MARIANO RAJOY
Queridos amigos,
Estamos haciendo unos foros cada fin de semana y en ellos hablamos de los temas que importan a los españoles. Nosotros queremos decirles a los españoles qué es lo que pretendemos hacer en el futuro, cómo están las cosas en este país y a dónde va el Partido Popular. Tenemos un objetivo prioritario, el fundamental: crear empleo y generar crecimiento económico. Y a partir de ahí todo lo demás es instrumental.
Porque hay que crear empleo hay que reducir el déficit público, porque hay que crear empleo no hay que aumentar la deuda pública. Porque hay que crear empleo hay que reestructurar el sistema financiero. Porque hay que crear empleo hay que hacer reformas estructurales, política energética, política educativa. Y porque hay que crear empleo hay que hacer una reforma de nuestras Administraciones Públicas.
Si hoy hablamos de la Administración Pública lo hacemos porque tiene importancia en sí misma, pero lo hacemos también porque su reforma es un instrumento esencial para conseguir el gran objetivo nacional para los próximos cuatro años que es la creación de empleo.
Quiero agradeceros a todos el gran trabajo que habéis realizado y las importantes reflexiones que hemos compartido en este Foro, muchas de las cuales se incorporarán al Programa Electoral con el que nos presentaremos a las elecciones generales.
El Partido Popular ha vuelto a demostrar, una vez más, que conoce cuáles son las prioridades de nuestro país y que está preparado para afrontarlas.
Tenemos un proyecto para la recuperación nacional, para salir de la crisis, para mirar con confianza al futuro.
Y entendemos que el esfuerzo de la sociedad española tiene que venir acompañado por un sector público que le libere de obstáculos y facilite su avance.
España es un gran país. Y necesita una Administración Pública a su altura.
Una nueva Administración para los nuevos tiempos. En todos los niveles, desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno de España.
Yo puedo decir que conozco la realidad de las Administraciones españolas. La he vivido en primera persona.
Primero, como concejal, a pie de calle, con los vecinos. Luego, como presidente de una Diputación Provincial, atendiendo a los pueblos, favoreciendo su desarrollo, a menudo con recursos escasos.
Estuve en la Administración Autonómica. He sido director general y vicepresidente de la Xunta de Galicia. Y he tenido una visión global de mi país desde el Gobierno de la Nación.
Y en todos esos lugares he tenido siempre una convicción muy clara. En la Diputación de Pontevedra, en la Xunta de Galicia, o en el Gobierno de España he tenido muy presente que la Administración está al servicio del ciudadano. De sus necesidades y de sus retos. No se puede entender de otra manera.
Porque no tengo ninguna duda de que los ciudadanos son los protagonistas. Por eso, los españoles tienen todo el derecho a exigir una Administración mejor antes de que la Administración les siga pidiendo más esfuerzos.
La calidad de las Administraciones no se mide por lo que gastan, se mide por lo que ahorran. No se mide por el número de problemas en que son capaces de meterse, se mide por el número de problemas que son capaces de solucionar.
Los ciudadanos saben perfectamente que se ha estado gastando mucho más de lo que hacía falta, saben que con frecuencia encuentran en las Administraciones obstáculos y no facilidades, y saben también que el gasto descontrolado es responsable de muchos de nuestros problemas.
El gasto excesivo y sin huella social alguna está en el origen del círculo vicioso en el que se encuentra ahora nuestra economía.
Y ante esta situación hay dos propuestas muy diferentes. Una es la de quienes dicen que hay que resignarse, y que hay que reformar la sociedad para adaptarla al Estado que nos podamos pagar. Y para eso recortan derechos sociales sin un criterio, sin un plan y, sobre todo, sin un mínimo sentido de la justicia.
Y luego está lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que no es necesario resignarse a hacer los mayores recortes sociales de toda nuestra historia democrática; lo que queremos es generar los recursos necesarios para ser una sociedad justa, solidaria, moderna y próspera. No nos conformamos con el fracaso socialista. No es inevitable. No nos lo merecemos los españoles.
Y para eso tenemos que transformar el círculo vicioso en el que estamos ahora en un círculo económico virtuoso. Un círculo que empieza por reformar en profundidad las Administraciones públicas para conseguir dos objetivos: disminuir los gastos y aumentar los ingresos.
Esta es la clave de todo lo demás. ¿Cómo se hace?:
ï‚· Primero, reformando las Administraciones para que dejen de malgastar los recursos públicos que tanto nos cuesta ganar. Es decir, disminuyendo los gastos superfluos, las duplicidades y las ineficiencias.
