eso, déjenme que les pregunte si la libertad de comerciar con dinero ajeno, si la libertad sin reglas de los mercados puede llegar a convertirse en un derecho superior al derecho a la educación o al derecho a la protección de la salud.

Permítanme que utilice palabras prestadas cuando digo que la política ha sido tomada como rehén por los mercados financieros que se resisten por todos los medios a la regulación.

Son palabras del excanciller alemán Helmut Schmidt que, con 92 años y en silla de ruedas, levantó hace pocos meses a miles de socialdemócratas reunidos en su Congreso cuando les dijo que, por primera vez desde la fundación de la UE, la democracia está en peligro. Cuando propuso regular, de una vez por todas, los mercados financieros, separar unos bancos de otros y prohibir determinados negocios que se hacen convirtiendo al dinero en mercancía.

En lo que llevamos de siglo hemos dado muchos pasos atrás en Europa. Hemos cometido errores y no ha sido el menor de ellos abandonar la Europa de los ciudadanos por un proyecto disgregador de Europa de las naciones. Porque no nos engañemos: una Europa de los ciudadanos parte de la igualdad de todos los europeos, mientras que una Europa de las naciones termina otorgando el poder a la más fuerte entre todas. Y esa es hoy Alemania cuyas reglas y conveniencia se han hecho leyes para todos. Un error que estamos pagando, fundamentalmente, los países mediterráneos que compartimos el euro.

Es necesaria una mayor integración europea. El proyecto europeo hizo de la discordia, concordia y del enfrentamiento, cooperación. Quien no entienda esto no podrá resolver la actual crisis. Porque Europa es, y ha de ser, una Unión o no será nada.

El canciller Schmidt puso el dedo en la llaga y lo expresó de forma bien clara al decir que los superávit comerciales alemanes son los déficit de los demás: Por eso, la política de ajuste promovida por Alemania es un error. No podemos propagar una extrema deflación porque sin crecimiento ningún país podrá sanear sus cuentas.

La política económica de la derecha alemana no debe presentarse como modelo y mucho menos como una imposición, sino como una posibilidad entre otras, que nos permite estudiar ese y muchos otros. Y la insolidaridad europea no es buena para nadie. Tampoco para Alemania. Sin la ayuda de otros países y sin la integración en Europa no habría sido posible el ascenso alemán en la posguerra. Una Europa alemana siempre fue un desastre. Una Alemania europea, un éxito.

La Europa que merece la pena es la Europa que contempla el problema de un país como un problema del conjunto; es la que admite las transferencias de rentas entre sus Estados miembros; la que se esfuerza en una política económica común para los países que comparten el euro; la que admite los eurobonos y la que cree que el Banco Central Europeo, en un momento como éste, no debe estar preocupado solo por los precios sino, sobre todo, por el desempleo.

No les hablo de cuestiones que estén en horizontes muy lejanos porque están diariamente entre nosotros. Porque las amenazas de los mercados y la falta de una respuesta europea terminan traduciéndose en copago sanitario, la reducción de derechos laborales, el deterioro de la escuela pública o el abandono de las personas dependientes.

De ahí la necesidad de que fijemos posiciones comunes en la UE. Posiciones que, haciendo más Europa, fortalezcan el valor España para afrontar los ataques especulativos con decisión y sin fisuras.

A estas alturas de la crisis ya nadie se atreve a decir que el debate sobre Europa no nos concierne. Andalucía es una de las regiones europeas más extensas y más pobladas. Hemos recibido mucho de la UE y sus decisiones marcan muchas de nuestras políticas y resultan decisivas para nuestra economía. De ahí la necesidad de forjar acuerdos nacionales sobre política comunitaria, sobre la UE, como hicimos en la pasada legislatura en esta Cámara, a propósito de la PAC.

Pero no basta: además de renovar el espíritu de la Unión en Europa, es imprescindible recuperar entre nosotros el sentido de Estado y reforzar el diálogo institucional, político y social.

Por eso, porque el diálogo solo es posible cuando enterramos los dogmas, quiero expresarles algunas ideas que no coinciden con los planteamientos dominantes pero que estoy convencido de que merece la pena debatirlas.

Hoy toda la política económica parece centrada únicamente en contener el déficit público sin atender a los factores que lo están provocando. Pues bien, una política que solo atiende a contener el déficit público es inútil porque siempre termina llevándote al punto de partida.

