Comparezco en esta Cámara para pedir la confianza del Parlamento en la investidura como Presidenta de la Junta de Andalucía.

Es la primera vez que una mujer se presenta en esta Cámara como candidata en un procedimiento de investidura.

Con independencia de la opinión que tengan de mi persona y del proyecto político que represento, con independencia del sentido que den a su voto tras el debate que seguirá a esta intervención, permítanme en primer lugar que destaque el hecho histórico de que una mujer pueda acceder a la Presidencia de la Junta de Andalucía, si Sus Señorías dan su confianza.

Durante siglos y hasta fechas recientes, en Andalucía, en España y en tantos otros lugares de todo el mundo las mujeres hemos ocupado un lugar secundario, muchas veces olvidado o simplemente invisible en la política y en otros muchos ámbitos de decisión.

Esta misma Cámara ha sido testigo de esa discriminación histórica: cuando se constituyó por primera vez, en 1982, apenas seis diputadas ocupaban un lugar entre los 109 escaños del Parlamento de Andalucía.

Es decir, más del 50% de la población, que es el que representan las mujeres, ocupaba apenas el 5% de la representación política de esta institución.

Con la ayuda de mujeres y hombres de toda condición, esa discriminación, una auténtica segregación política por razón del género, ha ido disminuyendo con el tiempo, aunque aún quedan terribles secuelas, como la violencia de género, un fenómeno brutal que hunde sus raíces en una cultura machista, que es fruto de la desigualdad.

A todas las víctimas de la violencia de género, como a todas las mujeres que alguna vez han sido o se han sentido discriminadas por el mero hecho de ser mujeres, quiero dedicar mis primeras palabras como candidata.

Ninguna sociedad, y mucho menos la que aspire a un modelo avanzado de convivencia, puede permitirse no contar con el enorme caudal de empuje, capacidad de trabajo y valía de la mitad de la población. Ojalá este paso que damos hoy sirva para apuntalar aún más la igualdad entre hombres y mujeres.

Cuando con el tiempo se juzgue mi trabajo al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía espero haber estado, y les hablo de corazón, a la altura del enorme reto que para mí supone ser la primera mujer que alcanza la máxima responsabilidad política, institucional y del Estado en Andalucía.

Pero antes de ello, Señorías, debemos celebrar esta sesión de investidura, que no es un mero trámite sino un acto de enorme importancia en nuestro sistema político.

Esta sesión es, ante todo, un síntoma del buen funcionamiento de nuestras instituciones.

Nuestra democracia se configura como un sistema parlamentario, tanto en España como en cada una de las Comunidades Autónomas. Así lo hemos querido, así figura en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía y así lo han refrendado los ciudadanos.

La expresión democrática de la voluntad popular reside, precisamente, en esta Cámara, respaldada por el voto libre de los ciudadanos, que es la que debe elegir, de entre sus miembros, a un nuevo presidente o presidenta.

Un acto, como les decía, de enorme trascendencia y un síntoma de plena normalidad, tanto en Andalucía como en cualquier otra Comunidad Autónoma, donde las instituciones establecen mecanismos de sustitución y relevo que garantizan la continuidad democrática.

Y lo hacen con total legitimidad, pues en una democracia y en un Estado de Derecho no hay más legitimidad que la que emana de las leyes. Tal vez convenga recordarlo.

Pero además de legal, normal y legítima, esta sesión de investidura es buena para Andalucía porque garantiza, de entrada, la estabilidad del Gobierno andaluz, asentado en un sólido acuerdo programático de dos fuerzas políticas, PSOE e Izquierda Unida, acuerdo que asumo en su integridad como hoja de ruta fundamental de la legislatura.

Dos grupos políticos que cuentan con una holgada mayoría en este Parlamento, fruto a su vez de la amplia mayoría de izquierdas existente en la sociedad andaluza y que reflejaron las últimas elecciones de marzo del pasado año. Tal vez convenga recordarlo también.

Señorías, en definitiva, esta sesión de investidura se celebra tras la renuncia voluntaria del actual presidente en funciones, D. José Antonio Griñán. Voluntaria y déjenme decir que generosa pues ha sido concebida y puesta en práctica para dar paso a un nuevo tiempo político. Como él mismo dijo en esta misma tribuna, sólo nuevos pilotos nos llevarán a nuevos horizontes.

En eso estamos, querido presidente, y permíteme que te muestre desde aquí mi agradecimiento a tu trabajo y tu altura de miras.

Vivimos un tiempo que se caracteriza por la cada vez más profunda desafección de los ciudadanos hacia la política.

Es más, quienes nos dedicamos a ella aparecemos en todas las encuestas como uno de los principales problemas de la sociedad. Cambiar ese estado de cosas es uno de los objetivos del programa de Gobierno que hoy les presento.

Frente a quienes comparecen ante la sociedad sosteniendo que se está haciendo lo único que se puede hacer, frente a quienes dicen que nada distinto o alternativo puede llevarse a cabo, frente a quienes consideran que gobernar es limitarse a gestionar las imposiciones de terceros, el proyecto que hoy les presento se basa, precisamente, en no resignarse y en cambiar las cosas.

En cambiar la manera de hacer política, cambiar la manera de relacionarse con los ciudadanos y cambiar la estrategia económica.

El desprestigio de la política mina la credibilidad de nuestras instituciones y socava los fundamentos de la democracia.

La limpieza en la vida pública es incompatible con la falta de ejemplaridad y desde luego con los casos de corrupción que, aun siendo aislados, escandalizan a la sociedad y deberían abochornarnos a todos.

A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Combatirla en todos los frentes, con más medidas, más controles, más vigilancia y con mejores prácticas. Combatirla sin descanso con un tesón al menos equivalente al hastío, el cansancio y la indignación de los ciudadanos y ciudadanas respecto de este tema.

