ANDRÉS LAGUNA

Es de muy poca ayuda estar ensombrecido por crisis de comunicación ajenas a la gestión de lo que muy bien puede llegar a ser la peor crisis sanitaria de la historia moderna. Lamentablemente para el presidente Laurentino “Nito” Cortizo de Panamá, esta fue su situación en la que ha sido la semana más difícil de su mandato. La acumulación de escándalos de contrataciones públicas para un hospital modular de la COVID-19 y ventiladores, la mala recepción de cambios de autoridades en el Ministerio de Salud y un confinamiento que ha durado casi seis meses, ha despertado un descontento importante en medios de comunicación digitales influyentes, así como en sectores importantes de la sociedad civil.

Poniendo a Cortizo en contexto

Desde su campaña el año pasado, Cortizo abanderó la idea de un “gobierno alineado” que se regía por la planificación y el trabajo en equipo. En el imaginario político panameño, su formación política, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), es conocido por sus éxitos de gestión, su disciplina fiscal y su enfoque socialdemócrata. A inicios de año, con la pandemia apenas empezando, se esperaba que Nito manejara esta crisis con eficacia. Y por un par de meses así lo hizo. El presidente comparecía ante las cámaras semanalmente y brindaba un mensaje de tranquilidad en ese particular (y para muchos agradable) tono “campechano” que, ante la opinión incluso de críticos acérrimos, generaba confianza en la gestión de gobierno.

Sin embargo, poco a poco esta confianza se fue deteriorando. Atribuyo esta degradación a la ausencia de una estrategia de comunicación que involucre a todos los actores necesarios para facilitar el manejo de la crisis sanitaria en Panamá. Las inconsistencias en el mensaje y la multiplicidad de portavoces (aunado a una falta de transparencia sobre el proceso de toma de decisiones), provocaron la especulación de distintos sectores sociales sobre contrataciones importantes, y sobre el desarrollo de infraestructura vital para la atención a pacientes con COVID-19. Esto resultó en el despido del viceministro de la Presidencia.

Dado este episodio, los problemas en la comunicación interna del gobierno empezaron a aflorar. Ante los ojos del público, parecía no haber coordinación entre las intervenciones del presidente Cortizo y la de sus ministros. Esto, así como la crítica de parte de la prensa sobre el tratamiento que se les estaba dando, produjo el reemplazo del Secretario de Comunicación del Estado. Sin embargo, aún persiste este problema que solo se ha agudizado por una serie de decisiones a nivel comunicativo que no han calado con la ciudadanía, como que por casi tres meses las autoridades no permitieron preguntas en el reporte diario del virus, y el cese de las comparecencias semanales de Cortizo.

Y, como si fuera poco, el número de infectados por el virus inició un ascenso que ha tomado varias semanas controlar. Era constatable que los mensajes del gobierno a la ciudadanía (sobre todo a los residentes en barrios populares) no estaba llegando. Las imágenes de fiestas barriales donde no había respeto alguno por las medidas de distanciamiento físico, dieron la vuelta al país, demostrando la poca efectividad de la palabra del gobierno, así como de su pobre aplicación de las regulaciones. Creo que hay que reconocer que es difícil controlar una crisis tan inédita y de tal magnitud. Pero el hecho de que las autoridades hayan emitido al principio de la pandemia 300 mil salvoconductos de movilidad cuando todo el territorio nacional (que solamente tiene cuatro millones de habitantes) debía permanecer bajo una cuarentena absoluta, claramente hace que surjan cuestionamientos.

Sumado a esto, el reemplazo de la muy respetada Ministra de Salud por su viceministro y la dimisión de un consejo consultivo de expertos independientes y apolíticos (que fue sustituido por un comité de expertos de salud, donde participan figuras importantes PRD), también han generado resistencia por parte de la oposición y de la pequeña pero ruidosa y organizada sociedad civil panameña. Como era de esperar y como ha sucedido en distintos países de Latinoamérica, hubo pequeñas manifestaciones de personal médico, de estudiantes, de sindicatos y de la sociedad civil. A pesar de todo ello, todavía impera un sentimiento generalizado de arrimar el hombro, tal y como lo demuestran los distintos esfuerzos de voluntariado y los recuperados de COVID que donan su plasma.

