PABLO CAPEL DORADO

La política es el ejercicio de la guerra mediante cauces institucionales. De ahí que el concepto guerra tenga una dimensión mayor que la que se le suele atribuir; y de ahí que el ejercicio de la política tenga que ver con el empleo de tácticas y escaramuzas, de estrategias fundamentadas en el arte de la guerra, que no en el ejercicio de la ética, algo circunscrito al ámbito de la teología y de las buenas intenciones.

Pedro Sánchez, genio de la política y por extensión del arte de la guerra, bien merece un lugar distinguido entre los príncipes que han empleado la táctica con suma maestría, explorando los umbrales del ejercicio del poder de forma original y cáustica; y disuadiendo, con sendos golpes de efecto, cualquier oposición con su correspondiente táctica, ya demostrada estéril a efectos de apearle de la presidencia de Gobierno.

Un presidente en minoría social y una ley electoral que adultera la representación política: un análisis geométrico

La fundamentación que sustenta el poder de Pedro Sánchez es legal-racional —bajo la taxonomía propuesta por Max Weber—, en contraposición a la sustentada en el carisma —más afín a los mal denominados populismos— o en la fuerza de la costumbre —ligada a las denominadas “fuerzas conservadoras”—.

Así, su acceso al poder en 2018 vino dado por su excelente análisis de los límites reglados de nuestro modelo parlamentarista, que permitía un cambio en la aritmética de apoyos parlamentarios para refrendar su investidura como presidente del Gobierno. Y lo hizo en pro de la “limpieza institucional del país”, tras los escándalos de corrupción ya judicializados que, una década atrás, habían surgido en el seno de la oposición, encarnada en el Partido Popular.

En ese momento, la representación parlamentaria del Partido Socialista era de 90 escaños (22,00% del voto emitido con 5.545.315 votos); siendo la del Partido Popular 123 escaños (28,71% del voto emitido con 7.236.965 votos). Para lograr la presidencia tuvo la capacidad de seducir a grupos parlamentarios que representan intereses periféricos en la nación española (fuerzas regionalistas o directamente independentistas).

Su conocimiento de la reglamentación del poder va creciendo, así como del oportuno empleo de los tiempos y argucias necesarias para ostentarlo y hacerlo permanente. Y por ello en las elecciones generales 2019, ahora sí, el partido que lidera se impondría con 6.792.199 votos y 120 diputados, seguido del Partido Popular con 5.047.040 y 89 diputados.

Habiendo transcurrido el Gólgota de la pandemia —potencial peligro para cualquier príncipe a efectos de permanecer en el poder—, ya en julio de 2023 y tras unas elecciones autonómicas nada halagüeñas para sus intereses, consigue incluso incrementar en un escaño su representación en el Congreso de los Diputados con respecto a la anterior legislatura (7.821.718 y 121 escaños), aunque sin ser la fuerza política más votada, algo que sí consiguió el Partido Popular (8 160 837 y 137 escaños).

Demostración (a). La ley electoral ha truncado el principio de representatividad política si entendemos a la nación española como el sujeto de derecho en el Congreso de los Diputados

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), al hacer recaer el área del distrito electoral en la provincia, genera un efecto penalizador en la dispersión de voto para aquellas opciones políticas que, aun estando presentes en toda la geografía nacional, pierden la opción de tener representación en distritos o circunscripciones poblacionales menores.

De igual modo, la LOREG no premia ni sobrerrepresenta, pero sí garantiza una representación electoral proporcional de aquellas fuerzas parlamentarias que concentran su voto en áreas poblaciones donde se puedan extraer más escaños, como Madrid, Barcelona o Valencia.

Así, la suma entre la representación los electores del Partido Popular en julio de 2023 (8.160.837 con el 33,06% del voto) y de Vox, previsible socio de Gobierno junto con el primer partido (3.057.000 con el 12,38% del voto), es de 11.217.837 con el 45,44% del voto; mientras que la suma de las dos fuerzas políticas que forman parte actual Ejecutivo, PSOE y Sumar —que se someten a la confianza de la Cámara—, es del 44,01% del voto.