Por esa razón, Señorías, propondré al Parlamento una serie de medidas que les anuncio esquemáticamente.

En primer lugar, una modificación legal para que se fortalezcan y amplíen las competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mejorando su capacidad de control.

Una modificación que incluya su capacidad para fiscalizar las cuentas de los grupos políticos con representación parlamentaria, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Además, es nuestro propósito incorporar a la Ley de Cámara de Cuentas la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas.

Igualmente, se establecerá la obligación de que los entes fiscalizados remitan informes sobre la implantación de las recomendaciones que haya formulado la Cámara de Cuentas.

Asimismo, promoveremos una reforma legal con el objetivo de prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos, proponiendo a los grupos de esta Cámara que respalden una iniciativa legislativa en este sentido y la traslade al Congreso de los Diputados.

También, impulsaré la adopción de un Acuerdo Político que comprometa, ya que legalmente no sería posible, a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de renta, y de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su nombramiento como en el del cese.

Todo el trabajo que hagamos para prestigiar la vida pública y el prestigio de las instituciones es poco. También sé que esta tarea ni corresponde a un solo gobierno ni a un solo territorio.

Por eso, cuando celebre la primera reunión institucional con el presidente del Gobierno de España, Sr. Rajoy, pienso proponerle un pacto para la regeneración política de nuestro país.

Un pacto amplio, profundo, ambicioso y sincero que regule adecuadamente la limpieza de la vida pública, los compromisos con la ciudadanía, los mecanismos de rendición de cuentas y de exigencia de responsabilidades.

Un pacto promovido desde Andalucía con vocación nacional, una aportación a la regeneración democrática que tanto demandan, y con tanta razón, los hombres y mujeres de nuestra tierra.

El distanciamiento de los ciudadanos con respecto a la vida pública también tiene mucho que ver con la falta de claridad en el proceso de toma de decisiones, con la opacidad en los procedimientos.

Por eso nos proponemos que la Transparencia sea el principio rector del funcionamiento de la Administración, aprovechando sin titubeos todas las potencialidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tanto desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a la información como desde el establecimiento de nuevos mecanismos de participación, reales, ágiles y eficaces, para lo cual me comprometo a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Participación antes de que finalice el presente año.

En el tiempo nuevo que les propongo inaugurar, el «gobernar para los ciudadanos» debe ser sustituido por el «gobernar con los ciudadanos». Si consigo la confianza de la Cámara, asumiré el reto de construir un gobierno abierto para Andalucía.

Un gobierno valiente, que sea capaz de establecer una conversación permanente con los ciudadanos, escuchando sus necesidades, sus anhelos, sus problemas y sus preferencias.

Es por ello que hoy me comprometo ante esta Cámara a someter a la misma una hoja de ruta completa hacia el «gobierno abierto» que además de la ley de transparencia ya iniciada y del proyecto de «Open Data» incluirá acciones de promoción de la participación ciudadana en todos los ámbitos, incluido el legislativo y de la colaboración entre el gobierno, las distintas administraciones, la sociedad civil y las empresas.

Igualmente me comprometo a que el orden del día de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía sean públicos y conocidos con antelación por todos los ciudadanos. Igualmente, serán públicos los expedientes de los asuntos tratados en dichos Consejos de Gobierno, con las salvaguardas correspondientes a la protección de datos.

Con este objetivo de aumentar la transparencia y la cercanía a los ciudadanos, y porque el Parlamento constituye el corazón de nuestro sistema democrático y representativo, les quiero anunciar mi intención de comparecer semestralmente para debatir sobre la situación política del momento con los grupos parlamentarios. Además de las comparecencias ya establecidas, añadiríamos esta que les anuncio.

Los despachos del Gobierno que pienso formar, si obtengo la confianza de la Cámara, serán las sedes de las Consejerías pero también los pueblos y calles de Andalucía. La proximidad y la cercanía con los ciudadanos no será un eslogan sino una obligación.

Les anuncio, igualmente, que vamos a exigir la introducción de Indicadores de Evaluación en todas las normas y procedimientos que se aprueben, con el fin de que no sólo los gestores públicos, sino todos los ciudadanos puedan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos conseguidos por dicha norma o procedimiento.

Señoras y señores diputados

Nos encontramos en la recta final del año 2013, el quinto consecutivo de una crisis de intensidad sin precedentes y cuyos efectos están siendo devastadores no sólo en la economía, sino también en la política y, con carácter general, en el modelo de convivencia y progreso social que habíamos construido en España y en Andalucía.

Las consecuencias de esta crisis afectan cada vez a más ciudadanos, generándoles cada día más problemas, más inquietud y zozobra, y una creciente sensación de desprotección e impotencia.

Nuestra obligación como responsables públicos, y desde luego la mía si soy investida presidenta, no es poner excusas, ni menos pedirles paciencia y comprensión.

Todo lo contrario, nuestra obligación es, cuanto antes, luchar para poner término a esta situación, paliar los problemas, encauzar las soluciones, desterrar la desesperanza y abrir un tiempo nuevo y mejor para la sociedad andaluza.

Señorías, el escepticismo y la decepción de los ciudadanos ante la política también tiene que ver, y tiene que ver mucho, con la incapacidad de la política para dar respuesta a los graves y acuciantes problemas de la sociedad, especialmente los derivados de la crisis económica.

Desde el año 2008, hemos perdido en torno al 6,6% de PIB, pero sobre todo se ha destruido el 20% del empleo, lo que, consecuentemente, se ha traducido en más desigualdad.

Hoy, lamentablemente, son muchos los que temen que sus hijos e hijas vivirán peor que ellos. Algo que genera frustración y extiende un manto de pesimismo sobre buena parte de la sociedad.

