DIEGO VALADEZ

Hace unos días finalizó en México, un ejercicio de participación denominado Consulta Nacional para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (en adelante Consulta Nacional). Dicho ejercicio fue convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su objeto era consultar a la ciudadanía acerca de si debía o no continuar la construcción del nuevo aeropuerto de la capital o, en su defecto, debía de optarse por su cancelación y emprenderse, como alternativa, la construcción de dos nuevas pistas aéreas en el aeropuerto de la Base Militar de Santa Lucía.

Más allá de analizar si las opciones puestas a consideración fueran o no idóneas, o si la materia misma sujeta a consulta merecía de un ejercicio tan atípico como el convocado, el objetivo de este breve artículo se constriñe a llamar la atención sobre las repercusiones que este proceso puede llegar a tener en el institucionalismo mexicano, específicamente, en materia electoral, democrática y de participación ciudadana.

En primer lugar, me rehúso a llamar a la consulta convocada por el presidente electo un ejercicio democrático. Pero para exponer los motivos de mi rechazo categórico, considero que es importante dejar claro tres posicionamientos personales, a fin de evitar alguna confusión:

1. Los instrumentos desarrollados para la medición de la opinión pública son totalmente legítimos y valiosos intrínsecamente dentro de una democracia, en la medida en que contribuyen a dar a conocer una radiografía de un contexto social en un lugar y tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con un mínimo metodológico que garantice la fidelidad, imparcialidad y certeza de sus resultados;
2. Identifico a la democracia participativa como un proceso constitucional y legal mediante el cual las y los ciudadanos son convocados para formar parte de una decisión política, ya sea a través de la presentación de alguna iniciativa, la celebración de un referéndum, la revocación de mandato, entre muchas otras figuras. En ese sentido, reconozco en este tipo de mecanismos un valor adicional para la toma de decisiones de especial trascendencia para la vida en común dentro de una sociedad determinada.
3. Finalmente, estimo que confundir los primeros con los segundos es un error con efectos negativos para las democracias modernas, que pone en riesgo la instrumentación y legitimidad de la democracia participativa, misma que aún se encuentra en un proceso de gestación en el constitucionalismo mexicano.

Apuntadas estas tres ideas, me parece que la serie de eventos que hoy estamos presenciando en México, con la denominada Consulta Nacional, debería de alertarnos no por la decisión que aparentemente fue sometida a deliberación, sino por los efectos tan negativos que este ejercicio tendrá, en un corto plazo, para la democracia mexicana.

En primer lugar, es una irresponsabilidad que haya sido el presidente electo quien sea el principal portavoz de un ejercicio que ha conducido a la ciudadanía a confundir un instrumento de consulta de carácter privado con un ejercicio democrático de participación ciudadana. La mal llamada Consulta Nacional dista mucho de ser un ejercicio democrático sencillamente porque carece del andamiaje institucional y legal necesario para adquirir tal calificativo.

Apenas el 26 de octubre pasado, el presidente electo publicó un video en sus redes sociales[1] donde expuso los resultados del primer día de jornada de consulta, manifestando que cerca de 250 mil votos habían sido emitidos. En dicho comunicado, el presidente electo aprovechó la oportunidad para manifestar que gozaba de la autoridad moral para garantizar que los resultados de la Consulta eran limpios y confiables, ello como respuesta a los fuertes cuestionamientos que la oposición y distintos medios de comunicación hicieron sobre la falta de garantías de la que adolecía la Consulta por él convocada.

Desgraciadamente, las manifestaciones del presidente electo no pueden sino alertarnos sobre la concepción que mantiene sobre el funcionamiento de la democracia participativa. Por supuesto que no puede despreciarse la idea de que las democracias modernas avancen hacia instrumentos de mayor inclusión y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de índole político, pero pretender que estos instrumentos pueden llevarse a cabo sin ningún tipo de andamiaje institucional, legal y que la certeza de sus resultados pueden garantizarse sólo con “legitimidad moral” es tan iluso como irresponsable.

