Discurso de investidura

1981-02-18 - Leopoldo Calvo Sotelo


Señor Presidente, señoras y señores diputados:

Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara como candidato a la Presidencia del Gobierno propuesto por su Majestad el Rey, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución.

El proceso de que es parte central esta sesión de investidura se abrió con la dimisión del Presidente Suárez. He estado a sus órdenes, como Ministro, durante cuatro años, y he tenido el privilegio de seguir de cerca la transición política de la que él ha sido principal artífice. Quiero dejar en el umbral mismo de este discurso mi homenaje a la extraordinaria obra de Adolfo Suárez y mi afecto y mi admiración por persona.

Con su retirada termina la transición. Con su retirada termina una etapa singularísima de la historia española. Precisamente porque yo no he sido el protagonista de esa transición que ahora termina, creo que puedo inaugurar una etapa nueva, en la que actúen desde el primer momento los mecanismos constitucionales limpios de toda emoción fundacional.

Un cambio en la Presidencia del Gobierno es un hecho normal en los regímenes parlamentarios. Este cambio llega exactamente cuando atravesamos el ecuador de la legislatura. No hay, tras el hecho de la sustitución, una nueva aritmética parlamentaria, que responde hoy, como ayer, al veredicto de las urnas de 1979. La sustitución se produce, por lo tanto, en la continuidad política, y en la continuidad política he de gobernar yo, si obtengo la investidura. Pero quiero decir inmediatamente, señoras y señores diputados, que sé cómo esta Cámara -y en ella, en primer lugar, los representantes del partido del Gobierno pide un rumbo nuevo para la nave del Estado. Yo soy sensible a este hecho político y anuncio desde ahora que, si obtengo la confianza del Congreso de los Diputados, dirigiré mi Gobierno en la continuidad, pero, desde luego, sin la inercia de la continuación.

Nuestra gran herencia es contar hoy con un régimen democrático que las distintas fuerzas políticas aquí representadas han ido creando con un sentido de su responsabilidad histórica, para ordenar nuestra convivencia presente y futura. Porque hay que decir que es mucho lo que hemos hecho durante la transición, y lo hemos hecho ejemplarmente, como han reconocido y admirado nuestros amigos extranjeros, más objetivos que nosotros, a veces, en el diagnóstico.; España en estos cinco años ha redescubierto la libertad, y la libertad nos ha revelado una España viva, renovadora, cambiante, a la vez adolescente y reflexiva, muy lejos ya del dramatismo que ha señalado sus crisis durante ciento cincuenta años. Es lícito que hagamos este balance con satisfacción y con esperanza y que deduzcamos de él una

conclusión clara: la transición ha terminado, la democracia está hecha, aunque todavía quede mucho Estado por hacer; no hay fragilidad en el sistema; hay el gobierno, día a día, de una sociedad compleja en una circunstancia adversa y cambiante. Y hay unos mecanismos constitucionales que han mostrado, que muestran hoy mismo su eficacia.

Por todo esto hablo de continuidad, y por eso el Gobierno que pretendo formar será también un Gobierno de Unión de Centro Democrático. En 1983, sin anticipaciones; que no favorecerían el arraigo de la democracia en España, la voz soberana del pueblo convocado a elecciones generales podrá sugerir otras fórmulas; hoy, voy a proponer a SS. SS. la formación de un Gobierno integrado por hombres de mi partido.

Pero este Gobierno, y en primer lugar su Presidente, si obtiene la investidura, no puede olvidar que el desencanto, el pesimismo, la inseguridad y la desesperanza son rasgos dominantes en el ánimo de los españoles. Piensan muchos; que sobre España parecen haber caído al mismo tiempo demasiados problemas y piensan que es necesario un cambio en la manera de gobernar. Y a ese cambio estará; dispuesto el Gobierno que yo forme si obtengo la investidura de la Cámara.