Más aun, cuando estos mismos ciudadanos contemplan cómo las políticas basadas en la austeridad que vienen desarrollándose, en Europa y en España, han ido acompañadas, además, de diversas medidas que han acentuado la desigualdad en todos los planos.

Así, en España, por primera vez en la historia, en este año, los beneficios del capital tienen más participación que los salarios en la renta nacional generada. Esto se traduce, sencillamente, en un empobrecimiento de las clases medias trabajadoras.

No olvidemos que hace apenas unos años, se consideraba a los llamados mileuristas la parte más vulnerable del mercado de trabajo. Hoy son miles de familias las que han de sobrevivir con unos ingresos inferiores a mil euros, en Andalucía uno de cada tres hogares se encuentran en esta situación.

Por su parte, la reforma laboral ha contribuido decisivamente a desequilibrar las relaciones laborales en perjuicio de la parte más débil, los trabajadores.

La reforma judicial ha incorporado nuevas tasas, debilitando la posición ante los tribunales de aquellos que tienen menos recursos.

La reforma educativa ha elevado las tasas universitarias y endurecido las condiciones de acceso a las becas, precisamente de aquellos con menos posibilidades económicas.

Y la reforma sanitaria ha introducido el copago ciudadano de productos farmacéuticos en lugar de optar porque los mayores costes del sistema fueran asumidos por las multinacionales del sector, estimulando la competencia entre ellas.

Es evidente que las llamadas «políticas de austeridad», por definición, no promueven el crecimiento económico, no sirven para relanzar la actividad productiva y el empleo. Pero es que, además, la duración e intensidad de la crisis evidencian su fracaso al dar lugar a resultados contrarios a los prometidos.

Señorías, estoy convencida de que todos aspiramos a salir de la crisis. No hay nadie con responsabilidad pública que no desee con todas sus fuerzas superar la crisis económica más grave de nuestra historia reciente. Tengo la seguridad de que todas las personas que participamos de la vida política trabajamos para ello y le dedicamos lo mejor de nuestro esfuerzo.

Pero no todos tenemos la misma visión sobre cómo hacerlo. Ni sobre cuáles son las prioridades. Ni sobre el camino que debemos elegir.

Yo les digo, señorías, que otra política es posible. Que otra política es necesaria. Otra política que necesitan los ciudadanos de nuestra tierra.

No partimos de cero. Desde la conciencia de los graves problemas que tenemos, podemos, al mismo tiempo, sentirnos orgullosos de los muchos logros alcanzados por nuestra tierra.

Logros como tener uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa. O una de las mejores infraestructuras para la investigación. O universidades eficientes en términos de su calidad, coste y utilidad en la transferencia de los conocimientos al tejido productivo. O un sistema de becas y matrículas que permite que toda persona joven que quiera estudiar pueda hacerlo. O un sistema de comunicaciones homologable a los mejores. O empresas competitivas que han sabido estos años internacionalizarse y ganar mercados exteriores.

Estos resultados constituyen también una sólida base para creer en nosotros mismos y afrontar los retos de crecimiento económico y progreso social que tiene Andalucía, aumentar nuestra competitividad, reforzar la cohesión social y la sostenibilidad de nuestro modelo. Y todo ello, con un objetivo: el empleo.

Mi Gobierno hará, pues, una política económica de revaluación de nuestros activos, de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades.

Esa será la apuesta de este Gobierno de izquierdas frente a la devaluación de salarios y empleo que defienden los Gobiernos conservadores y neoliberales de la derecha. Y también para poner en valor la ética social frente a la ausencia de valores de esa austeridad mal entendida convertida en pretexto para reducir o acabar con los logros sociales. Una economía más competitiva no exige, en modo alguno, unos ciudadanos más pobres.

Valoramos la iniciativa de las personas emprendedoras. Andalucía necesita de un sector privado fuerte que cree riqueza y empleo, pero también necesitamos un Gobierno fuerte que regule las actividades económicas, las propicie y estimule y que, al tiempo, combata las desigualdades y fomente la igualdad de oportunidades.

Señorías, soy bien consciente de que es necesario crear riqueza para poder distribuirla. Y soy bien consciente, igualmente, de que el grueso del empleo lo crean las empresas, el tejido productivo andaluz, sobre el que ha de pivotar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Por ello, debo decirles a los empresarios andaluces, a esos que invierten e innovan, que en el gobierno andaluz van a encontrar un aliado, que no tengan ninguna duda en ese sentido.

Mi objetivo es ayudarles a crecer con una política económica que propicie que puedan ganar tamaño, innovar, internacionalizarse, invertir y, en consecuencia, crear empleo.

Andalucía cuenta ya con un denso tejido empresarial; mayor en términos relativos que el de países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Pero no podemos desconocer que es un tejido empresarial joven y, en términos generales, de pequeña dimensión. El 92% de las empresas andaluzas tiene menos de cinco trabajadores.

Nuestro tejido empresarial es cada vez más competitivo tanto en productividad como en apertura y posicionamiento en los mercados internacionales. De hecho, Andalucía es la Comunidad donde más han crecido las exportaciones internacionales en los últimos tres años.

Una política económica que debe contemplar una redefinición de nuestro modelo productivo y, en consecuencia, de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo económico. Andalucía tiene que encontrar su mejor lugar en el escenario de la globalización.

Tenemos bases sólidas para ello. Activos construidos en la época de bonanza y protegidos en la de crisis. Y los vamos a movilizar por el empleo.

Sectores tradicionales cada día más competitivos, como la agroindustria y el turismo, con un gran potencial, ambos, para seguir creciendo.

Sectores industriales con elevada productividad y orientación internacional, como el aeronáutico.