Recientemente un conocido economista ha hablado de crisis deliberada. Porque es verdad que las autoridades europeas han decidido mantener al sur de Europa en un escenario de desempleo creciente, de reducción del aparato productivo y de recortes de las prestaciones sociales. Ya que no podemos devaluar la moneda, nos están exigiendo que devaluemos nuestra calidad de vida, nuestros salarios y nuestro gasto social.

Qué conseguiremos con todo esto. Porque nos estamos limitando a una política de recortes indiscriminada que, además de retroalimentarse a sí misma, no solucionará el problema y nos dejará con un país más descapitalizado y más incapaz de salir del atolladero.

Estamos cometiendo dos errores de libro: Uno, que actuamos solo sobre el gasto cuando el 80% del déficit es consecuencia de la caída de los ingresos. Hay que actuar sobre los ingresos y, cuando digo esto, no propongo, o al menos no propongo solo, aumentar la presión fiscal sino impulsar el crecimiento con políticas de estímulo económico. Algo que, aunque muy tarde, parece ya reconocer la UE e incluso aceptar la democracia cristiana alemana.

Y el segundo error es actuar, como se está haciendo, sobre el gasto sin evaluar el impacto de esos recortes sobre la actividad económica. No se es consciente de que cualquier reducción del gasto público daña al sector privado. Pero mientras unos recortes hacen daño en el presente hay otros que lo que hacen es arruinar el futuro.

¿No somos acaso conscientes de que prescindir de profesores, investigadores, energías renovables, limitar la igualdad de oportunidades en la educación o empobrecer nuestro sistema sanitario no es una política de austeridad sino un derroche, un despilfarro, que no nos podemos permitir?

Los mercados nos atacan por el lado del déficit pero nuestro problema es el paro y la falta de financiación de la economía. Y ni uno ni otro problema se están afrontando con medidas capaces de solucionarlos.

La reforma laboral, lejos de ser un instrumento al servicio de la creación de empleo, se ha convertido en el mejor medio de reducir plantillas a bajo coste. Y el sector financiero sigue sin salir de sus problemas y sin regar la economía con el crédito. Ni el Banco de España ni las sucesivas reformas financieras han resuelto el problema.

Los Presupuestos Generales del Estado, llegados con un retraso que ha sembrado la desconfianza, tampoco han cambiado nada. Al revés: Además de incumplir con Andalucía, con lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, no han sido capaces de traer la calma a los mercados.

La imagen de ese alto dirigente europeo echando las manos al cuello del ministro español de Economía, en una aparente broma de mal gusto, es bastante expresiva y no solo por la forma de maltratar el cuello del señor De Guindos, sino por lo que le estaba diciendo: «Sabemos que esto supondrá más paro y más pobreza, pero es necesario hacer nuevos esfuerzos de reducción del gasto público en España».

Se ha subvertido el objetivo de la política económica. No se está tratando de combatir el paro o la desigualdad sino de reducir el gasto público. Solo eso. La política económica parece haberse convertido en contabilidad. Por eso, para romper ese círculo vicioso, es imprescindible combinar una política de estabilidad con una política de reactivación económica.

Los gobiernos tenemos una misión por encima de todas: favorecer el crecimiento del empleo. Y para ello es necesario exigir la soberanía de la política sobre los mercados.

Los mercados y los gobiernos se complementan, no se sustituyen. Si queremos más y mejores mercados hemos de fortalecer los gobiernos porque los mercados crean riqueza y empleo cuando los Estados son fuertes y nunca cuando son débiles.

Un ajuste presupuestario tan intenso y en tan poco tiempo como el que va a sufrir España va a contribuir de forma significativa a deprimir aún más el crecimiento de la economía española y a acentuar la crisis. Ya lo está haciendo. Y lo que es peor está afectando a nuestro modelo de protección social.

Nos resistimos a aceptar que una crisis de las finanzas públicas pueda erigirse en el argumento para dilapidar años y años de avances sociales. También nos resistimos a creer que sea insostenible un modelo de Estado, el de las autonomías, que, con sus altibajos, ha sido el que mejor ha servido para un crecimiento equilibrado y cohesionado de España.

Y por encima de todo, no podemos tolerar retroceder en la igualdad de oportunidades cuya mejor expresión la encontramos en la educación pública, la sanidad universal y la atención de las personas mayores o en situación de dependencia.

Creo en el principio de estabilidad. No comparto, sin embargo, el de déficit cero que es más un prejuicio ideológico que una norma de buen comportamiento para todo tiempo y lugar.

