VANESSA FRANCO

Hay acontecimientos que, mientras suceden, nos obligan a comprender que estamos viviendo una página de la historia de nuestro país. Los primeros días de noviembre de 2026 fueron uno de esos momentos.

En cuestión de días, una crisis bancaria se transformó en una crisis política e institucional. Ueno Bank, una entidad que había alcanzado a millones de usuarios y concentrado importantes recursos públicos, entró en un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay. Las investigaciones, los cuestionamientos a la supervisión financiera y las acusaciones sobre posibles conflictos de intereses llegaron al Congreso Nacional.

El desenlace fue la destitución del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, el 6 de noviembre de 2026, mediante un juicio político que se desarrolló en 48 horas. La acusación se aprobó en la Cámara de Diputados y la decisión final en el Senado. La destitución fue resuelta con 44 votos a favor, ninguno en contra y una ausencia. Es decir, la remoción se aprobó por unanimidad en uno de los procesos políticos más acelerados de la historia democrática reciente del Paraguay.

Para comprender lo ocurrido, es necesario mirar más allá del resultado parlamentario. La pregunta de fondo es ¿cómo se relacionan el poder político, los intereses económicos, los organismos de control y la confianza de la ciudadanía?

De una crisis bancaria a una crisis presidencial

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Fue después de detectar un deterioro patrimonial que había situado su índice de solvencia por debajo del umbral establecido por la normativa.

La medida afectó inmediatamente a miles de depositantes, que quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas, y dejó al descubierto la magnitud de los recursos comprometidos. Entre los organismos estatales alcanzados se encontraban el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja Fiscal y Petropar. Además, empresas privadas, trabajadores, jubilados y pequeños ahorristas. La crisis también llegó a las organizaciones de servicio comunitario. Según las denuncias públicas difundidas por el bombero voluntario Christian Vázquez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la institución tenía cerca de 2.000 millones de guaraníes en cuentas de Ueno Bank de la colecta anual para mantenerse operativos. Esos recursos estaban destinados a jubilaciones, servicios públicos y actividades esenciales para la ciudadanía como apagar un incendio o rescatar vidas en un accidente. La pregunta dejó de ser únicamente cuánto dinero estaba comprometido para convertirse en otra mucho más profunda: ¿quién debía proteger esos recursos y cómo se llegó a esta situación?

Las señales de alerta habían comenzado mucho antes. El 9 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) modificó los requisitos para la colocación de sus recursos en entidades financieras. En octubre de 2024 ya existían cuestionamientos públicos sobre las inversiones previsionales en Ueno Bank. Como también sobre los vínculos empresariales del presidente Santiago Peña, quien comunicó su desvinculación accionaria en marzo de 2025. El 22 de octubre de ese mismo año se presentó una denuncia penal contra el mandatario, posteriormente ampliada por los hechos relacionados con la entidad bancaria.

Durante 2026, las advertencias adquirieron mayor gravedad. El 29 de abril, el Banco Central detectó excesos en créditos otorgados a empresas vinculadas. El 10 de julio, un memorando interno planteó nuevas observaciones. El 9 de septiembre, el Senado aprobó un pedido de informes al organismo regulador. El 24 de septiembre se inició un sumario administrativo contra el banco y sus directivos. En octubre, las investigaciones periodísticas ya exponían una sucesión de informes técnicos, operaciones cuestionadas y preocupaciones sobre la solvencia de la entidad. La crisis que estalló en noviembre tenía, por tanto, antecedentes documentados que se remontaban a varios años atrás.

La crisis dejó de ser solo financiera en Paraguay cuando surgieron interrogantes sobre las responsabilidades de quienes debían supervisar el sistema y sobre las relaciones entre la entidad bancaria y el poder político. Santiago Peña había mantenido, anteriormente, una participación accionaria en Ueno Holding. A ello se sumaron los cuestionamientos por la designación de Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.

Estas circunstancias formaron parte de las acusaciones políticas presentadas contra el mandatario. Su responsabilidad penal, así como la de otras personas investigadas, corresponde determinarla a los órganos judiciales competentes.

Esta crisis plantea una cuestión fundamental para cualquier democracia. La confianza en el sistema financiero también depende de la credibilidad y de la independencia de las instituciones encargadas de supervisar. Cuando esa confianza se deteriora o se pierde, las consecuencias van mucho más allá de los balances de una entidad bancaria.

El Banco Central del Paraguay: cuando la confianza institucional también entra en crisis

Uno de los aspectos más sensibles de este episodio fue el cuestionamiento al Banco Central del Paraguay (BCP). Es que se trata de una institución que durante los últimos años había contribuido a construir una imagen de estabilidad y disciplina macroeconómica para nuestro país.