Un gran potencial de la industria en torno a nuestro sistema de puertos y las áreas logísticas promovidas desde la intermodalidad.

También en las TIC y en los servicios avanzados, gracias a la capacidad que ofrecen nuestro Sistema Universitario Público y los parques tecnológicos.

Y lo tenemos en la industria de las energías renovables, que seguirán siendo un sector de futuro a pesar de las políticas cortoplacistas que están frenando su desarrollo.

Apostamos por una movilidad sostenible, manteniendo el esfuerzo inversor para desarrollar un transporte público, que en estos momentos de dificultad económica es más de 400 millones de euros. Culminaremos para su puesta en marcha los metros de Málaga y Granada y el tranvía de la Bahía de Cádiz.

Señoras y señores diputados

Una nueva economía requiere unos nuevos instrumentos. Hay que pasar de la subvención al incentivo. Una estrategia que contemple no sólo los fines y objetivos sino las diversas políticas instrumentales. Una profunda revisión que no dé por sentado nada, que analice la validez y eficacia de los distintos instrumentos, desde las titulaciones universitarias o la FP hasta la reorientación integral de toda la política de incentivos, subvenciones y ayudas públicas.

Por ello, les anuncio que una de las primeras actuaciones de mi gobierno será lanzar una gran iniciativa que tenga como finalidad la búsqueda de un amplísimo consenso político, social, y ciudadano para que, en un plazo razonable, sentemos de común acuerdo las bases de esa renovada estrategia de crecimiento económico y social de nuestra tierra.

En definitiva, Señorías, acabar con las inercias para definir nuevos horizontes. También un tiempo nuevo en la estrategia y el modelo económico.

Comprenderán que, por su propia naturaleza, se trata de un objetivo que, en su concreción, concierne a toda la sociedad andaluza, porque afecta y compromete su propio futuro y que, en su puesta en marcha, va más allá de los límites temporales de la presente legislatura.

Pero hay que ponerse a la tarea y el Gobierno que presida considerará este asunto como uno de sus objetivos primordiales.

A tal fin, convocaré a todos los que tengan algo que aportar para que lo hagan de forma libre y responsable. Y me refiero a los agentes sociales en particular, pero también a instituciones de diverso tipo, al mundo asociativo andaluz, a las universidades, a los agentes de innovación, a los centros de investigación y a todos aquellos que quieran comprometerse con el porvenir de Andalucía.

Pero la mirada sobre nuestro futuro no es incompatible con la búsqueda de soluciones a los problemas de hoy, que no son pocos precisamente.

Es tiempo de encontrar soluciones y no perder más tiempo buscando responsables.

A estas alturas, hay pocas dudas de que la recuperación económica ha de apoyarse en un fortalecimiento de la demanda interna: del consumo y de la inversión.

Por eso es muy importante insistir en que solo conseguiremos dejar atrás la crisis con un aumento de la confianza y de la inversión empresarial; es decir, de la economía productiva.

No se conseguirá, desde luego, si el crédito sigue cerrado para los empresarios que quieren invertir y crear empleo, mientras el dinero público se destina prioritariamente a sanear las cuentas de las entidades financieras que se resisten a dar crédito.

No se conseguirá tampoco si se siguen reduciendo las partidas presupuestarias destinadas a la investigación y la innovación empresarial o a la inversión en energías renovables o en medio ambiente, mientras se aumenta la presión fiscal indirecta y se penaliza el consumo.

El gobierno central debe apoyar a los empresarios que invierten y crean empleo. Los bancos deben apoyar a los empresarios que invierten y crean empleo. Y mi Gobierno, insisto, va a profundizar en las medidas de apoyo a los empresarios que inviertan y creen empleo.

Así que el primer requisito para la recuperación de la inversión empresarial es la estabilidad del sector financiero: una mayor fluidez del crédito y un mayor compromiso de la banca con la economía productiva que crea riqueza y empleo.

Por ello, me comprometo a crear un instrumento público que facilite financiación a los proyectos empresariales y que aplique las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre creación de un instituto público de crédito andaluz, que se está desarrollando en este Parlamento.

De otro lado, creo imprescindible que se logre garantizar un marco fiscal estable tanto en el ingreso como en el gasto público. El Gobierno central ha anunciado una reforma fiscal para 2014. Es imprescindible que, al abordarla, cuente con la colaboración de las Comunidades Autónomas y que lo haga desde la lealtad.

Una reforma que clarifique las competencias en los distintos impuestos y permita avanzar en la corresponsabilidad fiscal.

Una reforma que se apoye en la progresividad, que no privilegie a las grandes fortunas, y que sepa distinguir entre las inversiones que crean empleo de aquellas otras que sólo se dirigen a la especulación improductiva.

Y lo mismo podríamos decir respecto del gasto público. Los cambios bruscos en el apoyo a la innovación empresarial o la brutal reducción de lo planificado en las energías renovables no han hecho otra cosa que arruinar a empresas, aumentar el paro y destruir la confianza.

Además, debemos incidir en el conjunto de normas, procedimientos y exigencias administrativas que condicionan el nacimiento y la vida de nuestras empresas; es decir, en la inversión productiva y en la creación de empleo.

Porque el problema no está en el número de concejales o diputados autonómicos sino en el abultado número de trámites administrativos a los que se ve abocado un empresario que pretende abrir un negocio o en el número de licencias y autorizaciones, en el silencio negativo y en la incompatibilidad territorial de algunas regulaciones económicas.

No estamos ante un problema de exceso de democracia, sino de exceso de burocracia. Debemos avanzar coordinadamente en el conjunto de España con acuerdo de los distintos gobiernos, central, autonómicos y locales y hacerlo en al menos cinco direcciones:

• Una progresiva, pero significativa, reducción de cargas administrativas.