No hay que olvidar que la consolidación de la democracia alrededor del mundo no ha sido un proceso uniforme ni mucho menos ininterrumpido. En la historia moderna de la humanidad hemos sido testigos de que la democracia ha ido ganando terreno frente otras formas de gobierno, pero no sin el riesgo de sufrir grandes descalabros y enormes retrocesos. Muestra de ello, nos la dio el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington en su libro “La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX”[2].

En esta gran obra, Huntingon presenta una tesis sobre el avance y consolidación de la democracia a lo largo de la historia más reciente de la humanidad, desde 1789. Identifica que la democratización de los gobiernos alrededor del mundo se ha producido a partir de eventos muy particulares que sientan bases fértiles para la construcción de instituciones y normas que permiten hacer de la democracia un modelo efectivo de gobernanza. Sin embargo, Huntington también advierte que en este proceso de expansión democrática también han existido eventos que interrumpen su consolidación, provocando grandes retrocesos.

Apunto sobre esta obra, el hecho de que la consolidación de la democracia está fuertemente vinculada con la creación de instituciones, el establecimiento de leyes y el fomento de una cultura de libertades; mientras que sus interrupciones y retrocesos aparecen cuando estos factores sufren un resquebrajo importante. En este sentido, México no es la excepción a esta regla.

A partir de 1989, en México se ha emprendido una serie de reformas estructurales que han permitido la creación y consolidación de un sistema electoral, institucional y legal, que cumplan con los principios constitucionales rectores de la función electoral. De conformidad con el artículo 41, fracción V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función electoral estatal deberá conducirse siempre bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El establecimiento de estos principios no fue casual ni aleatorio, su incorporación a nuestro texto constitucional responde a la necesidad de que el Estado Mexicano garantice a la ciudadanía y a la población en general, que los resultados que emanen de un proceso democrático son auténticos y que detrás de cada voto depositado en la urna existe una voluntad ciudadana libre. Esta misma lógica siguió la Ley Federal de Consulta Popular, expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.

Apuntadas estas ideas, debemos de evaluar si el ejercicio que se ha presenciado en México durante la pasada Consulta Nacional cumple o no con los principios rectores de la función electoral y, más aún, si los resultados arrojados por la misma pueden ser considerados como la manifestación de una voluntad colectiva libre y auténtica. Personalmente, considero que esto no es así.

El inconveniente sobre el que ahora nos enfrentamos va más allá de si los resultados que arrojó este ejercicio consultivo serán o no vinculantes para el próximo gobierno federal, así como de las implicaciones socio-económicas que pudiera tener. El problema más profundo y del que deberá de ponerse especial atención es sobre si estos mecanismos de consulta serán la pauta para la toma de decisiones gubernamentales y, de ser así, cuál podría ser el impacto que esto tendría sobre nuestras instituciones democráticas.

Por lo anterior, es que me rehúso a calificar como democrático un proceso de consulta que es incapaz de aprobar el más mínimo examen de institucionalidad y legalidad como del que fuimos testigos en México. Espero con optimismo que este ejercicio consultivo haya sido la excepción y que el día de mañana aprovechemos las lecciones aprendidas, aunque la luz de ese horizonte aún no parece asomarse en estos primeros días de la semana.

Diego Valadez es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, México. Analista Político por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó estudios de Máster en Marketing y Comunicación Política, en la Universidad de Alcalá. Actualmente es asesor electoral en el Instituto Nacional Electoral, en México. (@DieguitoValadez)

[1] Visto en https://www.tribunanoticias.mx/2018/10/26/video-tenemos-autoridad-moral-para-garantizar-una-consulta-nacional-limpia-amlo/ (consultada el 30 de octubre de 2018, 13:29 horas)

[2] HUNTINGTON, Samuel F. La Tercera Ola: la democratización a finales del siglo. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994.