Paraguay había logrado avances importantes en materia de estabilidad monetaria, control de la inflación y reconocimiento internacional, hasta alcanzar el grado de inversión. Detrás de esos resultados existía una trayectoria de trabajo técnico e institucional que merecía ser preservada. Por eso, la crisis de Ueno Bank tuvo una enorme repercusión. Los cuestionamientos sobre la supervisión bancaria y los vínculos entre autoridades regulatorias y el sector financiero puso en la mira la independencia y la capacidad de control de una institución fundamental para la economía nacional.

La designación de Carlos Carvallo, vinculado a Financiera Ueno, como presidente del Banco Central durante el gobierno de Santiago Peña, se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia.

La resolución bancaria adoptada en noviembre respondió a un deterioro grave de la solvencia de Ueno Bank. Sin embargo, la discusión pública se centró en las advertencias anteriores, los mecanismos de supervisión y el momento en que se adoptaron las medidas regulatorias.

Desde mi perspectiva, el daño más difícil de reparar es la confianza, porque una crisis financiera puede enfrentarse mediante procedimientos de resolución, garantías y recuperación de activos. La credibilidad institucional, en cambio, requiere años de coherencia, independencia y transparencia para consolidarse.

El desafío consiste ahora en distinguir las responsabilidades individuales del valor de la institución, proteger su autonomía y demostrar que los mecanismos de supervisión funcionan con el mismo rigor para todos los actores del sistema financiero. Paraguay necesita preservar sus conquistas macroeconómicas y, al mismo tiempo, fortalecer los controles que permiten sostenerlas. La estabilidad económica y la calidad institucional deben avanzar juntas.

La ruptura del oficialismo: cuando el respaldo político dejó de sostener al presidente

La crisis financiera también provocó un quiebre dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado. Había llegado al poder en 2023 con Santiago Peña Palacios como candidato presidencial, Pedro Alliana como vicepresidente y el respaldo decisivo del ex presidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado.

Durante gran parte del mandato, esa estructura política había representado uno de los principales sostenes del Gobierno. Sin embargo, el avance de las investigaciones sobre Ueno Bank y la creciente presión pública modificaron el escenario.

El 5 de noviembre de 2026, Cartes hizo pública su ruptura política con Peña y respaldó el juicio político impulsado en el Congreso. Alliana acompañó ese posicionamiento, mientras sectores colorados que ya mantenían diferencias con el oficialismo también participaron de las iniciativas parlamentarias. El distanciamiento tuvo consecuencias inmediatas. Peña perdió el respaldo de la estructura partidaria que había impulsado su candidatura, mientras la sucesión constitucional colocaba a Alliana en el centro de la reorganización del poder.

Así, la crisis económica alteró, en muy pocos días, los equilibrios internos del partido colorado. La oposición impulsó pedidos de investigación pero la ruptura del oficialismo fue determinante para destituir al presidente por medio del juicio político. En este contexto me pregunto: ¿hasta qué punto la estabilidad de un gobierno depende de la fortaleza de sus instituciones y cuánto del respaldo de los liderazgos partidarios que lo llevaron al poder?

El juicio político y la responsabilidad de las instituciones

El artículo 225 de la Constitución Nacional del Paraguay establece el procedimiento de juicio político para determinadas altas autoridades del Estado. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de formular la acusación y la Cámara de Senadores debe juzgarla, con las mayorías constitucionalmente previstas.

El 4 de noviembre, un grupo de legisladores presentó formalmente el libelo acusatorio contra Santiago Peña. El documento planteó cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de intereses, la utilización de recursos públicos y las responsabilidades políticas vinculadas a la situación de Ueno Bank. Al día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 78 votos. Ese mismo día, mientras se realizaba la sesión, Santiago Peña anunciaba que ponía a disposición del Congreso la renuncia al cargo.

La acusación fue sostenida ante el Senado por diputados designados como fiscales acusadores. Según el registro oficial de la Cámara Alta, prestaron juramento Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Federico “Freddy”  Franco y Carlos Núñez Salinas.

Entre ellos estuvo mi hermano, el diputado Federico “Freddy”  Franco, quien participó en el procedimiento desde su función institucional. Menciono el vínculo familiar porque forma parte del lugar desde el que escribo. Reconocerlo es también una manera de ser transparente con el lector.

El 6 de noviembre, el Senado resolvió rechazar una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el mandatario y continuó el juzgamiento. La defensa de Peña cuestionó el procedimiento, argumentó que las acusaciones no demostraban infracciones concretas atribuibles al presidente y sostuvo que su renuncia afectaba la competencia del Congreso para continuar el proceso.

Los senadores, finalmente, votaron su destitución por mal desempeño de funciones. Es importante distinguir los alcances de esta decisión. El juicio político constituye un mecanismo constitucional de responsabilidad política. No reemplaza un proceso penal ni determina por sí mismo la comisión de delitos. Esa distinción resulta esencial, especialmente cuando las consecuencias institucionales son tan profundas.