ï‚· Segundo, aumentando los ingresos:
o Si reformamos las Administraciones tendrán menos deuda y necesitarán menos crédito. Y eso significará que nuestras empresas podrán financiarse más barato, emprender y contratar. Volverá la confianza en nuestro país, y con ella la inversión.
o Si hay dinero para las empresas habrá crecimiento. Si hay crecimiento habrá empleo. Si hay empleo habrá ingresos porque la gente pagará IRPF y pagará IVA e impuestos especiales porque consumirá. Y las empresas pagarán más Impuesto de Sociedades. Y dejaremos de pagar tanto por el desempleo.
o De esa manera aumentarán los ingresos públicos, las Administraciones se endeudarán todavía menos y volverá a haber más crédito para las empresas. Y los emprendedores podrán arriesgarse con más facilidad.
o Y eso será otra vez más crecimiento, más creación de empleo y más ingresos.
Este es el círculo virtuoso de la economía, el que tenemos que poner en marcha. Y para eso la reforma de las Administraciones es capital.
Los ingresos públicos que nos permitirán ser la sociedad que queremos ser no van a llegar con ocurrencias fiscales ni con demagogia. La demagogia es una falta de respeto a los ciudadanos.
Los ingresos llegarán con crecimiento y con empleo. Aumentarán si la gente trabaja, si las empresas venden, si se consume, si hay movilidad y dinamismo.
El empleo no sólo es lo mejor para quien lo tiene, es también lo mejor para todos, porque del empleo nacen los ingresos, la solidaridad, las políticas de bienestar y las pensiones.
Queridos amigos,
Si queremos de verdad crear empleo hay que hacer algunas cosas. Pero la primera es tener unas Administraciones que no gasten por encima de sus posibilidades, que no aumenten el déficit público y que no aumenten la deuda pública.
Y por tanto tenemos que abordar sin dilaciones los cambios que necesitan nuestras Administraciones públicas.
No se trata de hacer desaparecer lo que tenemos. Se trata de mejorarlo.
España necesita una reforma profunda de sus Administraciones públicas. Una reforma que mejore su organización y funcionamiento a partir de la cooperación, el diálogo, la sensatez y la responsabilidad de todos.
La descentralización es la vía para acercar la Administración a los ciudadanos. Pero no puede ser la excusa para multiplicar aparatos burocráticos que nos acaban alejando más de ellos.
Las Administraciones tienen que ocuparse de sus propias competencias, pero no pueden vivir de espaldas unas a otras. No pueden funcionar plegadas sobre sí mismas.
Todas forman parte de un proyecto común que se llama España.
¿Tiene sentido que cada Comunidad Autónoma mantenga sus propias oficinas comerciales en el exterior, al margen de la red comercial del Estado?
¿Tiene sentido que cada una realice por su cuenta cooperación al desarrollo, sin coordinarse con las demás?
Si un español quiere crear empleo en toda España, ¿es eficaz que se le sigan pidiendo 17 permisos para hacerlo?
Estas cuestiones no son meras anécdotas. Son problemas reales, con consecuencias reales y costes muy altos que no podemos permitirnos.
Descentralizar no significa fragmentar. Y regular no puede significar entorpecer. Las leyes tienen que servir para generar oportunidades, no para crear obstáculos.
El daño a la seguridad jurídica y a la unidad de mercado que ha generado esta madeja de normas y ordenamientos es claro: dificulta la puesta en marcha de las empresas; asfixia la inversión y lastra nuestra competitividad.
No podemos permitir que tantas y tan diferentes regulaciones, procedimientos, plazos y trabas burocráticas conviertan en una hazaña ser emprendedor en nuestro país.
Les daré un dato preocupante. Del Banco Mundial. Entre 183 países, España ocupa el puesto 147 en dificultades para poner en marcha un negocio.
Se entienden así las quejas del presidente mundial de una conocida multinacional (IKEA).
Contaba en las páginas del Wall Street Journal que peligraba un ambicioso proyecto de expansión de su grupo en nuestro país porque había que armonizar las diferentes regulaciones urbanísticas que estaban en juego.
Si un empresario, como éste, está dispuesto a invertir cientos de millones de euros en España y a crear más de 20.000 puestos de trabajo, ¿le tenemos que condenar a cinco años de papeleo?
Queridos amigos,
Si las Administraciones públicas no son eficaces, nuestra economía no será competitiva.
España necesita un entorno institucional regenerado. Capaz de activar las energías de nuestra sociedad y de orientarlas hacia la creación de empleo y prosperidad.
Quiero que España tenga Administraciones más austeras y eficientes. Comprometidas con la seguridad jurídica. Y que ofrezcan a todos los españoles servicios públicos esenciales de calidad.
Para lograrlo son necesarias dos cosas: liderazgo y principios.
Liderazgo para impulsar la colaboración entre las Administraciones. Y principios para saber qué hay que hacer.