Porque el riesgo mayor de nuestra situación sería que atribuyéramos los males que nos afligen a una estructura política determinada. Sería que nos desencantáramos de la democracia o de la libertad. A evitar ese riesgo debe estar atenta siempre esta Cámara, y especialmente hoy, cuando comienza un debate de investidura. Yo quisiera ser capaz de llevar al ánimo de quienes sigan este debate fuera del hemiciclo la certidumbre de ;que aquí nos estamos ocupando de sus problemas reales: de la angustia de aquellos que no encuentran empleo, de la inseguridad de los que temen perderlo, de la desazón de las familias que han visto implacablemente reducidos sus pequeños ahorros por la inflación, de quienes luchan en la adversidad para mantener vivas sus empresas, de quienes temen por su seguridad personal o la de los suyos de quienes, en definitiva, no se atreven a mirar el futuro. Quisiera llevar al ánimo de todos ellos que éstas son también mis preocupaciones, que ésta es la razón por la que estoy aquí, mucho antes que por una ambición de poder o por un afán partidista. Y quisiera llevar al ánimo de todos ellos que a dar las soluciones posibles a estos problemas reales dedicará el Gobierno que yo forme la mitad restante de la legislatura.

El artículo 99 de nuestra Constitución pide al candidato la exposición del programa político del Gobierno que pretende formar. No creo que este programa deba consistir en la mera recopilación del conjunto de medidas concretas que aplicarán después los distintos Ministerios. Pienso, por el contrario, que un programa político debe tener, sobre todo, la ambición de definir con perfiles nítidos, las preferencias a que se dirige una acción de gobierno.

Se ha dicho muchas veces que gobernar es elegir. No esperen de mí SS. SS. un inventario exhaustivo de medidas en todos los campos a que alcanza diariamente la tarea de gobernar.

Trataré más bien de elegir un conjunto de problemas preferentes hacia los que desearía llevar este debate de investidura, porque a todos nos importa acertar en ellos, en su solución, y porque creo que para acertar debo estar abierto a los juicios y las opiniones de todos los señores diputados, por diferentes que sean, y lo serán en muchos casos, de los míos.

A lo largo del debate podré precisar o desarrollar aquellos aspectos que el marco y el carácter de esta intervención hayan marginado inevitablemente. Pienso, sin embargo, que encontrarán SS. SS. en mis palabras de hoy una definición suficiente de lo que a mi juicio es la línea de gobierno que hoy reclaman los problemas principales de la sociedad española.

Me propongo así tratar, sucesivamente, la política económica, la política exterior, la política autonómica y la seguridad ciudadana. En primer lugar, la política económica.

Esta Cámara ha debatido, a lo largo de los últimos meses, y en repetidas ocasiones, la situación económica del país. No creo que deba extenderme en un análisis cuyos rasgos son conocidos y sobre cuyo diagnóstico existen amplias coincidencias. La repetición de este análisis ha desgastado los argumentos y las palabras y, sin embargo, me parece vital devolver a las palabras su significado, comprender la gravedad real de nuestra situación económica y aceptar la profundidad de los problemas y sus conexiones recíprocas.

Es un hecho que España cuenta con una base energética natural muy pobre es un hecho que depende de las importaciones de energía es un hecho que resulta muy vulnerable al encarecimiento del petróleo. Prueba clara de ello es que las elevaciones registradas en estos dos últimos años en el precio de los crudos han empobrecido a nuestra economía ante el resto del mundo en más de un 15 por ciento. Este es un hecho objetivo anterior a cualquier doctrina económica o política, un dato que deben conocer todas los ciudadanos para acomodar a él sus conductas.

El segundo rasgo objetivo que define la situación española actual y que la diferencia relativamente de la de otros países es la mayor dimensión que tiene entre nosotros la crisis industrial. Y esto es así porque España se incorporó tardíamente al proceso de industrialización y no llegó antes de la crisis a consolidar las industrias establecidas. Y esto es así porque la intensidad de consumo de energía por unidad de producto es mayor en España que en otros países que compiten con nosotros. Y esto es así porque el crecimiento relativo de los costes del trabajo fue entre nosotros mayor. Y esto es así, en fin, porque los sectores de la industria, dañados irreversiblemente por la crisis, tienen un peso mayor en nuestra economía que en otras economías europeas. Estas realidades indiscutibles obligan a un costoso y difícil programa de reconversión industrial que reclama para su ejecución una convicción colectiva para que todos acepten, para que todos aceptemos los importantes esfuerzos que hay que hacer.

