Al celebrarse hoy el Día de la Juventud que instituyéramos hace dos años en este mismo lugar, retorno a él con renovada fe en el futuro de Chile.

Concurro así a la invitación que me ha formulado el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que también celebra en esta noche el segundo aniversario de su creación, como un movimiento propio y responsable de la juventud chilena, que quiso identificar su compromiso con la defensa y proyección histórica del 11 de septiembre, uniéndolo a aquel imperecedero ejemplo de patriotismo que representa la inmolación de los 77 héroes juveniles de La Concepción.

Mi corazón de viejo soldado revive con profunda emoción el coraje insuperable de Luis Cruz Martínez y de los otros 76 jóvenes chilenos, que junto a él, en plena soledad de la sierra peruana, supieron demostrar con la entrega de sus vidas, que nuestra Patria y los valores permanentes del espíritu están por encima de cualquier sacrificio personal que su defensa pueda demandar.

Mi espíritu de Presidente de la República se llena de justificada esperanza, al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile.

Como muy bien lo señaláis en el lema que habéis escogido, ellos murieron porque soñaban en una Patria libre, unida, grande y soberana. Convertir ese ideal en la más plena realidad posible, efectivamente es y será vuestra obra. Abriros diariamente el surco para que podáis emprender y proseguir esa tarea, es en cambio la difícil e irrenunciable misión que Dios y la historia han colocado sobre nuestros hombros.

Hace muy poco, de nuevo el pueblo chileno supo reeditar durante tres años de heroica lucha en contra de la inminente amenaza de totalitarismo comunista, aquel supremo grito de guerra de la Batalla de la Concepción: “Los chilenos no se rinden jamás” . Y cuando acudiendo al llamado angustioso de nuestra ciudadanía, las Fuerzas Armadas y de Orden, decidieron actuar el 11 de septiembre de 1973, nuevamente nuestra tierra fue regada por la sangre de muchos de nuestros hombres, que cayeron luchando por la liberación de Chile.

Quedaba de este modo en evidencia que el temple de nuestra raza y la fibra de nuestra nacionalidad para defender la dignidad o la soberanía de nuestra patria no habían muerto ni podrían morir jamás, porque son valores morales que se anidan en el alma misma de la chilenidad. Hoy, volvemos a enfrentar una lucha desigual, contra una acción foránea de diversos orígenes y tonalidades, que a veces adopta la forma de la agresión enemiga, y que en otras ocasiones se presenta bajo el rostro de una presión amiga.

En ese complejo cuadro, Chile continuará actuando con la prudencia y mesura que tradicionalmente han caracterizado nuestra política internacional, aun en horas muy difíciles. Nuestra colaboración hacia los organismos internacionales y nuestro diálogo franco y leal con los países y Gobiernos amigos seguirán comprometiendo los mejores esfuerzos y la más amplia buena voluntad de parte nuestra. Pero por ningún motivo permitiremos que dicha actitud se confunda con debilidad o vacilación ante quienes pretendan dictarnos desde el exterior, el camino que debemos seguir, ya que su determinación es de exclusivo resorte de nuestra soberanía interna.

Por esta razón, dispuse recientemente que renunciáramos a la solicitud de un crédito externo, cuyo otorgamiento pretendió condicionarse públicamente a un examen de un Gobierno extranjero acerca de la evolución de nuestra situación en materia de derechos humanos. Estoy cierto de que en esta actitud me acompaña el país entero, porque si hay algo que todo chileno de verdad tiene muy en claro es que la dignidad de nuestra patria no se transa ni se hipoteca ante nada ni frente a nadie.

Desbordes del imperialismo ya superados

Quienes pretenden doblegarnos con presiones o amenazas foráneas, se equivocan rotundamente, y sólo verán crecer una cohesión interna que siempre se agiganta ante la adversidad. Quienes, por su parte pretenden desde el interior aliarse con estos desbordes internacionales que parecieran revivir formas de imperialismo que creíamos ya superadas en el Occidente, sólo logran retratarse mejor en sus ambiciones sin freno, y hacerse acreedores al justo desprecio del pueblo chileno.

Menos aceptable son todavía los intentos de intervención foránea cuando la causa que se invoca para ella es una supuesta defensa de los derechos humanos.

Nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado en el respeto a la dignidad del hombre. Sólo una amarga experiencia reciente, que estuvo a punto de conducirnos a la guerra civil, nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético, o a la subversión terrorista, que convierte a la convivencia social en una completa anarquía.

Resulta incomprensible que toda restricción a determinados derechos de las personas se enjuicie como una presunta transgresión de los derechos humanos, mientras que la actitud débil o demagógica de muchos gobiernos frente al terrorismo no merezca reparo alguno en la materia, aun cuando es evidente que ella se traduce en una complicidad por omisión, con una de las formas más brutales de violación de los derechos humanos.

Es posible que nuestro enfoque más amplio y profundo en esta materia sea difícil de comprender para quienes no han vivido un drama como el nuestro. He ahí, en cambio, la razón por la cual las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos, han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de nuestra Patria, que han visto en ella el complemento duro pero necesario para asegurar nuestra Liberación Nacional, y proyectar así amplios horizontes de paz y progreso para el presente y el futuro de Chile. La juventud se ha destacado por su comprensión visionaria hacia la exigencia histórica que afrontamos en el sentido de dar vida a un Nuevo Régimen político institucional.

Es por ello que, al cumplir el Frente Juvenil dos años de vida, siento el deber de expresar que, respetando el carácter plenamente autónomo e independiente de este movimiento, el Gobierno que preside aprecia debidamente los importantes avances que aquel ha ido logrando en su misión de unir a la juventud chilena en cursos humanos, geográficos y económicos; con el 11 de septiembre y con la nueva institucionalidad que a partir de esa fecha está surgiendo. De ahí que haya escogido esta noche, que ya se identifica con la juventud de nuestra Patria, para señalar públicamente los pasos fundamentales que hemos delineado para avanzar en el proceso institucional del país. Nada me parece más apropiado que hacerlo en un acto juvenil, ya que seréis vosotros, jóvenes chilenos, los responsables de dar continuidad a la tarea en que estamos empeñados y los más directos beneficiados con el esfuerzo que en ella ha puesto desde su inicio, el país entero.

Frente al éxito ya perceptible del plan económico, el progreso en las medidas de orden social, y el orden y la tranquilidad que hoy brindan una vida pacífica a nuestros compatriotas, la atención pública se ha centrado ahora en mayor medida en nuestro futuro jurídico-institucional. Las sanas inquietudes de la juventud y de otros sectores nacionalistas por una participación cada vez mayor se inserta en esa realidad.

Para un adecuado enfoque de este problema, es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó sólo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo.

No se trata pues de una tarea de mera restauración sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional.

Nuestra democracia

Ello nos señala el deber de caminar por el sendero del Derecho, armonizando siempre la flexibilidad en la evolución social con la certeza de una norma jurídica objetiva e impersonal, que obligue por igual a gobernantes y gobernados. En esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo.

Una democracia es autoritaria, en cuanto debe disponer un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad. Consiguientemente, todo atentado en contra de estos principios, cuyo contenido se ha ido precisando en las Actas Constitucionales vigentes, se considera por éstas como un acto ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. La libertad y la democracia no pueden sobrevivir si ellas no se defienden de quienes pretenden destruirlas.

Integradora, en cuanto debe robustecer el Objetivo Nacional y los Objetivos permanentes de la Nación, para que por encima de legítimas divergencias en otros aspectos más circunstanciales, los sucesivos Gobiernos tengan en el futuro la continuidad esencial que les ha faltado en el pasado. De ahí debe brotar un poderoso elemento de unidad de la gran familia chilena, a la cual se ha pretendido sistemáticamente disgregar por tanto tiempo, impulsando una lucha de clases que no existe y no debe existir.

Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo contemporáneo, no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Sólo ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen de debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y dar estabilidad al sistema.

De auténtica participación social, en cuanto a que sólo es verdaderamente libre una sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus fines propios y específicos. Este principio es la base de un cuerpo social dotado de vitalidad creadora, como asimismo de una libertad económica que, dentro de las reglas que fija la autoridad estatal para velar por el bien común, impida la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente. Estamos frente a una tarea que, por su naturaleza y envergadura, debe ser gradual. De este modo, nos alejamos por igual de dos extremos: el del estancamiento, que más tarde o más temprano siempre conduce los procesos sociales a rupturas violentas, y el de la precipitación, que traería consigo la rápida destrucción de todo nuestro esfuerzo, el retorno del régimen anterior con sus mismos hombres y vicios y, muy pronto, un caos similar o peor al que vivimos durante el Gobierno marxista.

Las etapas

El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la de recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad, por el otro. Asimismo, se distinguen por los instrumentos jurídico-institucionales que en cada una de ellas deben crearse o emplearse.

En la etapa de recuperación el Poder Político ha debido ser integralmente asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad, pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación.

Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación, el Poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad, y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas.

Hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, pero estimo que los progresos que en todo orden estamos alcanzando, nos llevan hacia la de transición.

Durante el período que falta de la etapa de recuperación, será necesario completar la dictación de Actas Constitucionales, en todas aquellas materias de rango constitucional aún no consideradas por ellas, como también de algunas leyes trascendentales, como de seguridad, trabajo, previsión, educación y otras que se estudiarán en forma paralela. De esta manera, quedará definitivamente derogada la Constitución de 1925, que en sustancia ya murió, pero que jurídicamente permanece vigente en algunas pequeñas partes, lo que no resulta aconsejable.

Simultáneamente, deberán revisarse las Actas Constitucionales ya promulgadas, en aquellas materias donde su aplicación práctica hubiere demostrado la conveniencia de introducir ampliaciones, modificaciones o precisiones.

La culminación de todo este proceso de preparación y promulgación de las actas constitucionales, que continuará desarrollándose progresivamente desde ahora, estimo que deberá en todo caso estar terminado antes del 31 de diciembre de 1980, ya que la etapa de transición no deberá comenzar después de dicho año, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de todas las instituciones jurídicas que las actas contemplen.

