Señor Presidente.

Comparezco ante SS. SS. para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia, y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas no resueltos, corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.

El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular, que concurrió a los comicios junto con el Partido Aragonés y la Unión del Pueblo Navarro, en la opción política más votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de mayoría absoluta en el Congreso. De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la legislatura. En primer lugar, una voluntad de cambio político. En segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, de más decisiones compartidas en nuestra vida pública.

Este es el séptimo debate de investidura de nuestra reciente historia constitucional. Sólo en dos de los anteriores, el grupo al que pertenecía el candidato dispuso de la mayoría absoluta en el Cámara, mientras que en los restantes se otorgó la confianza al candidato perteneciente al grupo que contaba con la mayoría relativa en el Congreso. Estamos viviendo hoy, en suma, señorías, un momento más de normalidad en nuestro sistema constitucional. Uno de esos momentos también en los que la democracia muestra su gran virtud: permitir, mediante el ejercicio de la voluntad popular, la alternancia política en la continuidad histórica.

Señoras y señores Diputados, al asumir la responsabilidad de presentarme ante SS. SS. para solicitar la confianza de la Cámara lo hago con la convicción de que el interés de España exige la formación de un Gobierno estable, con un programa capaz de afrontar los problemas que tiene la sociedad española y con vocación de agotar la legislatura. La Cámara conoce, al igual que conoce la opinión pública, que el Partido Popular ha mantenido intensas conversaciones con Convergència i Unió, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, en el curso de las cuales se ha puesto de manifiesto un apreciable grado de coincidencia en la visión sobre las necesidades y los problemas de España, así como en las posibles vías de su solución. Tales coincidencias y la común voluntad de cooperación han cristalizado en tres acuerdos, cuyo carácter público ha permitido a la opinión conocer su contenido en todos sus extremos y formar juicio sobre ellos.

El acuerdo de investidura y gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y Convergència i Unió contiene unos objetivos comunes y unos acuerdos específicos, de entre los cuales me permito subrayar la reforma del modelo de financiación autonómica con carácter general para las comunidades autónomas no forales.

El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco compromete a ambas formaciones políticas a perseguir la estabilidad en el ámbito parlamentario y a procurar el desarrollo concordado del Estatuto de Guernica.

El acuerdo de estabilidad institucional entre el Partido Popular y Coalición Canaria se inspira en los mismos principios de los documentos enunciados y dedica una consideración singular a las peculiaridades y problemas derivados de la condición ultraperiférica de aquella Comunidad.

Tengo la convicción de que estos acuerdos constituyen la mejor base para una colaboración leal, fecunda y transparente, que permita desarrollar al servicio de los ciudadanos la acción del Gobierno de España.

Los acuerdos y las conversaciones a las que me acabo de referir se han desarrollado con un profundo respeto a los ideales que definen la identidad de cada grupo
político. Va a ser ésta una legislatura de intensa colaboración política y parlamentaria y quiero decir aquí, al inicio de mi intervención, que no se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles.

Los problemas que hemos de afrontar son, como SS. SS. conocen bien, de gran envergadura, y en algunos aspectos tienen viejas raíces, pero la experiencia de casi dos décadas de democracia nos invita a ser optimistas.

Los españoles, en circunstancias no fáciles, hemos sabido dotarnos de un modélico ordenamiento constitucional, garante de nuestra convivencia; hemos dado pasos fundamentales en la empresa inédita de la construcción del Estado autonómico y hemos culminado nuestra vocación de integración europea. Estos tres elementos constituyen un marco sólido, que es ya un irrenunciable patrimonio común. Es ese marco el que nos proporciona la certeza de alcanzar nuevas metas si actuamos con inteligencia, con generosidad y con ambición.

Desde su momento fundacional nuestra democracia se ha identificado con una voluntad de reconciliación y de integración. Esta voluntad impulsó las tareas que permitieron logros tan importantes como los señalados y esa voluntad es la que nos debe impulsar también a realizar la tarea común que nos corresponde ahora.

