PILAR MERA
Este otoño de 2014, el nombre del Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la Segunda República, ha aparecido en la prensa con cierta recurrencia. Invocado por políticos, analistas y tertulianos, el interés por el personaje no es casual. Este año se cumple el octogésimo aniversario de la revolución de Octubre de 1934 y la proclamación del Estat Catalá. Aniversario que se ha cruzado en el tiempo con el fallido referéndum catalán, luego consulta popular sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre.
Enlazar ambos acontecimientos y los procesos de los que forman parte era una tentación inevitable. Y en ella han caído con alegría, partidarios y detractores de la consulta. Poco tienen que ver entre sí el relato que han ofrecido unos y otros, aunque casi todos coinciden en su escasa solidez histórica. Tanto el Companys heroico luchador por la independencia, como el Companys traidor a la España republicana por sus deseos separatistas son arquetipos que no superan un análisis mínimamente riguroso.
El último en referirse al personaje ha sido Artur Mas, quien lo ha nombrado de nuevo en su declaración del 25 de noviembre, en la que presentaba su hoja de ruta hacia la independencia.
Decía el President que, junto al autogobierno, Cataluña ha apostado históricamente por su pertenencia a España, y citaba como ejemplo de ello a Companys, Cambó, Prat de la Riba o Tarradellas. Y en esta ocasión, lo hacía con parte de razón. Porque a pesar de lo que se repite una y otra vez, el 6 de octubre de 1934, Lluis Companys no declaró la independencia de Cataluña. Se salió de la legalidad constitucional, eso sí, aunque no lo hizo tanto por su propia voluntad como por no haber sabido manejar las circunstancias.
¿Por qué estalló una revolución en octubre del 34? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Y, por qué en Cataluña también se produjo un estallido de carácter nacionalista? ¿El conflicto se solucionó por la fuerza y derivó en una represión cruenta y una suspensión de la autonomía hasta el triunfo del Frente Popular? A la vista de la información sesgada que los relatos políticamente interesados ofrecen de estos acontecimientos, estaría bien intentar responder a estas preguntas.
El 1 de octubre de 1934, la CEDA retiró su apoyo parlamentario al gobierno que presidía el radical Ricardo Samper, lo que provocó su dimisión y su sustitución por un nuevo gabinete encabezado por Alejandro Lerroux, el líder del Partido Radical. En él entraron, por primera vez, tres ministros de la CEDA. Se cumplía así el objetivo de la crisis que ellos mismos habían provocado. Y es que a pesar de que en las elecciones de noviembre de 1933 su partido había sido el más votado, ningún cedista había formado parte de gabinete alguno. Alcalá Zamora se había resistido a pedirle a Gil Robles que formase gobierno, puesto que la CEDA todavía no había declarado explícitamente su lealtad al régimen republicano. A esta falta de compromiso se sumaban las similitudes que se daban entre Gil Robles y el canciller austríaco, Engebert Dollfuss, y también entre sus respectivos partidos. El referente de Dollfuss no podía ser más preocupante, pues tras acceder a la presidencia de Austria en 1932 había aprobado una serie de reformas que llevaron al cierre del Parlamento, la supresión del derecho de huelga, el control de la prensa o la persecución de los socialistas. Por ello, la llegada de los ministros derechistas al gobierno fue recibida por la izquierda revolucionaria, y también por los liberales de clase media, como la amenaza de una catástrofe. La entrada del fascismo en las instituciones.
La reacción desencadenó dos procesos revolucionarios diferentes. Por un lado, la huelga general insurreccional que convocaron los socialistas a partir de la madrugada del 5 de octubre, cuyos efectos y manifestaciones fueron muy diferentes en cada provincia. Y por otro, la proclamación del Estat Catalá en la madrugada del 6 de octubre. El movimiento nacionalista apenas duró unas diez horas y se mezcló con la actuación de las Alianzas Obreras, que allí donde lograron hacerse con el control, consiguieron alargar la movilización y radicalizar la huelga en Cataluña.