• Escolio (a). La obtención del Gobierno por parte de Pedro Sánchez es legítima desde el punto de vista institucional, de ahí que la fundamentación de su poder desde un punto de vista taxonómico sea legal-racional.
• Escolio (b). Para realizar una sumatoria de la aritmética parlamentaria en la Demostración (a), se tienen en cuenta a los dos grupos parlamentarios que forman parte del Ejecutivo, que son quienes someten a las Cortes Generales un programa de Gobierno.
• Escolio (c). En ningún caso, y devenido del Escolio (a), pueden entenderse como parte del Poder Ejecutivo a los grupos parlamentarios representados en las Cortes Generales que, mediante su abstención, dieron la confianza al presidente del Gobierno, pues no forman parte de la acción de Gobierno ni disponen de facultades ejecutivas, más allá de la que dispone cualquier grupo parlamentario en los naturales procedimientos legislativos habilitados por nuestro ordenamiento jurídico, como el RD-Legislativo; o el eventual juego de sumas en un proceso de Proposición de Ley.
• Escolio (d). Es especialmente ilustrativo a estos efectos realizar el análisis del juego de apoyos sociales en base a la representación parlamentaria de los dos partidos que forman parte del Poder Ejecutivo y realizar el pertinente análisis sobre el refrendo o reproche social que de su acción de gobierno devenga, dado el principal procedimiento de aprobación normativa empleada en los últimos años (RD-Ley y Proposición de Ley en detrimento de Ley Ordinaria o Ley Orgánica).

Demostración (b). Es causal, en base a Demostración (a), y desde un punto de vista geométrico, que un Gobierno que no representa a la mayoría social (mitad más uno de sus electores), sea objeto de un mayor reproche social

Así las cosas, y tras Demostración (a), podemos colegir que un Gobierno en minoría que opera mediante las prerrogativas de acción normativa del Poder Ejecutivo (el nº de RD-Leyes ya ha superado el de producción normativa ordinaria), sea susceptible de un mayor rechazo social, atendiendo a la aritmética, que un Gobierno que sustente su poder en una mayoría social.

Un posicionamiento táctico contra la libertad de prensa y las acciones judiciales que afectan a los actores que forman parte del Gobierno: un análisis ético y sobre la técnica empleada para retener el poder

El Gobierno, tras Demostración (b), no cuenta con el apoyo de una mayoría social que le respalde y esto le hace especialmente vulnerable ante una contingencia de hostilidad, como la que ahora le azota, que viene dada por supuestos hechos de corrupción ya en sede judicial (Trama Koldo, Caso del “Tito Berni” o Caso Mediador, Caso Azud o de financiación ilegal del PSPV, Caso Begoña Gómez) y otros que podían explotar en los próximos días incluso afectando al propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Caso Pegasus).

Desde el punto de vista de la táctica, el método empleado es crear un marco discursivo donde la sospecha más débil o peor fundamentada desde el punto de vista jurídico (Caso Begoña Gómez), sirva para hacer disfuncionales al resto de acusaciones. O dicho de otro modo: un eventual archivo de la denuncia presentada por Manos Limpias y recaída en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid cuya titularidad recae en el juez Juan Carlos Peinado García, neutralizaría el resto de acciones judiciales en marcha, inoculando la idea a la opinión pública de que hay una persecución en ciernes sobre el Gobierno, desde el aparato judicial (lawfare), azuzada desde sus respectivas terminales mediáticas.

La constante apelación desde el sentimentalismo hacia las conciencias de los ciudadanos españoles dan fe de que el actual Gobierno opera totalmente enajenado de la razón; y de que han agotado las baterías de la praxis racional en la acción de Gobierno, en otro extravagante pero efectivo ardid de propaganda política, que de paso ha servido al presidente del Gobierno para realizar un análisis material de los apoyos de los que dispone desde su bloque de poder; y de generar una nueva ola de opinión que hace impermeable a sus acólitos de cualquier análisis racional acerca de sus problemas con la corrupción.

Finalmente, y dado el empleo de términos como lawfare —cada vez más constante en el seno del Ejecutivo—, lo que pretende es, de nuevo, impermeabilizar a la opinión pública sobre los escándalos de corrupción que le afectan; asirse de otro artefacto discursivo que le permita presionar para renovar el CGPJ y el TS, culminar una renovación con la que podría contraponer el orden jurisdiccional español y el europeo sobre la ley de amnistía; y blindar a los miembros de su partido político ante las causas de corrupción que se han de dirimir, dada su condición de aforamiento.

Pablo Capel Dorado es director general de Economist & Jurist Group. Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y máster en Comunicación Política. Desde hace más de tres años dirige la edición digital e impresa Economist & Jurist, publicación líder en información jurídico-legal en España.

Artículo publicado inicialmente en Economist&Jurist.