Los españoles hemos sabido conjugar la existencia de políticas diversas, consecuencia del pluralismo político, con el mantenimiento de unos acuerdos permanentes sobre cuestiones que fundamentan nuestra convivencia y definen nuestra presencia en el mundo. La alternancia en el Gobierno no tiene por qué afectar a esos consensos básicos que se refieren a nuestra política exterior, a nuestra posición en Europa, a la política de defensa, al desarrollo del Estado de las autonomías, al funcionamiento del Estado de Derecho, a la solidaridad social y territorial y a la lucha contra el terrorismo. En estas áreas tendremos que tomar decisiones relevantes en los próximos años, y quiero afirmar que será voluntad del Gobierno que me propongo formar, si obtengo la confianza de la Cámara, lograr los acuerdos más amplios posibles, porque afectan al conjunto de valores que compartimos la gran mayoría de grupos parlamentarios.

El programa que someto a la confianza de SS. SS. responde, pues, a la lógica política y parlamentaria derivada de las elecciones; es fruto del diálogo, de la voluntad de la cooperación y de los acuerdos alcanzados con los grupos a los que antes hacía referencia. Es un programa que, integrando planteamientos y aportaciones de cada formación, tiene como ejes impulsar la economía con objeto de crear empleo, mejorar el bienestar de los españoles, desarrollar el Estado de las autonomías, revitalizar nuestra democracia y fortalecer la presencia de España en Europa y en el mundo. Es también un programa que está abierto a la colaboración de aquellos grupos parlamentarios que no me otorguen su confianza en esta sesión. Sin perjuicio de la natural dialéctica entre Gobierno y oposición, debemos de encontrar una amplia zona de entendimiento para lograr objetivos que son vitales para nuestro futuro.

Señoras y señores Diputados, quiero que la etapa que se inaugura se caracterice por un nuevo estilo de gobernar basado en la austeridad, la transparencia, la cercanía a los ciudadanos y sobre todo el diálogo, un constante y enriquecedor diálogo con las fuerzas políticas y sociales, sin pretensión de ocupación alguna de las parcelas propias de la sociedad, de sus ámbitos naturales, de sus instituciones o de sus organizaciones. Las viejas querellas, los viejos litigios históricos, las concepciones que se basan en la división de los españoles no deberían reaparecer en nuestra convivencia democrática, porque lo que nos interesa a todos es construir el futuro, es emprender las tareas que ahora la sociedad nos pide.

En esta nueva etapa política el Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde: el centro del debate político, y ha de ser la garantía de transparencia de la vida pública. Hemos de aspirar a que los ciudadanos tengan conciencia de que es aquí donde se debaten los asuntos que afectan a sus intereses generales y a sus problemas cotidianos; aquí deben estar presentes las preocupaciones de todos los españoles, de los que buscan empleo, de los jóvenes, de los trabajadores, de los agricultores y los pescadores, de los padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos, de los pensionistas. Aquí tenemos que plantear todos los problemas que nos conciernen: la vivienda, la sanidad, la seguridad ciudadana o la droga. Y con tales propósitos de revitalizar el Parlamento, considero del máximo interés que los grupos parlamentarios adopten las iniciativas que estimen más idóneas para mejorar el funcionamiento de las Cámaras. Por mi parte, anuncio que el Gobierno que presida, si obtengo la confianza, facilitaría los medios necesarios para el buen funcionamiento de una oficina presupuestaria -si la Cámara creyera conveniente su creación- para supervisar el cumplimiento del presupuesto y la evolución del gasto público; porque el Gobierno será el primer interesado en que los españoles conozcan con precisión el destino de cada peseta que se gasta.

Señoras y señores Diputados, el programa económico que abordará el Gobierno a lo largo de la legislatura, si obtengo la confianza de la Cámara, parte de un análisis riguroso de la realidad. Es un programa que está dirigido a modernizar nuestro sistema económico y a superar los desequilibrios y anomalías que actualmente padece. Quiere dar respuesta a las verdaderas preocupaciones de los españoles: la falta de empleo, la situación de los jóvenes, el paro femenino, las deficiencias de nuestros servicios públicos y de nuestras infraestructuras,
las causas por las cuales no hay suficientes empresas en España.