Creo también en que es necesaria una senda de reducción de los desequilibrios financieros de las distintas administraciones públicas. Andalucía, que se ha comprometido con ello, va a cumplir sus compromisos. Pero eso no me impide repetir que la forma en que estamos afrontando este problema es un error. O, mejor dicho, varios errores.

Lo es subordinar el empleo al objetivo de déficit. Lo es fijar unos plazos excesivamente cortos para la consolidación fiscal. Y también es un error la distribución del déficit entre las distintas administraciones sin atender a las competencias de cada una de ellas.

Pero, sobre todo, es un tremendo error porque se olvida que el principal problema del endeudamiento no está en el sector público cuya deuda apenas supone una quinta parte del total, sino en el sector privado, en las familias, las empresas y la banca.

Austeridad sí. Pero no sólo austeridad. Miren al otro lado del Atlántico y verán cómo EEUU, más que la zona Euro, con desequilibrios fiscales y comerciales importantes, ha preferido relajar los esfuerzos de contención del déficit para tener margen y estimular la economía. Lo contrario es lo que hacemos en la UE y en España. Allí se ha contenido el paro y aquí lo tenemos desbordado.

Equilibrar las cuentas públicas es un buen objetivo si con ello no deprimimos la economía y aumentamos el desempleo. Por eso patrocinamos estabilidad en el ciclo que es la que ha venido practicando Andalucía en los últimos años.

A lo largo de los últimos meses hemos oído muchas declaraciones sobre el estado de las finanzas andaluzas. Falsas y temerarias. Hemos sido responsables y prudentes a la hora de contestar porque, a diferencia de quienes las han propagado, nuestra lealtad con España nos ha aconsejado no iniciar una espiral de confrontación que, estén seguros, habría puesto en riesgo, aun más, la estabilidad financiera de nuestro país que está pasando momentos muy delicados.

Pero, a la luz de las circunstancias y a la vista de que hemos de formar Gobierno y afrontar un camino de estabilidad y diálogo, me veo obligado a recordar lo siguiente:

1º) El gobierno andaluz, a diferencia del resto de los gobiernos autonómicos, ahorró en tiempos de crecimiento y redujo su deuda hasta situarla un 26% más baja que la del resto de las comunidades autónomas. Entre 2004 y 2008 sumamos un superávit de 3.500 millones de euros, frente a un déficit acumulado del resto de las comunidades autónomas de 5.200.

2º) Aun en estos momentos de crisis, nuestro endeudamiento, pese a que ha crecido año a año, sigue siendo casi un tercio más bajo que el del resto de las comunidades.

3º) Según los últimos datos del Banco de España, la deuda por habitante de Andalucía es de 1.784 euros -incluidas empresas públicas-, frente a 3.584 euros del resto de las comunidades autónomas: la mitad.

4º) Nuestro déficit en 2011 estuvo en la media del déficit de las comunidades autónomas (un poco más alto en términos de PIB y algo más bajo en términos de población).

Con estos datos, todos ellos verificables por cualquier ciudadano, las declaraciones que se han hecho son, han sido, una temeridad y un juego político irresponsable.

En Andalucía todas las facturas a proveedores están contabilizadas y remitidas al Ministerio de Hacienda. Y todas están por debajo de la media del débito por habitante del resto de las comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía trabajará para que las relaciones con el Estado descansen siempre sobre el principio de cooperación. Es el momento de poner el contador institucional a cero.

Para ello resulta muy importante y urgente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que se puedan alcanzar consensos básicos sobre las prioridades de ingresos y gastos de las administraciones públicas y las políticas adecuadas para comenzar la recuperación económica.

No es la primera vez que me oyen reclamar esta convocatoria. Nunca como ahora ha sido más necesario lanzar un mensaje de unidad y compromiso de todas las administraciones y partidos políticos con los desafíos a los que nos enfrentamos de manera conjunta. Lo importante no es quién tiene que reducir el déficit, sino qué hay que reducir.

Señorías, permítanme la insistencia: la situación de España nos llama al consenso y no a la imposición. Por eso, y sin perjuicio del diálogo institucional con el Gobierno de España y con las corporaciones locales y del diálogo social con los agentes económicos y sociales, sindicatos y asociaciones de empresarios propongo que, en esta Cámara, busquemos entre todos nosotros puntos de coincidencia en distintos aspectos que resultan de singular importancia para Andalucía.

Le propongo cuatro puntos para este diálogo sin perjuicio de los que puedan añadirse:

En primer lugar, sobre una Agenda Andaluza por el empleo. Pongámonos de acuerdo en las medidas que hemos de impulsar para lograr combatir el paro y en especial el paro juvenil y el de larga duración.