• La sustitución de licencias y autorizaciones por el procedimiento de declaración responsable.

• Extender la validez y eficacia a todo el territorio nacional de decisiones, autorizaciones, permisos o licencias adoptadas por una Administración conforme a un procedimiento común.

• Garantizar el acceso rápido y ágil por cualquier Administración de los datos administrativos de personas y empresas, previa autorización del interesado, independientemente de donde están depositados.

• Un marco normativo único, común a todas las Administraciones Públicas, en aquellos ámbitos de especial interés para la actuación empresarial.

En esta dirección actuará el gobierno andaluz si se me otorga la confianza de la Cámara.

En todo caso, y para avanzar de forma decidida en este camino de facilitar el nacimiento de proyectos empresariales y la inversión, les anuncio que en Andalucía impulsaremos una agilización de los trámites necesarios para la creación de empresas, reduciendo los que corresponden a la Comunidad Autónoma e impulsando el diálogo con otras Administraciones en esta misma dirección.

Nuestro objetivo, señorías, es que el tiempo empleado en constituir una empresa se vea en Andalucía reducido, cuando menos, a la mitad.

Señorías, es necesario también reforzar la generación de empleo en el medio rural:

Andalucía cuenta con una enorme propiedad de tierras de titularidad pública agraria y forestal que puede movilizarse en favor del desarrollo económico de los ciudadanos que habitan los municipios rurales.

La gestión de las tierras públicas requiere de una planificación con capacidad para soportarla económicamente, en la que la explotación de oportunidades revierta sobre el desarrollo rural.

Para dicha planificación les propongo la creación de un Observatorio de Tierra que analice y diagnostique la situación actual y la proyección de futuro. El objetivo es promover el desarrollo local sostenible en consonancia con la evolución de las nuevas políticas europeas.

Un modelo sostenible, desde el punto de vista de su relación con nuestro medio ambiente, es también una gran fuente de oportunidades, especialmente en industria y empleo, incluido el denominado empleo verde.

Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar social, la protección medioambiental es una garantía del progreso seguro de las sociedades. La defensa de los espacios naturales andaluces, en especial los más emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana, formará parte del compromiso irrenunciable del nuevo Gobierno.

Igualmente, estableceremos medidas destinadas a estimular la economía social y las fórmulas de trabajo cooperativo, al tiempo que se favorecerá la empleabilidad de colectivos en riego de exclusión social.

La contratación de la Junta de Andalucía genera un gran impacto tanto económico, como social y medioambiental, lo que la convierte en una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover políticas sociales tendentes a la creación de empleo para sectores desfavorecidos, así como para el fomento de las empresas de economía social.

Por ello, profundizaremos en la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de contratación pública que cumplan dicha finalidad en las distintas fases del contrato: acreditación de la solvencia de las empresas, adjudicación, y ejecución.

Como instrumento para hacer efectivo este compromiso se elaborará una guía para la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos que sirva de referencia a los órganos de contratación a la hora de confeccionar los pliegos de cláusulas.

No se trata sólo de medidas administrativas. Favoreciendo la economía social, propiciando el empleo de quienes más severamente están sufriendo las consecuencias de la crisis, ponemos rostro, nombre y apellidos a nuestra política económica y señalamos beneficiarios directos de las mismas.

Gente que lo necesita, que necesita que se piense en ellos y que se actúe en consecuencia. Eso es lo que hacemos con medidas con ésta.

Promover el crecimiento, el empleo y la igualdad requiere también una política fiscal justa, progresiva y adecuada a las necesidades de la sociedad.

La intención del nuevo Gobierno es no elevar la presión fiscal, pero sí efectuar las modificaciones oportunas en el sistema tributario al objeto de hacerlo más eficiente y equitativo, incrementando en todo caso la progresividad del mismo.

Igualmente deben mantenerse y profundizarse las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal a través de tres áreas fundamentales de actuación: la intensificación del control en los impuestos personales y progresivos que gestiona la Comunidad Autónoma, la mejora en el control de los beneficios fiscales y el fortalecimiento del control del fraude en la fase de recaudación.

También, de manera inmediata y antes de que finalice el año, presentaremos la ley que regule el acceso a los beneficios públicos y medidas contra el fraude fiscal, con el objetivo de reforzar los controles de manera que no acceda a las políticas sociales ninguna persona que no sea merecedora de ello en atención a sus recursos económicos y su patrimonio.

Señorías, este es un Gobierno sustentado por dos formaciones de izquierda, cuya razón de ser, históricamente, es la aspiración a una mayor igualdad.

Por ello, un objetivo fundamental de la política económica de mi Gobierno es que los beneficios de ese crecimiento al que aspiramos repercutan de forma directa e inmediata sobre las personas, sobre los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Y, en especial, y más aún en estos momentos, sobre los colectivos más vulnerables.

Por eso, un eje esencial de mi programa de Gobierno es el de la cohesión social. Defiendo para Andalucía un verdadero modelo social, un modelo de inclusión, de solidaridad, de igualdad efectiva de derechos.

Este es nuestro proyecto. Una sociedad inclusiva en la que nadie se quede fuera. Una sociedad única, no dual, que defienda la igualdad y que respete y promueva la diversidad. Una sociedad que, consciente de que el conocimiento es la base del futuro, apueste por invertir en las personas. Una sociedad que se pregunte cuál es su índice de desarrollo humano y aspire a mejorarlo.

Que hable y se interese por su expectativa de vida, por su salud, su educación, su cultura, su bienestar, por la disminución de la pobreza, el aumento del empleo, por su huella ecológica.

Para ello, me propongo incluir al cuadro de mando que utilice el Gobierno para orientar sus políticas económicas y presupuestaria un indicador sobre la desigualdad. Un gobernante responsable no puede estar sólo pendiente del IBEX 35.