El paro sigue siendo el principal problema de la economía española. Y no se trata simplemente de un problema económico o social, el paro es, sobre todo, un drama personal y familiar. Son muchos los españoles que ven comprometido su proyecto vital al no tener expectativas de encontrar un empleo estable para proyectar con confianza su futuro. Nuestra baja ocupación distorsiona gravemente el funcionamiento de la economía. El escaso empleo reduce los ingresos fiscales y ocasiona mayores gastos en subsidios y transferencias, necesarios para mantener el nivel de renta de quienes, desgraciadamente, no encuentran trabajo y de sus familias. La creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta sólo se puede lograr con un sistema productivo eficaz y competitivo, capaz de adaptarse a las exigencias de los mercados y de las nuevas tecnologías. Pero la competitividad y la eficacia exigen un marco de confianza; confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, confianza para ahorrar, para invertir, para emprender nuevos proyectos. Y es preciso también que la sociedad prime valores como el esfuerzo individual, la iniciativa y la cooperación.

Aprovechar todo nuestro potencial de crecimiento, que permita crear empleo y garantizar el bienestar social, exige llevar a cabo un conjunto ordenado y coherente de acciones de política económica y social que han de perseguir tres grandes objetivos. En primer lugar, cumplir estrictamente los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht; en segundo lugar, realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y del sistema productivo y, en tercer lugar, perfeccionar los sistemas de empleo y de protección social.

Preparar la economía española para que pueda incorporarse en buenas condiciones a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999 es un objetivo nacional cuya consecución orientará toda la acción del Gobierno. Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht van dirigidos a consolidar una economía sana y equilibrada; son requisitos imprescindibles para lograr un crecimiento sólido y crear empleo. España, lamentablemente, no cumple en estos momentos ninguno de los criterios de convergencia. Esta es la dura realidad de la que partimos, y por mucho que se pretenda lo contrario, es preciso reconocer esta situación, una situación que nos va a obligar a un gran esfuerzo para recuperar el tiempo perdido y cumplir los requisitos de convergencia en el breve plazo de 18 meses.

Quiero dejar bien claro que los objetivos de convergencia son irrenunciables y, entre ellos, la reducción del déficit es el más importante porque resulta esencial para el cumplimiento de los demás. Por esta razón, el nuevo Gobierno mantendrá para el presente y el próximo año el compromiso de cumplir el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, establecido en el Programa de Convergencia actualizado, que debe quedar en el 4,4 por ciento de producto interior bruto en 1996 y situarse en el 3 por ciento en 1997.

Tras la verificación del estado de las finanzas públicas, el Gobierno adoptará las medidas conducentes al logro del mencionado objetivo y confío contar con el respaldo de la Cámara, que ya asumió aquel compromiso, cuando haya de plasmarse en medidas concretas.

Es evidente que no es posible contener el gasto y controlar el déficit sin la efectiva colaboración de todos los agentes públicos. En la actualidad más de una tercera parte del gasto público está administrado por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, por lo que el cumplimiento de los criterios de convergencia económica es una responsabilidad de todos. Por ello, el Gobierno impulsará un compromiso de austeridad entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que permita alcanzar con éxito, de manera coordinada y solidaria, los objetivos propuestos. Por su parte, el Gobierno asume el compromiso de que el conjunto del gasto público en 1996 y 1997 no crezca en ningún caso por encima de la inflación.

Para dar cumplimiento a este exigente propósito se iniciará con carácter inmediato un conjunto de reformas legales y administrativas. Me propongo impulsar la reforma de la Ley General Presupuestaria para introducir mayor racionalidad en la elaboración de los presupuestos, reducir la discrecionalidad en su ejecución, aumentar la transparencia en todos los organismos públicos, controlar mejor las subvenciones y reducir la morosidad de las administraciones públicas. Por otro lado, con objeto de garantizar la eficacia del control del gasto público, se reforzarán las funciones de la Intervención General del Estado, se reformará la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y se establecerá una oficina presupuestaria en la Presidencia del Gobierno, como expresión de un compromiso directo con este objetivo. Pero la mejora en los mecanismos de control interno y externo sería estéril sin una política decidida de austeridad en la Administración que permita reducir sus gastos de funcionamiento. Con carácter inmediato se acometerá un conjunto de actuaciones con tal finalidad.