En segundo lugar, diálogo sobre el modelo de protección social y su consolidación a corto, medio y largo plazo. Sanidad, servicios sociales, educación y ayuda a la dependencia.

En tercer lugar, sobre la colaboración institucional y el desarrollo del Estado de las Autonomías a partir de una mayor cooperación. Sin criminalizar a nadie, sabiendo que a lo mejor hay que adelgazar algo, pero no siempre le corresponde a las comunidades autónomas.

Y, en cuarto lugar, sobre la financiación autonómica y los objetivos de la estabilidad fiscal.

Por ello, señorías, si obtengo la investidura y una vez formado el Gobierno, convocaré a todas las fuerzas políticas para iniciar este diálogo. Un diálogo que, como es lógico, deberá hacerse en el Parlamento, a partir de las aportaciones de cada una de las partes. Sin dogmas, sin pensamiento único. Las nuestras se formularán a partir de los objetivos y medidas recogidos en el Acuerdo suscrito entre PSOE-A e IU. Un Acuerdo por Andalucía que es conocido por todos, pues hemos dado publicidad a todas sus medidas.

Supone en lo esencial un triple compromiso: con el empleo, con los derechos sociales y con la transparencia.

El empleo es el objetivo más importante del acuerdo. Es la mayor preocupación de los andaluces y andaluzas, y es sin duda también la nuestra. Para ello, más allá de los planes de choque que detallaré más adelante, pretendemos impulsar un gran acuerdo por el empleo que comprometa a todas las instituciones, a los agentes sociales y al conjunto de la sociedad. Un acuerdo que, por parte de la Junta de Andalucía, contemplará la reprogramación de los fondos europeos, el apoyo a autónomos, a la economía social y a PYMES y medidas fiscales de apoyo a la creación de puestos de trabajo.

En este mismo año estará diseñada una Agenda por el empleo encaminada a sumar energías, a sumar voluntades. Una agenda que nos permita hacer todo lo posible desde lo público para que lo privado, el empresariado andaluz, genere empleo.

Nuestra Agenda por el empleo parte del impulso de la concertación social, del imprescindible concurso de voluntades de empresarios y sindicatos como sujetos protagonistas de la actividad económica y de la creación de empleo.

Pretendemos impulsar el empleo en el marco de un modelo productivo sostenible. En la anterior legislatura ya dedicamos recursos económicos y, sobre todo, orientación política para esta renovación del modelo productivo.

Para ello, hemos de seguir potenciando las fortalezas de nuestros sectores tradicionales: la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria agroalimentaria, el turismo, el comercio, la construcción y los sectores industriales maduros.

Pero, al mismo tiempo, hemos de seguir apostando por sectores estratégicos de futuro como la industria aeroespacial, las energías renovables, la biotecnología y biomedicina, la economía digital y servicios empresariales, las industrias culturales en red, la economía verde o los servicios de proximidad para las personas, sectores, todos ellos, en los que Andalucía puede ejercer un claro liderazgo y que darán solidez a la estructura económica andaluza.

Y, por supuesto, hemos de compatibilizar el crecimiento económico con el uso responsable de los recursos naturales y con la conservación del medio ambiente.

Pero la llave del modelo, la que multiplicará nuestra capacidad de crear riqueza y empleo es, y será, la educación. Tenemos unas tasas de desempleo juvenil muy altas. Combatirlas nos obliga no solo a programas que generen oportunidades de empleo para los jóvenes sino, además y sobre todo, a mejorar su formación.

Para ganar la batalla a la crisis económica y salir de la misma en mejor situación de la que entramos es necesario concentrar los esfuerzos en la formación del capital humano y potenciar valores como la equidad, el esfuerzo, la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

El sistema educativo debe convertirse, por consiguiente, en un elemento esencial de la lucha contra el desempleo y en uno de los motores que permita a la sociedad andaluza generar altos niveles de crecimiento sostenible. La educación no es un gasto, es una inversión.

El Informe Global sobre Competitividad del Foro Económico Mundial, presentado el pasado mes de septiembre, recoge que en España, por cada euro que se invierte en la educación secundaria superior de un joven se obtiene un retorno de 3,9 euros. Se trata de una fenomenal inversión que, solo desde la miopía más absoluta, puede verse como un gasto corriente.

