ANNA AYUSO
América Latina se sumerge en un nuevo cambio de ciclo económico que empezó en la región en 2014 con la bajada de los precios de las materias primas y se agudizó en 2015 con el declive de la demanda asiática y el desplome del precio del petróleo. Tras más de una década de bonanza, las turbulencias económicas en la región están teniendo costes sociales e inevitablemente eso se traduce en cambios políticos. Atrás quedaron años de crecimiento sostenido con creación de empleo, superávit exportador y pingües ingresos para las arcas públicas. Esa época coincidió también con la llegada al poder de diversos gobiernos críticos con las políticas de ajuste estructural aplicadas tras la crisis de la deuda externa en las dos décadas previas que incrementaron la pobreza y la desigualdad. La buena coyuntura económica les permitió impulsar políticas de transferencia de recursos a los pobres que disminuyeron la desigualdad y consiguieron ampliar las clases medias. Algunos países impulsaron procesos constituyentes para refundar las bases jurídicas institucionales e iniciar la revolución del denominado socialismo del siglo XXI.
Por un tiempo, la región albergó la esperanza de estar en la senda de un progreso sostenido hacia un desarrollo sostenible más equitativo. El primer impacto de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y Europa parecía pasar de puntillas por los países emergentes, pero finalmente se trasladó a la economía real y extendió sus efectos a la escena global. El crecimiento en América Latina fue reduciéndose hasta situarse en torno al 0,5% en 2015 según la CEPAL y, según alerta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza se está volviendo a incrementar y amenaza a millones de familias.
Es una situación recurrente. La vulnerabilidad de América Latina a los cambios en la demanda internacional está ligada a la concentración de sus exportaciones en productos primarios, la falta de diversificación productiva y la baja productividad. La crisis económica pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reformas largamente aplazadas tanto en el ámbito económico como en el jurídico e institucional, que ahora se hacen inevitables en un contexto adverso. Los recortes en los servicios, prestaciones y transferencia de ingresos y la disminución de las oportunidades de empleo amenazan los logros sociales. La frustración de las expectativas de la población ha repercutido en la caída del apoyo popular a los líderes y ha propiciado vuelcos políticos.
Este malestar se suma a la indignación ciudadana ante los escándalos de corrupción que salpican de cerca a líderes como Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Ollanta Humala en Perú, Enrique Peña Nieto en México, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, o Juan Manuel Santos en Colombia, de forma más o menos directa, incluyendo el caso flagrante del presidente Otto Pérez de Guatemala, procesado junto a su vicepresidenta.
El tercer ingrediente es la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad ciudadana y contener el crimen organizado. Las movilizaciones sociales se suceden y tienden a polarizar a la sociedad entre aquellos que invocan los logros del pasado para mantenerse en el poder y los que reclaman el cambio para acabar con modelos de crecimiento fallidos y políticas insostenibles.
La desafección ya ha supuesto la pérdida de la hegemonía de fuerzas que mantuvieron en el poder por más de una década a gobiernos del mismo color, monopolizando las instituciones. Venezuela ha sido el caso paradigmático; las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 abrieron una nueva etapa con un vuelco del voto contra el gobierno de Nicolás Maduro, dejando al Congreso en manos de la oposición agrupada entorna a la Mesa de Unidad Democrática con mayoría de dos tercios después de 17 años en el poder del chavismo. El cambio de ciclo económico con la bajada de los precios del petróleo puso a Venezuela al borde del colapso económico. El desabastecimiento, una inflación récord y un empobrecimiento de la población han puesto de manifiesto un modelo económico insostenible. Los venezolanos se expresaron en favor de una alternancia, pero el gobierno, aún en manos del chavismo, se resiste a ceder poder a la oposición. La transición puede ser pacífica o traumática dependiendo de que se dé una salida institucional a las demandas ciudadanas.
En Argentina también se evidenció un fin de ciclo con la elección del candidato opositor Mauricio Macri frente al peronista poniendo fin a la era kirchnerista, iniciada por Néstor Kirchner en 2003 y seguida por su esposa Cristina Fernández en 2007 y 2011. También el deterioro de la situación económica, con una inflación descontrolada y negada por el gobierno y una asfixia de la actividad económica jugó un papel importante. En Brasil se avecinan turbulencias tras la ajustada victoria de Dilma Rousseff en las presidenciales de 2014 para la cuarta legislatura encabezada por el Partido de los Trabajadores. Una recesión del -3,5% del PIB en 2015, escándalos por corrupción que afectan a un amplio espectro de la clase política, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y los crecientes niveles de desempleo han situado la aprobación pública de Rousseff por debajo del 10% y han espoleado grandes manifestaciones de descontento. Con frentes jurídicos y políticos abiertos en contra en el Congreso y en el Tribunal electoral la presidenta se sostiene mediante volátiles alianzas al frente del gobierno.
Aunque con menores dificultades también Rafael Correa en Ecuador está viendo crecer el descontento a la izquierda y a la derecha debido al deterioro económico y ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones. Evo Morales aún confía que podrá volver a presentarse a la reelección si gana la consulta para modificar la constitución que le impide optar a un cuarto mandato, pero las últimas encuestas no le son favorables. En Perú, el presidente Humala no puede optar a la reelección pero se va con una aprobación de apenas el 13%. También la presidenta chilena Michelle Bachelet ha sufrido una caída de aprobación de apenas 23%.
Aunque las situaciones nacionales son diferentes, parece claro que el escenario político en América Latina está cambiando a causa de las demandas sociales. Más allá del debate sobre si se trata de un giro a la derecha o el fin del populismo de izquierdas, los cambios forman parte del juego político que lleva implícito el pluralismo democrático. Que se produzca alternancia manteniendo la institucionalidad, preservando el equilibrio de poderes y fomentando la transparencia fortalecerá la cultura democrática en la región. Que se aprenda de los errores en el manejo de los ciclos económicos de bonanza es aún una asignatura pendiente.
Anna Ayuso es investigadora senior del CIDOB, doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). @AyusoAnna
Publicado en Beerderberg
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