La reducción del déficit público contribuirá a la bajada de los tipos de interés y facilitará el cumplimiento de los objetivos de inflación previstos en el Tratado. Ambos factores son necesarios para proporcionar a las empresas españolas un marco estable y para reducir sus costes financieros.

Señor Presidente, el segundo objetivo de nuestro programa económico persigue realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento
de los mercados y nuestro sistema productivo y alcanzar así una economía más eficiente y competitiva.

La política económica del Gobierno que aspiro a presidir parte del convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía. España necesita más y mejores empresas, son ellas las que crean empleo.

La nuestra será una política en favor de la empresa, dirigida a crear un marco en el que pueda cumplir su papel. En particular, se orientará a estimular la inversión y el ahorro energético y a incrementar los recursos destinados a la formación y a la investigación y desarrollo.

Para que nuestras empresas sean competitivas es también necesario un marco jurídico estable. La inseguridad del tráfico mercantil afecta cada vez más a la actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos necesitan un respaldo especial, porque del éxito de su actividad depende, en gran medida, la generación de empleo. Con tal finalidad, se promoverán medidas específicas orientadas a mejorar el entorno administrativo, financiero y fiscal en el que estos empresarios desarrollen su actividad. En esa dirección nos proponemos simplificar sus relaciones con la Administración, mejorar los cauces de financiación y simplificar su fiscalidad para que no sea un obstáculo a la inversión y a la creación de empleo.

[…]

Señor Presidente, requisito esencial para una revitalización efectiva de la democracia es también garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y el derecho de información en un entorno cambiante en el que las innovaciones tecnológicas inciden de manera decisiva en aquellos valores. El Gobierno impulsará un modelo viable de radiotelevisión de titularidad estatal que, con mecanismos eficaces, garantice los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto al pluralismo, así como un sistema de financiación mixta con los suficientes medios de control que eviten el endeudamiento irresponsable en que ha derivado la gestión del Ente Público. Asimismo, remitirá a la Cámara un proyecto de ley que permita a las comunidades autónomas que lo deseen la privatización de sus emisoras de radio y televisión.
Señor Presidente, combatir el terrorismo constituye el primer deber del Estado en defensa de los ciudadanos y de la sociedad española. El recuerdo de sus víctimas, de tantos ciudadanos inocentes de toda edad y condición, del dolor de sus familias, es un deber de justicia y un requerimiento moral que consideramos permanente a la responsabilidad de todos ante el deber de liberarnos de tan cruel lacra.

La lucha contra el terrorismo ha de caracterizarse por la unidad de las fuerzas democráticas, la firmeza, el estricto cumplimiento de la ley y la movilización de todas las energías morales contra quienes lo respaldan.

El Gobierno que presida, si la Cámara me da su confianza, basará su acción en la preservación y potenciación de los pactos de Ajuria-Enea, Pamplona y Madrid que constituyen el mejor marco para favorecer la unidad de los partidos democráticos en esta batalla. Junto a ello, el Gobierno reforzará la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado e intensificará la coordinación y colaboración con la policía autónoma vasca. Asimismo, se continuará e intensificará la más plena y sostenida colaboración en el ámbito internacional en esta materia.

Al tiempo de celebrarse esta sesión, expresión de nuestra normalidad democrática, es justo recordar a aquellos ciudadanos españoles ilegalmente privados de libertad, en especial al funcionario José Ortega Lara, perteneciente a un Cuerpo consagrado a tutelar los derechos y a trabajar por la rehabilitación de la población reclusa.

