JAVIER PÉREZ VALLADARES

El pasado mes de julio de este mismo año 2021, surgió una nueva ley que establecía que la cifra máxima para pagos en efectivo no debía superar los mil euros (siempre que uno de los intervinientes sea empresario o profesional).

Esta medida, se suma a otras muchas que se han incorporado a la de por sí, enorme regulación que tenemos en España (más de 100.000 normas). Y es que según los investigadores Juan S. Mora Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls (del Banco de España), la producción normativa desde los años 70, se ha multiplicado por cuatro. Estos expertos ademas, apuntan que el 60%-80% de esta producción pertenece a una regulación regional, desde la consolidación del Estado de las Autonomías a mediados de los años ochenta.

Esto, lejos de ser un dato insignificante es totalmente trascendental para el progreso del país, pues las cifras de desempleo y de presión fiscal, los índices de competitividad de las empresas, la innovación tecnológica e incluso el consumo, dependen indirectamente de este tipo de medidas.

La pregunta es, ¿son conscientes quienes deciden en el Gobierno, de la repercusión que tienen en el país, este tipo de acciones? La justificación de ampliar la normativa en materia de economía, según dicen públicamente, es dificultar el fraude fiscal. Pero igual que nadie duda de las bondades de los antibióticos para la salud de las personas, también es sabido, que un exceso de medicación puede acarrear efectos adversos. Supondría lo mismo para la salud económica del país? Efectivamente, parece ser que en materia de regulación, ocurre exactamente igual.

El lector se preguntará, ¿pero cuáles podrían ser los efectos negativos, de utilizar la producción normativa como solución a los problemas económicos del país? De entre los muchos estudios y datos que existen al respecto, citaré solamente algunas de las consecuencias. Entre éstas, se podría destacar la barrera de entrada para las nuevas empresas que querrían constituirse (añadir que un aumento del 1% en el volumen de regulación, estaría relacionado con un 0,05 % menos de empresas en promedio).

No es el único daño o freno al progreso económico y social. Otro efecto de la existencia de tanta normativa, sería la dificultad que sufren las empresas para poder expandirse por el país (en otras comunidades autónomas, existen diferentes normativas que impiden aplicar economía de escala, por ejemplo).

Finalmente, la consecuencia de esto es que las empresas desconocen la totalidad de leyes y normas que regulan su actividad, lo cual conlleva irremediablemente mayores sobrecostes y sanciones, restando competitividad frente a otros países más ligeros y menos intrusivos económicamente.

Si conocemos los efectos nocivos de tener demasiada regulación, ¿por qué los líderes continúan aplicando un modelo que se sabe que es perjudicial para el país y su ciudadanía?

La respuesta podría ser que en España tenemos 18 parlamentos (el nacional y los autonómicos) y cada uno de estos gobiernos legisla indiscriminadamente, siendo el resultado una hipertrofia legislativa (como cita Javier García, editor de SINTETIA) que, en muchos casos, es de escasa calidad técnica y contradictoria entre sí.

Noam Chomsky tendría otro argumento alternativo. Pues en su decálogo de las estrategias de manipulación de masas, nos explica la manera que tendrían los gobiernos de persuadir a los ciudadanos de manera imperceptible y sin tener que recurrir a la imposición o a la violencia. Debe saber el lector, que Noam Chomsky percibe una intencionalidad en las acciones que realizan los Gobiernos y describe la manera que tienen estos, de llevar a cabo sus objetivos e implementarlos. Es decir, el exceso normativo sería la consecuencia de un deseo previo del Gobierno, para aproximarse a otros fines desconocidos por los ciudadanos.

Entre el abanico de técnicas disponibles y que estarían directamente relacionadas con el hecho de querer saturar de normativas un país, estaría la “estrategia de la gradualidad”, donde los gobernantes irían añadiendo pequeños cambios en la legislación vigente, de manera que la ciudadanía iría aceptando, gradualmente, las nuevas normativas, sin ofrecer resistencia alguna. La “estrategia del diferir” también se podría aplicar perfectamente, pues serviría para justificar la producción regulatoria para evitar un mal mayor, que en este caso es el fraude fiscal, por ejemplo. Incluso se podría citar también la “estrategia de la autoculpabilidad”, donde muchos empresarios y profesionales, al ser conscientes de que no cumplen, a la perfección, con las leyes fiscales, aceptan que necesitan ser mejor controlados, con nuevas normas que los limiten, por el bien de todos.

Si se cambia el enfoque y en lugar de hablar del exceso de regulación, se habla de su contrario, la libertad económica o la facilidad para realizar la actividad económica, decir que cada año, el Banco Mundial publica el “Doing Business”, que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial. También “Fraser Institute” emite un informe que mide el grado de libertad económica. Y ambos muestran que países como Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, encabezan las listas de países con mayor libertad económica y mayor facilidad para ejercer la actividad económica. Sorprendentemente, a su vez, poseen una clara superioridad como países con mayores ingresos por persona, mayores ingresos para el 10% más pobre, mejor esperanza de vida, alfabetización, etc.

¿Sería entonces una locura pensar que el exceso de regulación, lejos de servir a la ciudadanía y al tejido empresarial del país, sería la consecuencia de un “modus operandi” mal implementado debido a una organización poco funcional? ¿Estaría incorrecto deducir que convendría reformar la manera en que el Estado está organizado? ¿Debería plantearse la verdadera función de las empresas en el S.XXI y su lugar en la sociedad, en detrimento de otras entidades que restarían dinamismo y eficiencia a los motores económicos que generan empleo, consumo, ingresos, bienestar, etc? Siendo esto un tema de máxima actualidad, ¿debería el Gobierno entonces analizar la repercusión de la regulación económica en la sociedad, en el presente y en el futuro, adaptando las existentes, a las circunstancias concretas del país?

Producción normativa, libertad económica… Tiene el lector dos maneras de hacer en el ámbito económico. Emitir leyes, para garantizar una mejor convivencia en general y asegurar el orden y el bienestar a la ciudadanía, mediante límites regulados por los gobernantes o dejar libertad, para que sean los propios actores del sector económico, los que trabajen y compitan con medios propios frente a terceros.

El concepto de “la libertad” es y será muy importante para la humanidad, pues actuar según se quiera, es ser libre y si además, se disfruta lo que se hace, acontece irremediablemente la felicidad.

Javier Pérez Valladares es empresario, escritor y asesor de políticos, en Latinoamérica (@JavierPerezVa)