Septimania horribilis

Parecía que las cosas regresaban a su “inercia de la pandemia”. Seguíamos en confinamiento. Los caballeros tenían permitido salir los martes y jueves, y las damas los lunes, miércoles y viernes. Todos solo por un periodo de tiempo reducido basado en nuestros números de la cédula de identidad personal. La oposición y la sociedad civil continuaban criticando y el gobierno seguía gestionando. El gobierno reabrió limitadamente el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la Ciudad de Panamá, reactivando el Hub de las Américas; y el índice de contagios (RT) estaba descendiendo progresivamente.

La esperanza empezaba a renacer. El gobierno generó un momentum valioso que, si bien no lo posicionaba en un lugar que yo consideraría ideal (dado que no ha hecho mayores esfuerzos por reparar sus relaciones con los medios y de articular un diálogo constante con la oposición y la sociedad civil), le permitía ejercer sus labores sin mayores oposiciones narrativas. Pero todo tomó un giro al sur la segunda semana de agosto, cuando se desencadenó (parafraseando a Lemony Snicket) “una serie de eventos desafortunados”.

Inició la semana con un comunicado del Ministerio de Educación (MEDUCA), donde la ministra se disculpaba por unas ilustraciones en las guías educativas que han sido distribuidas al estudiantado panameño, que explicaban el tema de “la familia” y ponían de relieve a tres parejas, dos de ellas homoparentales. La esfera de redes sociales, que en Panamá es sinónimo con sociedad civil, criticó duramente el comunicado del MEDUCA y la aparente inconsistencia del mensaje de “inclusión” de la ministra. Según sus críticos, el MEDUCA aplacaba a grupos “pro-familia” y a una agenda que consideran discriminadora. La conversación por este episodio ha escalado al punto de ser un asunto de materia constitucional. Una primera estaca al gobierno de Cortizo.

Pasaron unos días donde, aparte del fiasco comunicativo del MEDUCA, no hubo mayores ataques al gobierno. Sin embargo, en esos dos días, algunos medios digitales (que, por la falta de diferenciación entre los medios tradicionales, y por su tono sensacionalista y actitud activista, han ganado una popularidad e influencia importante, sobre todo en la capital) organizaron una pequeña campaña con el hashtag #YaBasta. La campaña convocó una manifestación para el jueves en una de las principales avenidas de la Ciudad de Panamá. En clara violación a las medidas de distanciamiento social impuestas por el Ejecutivo, pero reclamando el derecho constitucional a la organización y a la protesta, un reducido grupo de manifestantes se lanzó pacíficamente a la Calle 50.

Luego que algunas unidades policiales no lograran con el diálogo despejar a los manifestantes, el gobierno actuó de una manera que no esperaba. Desplegó una fuerza antimotines armada con toletes y escudos suficientes para coartar disturbios violentos. Los manifestantes, armados con sus móviles, grabaron a los uniformados. Las imágenes llegaron a las redes en tiempo real. Una segunda estaca al gobierno de Cortizo.

Bajo los lentes de “gestión” o los lentes de “comunicación”, esta fue una acción desmedida. El gobierno, que había trabajado en una narrativa basada en el diálogo, el consenso y la apertura, logró desarticularla en cuestión de horas. Para colmo (pero como era de esperar), algunos asociaron estas escenas con recuerdos de la dictadura militar que culminó con la invasión estadounidense de 1989. Aún es temprano para llegar a un juicio definitivo, pero creo que es seguro afirmar que la mala (o la ausente) comunicación entre Presidencia y el Ministerio de Seguridad y la Policía asociará a este gobierno por un largo tiempo con la etiqueta de “represor”, algo que dificultará la gestión de la crisis económica que ya empieza a manifestarse.

Momentos como el del jueves son difíciles de olvidar, aún en la época donde la información y los estímulos comunicativos son enormes y constantes. Pero Panamá probó incorrecto este paradigma. El público panameño fue receptor de otro incidente que prometía mancillar la imagen de la administración de Cortizo. Por razones más que aparentes, se filtró un mensaje de voz que mandó el director de recursos humanos del Ministerio de Vivienda, José Ruiloba, a un grupo de WhatsApp de empleados de la institución. En el audio, Ruiloba amenazó con despido a aquellos empleados que no retuiteasen, compartiesen, o dieran “me gustas” a las publicaciones del ministro y del presidente. Este último episodio causó hasta un poco de gracia en algunos. Todavía muchos se preguntan cómo el señor Ruiloba podía ignorar las consecuencias mediáticas que una acción como esta puede producir. Una tercera estaca al gobierno de Cortizo.