Y es precisamente en el marco de lo social, en educación, en salud, en servicios sociales y dependencia, en pensiones, donde está la verdadera clave para seguir construyendo una Andalucía mejor, mejor para todas las personas que viven en nuestra tierra.

Por eso, declaro ante todos ustedes mi compromiso, fruto de una transparente voluntad política, de mantener, en lo que se refiere a las competencias de la Junta de Andalucía, las conquistas sociales que tanto nos ha costado conseguir.

En este sentido les anuncio que en el próximo Presupuesto de la Comunidad para el año 2014 la sanidad, dependencia y servicios sociales concentrarán buena parte de nuestros esfuerzos.

También serán prioritarias las políticas de generación de empleo y de inclusión social con actuaciones dirigidas a implantar medidas desde el sector público que permitan, de una parte, reducir el número de personas desempleadas de larga duración y, de otra, paliar situaciones de emergencia que padecen los colectivos más castigados por la crisis.

Por ello se prolongarán las medidas del plan de choque contra el desempleo iniciadas este año y específicamente se continuará con el plan extraordinario de acción social a gestionar por las corporaciones locales, con destino a aquellas personas sin recursos, en situación de desempleo y para cubrir necesidades básicas.

Paralelamente, la apuesta por la educación es la mejor estrategia para hacer frente a las desigualdades, para conseguir una sociedad cada vez más igualitaria y más justa y donde la igualdad de oportunidades sea clave como catalizadora del desarrollo económico.

Contribuir a forjar un modelo de crecimiento más robusto y capaz de competir también exige aprovechar todos nuestros activos y ponerlos al servicio de la actividad productiva y el empleo.

En particular, nuestras universidades han alcanzado un alto grado de competencia en la formación superior de graduados. Hemos de aprovechar esta oportunidad y vincular tanto conocimiento, tanta capacidad de aprendizaje y calidad a nuestra economía.

Nuestra economía será más competitiva si las pymes disponen de todo ese potencial. Si damos pasos en el sentido de que el conocimiento se ponga al servicio de la producción. Eso es conectar la investigación y el desarrollo con la innovación que pueden hacer las empresas, no los gobiernos.

A tal fin, me propongo iniciar un programa para facilitar la incorporación a pequeñas y medianas empresas andaluzas de personas ya doctoradas o que estén realizando su doctorado en el Sistema Universitario Público de Andalucía. Un programa, que elaboraremos con las universidades, y que será competitivo sobre la base de proyectos de las empresas.

Un programa que permitirá a las pymes andaluzas contar con personal altamente formado y facilitará el desarrollo de proyectos innovadores que tengan las empresas que participen, y que promoverá, también, la incorporación de investigadores al mercado de trabajo.

Vamos a trabajar para que el talento de Andalucía, el talento formado en Andalucía, trabaje en Andalucía.

En esta línea, me propongo poner en marcha un programa específico para que nuestras infraestructuras científicas y tecnológicas capten financiación privada. Se trata de seguir el ejemplo del Instituto de Medicina Regenerativa Cabimer, del que puedo anunciarles que ha captado financiación de la principal fundación estadounidense para potenciar la investigación sobre la diabetes.

El reto es conseguir que nuestros avanzados centros de investigación sean el eje de un proceso de colaboración público-privada que multiplique su inversión, acercándonos a los modelos de los países más avanzados.

Señorías, todas estas políticas públicas serían impensables sin el activo papel de la Administración andaluza y del sector público.

Frente a falsos mitos y mentiras interesadas les digo con toda rotundidad que sólo desde las políticas públicas es posible ofrecer servicios de alta calidad de forma equitativa para todos los ciudadanos, no una oferta de mínimos para los más desfavorecidos.

Eso es un modelo social, un modelo que lejos de disminuir nuestra competitividad, permitirá incrementarla, tal y como hacen los países más avanzados de nuestro entorno europeo.

Un modelo que, además, hay que entender como una oportunidad para nuevas actividades generadoras de riqueza y empleo pues la inversión en servicios sociales tiene un elevado multiplicador, que triplica la inversión realizada.

Señorías, situar las políticas públicas como garantes de la igualdad efectiva de los andaluces implica tres decisiones.

La primera es que los derechos sociales no dependen sólo de las llamadas políticas sociales. Los derechos sociales se construyen desde la acción global del gobierno. Porque no hay política social ni sanitaria que compense las desigualdades derivadas de las condiciones básicas de vida como el empleo, la vivienda, la educación o el ambiente urbano.

La segunda es que el desarrollo efectivo de los derechos sociales debe alcanzar a cada ciudadano y a cada ciudadana de Andalucía.

Hemos de hacerlo en el ámbito de la infancia, para garantizar un desarrollo seguro y satisfactorio, físico, intelectual, afectivo y relacional de todos los niños y niñas de Andalucía.

Hemos de hacerlo para todas las personas que se encuentran en el periodo que debería corresponderse con su vida laboral activa. Mejorando su formación y preparación para el acceso o la continuidad en el mercado laboral, así como facilitando el emprendimiento y la innovación.

Y tenemos que hacerlo también en edades más avanzadas para asegurarles a nuestros mayores un envejecimiento activo, saludable, participativo y enriquecedor para el conjunto de nuestra sociedad.

Esa consideración de que todos puedan desarrollar sus capacidades no se limita solamente a las personas a lo largo de su vida. Ha de referirse también a la imprescindible cohesión territorial dentro de nuestra Comunidad.

El compromiso de mi gobierno es seguir trabajando para que todos los andaluces, mujeres y hombres en igualdad, vivan donde vivan, ya sea en el medio rural o en una gran ciudad, en el interior o en el litoral, tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades para acceder a nuestro sistema de servicios públicos.