Es, en tercer lugar, un hecho claro que España no contaba, al llegar la democracia, con instituciones económicas eficaces para administrar adecuadamente sus recursos escasos. Ni la Hacienda pública disponía de un sistema fiscal idóneo, ni los Presupuestos del Estado recogían todos los gastos públicos, ni el sistema financiero respondía a unos criterios de modernidad, ni el cuadro de relaciones laborales era comparable al europeo. En todos estos campos han tenido que realizarse reformas que no han concluido todavía y que es necesario culminar. Hay que poner a los ciudadanos y a los grupos sociales ante esta realidad por amarga y dura que nos parezca, y ese es el incómodo papel que hará suyo el Gobierno. Vamos a huir de las grandes promesas a cambio de los sacrificios pequeños. Debe crearse en el país una conciencia clara de la dificultad de nuestros problemas económicos y de la responsabilidad solidaria como única vía para encontrarles una respuesta.

Esta llamada a conductas y a comportamientos responsables viene a reforzarse por los datos últimos de que disponemos hoy. En efecto, desde hace cinco meses, la situación económica internacional ha visto oscurecidas sus perspectivas. Nuestros vecinos prevén ya una caída en las expectativas de crecimiento que se habían fijado para este año hemos sufrido una nueva elevación en los precios del petróleo y arrastramos, en el interior, una situación climatológica que puede afectar seriamente a nuestra producción agraria y a nuestro balance energético.

Frente a este cuadro de acontecimientos adversos es más necesario que nunca saber elegir los problemas, ordenar sus posibles soluciones y fijar con claridad las actuaciones necesarias. La situación de la economía es demasiado seria para permitir la evasión y pide que adoptemos ante ella posiciones comprometidas.

Seis son los temas que, desde ahora, fijarán la atención de mi Gobierno, si obtengo la investidura:

Uno, el problema energético.

Dos, la articulación de decisiones eficaces para crear puestos de trabajo duraderos.

Tres, la vigilancia de la inflación.

Cuatro, un programa resuelto de reconversión industrial y nueva política industrial.

Cinco, la liberalización de la actividad económica interior, el mantenimiento de la libertad de los intercambios con el exterior y el fomento de las exportaciones.

Seis, la delicada situación presente de la agricultura y de la pesca.

Permítanme SS. SS. comprometer brevemente mis opiniones sobre estas cuestiones.

Los datos que configuran el problema energético español manifiestan con tal elocuencia su gravedad que no puede extrañar a nadie la prioridad que el Gobierno quiere concederles. Es claro que mejorar la oferta de energía constituye una tarea en la que no caben dilaciones, porque su desatención o su simple retraso se pagarían muy caros en un futuro inmediato. Esta atención preferente a los problemas energéticos se traduce en tres decisiones principales.

Primera, pagar los precios reales que corresponden a la escasez de la energía, rechazando las primas al consumo.

Segunda, ajustar la oferta energética del país a los recursos de que disponemos. El Gobierno va a apoyar sin vacilaciones los programas de inversión en energía y la ejecución puntual del Plan Energético Nacional actualizado, lo mismo en sus aspectos convencionales que en sus aspectos nucleares. La opción nuclear es la única posible en el plazo de una generación para garantizar la independencia política y el desarrollo económico de España. De la ejecución del Plan Energético Nacional el Gobierno mantendrá puntualmente informada a la opinión pública y, naturalmente, a la Cámara.

Tercera de las tres decisiones que anunciaba: contar con los medios precisos para que la acción estatal en el sector de los hidrocarburos asegure una política de abastecimientos y se aprovechen de una manera más racional de todas las posibilidades que hoy están dispersamente en las manos del Estado. Con este fin, el nuevo Gobierno propondrá a esta Cámara las medidas necesarias para la constitución de un Instituto Nacional de Hidrocarburos que agrupe todos los bienes y las participaciones del Estado en este sector y que se configure como un brazo de acción eficaz de un aspecto tan trascendente de la política energética.