Pero no crean que aquí acaba la historia. El sábado, algunos vecinos de un residencial privado en la Ciudad de Panamá, notaron que vehículos oficiales del Estado estaban dejando en una casa a varios individuos y que no estaban respetando las medidas de distanciamiento social. La casa en cuestión estaba siendo alquilada por un asesor de la Autoridad de Aseo de Panamá. Los vecinos pusieron rápidamente la denuncia ante las autoridades y la noticia se diseminó casi al instante, incitando a “cacerolazos” dentro del residencial y los edificios de apartamentos colindantes. Medios de comunicación y curiosos se aproximaron a la escena y pronto se supo que el asesor, de nombre Pedro Ortiz, fue partícipe de una fiesta sorpresa para un familiar que tuvo lugar en su casa, violando los decretos de confinamiento y utilizando recursos del Estado para cometer sus ilegalidades. Tras casi seis meses de confinamiento, que un nombramiento político esté violando la cuarentena, evidentemente, genera sinsabores profundos en la ciudadanía. Una cuarta estaca al gobierno de Cortizo.

Ruiloba fue suspendido del cargo y Ortiz presentó su renuncia, aunque sectores selectos de la ciudadanía exigen castigos más ejemplares. De todas maneras, el gobierno, si tenía narrativa alguna, ya la había perdido.

El valor de la comunicación

Esta semana tan anómala y bizarra reivindica el vínculo importante que existe entre gobernar y comunicar. Son dos acciones inseparables. Reconocerlo no es garantía de éxito en la gestión de gobierno. Pero si se traslada este entendimiento a la práctica, la administración del Estado se vuelve una tarea más fácil. El gobierno de Panamá no ha sabido emplear la comunicación a su favor. A mi juicio, porque no tiene un plan de acción, una estrategia para comunicar. Su imagen de “gobierno alineado” se aprecia por el hecho de que todos los ministros y directores de entidades tienen las mismas gorras y las mismas camisas bordadas con el logotipo del gobierno, pero en cuanto a la gestión, en cuanto a la coordinación de un mensaje, el gobierno panameño está sumiso en una entropía constante.

No todo es politainment y marketing. Comunicar va más allá de símbolos, más allá incluso de narrativas y “el mensaje”. Es observar, reconocer y comprender el entorno interno y externo del gobierno. Es vaticinar escenarios. Para un presidente con una formación militar y una retórica que emula terminología de estrategias bélicas, su gestión de la comunicación ha sido poco exitosa. Una planificación que entiende el contexto (incluyendo las dinámicas internas de todas las instituciones del gobierno central), que desarrolla un mensaje coherente con el contexto y que decide después de haber evaluado todas las posibles consecuencias, es una planificación de carácter estratégico. Una planificación que no hubiera permitido que se dieran los actos de represión y bochorno de la semana pasada.

Y esta planificación de la comunicación institucional debe tener en consideración a los públicos, no solo en calidad de receptores de información, sino como actores fundamentales que afectan las decisiones y que, por lo tanto, favorece que estén en un estado de constante comunicación con el gobierno, sobre todo en estos tiempos de crisis. La comunicación del gobierno con otros partidos políticos, con sectores de la sociedad civil y con los medios es muy poca. A esto hay que sumarle la percepción de hermeticidad y opacidad que emana de la objetiva falta de transparencia en los asuntos del Estado.

En definitiva, la comunicación es un activo que, si es bien utilizado, de manera planificada y con la integración en sus cálculos de todos los actores que conforman la cosa pública, puede facilitar los asuntos de Estado y más en tiempos de crisis. No parece que el gobierno conozca o acepte esta realidad inevitable. Aún así, Laurentino Cortizo tiene cuatro años más para gobernar y la crisis solo lleva un capítulo en una historia que aún no se termina de escribir. Todavía existe el espacio para recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero sin una revisión a su equipo de comunicación del Estado, esta misión no será más que una quimera.

Andrés Laguna Martino es B.S. en Comunicación y Estudios de Retórica y B.A. en Relaciones Internacionales por la Syracuse University (Nueva York) y Máster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra (@AndresLagunaPTY)