Contamos en Andalucía con un sistema educativo plenamente homologado con el del resto de España y con los de los países de la Unión Europea. Eso sí. Nuestro punto de partida, que tantas veces se olvida, fue muy distinto al de la inmensa mayoría de las regiones españolas. Hace treinta años, en una Andalucía rural, el 12% de la población era analfabeta y sólo estudiaba una cuarta parte de los jóvenes que estudian actualmente. Además, los que lo hacían tenían que compatibilizar los libros con el trabajo agrario y no pasaban más de cinco años de media en el colegio, frente a los 16 actuales. Esa es la historia y hay que conocerla.

Hoy nos encontramos una escuela pública con pizarras digitales, con ordenadores portátiles, con comedores, con aulas matinales, con clases de distintos idiomas. Ahora nadie queda excluido del sistema escolar por su condición social. Y si se queda fuera un niño, el sistema le persigue hasta devolverle a las aulas. Le persigue, incluso, cuando ya es adulto para convencerle, por medio de becas de segunda oportunidad, de que vuelva a seguir formándose.

Y todo esto debe seguir avanzando. No podemos permitirnos retroceso alguno en este terreno. Y hacerlo exige seguir invirtiendo en educación; en educación pública con igualdad de oportunidades. Y en Andalucía más, porque tenemos un sistema educativo en permanente crecimiento.

Una cuarta parte del alumnado español es andaluz y un tercio de los alumnos nuevos que se escolarizan es España lo hace en Andalucía. Por eso, en otras CCAA que están perdiendo población en edad escolar desde hace años, el aumento de la ratio alumnos por aula es pura retórica sin consecuencias reales. Pero en Andalucía, la comunidad donde más crece, con diferencia, la población escolar, ese aumento es una amenaza cierta. Un retroceso que no nos podemos permitir.

Por eso mismo, señorías, otras comunidades autónomas no precisan de oposiciones al profesorado mientras que en Andalucía son imprescindibles para mantener la calidad del sistema público educativo.

No les hablo de cuestiones menores. Les hablo de decisiones que pretenden recortar gastos pero que en realidad hipotecan nuestro futuro. Les hablo de una ruptura del principio de igualdad de oportunidades. Y les añado que en esto no vamos a retroceder.

No estamos dispuestos a ello. Así que, si obtengo el respaldo de la Cámara, no habrá otra prioridad en mi Gobierno que pueda competir con la educación. Ninguna.

Repito, señorías: La sociedad crece y se hace mejor con la educación y nuestro futuro económico tiene sus cimientos también en ella: en una educación pública, de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. Pero la economía cotidiana necesita también combustible para seguir funcionando; es decir, dinero para la inversión empresarial.

La dimensión financiera de la crisis es innegable. Uno de los grandes problemas que estrangula la actividad económica de miles de PYMES viables y con capacidad para generar empleo es que no encuentran dinero para mantener o impulsar su negocio; que los bancos no les dan crédito.

Queremos contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a solucionar ese problema con la creación de una entidad financiera pública que mejore la financiación de las PYMES. Crearemos, para ello, el Instituto Público de Crédito Andaluz, que comience su andadura, sin perjuicio de posteriores iniciativas financieras, poniendo a disposición de las PYMES andaluzas fondos reembolsables para articular préstamos, préstamos participativos, etc. Una entidad financiera que ponga en marcha un sistema de compensación de deudas entre pagos y cobros recíprocos.

Señorías, el empleo, insisto, es la prioridad. Pero al compromiso con el empleo, le sumamos un compromiso con los derechos sociales de las familias andaluzas, aquellos que nos permiten la igualdad. Preservarlos y consolidarlos será el segundo eje de la acción del nuevo Gobierno andaluz.

En la campaña electoral advertimos de que el Gobierno de España aguardaba a que pasaran las elecciones andaluzas para sacar a la luz sus medidas más drásticas sobre nuestro sistema de protección social. Y creo que así ha sido. No podíamos imaginar que los Presupuestos Generales del Estado y decretos leyes complementarios estrecharían tanto el margen de las comunidades autónomas.

Andalucía está obligada a cumplir las leyes que emanan del Congreso de los Diputados, y más allá de los recursos que podamos interponer contra las normas que no respeten nuestras competencias o que se excedan en su legalidad constitucional, lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular ha decidido cargar la mayor parte de los sacrificios derivados de la estabilidad presupuestaria a la cuenta de la educación, la sanidad y las ayudas a la dependencia, sin debate previo.

El impacto de los PGE sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía ha sido cifrado de forma provisional en algo más de 2.600 millones de euros, lo que nos llevará a reformular el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012. De ello, de las modificaciones que hayan de hacerse, tendrá información inmediata este Parlamento.