Señor Presidente, paso a referirme a la política exterior y al proceso de integración europea.
Si recibo la confianza de la Cámara, el Gobierno continuará la política exterior de nuestra democracia, iniciada en los primeros gobiernos centristas. En los últimos veinte años España se ha integrado de pleno derecho en las grandes estructuras occidentales. Ha logrado así mayor presencia internacional, cobertura a su seguridad y ampliación de sus mercados.
Este proceso ha coincidido con los acontecimientos históricos que han sacudido de lleno al espacio europeo. En este nuevo marco hay objetivos, sin embargo, que definen de manera permanente nuestra acción exterior: Primero, la consecución de un orden internacional más seguro, basado en la paz, en la defensa de la democracia y los derechos humanos y en el respeto a las normas del Derecho internacional.

Segundo, la seguridad y defensa nacionales que basaremos en la noción de la suficiencia defensiva.

Tercero, la modernización y fortalecimiento económico de España a través de la cooperación y el impulso de las relaciones económicas internacionales, tanto en el plano bilateral como multilateral.

Cuarto, la protección de los españoles, de sus derechos e intereses en el exterior.

Quinto, la proyección exterior de la cultura española con todas su diversidad y riqueza.

En el marco de estos objetivos la política europea es la gran prioridad de nuestro presente. Quiero reafirmar mi convicción de que a España le corresponde contribuir de la manera más activa y decidida, y con voz propia, en el proyecto de la construcción europea. Esta será la orientación fundamental del Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara.

La Unión Europea va a afrontar en los próximos meses grandes cuestiones, como su ampliación, las reformas institucionales o el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Gobierno, con el respaldo de la Cámara, deberá fijar posición ante ellas teniendo en cuenta los intereses de España.

En particular, defenderemos la consideración del Mediterráneo y de Iberoamérica como objetivos de vital importancia en la proyección exterior de la Unión Europea; la agricultura mediterránea y de las regiones menos desarrolladas en el marco de los principios que inspira la política agraria común, así como nuestros intereses en materia de pesca; el fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional tendentes a reducir diferencias de riqueza y de renta con una atención particular para las zonas ultraperiféricas como el archipiélago canario.

Ante estos grandes retos, la política europea requiere el más amplio respaldo político y social. Para ello me propongo favorecer el debate y promover acuerdos en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, tal y como ya hiciéramos en la legislatura anterior.

Me propongo también fortalecer y hacer más operativa, en la formación de la voluntad del Estado, la Conferencia Sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

Señor Presidente, es en el marco de la política europea, sin olvidar ningún otro foro multilateral, donde hay que replantear la reivindicación de Gibraltar y exigir con firmeza al Reino Unido el cumplimiento de sus obligaciones, también en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero, fenómenos agravados en los últimos años.

Iberoamérica constituye una referencia prioritaria en la proyección exterior de España. El proceso de transición a la democracia llevado a cabo por la gran mayoría de las naciones iberoamericanas a lo largo de los años ochenta significa una ilusionante apuesta civil por la libertad, por el desarrollo económico y por la integración del subcontinente.
España debe comprometer, por ello, una decidida acción al servicio de la democracia –hoy todavía frágil en alguno de sus países– para dotarla de estabilidad.

El Gobierno desarrollará una política de solidaridad con los pueblos y países iberoamericanos, instrumentada, en especial, a través de la cooperación económica y cultural. Impulsaremos la participación creciente de la Unión Europea en este área y estimularemos los trabajos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones con programas concretos. El Gobierno estimulará esos trabajos, con el fin de que adquieran rigor y compromiso, para que tengan una efectiva proyección en las sociedades de los respectivos países.

Las relaciones con Estados Unidos deben insertarse principalmente en el marco de la nueva Agenda Transatlántica, que refleja la solidaridad profunda entre ambas orillas del Atlántico y la existencia de unos intereses comunes permanentes.

En relación con el mundo árabe, debo reafirmar aquí el fortalecimiento de nuestra inalterable actitud de amistad. La política exterior española tiene en el Mediterráneo, y particularmente en el Magreb, uno de sus principales escenarios de interés y de proyección. España es un interlocutor cualificado para cualquier iniciativa de diálogo y cooperación que se genere en este espacio geográfico y cultural, como se puso de manifiesto en la Conferencia de Barcelona

Es imprescindible también intensificar, en defensa de los intereses de España, nuestra presencia, directa y a través de la Unión Europea, en la cuenca asiática del Pacífico, especialmente en los campos económico y comercial.