Lo que la crisis deja al descubierto

La destitución de un presidente es un acontecimiento extraordinario. Pero el análisis de una crisis de esta magnitud no debería detenerse en quién deja el cargo ni en quién lo sucede. La cuestión central es qué ocurrió con los mecanismos de prevención, supervisión y control.

¿Cómo se permitió que una entidad financiera acumulara una exposición tan significativa de recursos públicos? ¿Fueron suficientes las alertas y las respuestas de los organismos competentes? ¿Qué mecanismos se deben fortalecer para evitar que una situación semejante vuelva a comprometer los ahorros de los ciudadanos?

Estas preguntas requieren respuestas técnicas, investigaciones independientes y acceso a información verificable. Corresponde reconocer el papel que desempeñaron los partidos y sectores políticos en este proceso. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tuvo una participación activa a través de los diputados Rodrigo Blanco, Adrián “Billy” Vaesken, Pedro Gómez y Federico “Freddy” Franco, quienes fueron designados fiscales acusadores. A ellos se sumaron representantes de la denominada tercera fuerza o tercer espacio político, como Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, y Raúl Benítez, diputado independiente. También, los legisladores de la disidencia colorada, entre ellos Mauricio Espínola y Carlos Núñez Salinas. El impulso inicial de la oposición y la posterior incorporación de otros sectores permitieron reunir el respaldo parlamentario necesario para llevar adelante el juicio político. Más allá de las diferencias partidarias, el consenso político reforzó el sistema democrático.

En una democracia, las mayorías parlamentarias tienen responsabilidades que van más allá de la disciplina partidaria. Del mismo modo, las decisiones adoptadas por esas mayorías deben estar sujetas al respeto de las garantías constitucionales y al escrutinio público. La fortaleza institucional se mide por la capacidad de tomar decisiones difíciles, por la transparencia, la legalidad y las garantías con que se adoptan. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué sucedió, quiénes tomaron las decisiones y qué medidas se implementarán para proteger los recursos comprometidos.

La historia política desde el otro lado

Crecí en una familia profundamente vinculada a la vida política paraguaya. Soy hija del expresidente Federico Franco. Desde pequeña, conocí campañas electorales, victorias, derrotas, responsabilidades públicas y las consecuencias que las decisiones políticas tienen sobre las familias. Esa experiencia me enseñó que los acontecimientos que después estudiamos en los libros de historia fueron, alguna vez, jornadas de incertidumbre para quienes los vivieron. Me enseñó que ningún episodio político puede comprenderse completamente desde una sola perspectiva.

Mi padre ejerció la Presidencia de la República entre 2012 y 2013, después del juicio político a Fernando Lugo,  que marcó profundamente la historia reciente del Paraguay. Aquellos acontecimientos siguen siendo objeto de interpretaciones y debates. Catorce años después, nuestro país vuelve a atravesar una destitución presidencial. Los contextos, los protagonistas y las circunstancias son diferentes. Pero ambos episodios nos invitan a examinar el funcionamiento de nuestras instituciones y la forma en que se ejerce y se controla el poder.

Mi historia familiar me acerca a estos acontecimientos y mi trayectoria como consultora política me permite analizarlos desde otra perspectiva, con las herramientas que me han dado la formación académica y la experiencia profesional. Mi responsabilidad al escribir sobre ellos es reconocer esa cercanía, sin permitir que sustituya el rigor, la objetividad y el análisis que merece la historia política de nuestro país.

Una historia que todavía se está escribiendo

El 6 de noviembre de 2026, mientras en el Senado se desarrollaba el juicio político contra Santiago Peña, entregué a la editorial las páginas definitivas de mi primer libro, La familia del candidato. Durante años había querido contar las experiencias de mi familia desde el lugar de quienes vivimos la política detrás de los escenarios públicos. Ese mismo día, la historia política paraguaya incorporaba un nuevo capítulo.

En la última página de mi libro dejé una reflexión que hoy adquiere un significado especial. Quizás, dentro de algunos años, alguien también decida contar estos acontecimientos desde el lugar que le tocó vivirlos. Y seguramente así será. Habrá investigaciones periodísticas, análisis jurídicos, estudios económicos, testimonios de protagonistas y nuevas interpretaciones de lo sucedido. Algunas preguntas encontrarán respuestas pronto. Otras necesitarán tiempo.

Mientras tanto, Paraguay tiene por delante una tarea que trasciende a sus gobernantes. Debe recuperar la confianza, proteger a los ciudadanos afectados y fortalecer las instituciones que deben responder por el interés público. Porque los gobiernos tienen un comienzo y un final. Las responsabilidades institucionales permanecen.

Y la historia del Paraguay continúa escribiéndose.

Vanessa Franco es Doctora en Administración Pública. Comunicadora y autora de «La familia del candidato». Integrante de Beers & Politics en Paraguay.