Habrá que determinar las asignaciones de esos presupuestos. Ahora bien, tenemos claro que nuestras prioridades van a seguir siendo la educación y la sanidad públicas y que analizaremos cada partida presupuestaria buscando el impacto menor en las áreas sociales.

Y, sobre todo, en Andalucía ninguna decisión presupuestaria va a traducirse en privatizaciones. Con más recursos económicos o con menos recursos, el compromiso de mi Gobierno será respetar el patrón de nuestro modelo social basado en lo público como garantía de la igualdad de oportunidades.

Por eso, más allá de las restricciones presupuestarias impuestas, encontraremos y defenderemos fórmulas de gestión que nos permitan ahorrar sin recortar derechos. No es comprensible que se impongan fórmulas de copago sanitario y, al mismo tiempo, se pongan zancadillas a la subasta de medicamentos.

Y desde luego déjenme que les exprese nuestra preocupación, nuestro rechazo por el Real Decreto Ley que ha supuesto un grave paso atrás en la universalización de la sanidad, al cambiar el Sistema Nacional de Salud por un sistema de aseguramiento. Esto, señorías, es muy grave. No solo porque cambia el concepto básico de ciudadanía como acreedor del derecho de protección de la salud por el de asegurado para tener acceso a la protección de la salud, sino porque va a dejar fuera de cobertura a miles de personas.

Las decisiones que afectan a nuestro modelo de convivencia exigen el máximo consenso, no vale la aritmética parlamentaria. Por eso vuelvo a repetir que es tiempo de diálogo. Como he dicho, mi Gobierno será fuerte en el diálogo, y agotaremos los espacios institucionales y políticos para mantenerlo. Tiempo para defender lo público y denunciar, si fracasa el diálogo, los ataques injustificados que reciba. Es tiempo también de plantear alternativas. El Gobierno puede imponer un programa de contención del déficit pero no puede imponer un programa ideológico que, por cierto, no figuró en su oferta electoral el pasado 20 de noviembre.

La educación y la sanidad públicas constituyen el corazón de nuestras competencias y a su preservación destinaremos nuestra capacidad política, en permanente diálogo con las familias, con el profesorado y los profesionales sanitarios, y con las asociaciones que trabajan en dichos ámbitos. Un diálogo permanente que refuerce lazos para su sostenibilidad y su defensa.

La creación de empleo es indispensable para la consolidación de nuestro sistema de protección social. Pero también lo es, sin duda, una política fiscal justa y una lucha decidida contra el fraude fiscal y social.

Seguiremos por ello avanzando en la progresividad de los impuestos sobre los que tenemos capacidad normativa y explorando las oportunidades no solo recaudatorias sino, sobre todo, disuasorias que ofrece la denominada fiscalidad ecológica.

La lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude social, siempre necesaria, lo es aún más en un momento marcado por la estrechez presupuestaria y por la necesidad de legitimar las prestaciones y servicios públicos no solo en razones de justicia, sino también en su uso racional, cívico y sostenible.

Repito, pues: Empleo, derechos sociales y transparencia. Si permitimos que la ciudadanía rechace la política, los mercados y los partidos que representan sus intereses se habrán salido con la suya. Atajar el descrédito de la actividad pública se convierte también en un objetivo imprescindible. Sólo una democracia fuerte podrá hacer frente a la indudable fortaleza que hoy tienen los poderes no democráticos.

Andalucía ya ha sido avanzadilla en reformas e iniciativas parlamentarias que nos han mantenido en la vanguardia de la calidad democrática. Esta legislatura nos permitirá dar nuevos pasos que refuercen la confianza y la participación de la ciudadanía en la política. Evaluación participativa; carta de compromiso ético; refuerzo del control y la supervisión de la gestión pública; más transparencia y acceso a la información; gobierno abierto, son objetivos que merece la pena alcanzar y verdaderos antídotos contra la opacidad y la corrupción.

Cuando se comete una irregularidad por parte de cualquier responsable público, no solo se hace daño a las arcas del Estado; se hace un daño, aún más difícil de reparar, a la propia actividad política. Soy consciente del impacto en la opinión pública andaluza que ha tenido el fraude en los ERES. Sé que muchos andaluces y andaluzas han valorado la rápida reacción que tuvimos en su investigación y denuncia, pero también sé que nuestros votantes nos han dado su confianza con el encargo implícito de erradicar este tipo de conductas de la vida política andaluza.