El primero de estos principios es claro: austeridad. Hay muchas razones para ser austeros. Y hay margen para conseguirlo.
Hay casi 4.000 entidades (3.946) en el sector público empresarial y fundacional ¿No habrá ninguna de la que podamos prescindir? ¿No se podrán concentrar de algún modo sus funciones? ¿De verdad es necesaria esta inflación administrativa?
El gasto en personal eventual ha crecido en casi un 50% desde que gobierna el Partido Socialista. Si el Estado ha podido funcionar con menos, habrá que volver a hacerlo, y habrá que hacerlo mejor.
Yo creo que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular están dando pasos en la buena dirección. Lo está haciendo muy bien el Gobierno de Aragón y tengo que felicitarlo.
Reducir el gasto de las Administraciones es inevitable porque tenemos unos compromisos europeos, porque tenemos que recuperar el crédito y porque si no nos puede pasar lo que les pasa a otros. No es una opción, es una obligación para cualquier persona sensata y responsable. Igual que las familias y las empresas se han apretado el cinturón, las Administraciones públicas también se van a tener que apretar el cinturón.
¿Qué vamos a hacer?
En los cien primeros días aprobaremos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Las Administraciones tienen que ser responsables. Y, con ellas, los cargos que gestionan los recursos públicos.
No se pueden dejar facturas en los cajones, sin que nadie responda por ello.
Por eso, reforzaremos los controles previos y endureceremos las responsabilidades exigibles para garantizar que los gestores nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario.
El segundo principio es la eficacia. Demostraremos que nuestro servicio público puede hacer más, con menos. Será un deber público gastar mejor.
Eso empieza por conseguir que, en cada competencia, gaste sólo una Administración. Lo que sea necesario, pero sólo una.
Para ello impulsaremos también en los cien primeros días de gobierno un Pacto Territorial por la Austeridad y la Eficiencia.
Un pacto que establezca una Estrategia Nacional que ponga fin a duplicidades y solapamientos entre Administraciones.
Contaré, en este objetivo, con la Conferencia de Presidentes Autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por cierto, quiero felicitar a su nuevo presidente, Juan Ignacio Zoido, porque ya está acreditando ante los sevillanos que es un magnífico alcalde, y ahora va a demostrar a todos los municipios de España que puede hacer mucho al frente de la Federación.
Hablaremos con todos. Conseguiremos cumplir con nuestras obligaciones de estabilidad presupuestaria garantizando la igualdad y los derechos de todos.
Para ello, estableceremos por Ley una cartera de servicios públicos básicos comunes para todos los ciudadanos, cartera que incluirá la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Y aprobaremos una Ley de Unidad de Mercado que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, ponga fin a los obstáculos que dificultan la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.
Esto es muy importante. Basta poner un ejemplo: si un español tiene una empresa de confección en una Comunidad Autónoma y cumple con la normativa industrial, de consumo, de residuos y todas las que se le exigen, ¿por qué para ampliar su empresa en otra autonomía tiene que partir de cero y volver a hacer todo el papeleo? ¿No está ejerciendo la misma actividad en el mismo país?
Yo impulsaré, en coordinación con las CCAA, un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y de licencias, para que eso no siga pasando. Para que los emprendedores tengan todas las facilidades y aprovechen todas sus oportunidades.
Tiene que haber menos y mejores normas, y deben de cumplirse.
Cada vez que se apruebe una Ley nueva tiene que quedar claro cuáles deroga y a cuáles afecta. Y, antes de aprobarse, necesitamos saber qué costes tiene y qué efectos va a producir sobre la crisis. Yo me comprometo a que cada ley llevará una completa memoria de impacto regulatorio.
En definitiva, se trata de menos leyes y más claras. Y menos burocracia y más rapidez.
Nuestro objetivo es que en España sea posible constituir una empresa en 24 horas. Porque para crear empleo no hay tiempo que perder.
Simplificaremos los Procedimientos Administrativos. Eliminaremos trámites. Reduciremos plazos. Porque lo prioritario es ahorrar tiempo y dinero.
Y, como el dinero público es de todos, su destino debe estar sometido a un control riguroso.
Reformaremos la Ley de Subvenciones para hacerla más exigente y objetiva.
Se acabaron las subvenciones con nombre propio y sin causa justificada.
Las ayudas con cargo al dinero de los contribuyentes estarán rigurosamente tasadas por la Ley, no padecerán discrecionalidad y estarán sometidas siempre al principio de libre concurrencia.
Queridos amigos
Estas medidas necesitan una política de cooperación. Todos tenemos que contribuir a que la descentralización del Estado Autonómico sea eficiente y racional.
Y porque creemos en la cooperación, defendemos la existencia de las Diputaciones Provinciales.