La relación entre la Generalitat y el gobierno central era tirante desde su desacuerdo por la Ley de Cultivos, aprobada por el Parlamento catalán y derogada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. A esto había que añadir las tensiones derivadas del complejo proceso de transferencia de competencias y la presión que el gobierno catalán recibía desde ambos extremos del arco ideológico. Por la izquierda, de los rabassaires, campesinos que pugnaban por la aprobación de la Ley de Cultivos. Por la derecha, de los escamots, fuerza paramilitar juvenil vinculada a Esquerra Republicana y liderada por el Conseller de Gobernación, Josep Dencás. Él y sus uniformados seguidores encabezaron las escaramuzas del 5 de octubre, presionando a favor de la huelga, repartiendo armas y pertrechándose en su consellería, dispuestos a salir a la lucha por la independencia.
Companys intentó frenar a Dencás. Incluso, según cuentan los relatos de la época, protagonizaron una tensa discusión. Pero el presidente de la Generalitat fue incapaz de detenerlo y, presionado por el empuje de este cuerpo armado que se le iba de las manos, optó por la salida del medio. Así, a última hora de la tarde, lanzaba esta proclama:
“En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno Provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de la fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.”
Encerrado en la sede de la Generalitat, el gobierno catalán invitó al general Batet, jefe de la división militar a la que pertenecía Cataluña, a unirse a ellos. Invitación que, como era de esperar, no fue aceptada por este, quien, desoyendo las presiones que desde Madrid le empujaban a atacar de inmediato, decidió dejar transcurrir la noche antes de asaltar el Palau. El paso de las horas, la falta de apoyos y la división interna dejaron en evidencia que los rebeldes no tenían salida. Y mientras Dencás huía, Companys comunicó a Batet su rendición. El general y sus hombres tomaron la Generalitat sin grandes alborotos y la sublevación nacionalista se sofocó sin apenas víctimas. Companys y sus consellers fueron detenidos y conducidos a un buque prisión. No fueron juzgados en consejo militar sino por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1935 los condenó a treinta años de prisión. A pesar de ello, Companys pudo presentarse en las elecciones de febrero de 1936, obteniendo el acta de diputado por Barcelona ciudad.
¿Cuál fue la situación institucional en la que quedó Cataluña tras los sucesos del 34? Desde el 7 de octubre y hasta enero de 1935, el coronel de intendencia de la IV división orgánica, Francisco Jiménez de Arenas, se hizo cargo de la presidencia de la Generalitat. Durante esos meses, el gobierno de Lerroux intentó ponerse de acuerdo sobre cómo solucionar la cuestión catalana. Frente a la presión de la CEDA, partidaria de suprimir la autonomía, el presidente radical opinaba que lo mejor era buscar una solución intermedia mientras se volvía a la normalidad. Esa solución se plasmó en un nuevo cargo, el de gobernador general de Cataluña, que asumía temporalmente las competencias de la Generalitat y dependía directamente del presidente del gobierno.
El elegido para desempeñar este cargo fue un viejo político liberal, el gallego Manuel Portela Valladares. Su designación fue bien recibida por los catalanistas, que guardaban buen recuerdo de su paso por el gobierno civil de Barcelona en dos ocasiones anteriores (1910-1912 y 1923) y valoraban positivamente tanto que viviese en la ciudad condal desde entonces como su simpatía por el autonomismo y sus experiencias políticas compartidas con los galleguistas. Para quienes, desde la posición contraria, veían estas presuntas ventajas como claros inconvenientes, lo que resultaba tranquilizador era su fama como buen gestor del orden público. Su misión se desarrolló con éxito, tanto que en el mes de abril Portela se convirtió en el nuevo ministro de Gobernación. Pero eso ya es otra historia. Poco a poco la situación en Cataluña volvió a la normalidad y cuando tras el triunfo del Frente Popular la Generalitat recuperó sus competencias, el proceso se completó sobre estas bases y no desde un año y medio de vacío represor y furia anticatalanista.
Volviendo a 2014, el recuerdo de Companys y su papel en la revolución de Octubre me dejan un pensamiento presentista. Si quienes se empeñan en reescribir la historia en beneficio de su causa actual se acercasen a ella sin prejuicios, quizás podrían llevarse la sorpresa de encontrar un paisaje muy diferente del que esperaban. E incluso, tal vez, podrían extraer alguna enseñanza útil para no repetir errores y sí aciertos del pasado. Que de todo se puede encontrar uno cuando mira hacia atrás y no se limita a buscar lo que refuerza sus ideas preconcebidas.
Pilar Mera es miembro del departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid.
Publicado en Beerderberg
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