Por encima del estruendo que provocan los deshonestos hay una mayoría de cargos públicos que se desvelan por el interés general sin anteponer jamás ningún tipo de interés personal. Esa es la política que merece la pena y la política que tendrá capacidad para cambiar las cosas; la única con cabida en mi Gobierno.

Ética y solvencia son los dos valores que caracterizarán al futuro Gobierno de Andalucía. Ética y transparencia para revitalizar la democracia. Ética para considerar inaceptable cualquier forma de abuso o corrupción. Y solvencia en la gestión económica y en las líneas de nuestro modelo de crecimiento y generación de empleo.

Ética y solvencia, como características de un Gobierno realista, que no va a engañar a nadie ni a prometer lo imposible, pero que hará lo imposible para cumplir sus promesas.

Ética para defender nuestro derecho a la memoria, solvencia para afrontar el futuro aprendiendo de los errores del pasado. Ética para comprender los retos ambientales a los que nos enfrentamos, solvencia para abordarlos sin comprometer el desarrollo. Ética y solvencia para no abandonar el rigor

Ética y solvencia como cualidades de los buenos gobernantes: Ética no sólo para gobernar con transparencia. Ética en nuestra defensa de lo público como factor de cohesión. Ética para saber que la igualdad de oportunidades es un bien supremo que forma parte del tuétano estatutario, del hecho diferencial de Andalucía.

Mi Gobierno tendrá los pies en el suelo pero sabrá levantar la mirada para encontrar los mejores caminos. Tendrá los pies en el suelo pero sabrá elevar la voz para denunciar los errores y los abusos de quienes tomen decisiones arbitrarias y lesivas para Andalucía y nuestra gente. Y cumplirá las leyes, faltaría más. Pero con voz muy clara para denunciar las leyes que nos parezcan injustas.

Si resulto elegido Presidente, mi Gobierno traerá a este Parlamento 28 Leyes para su debate y aprobación. Permítanme destacar de entre ellas:

– La Ley de Fiscalidad Ecológica,

– La Ley contra el fraude fiscal y social,

– La Ley de Participación Ciudadana e Institucional,

– La Ley de Transparencia y Acceso a la Información,

– La Ley Integral de Agricultura,

– La Ley contra el Cambio Climático.

– La Ley de Servicios Sociales,

– La Ley de Memoria Democrática para Andalucía

– La Ley de Espacios Protegidos

– La Ley de la Investigación, Desarrollo y Aplicación de las Energías Renovables y

– La Ley de la Eficiencia Energética de Andalucía.

También quiero resaltar que constituiremos un Grupo de Trabajo para analizar la legislación vigente y el alcance de una futura renta básica de ciudadanía, que pudiera dar respuesta a las situaciones más penosas de falta de recursos con las que viven las familias más dañadas y urgidas por la crisis.

Propondremos también la reforma de las actuales Leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género para seguir profundizando en las políticas de igualdad que tanto han contribuido al cambio estructural de Andalucía.

No podemos permitirnos que la crisis arruine el largo camino andado por las mujeres andaluzas ni dificulte todavía más el camino que tienen por delante. Sus derechos, su pleno desarrollo personal y profesional, son un componente imprescindible de cualquier sociedad decente y moderna y han sido, en estos últimos años, el mayor impulso de modernización de Andalucía. Y es que la igualdad de género es sin duda un imperativo constitucional. Pero también es parte importante de un modelo de crecimiento económico sostenible basado en el conocimiento.

Finalmente quiero traer a colación la Iniciativa Legislativa Autonómica a la que dimos curso al término de la pasada legislatura. Las Cortes Generales tendrán en su mano la resolución definitiva del contencioso abierto en torno a las competencias sobre el Guadalquivir, cuyo carácter andaluz y relevancia estratégica son incontestables.

Señorías, el diálogo político entre el PSOE e IU ha sido fructífero y su desarrollo será clave para dar estabilidad política en los próximos años. Tenemos a las puertas la discusión, en curso, de las próximas perspectivas financieras de la Unión Europea 2014-2020, que son de una enorme trascendencia para Andalucía.

Ahora que surgen voces críticas respecto del papel de Europa en esta crisis, bueno es recordar que Andalucía ha gozado en estos últimos 25 años, de un apoyo decisivo de la Unión Europea; y que podemos decir con orgullo, que somos un ejemplo en Europa del buen aprovechamiento de los fondos europeos.

La consagración, en los acuerdos del Consejo Europeo, del concepto de regiones intermedias (entre las regiones de cohesión y las regiones de convergencia), nos parece fundamental para Andalucía. También lo es su suficiente dotación financiera, de dos tercios de los fondos del marco presupuestario anterior, en la propuesta de la Comisión Europea.