España seguirá activamente presente en las organizaciones internacionales de que forma parte. Continuaremos contribuyendo a las actividades de la diplomacia preventiva y a las misiones humanitarias y de paz.

Nuestras Fuerzas Armadas llevan a cabo una excepcional labor en la antigua Yugoslavia. Creo interpretar el sentir de la Cámara al expresar nuestro profundo reconocimiento por su tarea.

La política de cooperación y ayuda al desarrollo debe llevarse a cabo con la colaboración de las organizaciones sociales y dar tratamiento prioritario a los países más pobres y necesitados de Iberoamérica y a los del norte de África.

Por último, en el ámbito de la política de seguridad, el Gobierno propiciará la participación activa de España en el proceso de adaptación de la Alianza Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo y apoyará la ampliación del espacio de seguridad europeo a las nuevas democracias del Centro y del Este europeo.

Tenemos el resuelto propósito de fortalecer nuestra defensa nacional, adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo, con la finalidad del mejor cumplimiento del objetivo de seguridad que debe inspirarla. Este objetivo viene delimitado por una triple referencia: la aptitud de nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo las misiones que tienen constitucionalmente encomendadas, los compromisos con la seguridad colectiva derivados de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica y la voluntad de contribuir a los instrumentos específicos de defensa en el ámbito europeo.

Para la satisfacción de estos fines precisamos unas Fuerzas Armadas más operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. Y es en esta perspectiva de preservar mejor el valor de la seguridad en la que se encuadra nuestra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del actual modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional, que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio. A tal fin, el Gobierno propondrá la constitución de una ponencia, en el seno de la Comisión de Defensa de esta Cámara, que estudie, con la voluntad de alcanzar el mayor consenso, la transformación gradual del modelo, así como la fórmula y los plazos para la supresión del servicio militar obligatorio, con una consideración cuidadosa de todos los factores económicos implicados.

Señor Presidente, acabo de trazar las líneas generales y los puntos fundamentales del programa de gobierno para el cual solicito la confianza de la Cámara. El debate me permitirá aclarar o ampliar las cuestiones que tengan a bien plantear los grupos parlamentarios. Pero antes de él, permítanme que haga unas consideraciones finales.

El programa con el que me propongo gobernar contiene una serie de reformas que afectan a nuestra vida social, económica y política. Son –me parece– reformas realistas y ambiciosas, cuyos objetivos son alcanzables, aunque muchos de ellos requieren un notable esfuerzo y una decidida voluntad política para ponerlas en marcha, y están orientadas a dar en los próximos años los pasos que España necesita para avanzar en su modernización: que los ciudadanos sean más libres, la sociedad más abierta y ofrezca más oportunidades, la democracia funcione mejor, la economía sea más flexible y dinámica y se fortalezca la solidaridad entre los españoles.

Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es que caiga en la inercia y en la resignación. La alternancia en la democracia es el mejor método de superar estos dos peligros, porque nadie posee el don de disponer de recetas válidas para todas las estaciones.

Pero en una sociedad compleja, desarrollada y democrática, los avances han de hacerse por la vía de las reformas. Lo que quiere decir que hay que asumir todo lo válido que se recibe y adoptar las medidas que favorezcan el dinamismo de la sociedad.

El programa de gobierno se basa en la confianza en la sociedad española, porque en los próximos años el protagonismo de ese esfuerzo modernizador ha de corresponderle más intensamente a ella. Si se me permite decirlo así, a los poderes públicos les compete servir con más modestia y mejor a la sociedad española. En todo caso, este impulso reformador exigirá mucho diálogo, mucha comprensión recíproca y el abandono de muchos prejuicios. Es a lo que yo invito a las fuerzas políticas y a todos los españoles.

Sólo con reformas en la buena dirección la economía progresará, se consolidará y mejorará el Estado social de Derecho, se fortalecerá nuestra convivencia y podremos participar desde posiciones sólidas en la construcción europea.

No podemos quedarnos parados. Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución, España podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia.

Señoras y señores Diputados, para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara.