RAQUEL JORGE RICART
La crisis climática, que es uno de los mayores retos del siglo XXI, se ha convertido en un activo de la agenda de política exterior de una cantidad cada vez mayor de Estados, bajo el nombre de “diplomacia climática”. La institucionalización de la misma a nivel internacional se ha llevado a cabo mediante varias iniciativas, como las COP (Conference of Parties) anuales que son el organismo de toma de decisiones sobre el marco del UNFCCC, así como a través de acuerdos específicos destacados, como el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional de carácter vinculante que muestra el compromiso de los Estados para acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
Ahora bien, en la lucha contra el cambio climático, no solamente entra en juego el rol de los Estados, sino también el del sector privado (y social). La forma de afrontar los retos de la diplomacia climática ha exigido desde el principio que el sector privado se involucrara. Sin embargo, no se ha hecho de la misma forma que los Estados. Mientras que los Estados lideran dicha diplomacia climática y, por tanto, participan en las fases de negociación, diseño y toma de decisiones, el sector privado ha solido ser partícipe más bien de la segunda etapa: la de planificación, ejecución e implementación de los proyectos en la lucha contra el cambio climático.
Modalidades de gestión de la diplomacia climática público-privada
La colaboración público-privada en diplomacia climática es una condición sine qua non para el éxito de esta. Ahora bien, a rasgos generales, se han seguido varios modelos:
- Un organismo internacional se encarga de la planificación del marco de acuerdos público-privados entre una empresa y un actor político (sea un Estado en su totalidad, una región, o un municipio). También supervisa la ejecución de los programas implementados por el sector privado sobre el terreno. Uno de los casos más destacados es el Climate-Smart PPPs del Banco Mundial, quien actúa como procurador de las infraestructuras de finanzas para garantizar y evaluar que las inversiones en resiliencia climática cumplen con la legislación, las políticas y las directrices acordadas en el Plan de Acción del Banco Mundial.
- Una coalición de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y sociales crea una. ventanilla única por donde se canalizan fondos privados diversos, y que posteriormente se asignan a proyectos públicos de carácter tanto estatal como subestatal Es el caso del Green Gigaton Challenge, una coalición que cuenta con el apoyo de la UNEP (el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y cuyos fundadores son la aceleradora de finanzas Emergent Forest, el Programa flagship UN-REDD, el EDF (Fondo de Defensa del Medio Ambiente), la ONG de finanzas sociales Forest Trends, y la Arquitectura ART para transacciones financieras verdes. Esta iniciativa fue creada por estos socios fundadores de forma paralela a cualquier acuerdo diplomático de carácter público, y ayuda a los fondos privados a que sus asignaciones financieras vayan dirigidas a proyectos públicos con efectividad.
- Un organismo público se encarga de trabajar por la transparencia de los datos en los acuerdos público-privados de finanzas climáticas. Concretamente, la OCDE busca desarrollar un sistema de trazabilidad único donde todos los acuerdos público-privados se basen, primero, en la misma metodología (estándares) y, segundo, los datos sobre estos acuerdos puedan volcarse en una única base de datos (del DAC OCDE y de la Iniciativa para la Transparencia de Ayuda Internacional o IATI), de forma que en cualquier momento puedan compararse y desagregarse datos de cualquier rincón del planeta.
Una mirada regional a la diplomacia climática público-privada: tecnologías verdes
Más allá de organismos internacionales y coaliciones globales, lo cierto es que también existen mecanismos de cooperación regional que buscan canalizar sus propias formas de hacer diplomacia climática entre el sector público y privado. En este caso, la diplomacia climática cada vez pone mayor énfasis en un activo estratégico: las tecnologías verdes.
Concretamente, la Unión Europea lanzó su programa Digital4Development (D4D) Hub en diciembre de 2020. Si bien el objetivo es hacer de la digitalización un activo de desarrollo en regiones en desarrollo, la primera alianza de la UE se ha hecho con la Unión Africana, y uno de sus pilares es trabajar por que las transiciones verde y digital vayan de la mano. Para este primer AU-EU D4D Hub, se realizaron consultas a empresas tecnológicas europeas (como SAP, Orange, Nokia, Ericsson o Vodafone, entre otros) que permitieron perfilar mejor los programas de las agencias de desarrollo de Estados Miembros de la UE, como GIZ, Enabel, LuxDev, o AFD/Expertise France. España ya ha firmado la Carta de Intenciones para cooperar bajo el marco del D4D Hub. Si bien este programa marco no tiene como objetivo la diplomacia climática, sí se van a promover tecnologías verdes.
El caso de Estados Unidos y sus tecnologías verdes difiere en cierta medida. Algunas empresas están creando acuerdos de colaboración directamente con ayuntamientos de capitales de África Subsahariana. Por ejemplo, el proyecto “Lucy” es una iniciativa de IBM de 100 millones de dólares que, en el período 2014-2024, trabaja con el ayuntamiento de Nairobi (Kenia) para implantar proyectos pilotos en pequeños negocios de la capital. Entre ellos, se encuentran las tecnologías verdes parar la agricultura de precisión mediante inteligencia artificial. Lo mismo ocurre con Google en Ghana, donde trabaja con asociaciones agrícolas y ganaderas para hacer diagnósticos rápidos de enfermedades de fauna o cultivo. Es importante destacar que algunos países africanos, como Etiopía o Ruanda, están desarrollando sus propias estrategias de desarrollo económico en donde las tecnologías verdes se incluyen como ejes relevantes.
Mientras, la experiencia de China en mecanismos de implementación de tecnologías verdes en sus propias ciudades mediante gestión pública con empresas nacionales es algo que podría acabar implementándose en su Ruta de la Seda. Según el Consejo Asesor del Foro de la Ruta de la Seda para Cooperación Internacional de China (BRD Advisory Council), la Ruta de la Seda de China debería seguir trabajando por el desarrollo de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible con cuatro prismas más: con una Ruta de la Seda Limpia (de corrupción), una Ruta de la Seda Innovadora, una centrada en la gente, y una Ruta de la Seda Verde. Esta Ruta de la Seda Verde se propone bajo la forma de bonos de seguros verdes e inversiones en industria verde. La forma de hacerlo sería la misma que con otras Rutas de la Seda: promoviendo una cooperación basada en proyectos (es decir, caso por caso), para llevar a cabo resultados más concretos.
Conclusiones
La diplomacia climática siempre se ha articulado en torno a la colaboración público-privada (y la social de forma cada vez más creciente). Mientras que los Estados suelen liderar las fases iniciales de negociación, diseño y toma de decisiones, y sus agencias públicas de la supervisión y monitorización, es el sector privado quien toma parte en las áreas de financiación de proyectos (junto con fondos públicos) y en la propia ejecución e implementación de los proyectos. También existen acuerdos de cooperación interregional entre países o sistemas regionales.
Más allá de la efectividad de estas colaboraciones público-privadas, hay un asunto esencial que es y será el eje vertebral de esta forma de diplomacia climática: el principio de transparencia. Esta mirada será todavía más necesaria en el creciente despliegue de tecnologías verdes que, por la naturaleza de algunas tecnologías como la inteligencia artificial, requerirán de mayores controles ex ante y ex post con el fin de garantizar que su impacto social y económico es positivo.
La diplomacia climática crece: en instrumentos, en planes de acción, en estrategias, en gobernanza. Y, en ello, el paso fundamental (atemporal, siempre presente) deberá ser el de la creación de una cultura de cooperación, de sentimiento de pertenencia a un objetivo común, que no es más que garantizar la sostenibilidad de nuestras sociedades, nuestra calidad de vida. En definitiva, nuestro contrato social.
Raquel Jorge Ricart es Fulbright Fellow en Washington, D.C. (George Washington University). Politóloga y socióloga. @RaquelJorgeR
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