A algunos les resulta más fácil pedir que se elimine lo que no entienden. Pero quienes conocemos la realidad de los pequeños municipios sabemos que las Diputaciones no son prescindibles. Porque sin ellas muchas personas no tendrían agua, luz, telefonía móvil o, incluso, carreteras.
Las Diputaciones tienen que ocuparse de aquello que las justifica. Pero afirmo también: no pueden ser pequeños Parlamentos, sino eficaces gestores de servicios. Hay que reformarlas pero no se puede abandonar a las personas que viven en el campo y en el mundo rural.
Lo que estoy planteando aquí va más allá de una reforma de las Administraciones públicas. Supone una Estrategia de Regeneración Institucional que sentará las bases para la recuperación económica y, lo que es más importante, devolverá la confianza de los españoles en sus instituciones.
Quiero que los españoles hablen con orgullo de su Ayuntamiento. De su Diputación. De su Comunidad Autónoma y también del Gobierno de España.
Y por eso quiero restablecer la ejemplaridad de la política. Prestigiar la vocación de servicio.
Quiero que cuando se hable de los políticos se piense en honradez, respeto al interés general y servicio al bien público.
Por ello, os anuncio que, en los cien primeros días de gobierno, España tendrá de una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública.
Es necesario que se sepa cómo se ejecutan las políticas públicas en nuestro país.
Es necesario porque una Administración de calidad no puede ocultarse ante las demandas legítimas que le plantean los ciudadanos.
En esta línea me parece imprescindible que se garantice la independencia y profesionalidad de los organismos reguladores y del Banco de España.
Hemos vivido una Legislatura en la que se ha dañado gravemente la independencia de estos organismos.
Y ahora que finaliza asistimos, además, al bochorno de una fuga de cargos del Gobierno buscando en ellos nómina y cobijo.
Me comprometo a erradicar esta práctica.
Quiero que esos organismos, que dan credibilidad y confianza a nuestra economía y nuestras instituciones, sean los más eficaces. Y quiero que en ellos estén los mejores.
Por eso anuncio que reduciremos la proliferación de Organismos Reguladores de los últimos años. Cambiaremos el sistema de nombramientos. Reforzaremos las mayorías del Congreso para su elección.
Basta ya de convertir a los Organismos Reguladores en Organismos Recolocadores.
Ahora se va a privatizar el organismo nacional de Loterías. Eso le va a suponer al Estado perder unos ingresos de casi mil millones de euros al año. Y vamos a pasar de un monopolio público, que en el caso de las Loterías podía tener su sentido, a un monopolio público con algunos monopolios privados
Yo tengo que decir que en las decisiones que se están tomando precipitadamente y a última hora, pido que no se tomen más de esta manera. Y tengo que decir que algunas como estas que estamos viendo son revisables y que por favor actuemos con sentido común y no jugando con cosas que son muy serias.
Toda esta tarea, que será una tarea ingente, habrá que hacerla con el concurso de todos. Y será precisa la colaboración de los funcionarios y del conjunto de los empleados públicos. Yo he estado en un ayuntamiento, en una diputación, en un gobierno autonómico y en el gobierno de la nación. Y ahí me he encontrado funcionarios ejemplares, que cumplían, que resolvían los problemas y que hacían bien las cosas.
Termino ya.
La tarea de regenerar nuestras instituciones es de importancia capital para nuestro futuro.
El objetivo es restaurar la confianza. Confianza en nosotros mismos. En nuestras capacidades. Confianza de sabernos parte de una nación madura, seria y responsable.
En los últimos treinta años hemos conseguido dos objetivos que parecían complicados: somos una democracia modélica y estamos en Europa. Ninguna de estas cosas ha sido fácil.
Grandes esfuerzos políticos y económicos tuvieron que hacerse para lograrlo. Esfuerzos colectivos, de todos, que sabemos muy bien que han valido la pena. Ahora es necesario volver a estar a la altura de las circunstancias.
Yo quiero un país serio. Un país que cumple la ley y sus compromisos. Un país que gasta lo que tiene, no más.
Un país austero y eficiente, que gestiona mejor los recursos de los que dispone, y que no olvida jamás que estamos para servir al ciudadano.
Nuestro modelo de Estado ha funcionado en tiempos de bonanza. Ahora tiene que ponerse a punto para poder hacerlo en tiempos de crisis.
Para conseguirlo no hace falta estar de acuerdo en todo. Basta tan solo que avancemos juntos por el mismo camino y en la misma dirección.
Y ese camino es el de las reformas.
Es un camino de esfuerzos, en el que cada uno tendrá que dar lo mejor de sí mismo, pero en el que todos saldremos ganando.
Un camino que conducirá al éxito y a la victoria sobre la crisis.
Os aseguro que es posible. Porque está únicamente en nuestras manos.
Muchas gracias.