En este terreno es importante el consenso de todas las fuerzas políticas andaluzas y, desde ese consenso, colaboraremos con el Gobierno de España para defender eficazmente nuestros intereses.

En este ámbito de nuestras relaciones con la UE, hemos de tener también presentes las relaciones de vecindad tan importantes para Andalucía.

Lo son, desde luego, las relaciones económicas sociales y culturales, con nuestros vecinos europeos (Portugal) y africanos (Marruecos). En esa proyección, y dentro de una política de Estado de España, debemos ser capaces de desarrollar programas de cooperación que nos permitan intensificar nuestros vínculos en todos los órdenes.

Finalmente, en relación con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Político por Andalucía quiero anunciarles la inmediata puesta en marcha, caso de obtener la investidura, de un conjunto de medidas.

Con carácter urgente, para ejecutar en este mismo año 2012, aprobaremos: Un Plan de Choque contra el Desempleo, especialmente para jóvenes y parados de larga duración, dotado con 200 millones de euros que contemplará un Programa en materia forestal, con recursos adicionales a las partidas que se destinan a mantenimiento de superficies forestales, reforestación y explotación de montes.

Un Programa de apoyo al empleo en la rehabilitación de viviendas. Y la Ampliación del Plan de Oportunidades Laborales con recursos adicionales para intervenciones en edificios correspondientes a colegios públicos.

En segundo lugar, nos proponemos poner en marcha un Plan de Choque para la Inclusión Social, que partirá del desarrollo integral de los sistemas de inclusión, dando prioridad a las oportunidades laborales. Estará dotado en el horizonte de la legislatura con, al menos, 320 millones de euros.

Igualmente, con carácter inmediato, el nuevo Gobierno de Andalucía propondrá una serie de medidas orientadas a fortalecer la transparencia en la gestión pública y el funcionamiento parlamentario.

Abordaremos la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía para facilitar la constitución de Comisiones de Investigación y se propondrá un programa de Parlamento Abierto para la mejora de los mecanismos de participación directa en el ámbito parlamentario.

Como están comprobando, el acuerdo alcanzado para esta investidura con IU-CA supone compartir políticas, compartir programa y compartir gobierno. Una política, un programa y un gobierno que asume un compromiso claro en tiempos difíciles, y que lo hace con responsabilidad e iniciativa.

Soy socialista por elección. Hoy hace 133 años que se creó este gran partido que es el Partido Socialista. Nací en una familia conservadora que supo apoyarme en mi libertad de elegir. Me apoyó en la afirmación de mis convicciones y me transmitió lo más hermoso: la ambición de ser útil. Por eso, desde mis ideas que creo compartir con una gran mayoría de andaluces y andaluzas, quiero, para finalizar, dejar claro que, sobre todo, vamos a trabajar por la igualdad.

Igualdad es lo que permitió a un niño huérfano de padre, educado por una madre pobre, sorda y analfabeta, alcanzar el premio Nobel de literatura. Se llamaba Albert Camus y, después de recibir su premio, escribió a su viejo profesor: «Mi primer pensamiento, después de mi madre, ha sido para usted. Sin usted, sin esa mano afectuosa que tuvo tendida al niño pobre que yo era, sin su enseñanza, sin su ejemplo, nada de todo esto habría llegado.»

Es por la igualdad por lo que debemos esforzarnos, porque la igualdad retrocede a marchas forzadas y por todas partes. A medida que se instalan políticas antiguas y prosperan arrogantes y codiciosas surgen nuevos privilegios y se fractura la sociedad con el empobrecimiento de las clases medias trabajadoras.

La igualdad que no es igualitarismo, es igualdad de oportunidades. La igualdad que no es beneficencia, es justicia. No se trata de nada imposible, está a nuestro alcance. Se lo decía Don Quijote a Sancho: «Cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia».

Señorías, soy consciente de la envergadura del desafío. Sé que en estos momentos hay mucha gente, no sólo andaluces y andaluzas, que nos están escudriñando, mirando atentamente porque representamos para unos sus temores y para otros la esperanza de mostrar un camino distinto. Les pido confianza.

La confianza es una palabra que no figura en las leyes o en los reglamentos, que no cuesta nada pero que puede producir mucho. Ella dirige muchas cosas. No resuelve nada por ella misma, pero permite todo si se sabe atraerla.

Señorías, porque quiero devolver la confianza a los andaluces y a las andaluzas, les pido la suya.