JOSÉ CARLOS HUERTA

El gobierno actual de Enrique Peña Nieto anunció el pasado 02 de septiembre de 2014 la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) ubicado en la zona de Texcoco. Esto como respuesta a que el actual aeropuerto había llegado a su tope trasladando a más de 32 millones de personas al año y apostando por un proyecto en un terreno más grande, que buscaría la construcción de 6 pistas aéreas, aumentar hasta 150 millones de personas al año y que permitiera la llegada y salida de más aviones comerciales e incrementar el comercio internacional.

Desde el principio, este fue visto como un proyecto ambicioso realizado por el arquitecto Norman Foster, el mismo que construyera los aeropuertos de Pekín y Hong Kong. El NAICM sería de los aeropuerto más grandes y modernos de todo Latinoamérica y contaría con un diseño y tecnología que lo haría uno de los aeródromos más sustentables del mundo.

Sin embargo, los 13 mil millones de dólares que costaría la construcción y los años para que este se edificara sonaban escandalosos a los oídos de muchos mexicanos. Fue a partir de 2017 que el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abanderó la negativa a la construcción del mismo y lo estableció como uno de los pilares de su campaña. Vendiendo la idea de ser una obra faraónica, llena de irregularidades y con altos índices de corrupción, prometía la cancelación del proyecto y presentaría meses más adelante un proyecto que pretendía ser la solución más económica que atacaría las principales problemáticas del actual aeropuerto.

Pasadas las elecciones del primero de julio de este año, no pasó una semana antes de que el tema del Nuevo Aeropuerto saliera en su agenda como Presidente Electo. Esta vez lo hacía con un discurso moderado, buscando la reconciliación nacional, anunciaba una “Consulta Ciudadana” que buscaría poner en las manos de los mexicanos la decisión de continuar o no con la construcción del NAICM.

En todo este proceso sobraron argumentos contra la construcción del Nuevo Aeropuerto y faltaron argumentos a favor de la habilitación de la base Aérea Militar de Santa Lucía. Integrantes de lo que será el nuevo gobierno buscaron justificar esta posibilidad mediante estudios de viabilidad con resultados que concluían, en algunos casos, que el funcionamiento de los dos aeropuertos no era viable o que responderían a corto plazo con los problemas de saturación que hoy tiene el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Desde el anuncio de la consulta, diferentes actores de la política mexicana alzaron la voz alegando que dicho ejercicio no respetaba ningún tipo de proceso legal. La Constitución Mexicana, en su artículo 35, establece el proceso: En primera instancia la Suprema Corte de Justica debe declarar que la consulta no va contra la misma Constitución; en segundo lugar, debe ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; tercero, el Instituto Nacional Electoral sería la institución encargada de realizarla y debería ser llevada a cabo en alguna fecha de elección federal. Finalmente, para que el resultado de la consulta sea vinculante, esta debe ser votada por al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en lista nominal.

Teniendo en cuenta que ninguno de estos procesos legales fue respetado por el presidente electo, este último punto es uno de los aspectos a destacar de la Consulta Popular. Se ha decidido cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto después de que un millón 69 mil personas participaron en el ejercicio, lo que representaría únicamente al 1.19% del padrón electoral mexicano. De acuerdo con los resultados, 69.9% (lo que representan a poco más de 748 mil personas) votaron en contra de lo que sería el proyecto de infraestructura más ambicioso en los últimos años.

El proceso de la Consulta estuvo plagado de irregularidades. La primera fue que estar organizada y financiada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mismo partido que fundara AMLO. La localización de las casillas favorecía a las áreas donde Morena tiene mayor presencia electoral. La aplicación móvil que evitaría que las personas pudieran votar más de dos veces falló, permitiendo que la gente votara las veces que quisiera. No había mamparas para asegurar que el voto fuera secreto, las urnas las controlaban operadores del partido y, finalizado el día, se llevaban los votos a sus casas. No hubo representantes opositores y nunca se supo bien a bien quien fue el que dio certeza o legalidad al ejercicio.

Las consecuencias de dicha cancelación se están viendo desde antes que se diera a conocer el resultado con la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y el aumento en el precio del dólar. Aunado a todo esto, instituciones internacionales han bajado la calificación de deuda de México, ha aumentado la incertidumbre en los mercados e incluso han declarado que esta consulta ciudadana no oficial, “desafía el Estado de Derecho del país”, como lo dijo el banco suizo UBS.

Más allá de la cancelación de una obra que, evidentemente, traería una enorme cantidad de beneficios al país, lo preocupante es la manera en que AMLO manejó el tema y el discurso con el que se pronuncia frente a cualquier decisión no popular para todos los mexicanos, pero sí para sus votantes. A poco más de tres meses de la elección el clima de polarización aún se percibe en la sociedad mexicana. Decisiones tan polémicas como estas, agudizan la situación al enfrentarse entre los llamados “AMLOvers” que respaldan cualquier decisión del presidente electo, contra los “Fifis” entendiéndose como la clase alta con privilegios, pero ahora englobando a todos los que lo critican.

Sin ser aún gobierno, tanto AMLO como Morena empiezan a caer en una serie de incongruencias y lo visto en días pasados hace dudar bastante. Al ser oposición siempre dijeron que, de llegar al poder, lo ejercerían de manera diferente. Parte del éxito de su discurso fue que ellos evitarían las trampas, terminarían con las simulaciones y harían lo mejor para los mexicanos. Muchos nos preguntamos: ¿Qué hubiera dicho López Obrador de esta Consulta si él mismo no la estuviera apoyando?

El objetivo principal de López Obrador fue legitimar esta especie de referéndum como una forma de hacer que las decisiones que tome, sean las que la gente quiera. Sin embargo, lo que debe preocupar es que esta forma de tomar decisiones que, aún es ilegal, sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro con temas cruciales, tales como la iniciativa, ya presentada en la Cámara de Diputados, para que las reservas de divisas del Banco de México sean utilizadas para financiar infraestructura pública, medidas económicas proteccionistas o inclusive la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años.

José Carlos Huerta Ramírez es Internacionalista por la UDLAP, Maestro en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá. Realiza trabajos de Consultoría, Análisis y Comunicación Política/Institucional. (@Carloshuertar)