La tercera decisión para garantizar la igualdad efectiva de los andaluces, es que tenemos que reconocer mucho más el trabajo de nuestros profesionales públicos.

Me consta el extraordinario esfuerzo que esos profesionales están haciendo para conseguir que, en este contexto de restricciones presupuestarias, no se resientan más de lo debido nuestras redes sanitarias, educativas, de servicios sociales y, en general, toda nuestra sistema de protección social.

Quiero agradecerles ese esfuerzo y reconocer su responsable actitud ante los sacrificios que les hemos pedido, reconocimiento que está dirigido lógicamente a todos los trabajadores públicos de la Junta de Andalucía, que día a día nos dan un ejemplo de profesionalidad, buen hacer, y compromiso con nuestra tierra.

En esta línea de mejora del sector público, les anuncio que mi Gobierno convocará en este mismo año una comisión de expertos independientes para que realice un análisis del sector público instrumental, para hacerlo más eficiente y coherente con sus objetivos. Dicha comisión elaborará un informe que deberá concluirse antes de finalizar el año 2014.

Afrontamos una crisis que no va a resolverse por sí misma, y menos buscando falsos culpables o utilizándola como excusa para llevar a cabo un ajuste de cuentas con el Estado de Bienestar.

Se encuentra un falso culpable cuando se acusa a las Comunidades Autónomas y a su supuesta ineficacia de ser uno de los desencadenantes o agravantes de la crisis económica y en concreto de ser las responsables del exceso de déficit público, cuando la realidad es que en el último año 2012 tres cuartas partes del mismo no son imputables a las autonomías sino a la Administración General del Estado.

Se trata de una estrategia irresponsable pues no sólo retrasa la adopción de medidas coherentes para salir de la crisis, sino además hace un daño terrible a nuestro modelo político y de convivencia.

Un modelo político basado en la descentralización, en la aplicación del principio de subsidiariedad, en la cercanía de la Administración y los administrados y, desde luego, el reconocimiento de la pluralidad de España.

En esta culpabilización de las Comunidades Autónomas confluyen, y no creo que casualmente, quienes nunca han visto con buenos ojos que se destinen una importante cantidad de recursos a garantizar servicios públicos universales y de calidad, y quienes, sencillamente, desean acabar con esos servicios públicos para hacer negocio con ellos.

Es, pues, evidente que afirmar que la crisis reside en la gestión de las Comunidades Autónomas es una falacia.

Más aún cuando son éstas las encargadas de impulsar y gestionar políticas económicas orientadas al crecimiento a medio y largo plazo; a la investigación, al desarrollo y a la innovación; a la cualificación del capital humano; a la dotación de capital productivo; al fomento de la cultura emprendedora; o a la competitividad por la vía de ganar mercados exteriores.

En lo que respecta a Andalucía hay que decir, y hacerlo alto y claro, que la salida del subdesarrollo relativo en el que nos encontrábamos hace apenas 35 años, que los avances en todos los órdenes y la mejora de la calidad de vida experimentados en las últimas décadas están íntimamente ligados a la autonomía de nuestra tierra.

Unos avances que difícilmente se hubieran producido bajo un sistema centralista que, si por algo se caracterizó, fue por someter al olvido y la marginación, cuando no a la humillación, a Andalucía y a los andaluces.

Lamentablemente los únicos peligros que acechan a nuestro modelo de convivencia no provienen de los intentos de recentralización.

En sentido contrario, el Estado vive un desafío soberanista, el protagonizado por el Gobierno de Cataluña, al que no puede responderse desde la pasividad o el inmovilismo.

Nuestro rechazo a la ruptura de la unidad de España es palmario. Ni la ruptura ni la vuelta al pasado son soluciones para España ni para ninguna de sus Comunidades.

Por eso desde Andalucía debemos liderar un proceso de reforma de nuestro modelo territorial que corrija ineficiencias, clarifique el reparto competencial, garantice la autonomía efectiva y la financiación de los servicios públicos, facilite la cooperación institucional y sea fruto de un consenso. Un acuerdo al menos tan amplio como el que alumbró la Constitución de 1978.

Desde Andalucía no vamos a ser testigos mudos de todo este proceso. Apostamos por una reforma constitucional, que resuelva positivamente esta modernización del modelo territorial, sobre el principio básico e irrenunciable de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, sin privilegios ni discriminaciones pero con reconocimiento de la pluralidad de España.

Una reforma que fortalezca el vínculo de la Constitución con los españoles que, en razón de su edad, no pudieron, no pudimos, votarla o simplemente no habían nacido cuando se aprobó. Tengamos en cuenta, Señorías, que estos dos grupos de población representan tres de cada cuatro habitantes de nuestro país.

Lo que propugnamos es un nuevo pacto constitucional, destinado a garantizar mejor los derechos de los españoles, para que no queden al albur de un cambio de gobierno, de una crisis económica y mucho menos a expensas de lo que decidan grupos o instituciones ajenos al control democrático de los ciudadanos.

Una reforma constitucional en la que Andalucía juegue, como ha hecho en otras ocasiones, un papel de fiel de la balanza, de equilibrio, de integración y de avance.

El Gobierno que me propongo presidir no será pues, en modo alguno temeroso de los cambios, ni aun menos, inmovilista. Todo lo contrario, partidario de reformas profundas. Pero también partidario de no presentar como reformas lo que sin duda son pasos en la dirección equivocada.

Me refiero al proyecto de la llamada Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un ataque en toda regla a la autonomía municipal y a los Estatutos de Autonomía.

