JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ

Parece que el sillón presidencial cotiza a la baja en los tiempos que corren, cuatro elecciones en cuatro años han dejado las finanzas de los partidos bajo mínimos, cuando no con telarañas, y ahora se apuesta por la austeridad. O, traducido de otra forma, se apuesta porque el dinero y el trabajo lo pongan los afiliados, descargando la suerte de los comicios a los debates electorales, que vienen incluidos en el precio a pagar por ser cabeza de lista. Nunca estuvo más a tiro una presidencia del Gobierno para cualquier político que se lo proponga.

Con este panorama, uno ya no sabe si la campaña para no recibir propaganda electoral es una propuesta independiente, o una iniciativa salida de los propios partidos políticos, en aras de no hipotecar su futura viabilidad. Y ya de paso la del resto de españoles. Quizá, por ello, el Ejecutivo trabaja para avanzar la fecha de pago de los cerca de 40 millones de euros públicos en subvenciones que les corresponden a las diferentes formaciones políticas por sus resultados del 28 de abril. No es altruismo, es que lo necesitan, incluido el partido que Gobierna.

Recordemos que las arcas públicas subvencionan a cada partido con 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado; 0,81 euros por cada voto conseguidos por cada candidatura al Congreso, siempre que se corresponda con representación parlamentaria; y 0,32 euros por cada voto a cada candidato que hubiera obtenido escaño en el Senado.

Digan lo que diga, todos los partidos tienen problemas de financiación. Y, sin embargo, ni así han recapacitado sobre el riesgo de quiebra técnica al que se abocan en caso de descalabro electoral o de repetición de resultados. De hecho, da la sensación que el empecinamiento en un nuevo proceso electoral se justifica más en la necesidad de obtener financiación pública adicional para su subsistencia, que en el interés general de los españoles. Si los resultados mejoran, se sanean sus cuentas. Aunque también puede pasar todo lo contrario.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que la banca, que tan predispuesta ha estado siempre a facilitar el crédito a los políticos, ahora parece más reticente a cubrir sus dispendios, por mucho que la campaña electoral cueste menos y dure la mitad de tiempo. La falta de predisposición puede tener su explicación en la alta tasa de endeudamiento de la mayoría de formaciones, con especial mención para Populares, Socialistas y formaciones nacionalistas. Tras la concentración bancaria, más de la mitad de esa deuda (52%)  está en manos de dos de bancos españoles: CaixaBank y Banco Santander. Lo que explicaría su falta de predisposición a incrementar la cuenta de morosos.

En concreto, los adalides del bipartidismo –PP y PSOE- acumulan el 60% de las obligaciones financieras, mientras que, a 31 de diciembre del año pasado, las nuevas formaciones, caso de Ciudadanos, Vox o Podemos, carecían de deudas pendientes. Quizá, este último un poco lastrado por las deudas de Izquierda Unida, su socio electoral. No obstante, ese oasis de paz económica era hace nueve meses. Ahora, las cuentas ya presentan números rojos en todas las formaciones. Incluso las de Podemos, por mucho que defiendan que se financiación mediante microcréditos cubiertos por sus militantes.

Pase lo que pase el 10 de noviembre, lo único cierto es que la campaña oficial durará 8 días y otros 37 de precampaña, lo que reducirá la inversión en eventos y actos públicos, si bien, los partidos llevan en campaña ya varias semanas utilizando el pleno del Congreso y sus salas adyacentes para plasmar sus posicionamientos políticos, en vez de centrarse en la actividad parlamentaria, bajo la irrisoria excusa de ser un parlamento en funciones, salvo por el sueldo íntegro que perciben. Eso, sí es ahorro para los partidos y su campaña, pero tiene coste para el contribuyente.

En todo caso, la tan demandado –y promovida- moderación en la campaña no tiene tanto que ver con la reducción de tiempos de la misma, ni la previsible simplificación de los actos públicos, ni siquiera por el presunto respiro que generaría la eliminación del buzoneo electoral. El ahorro, en realidad, se concretará mediante el uso de los medios de comunicación –públicos preferentemente- para trasladar sus mensajes. Y, en este escenario, controlar TVE y las autonómicas tendrá especial importancia.

De hecho, la sorprendente oferta realizada por la dirección de la televisión pública a las principales formaciones, a casi 50 días de los comicios, en un intento por copar la agenda mediática de la campaña, con dos debates y 3 cara a cara, es una muestra evidente de por dónde se moverá esta campaña. Y de la politización de la esfera pública.

Desconcierta que sea la cadena pública quien establezca quién debate con quién, sin atenerse a los datos objetivos -los mismos usados en las anteriores elecciones- para la selección de contendientes. Y, sorprende también, que los cara a cara propuestos obedezcan a un supuesto interés informativo, que se corresponde con el interés del propio Gobierno en funciones. Acaso no hay intencionalidad en evitar un enfrentamiento dialectico entre Albert Rivera (Cs) con Pedro Sánchez (PSOE). O en la decisión de sí oponer el discurso del líder de Ciudadanos con el de Pablo Casado (PP), presuntos socios de un futuro Gobierno.

La agenda marcada por la cadena pública –de hacerse realidad- dejaría prácticamente sin opciones a las cadenas privadas y, al mismo tiempo, trata de descargar todo el peso electoral en la presencia televisiva de los políticos, desarticulando el normal funcionamiento de una campaña. Los mítines y los actos de calle tendrán que ceder ante la presión audiovisual. Y las redes sociales tomarán el relevo cuando los líderes no estén en directo en pantalla.

Volveremos a vivir la guerra por conseguir followers en redes sociales –a tanto el paquete-, mientras que el votante tradicional sigue preguntándose, si este nuevo modo de hacer campaña, viene provocado por la austeridad económica, o el desinterés por la opinión de los ciudadanos. Los partidos olvidan que casi una cuarta parte de los españoles –usuarios a partir de 60 años, entorno al 25% de la población- vive al margen del fenómeno de RRSS y que otro 22,59% -aquellos entre 45 a 59 años- no muestran especial interés por las principales redes sociales.

Y eso que la tasa de conversión en voto de las RRSS es baja y supone una inversión económica altísima frente a los métodos tradicionales de comunicación –cartelería, carpas…-. Parece que, a falta de crédito, los partidos volverán a enarbolar el comodín del público, pero no para que asista a mítines de los de bocata y actuación musical –se pierden las tradiciones-, sino para que trabajen gratis desde casa difundiendo la palabra pre-elaborada desde los departamentos de agitprop. Legiones de zombis y reboteadores de información con pseudónimos y emoticonos que ensucian las redes, con la vana esperanza de compensaciones futuras, que no presentes. El tradicional juego de las sillas, vamos.

Entonces, ¿Dónde está el ahorro de esta campaña low cost? En hacer creer que la austeridad económica de los partidos nada tiene que ver con sus finanzas en números rojos, sino con su intención de no ser una carga para las finanzas públicas. De salida, 140 millones por la convocatoria y la infraestructura básica. Una pena que esa toma de conciencia no se diese antes del pasado 23 de septiembre, fecha en la que se disolvieron unas Cortes Generales low cost.