Entre las referidas actas constitucionales, ocupa un lugar prioritario la que habrá de regular el ejercicio y la evolución de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. Para orientar en esta materia a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el Presidente que os habla entregará próximamente ciertas directrices fundamentales que permitan a dicha comisión preparar el anteproyecto pertinente, para su posterior consulta al Consejo de Estado, antes del pronunciamiento final que corresponderá a la Junta de Gobierno.

Dichas orientaciones para el esquema que deberá regir en la etapa de transición son principalmente las siguientes:

– El Poder Constituyente deberá permanecer siendo ejercido por la Junta de Gobierno. Sin embargo, él se ejercerá normalmente con previa consulta al Consejo de Estado.

– El Poder Ejecutivo deberá permanecer siendo ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, en calidad de Presidente de la República, y con las facultades de que hoy está investido.

– El Poder Legislativo, de acuerdo a la tradición nacional, deberá tener dos colegisladores: el Presidente de la República y una Cámara Legislativa o de Representantes, como se podría denominar, sin perjuicio de las facultades legislativas que, en esta etapa de transición, deberá mantener la Junta de Gobierno, en carácter extraordinario.

Estas autoridades deberán comprender, por una parte, el derecho de cada uno de sus integrantes a presentar proyectos de ley a través de la Presidencia de la República, y por la otra, la facultad de solicitar, antes de la promulgación de cualquier ley, que su texto sea revisado por la Junta de Gobierno. En este último caso, si en la Junta prevaleciera la opinión de que un precepto atenta contra la Seguridad Nacional, éste no podrá ser promulgado. Se trata de un veto absoluto, destinado a operar en los casos en que la Junta de Gobierno lo interponga, a petición de cualquiera de sus miembros, diferenciándose así del veto ordinario del Presidente de la República frente a la Cámara Legislativa.

Por su parte, y tal como lo expusiera el 18 de marzo pasado, la Cámara Legislativa o de Representantes deberá tener una composición mixta: un tercio de sus miembros habrá de corresponder a personalidades de alto relieve nacional, que la integrarán por derecho propio o por designación presidencial, y los otros dos tercios restantes, serán representantes de Regiones o agrupaciones de Regiones, en una cantidad proporcional al número de sus habitantes.

En cuanto a la legislación ordinaria, se deberán contemplar sistemas de iniciativa de las leyes, de veto presidencial y otros, que eviten los excesos demagógicos que caracterizaron a los últimos períodos de nuestro anterior Parlamento.

Especial importancia cabe atribuir a que la Cámara Legislativa cuente con Comisiones Técnicas, en que participen establemente, con derecho a voz, las personas más calificadas en el plano científico, técnico y profesional en las diversas materias.

La instalación de esta Cámara Legislativa deberá realizarse durante el año 1980 y para su primer período, cuya duración será de 4 ó 5 años, dado que no es factible la realización de elecciones, los representantes de las Regiones habrán de ser designados por la Junta de Gobierno.

Posteriormente, en cambio, dichos representantes regionales se elegirán ya por sufragio popular directo, de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la selección de los más capaces, y que eviten que los partidos políticos vuelvan a convertirse en máquinas monopólicas de la participación ciudadana.

Constituida la Cámara Legislativa en este período, es decir, con dos tercios de sus miembros elegidos popularmente, deberá corresponder a la propia Cámara el designar al ciudadano que a partir de esa fecha desempeñará el cargo de Presidente de la República por un período de seis años.

Simultáneamente con lo anterior, que implicará el paso de la etapa de transición a la de consolidación, corresponderá aprobar y promulgar la nueva Constitución Política del Estado, única y completa, recogiendo como base la experiencia que arroje la aplicación de las Actas Constitucionales. La etapa de transición servirá así para culminar los estudios del proyecto definitivo de la nueva Carta Fundamental.

Al bosquejar este plan general ante el país, el Gobierno cree cumplir con su misión de esclarecer las líneas básicas sobre las cuales anhela desarrollar nuestra evolución institucional próxima, durante la cual también será necesario intensificar la elaboración y consagración jurídica de las nuevas formas de participación social, tanto de carácter gremial o laboral, como estudiantil, profesional, vecinal y de las demás expresiones ciudadanas en general.

Jóvenes chilenos:

La posibilidad de materializar integralmente este plan está sujeta a la condición de que el país siga presentando los signos positivos que nos han permitido avanzar hasta la fecha. Para ello se requiere indispensablemente el concurso patriótico de toda la ciudadanía, y muy especialmente, el idealismo generoso de la juventud, que debe encender de mística nuestro camino hacia el futuro.

No ignoro que se levantarán muchos escollos, ambiciones y personalismos, que de mil maneras pretenderán impedir nuestra marcha, y hacernos volver hacia atrás, donde sólo nos esperarían las penumbras de la esclavitud. Pero estoy seguro de que la luz que emerge al final de nuestra ruta será siempre más fuerte y más luminosa, y por encima de todo, confío plenamente en Dios, en el pueblo de Chile, y en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que, con patriotismo, hoy guían sus destinos.

Mis queridos jóvenes:

El futuro de Chile está siempre en vosotros, cuya grandeza estamos labrando.

Enviado por Enrique Ibañes