En lo que nos concierne, este proyecto de ley vulnera nuestro Estatuto en quince artículos, que consagran un núcleo competencial propio de las corporaciones locales que ahora, al socaire de los recortes, se quiere, sencillamente liquidar.

No es una reforma sino un intento de desmantelar el modelo institucional de la Administración local, que pierde en buena medida su carácter de «gobierno local» y su propia autonomía.

Y es un paso en la dirección equivocada también por sus graves consecuencias en materia de la atención social que prestan ahora mismo los Ayuntamientos — y que en Andalucía beneficia a un millón de personas.

Y lamentablemente también por su repercusión en el empleo, con decenas de miles de trabajadores andaluces que ven peligrar sus puestos de trabajo.

En consecuencia, el Gobierno que yo presida se opondrá con cuantos medios jurídicos y políticos estén a su alcance –sin descartar el recurso de inconstitucionalidad- ante este auténtico atropello a la autonomía local y a nuestro Estatuto.

En esta misma línea de puesta en valor de las corporaciones locales, les anuncio que con carácter inmediato a la constitución del nuevo Gobierno, iniciaré un programa de visitas y reuniones institucionales a los ayuntamientos de las principales ciudades de la Comunidad Autónoma.

El año próximo se afrontará la reforma del actual sistema de financiación autonómica, cuya inadecuada aplicación sitúa cada año a la financiación de Andalucía por debajo de la media.

Andalucía es una Comunidad cumplidora y leal con los compromisos del Estado. Pero por esa misma razón les anuncio que estaremos muy vigilantes para que el nuevo sistema de financiación cumpla con Andalucía y confío en que el Gobierno andaluz cuente con el respaldo de todos los grupos de la Cámara cuando se aborde esta reforma, fortaleciéndose así la posición de nuestra Comunidad.

Esta reforma debe incluir como un aspecto fundamental la distribución del déficit, teniendo en cuenta las competencias que ejercen las Comunidades Autónomas y vinculando su distribución a la población, acercándose a los principios de suficiencia e igualdad por los que debe de regirse la reforma del sistema.

Hasta aquí les he hecho una exposición de mis propósitos y de mis propuestas para pedirles su confianza.

Pero todo lo anterior perdería su sentido si no fuera capaz de expresarles mi propósito último, mi mayor deseo, mi aspiración más profunda, aquello que motiva y justifica mi actuación política, social e institucional.

Yo sé que muchos andaluces y andaluzas, que hoy lo están pasando muy mal, que están en el paro, o que no saben cómo van a pagar la hipoteca este mes, o cómo atender a los problemas de su pequeña empresa, yo sé que esos andaluces se levantan cada mañana, a pesar de todo, con la ilusión y el deseo de que las cosas puedan ir mejor.

Y salen de casa con el ánimo de hacer todo lo que esté en su mano para hacer que esas cosas mejoren.

Por eso, señorías, no sueño con una Andalucía perfecta, impecable, sin mancha, sin problemas, de la que sólo pudiéramos decir maravillas. No, no quiero vivir en la irrealidad ni en la fantasía, ni siquiera tengo derecho a hacer eso.

A lo que aspiro, señorías, lo que pretendo, y en lo que pondré todo mi afán si sus señorías me dan su confianza es que, entre todos, seamos capaces de construir una Andalucía que cada día pueda ser un poco mejor, y un poco más justa.

Una Andalucía que cada día pueda ser algo mejor y siempre más solidaria. Que cada día pueda ser más fuerte y más rica en todos los sentidos.

Una Andalucía que tenga a gala defender valores que nos abren de par en par la puerta del porvenir: el amor por la inteligencia, la cultura, el arte y la innovación; el aprecio por el esfuerzo y el trabajo; el estímulo al emprendimiento, la cooperación y la apertura al exterior.

Una Andalucía que sea capaz de superar la crisis, de crecer y de crear empleo, sin que en el camino produzcamos una fractura social que tendría consecuencias terribles para hoy y también para mañana.

Una Andalucía que se fortalezca como Comunidad Autónoma y haga su aportación al progreso de España y que, al tiempo, pueda sacar todo el beneficio del hecho de ser la única región europea que se baña en el Atlántico y en el Mediterráneo y que, en consecuencia, pueda desarrollar todas sus potencialidades, que son enormes, en Europa y hacia el Norte de África y la América hispana.

Una Andalucía de la igualdad en todos los terrenos. Igualdad de derechos y de obligaciones; igualdad de oportunidades; igualdad de género.

Una Andalucía que ahuyente el pesimismo y que le dé esperanza a su gente y, sobre todo, y en primer lugar, a sus jóvenes y especialmente a quienes ahora no ven más salida que abandonar su tierra llevándose con ellos, su fuerza y su talento.

No hay cambio social que triunfe sin la implicación y el protagonismo de la juventud y a esa juventud que pide paso y presencia debemos darle cauces e instrumentos para que puedan jugar el papel que les corresponde y que legítimamente reclaman.

Yo me esforzaré en dárselos, señorías, porque en esto nos jugamos el futuro, el de ellos como jóvenes, y el de Andalucía en su conjunto como comunidad. Jóvenes que han de tener como referencia el legado de nuestros mayores, hombres y mujeres ya jubilados que tanto han dado y están dando a nuestra tierra.

Probablemente, señorías, esta aspiración no sea más que una de esas utopías modestas que dan sentido a la vida de las personas.

Puede que así sea, y no me parece poca cosa: modestia para huir de la grandilocuencia y la retórica que tanto nos separan de los ciudadanos, y utopía para huir del conformismo, el descreimiento y la rutina que tanto nos alejan de nuestros sueños, siempre tan necesarios.

Con ese espíritu quiero formar gobierno, y con ese espíritu, señorías, aspiro a gobernar este nuevo tiempo de Andalucía. Para ello les pido su confianza.