Reconocido el paro como el principal problema social y económico del país, quiero afirmar rotundamente que el Gobierno que me propongo constituir dedicará todo el tiempo y toda la energía de que disponga a crear los empleos que demanda nuestra sociedad. Esta voluntad firme tratará de servirse de fórmulas responsables, porque la creación de empleos no admite soluciones simplistas ni recetas rápidas. No habrá en España remedio eficaz y duradero para el problema del empleo en tanto no crezca más nuestra economía y mientras no se lleven a cabo las modificaciones y las transformaciones estructurales pendientes. Sería, sin embargo, parcial, y por ello poco eficaz, una estrategia que fundamentara el crecimiento económico solamente en la inversión pública y en el apoyo selectivo a determinados sectores inversores. Es urgente proseguir el camino hacia la creación de las condiciones que hagan posible un crecimiento sostenido de la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo. En este sentido, creo que, con independencia de la crisis económica internacional e interna, el persistente incremento del desempleo en España tiene causas específicamente españolas ligadas a las peculiaridades de nuestro sistema de contratación laboral y de nuestro sistema de financiación de la Seguridad Social.

Corregir en lo posible estas peculiaridades, aproximar a nuestro marco laboral y la financiación de nuestra Seguridad Social a los modelos europeos no es tarea fácil. Mi Gobierno concluirá el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, configurando así un marco más flexible y eficaz y, en materia de Seguridad Social, proseguirá el camino hacia la ordenación de un mejor sistema de financiación, cada vez más asentando en los Presupuestos del Estado y con una nueva regulación de las cotizaciones que, por el aumento progresivo de las bases máximas, permita ir reduciendo los tipos de cotización. Con ello se trata de que la nómina de las empresas no sea una base para girar sobre ella los gravámenes del Estado.

Reducir los costes de la Seguridad Social es una condición necesaria para aumentar el empleo, pero incumpliría mi deber si no señalase con claridad, inmediatamente, que, siendo una condición necesaria, no es una condición suficiente y que la situación de la economía exige durante algún tiempo, además, una moderación en el crecimiento de los salarios. Sin un ajuste de los salarios no hay solución posible al problema del paro en nuestro país. Al insistir, una vez más, en este punto lo hago desde la perspectiva de un Gobierno que no desea y que no va a interferir, en modo alguno, en la negociación colectiva, pero que, al mismo tiempo, tampoco quiere ni puede limitarse a una posición de espectador indiferente. Para facilitar el empleo habrá que apoyarse, además, en otras acciones y, entre ellas, la formación profesional y el establecimiento de fórmulas flexibles que animen la demanda de trabajadores por parte de las empresas.

Resulta claro que la creación de empleos pide de la sociedad española un esfuerzo colectivo y una cooperación de todos los agentes de la economía. Apoyándome en esa realidad estimo necesario abrir un diálogo con las fuerzas sociales y económicas para la configuración conjunta de un programa concreto, realizable y ambicioso de acciones contra el paro.

No es mi propósito inventariar y desarrollar ahora las cuestiones que deberán ser tratadas en ese diálogo que propongo, que sugiero y al que me declaro desde ahora dispuesto. Considero, sin embargo, que pudieran incluirse, entre otras, las siguientes:

Medidas de Formación Profesional y de apoyo al empleo juvenil. Medidas para favorecer la movilidad intersectorial, interprofesional y geográfica de la mano de obra. Reducción de la edad de jubilación, con financiación de su costo a cargo del Estado y de las empresas. Establecimiento de una ayuda especial al parado con cargas familiares, después de agotados los plazos del subsidio. Fomento de programas de empleo en el marco de la programación regional. Convenios con sectores y empresas para la creación de empleo a partir de nuevas modalidades de contratación. Bases en las que debe asentarse el Consejo previsto en el artículo 131 de la Constitución.

Afirmar que el empleo es el primer objetivo de la política económica no supone, en absoluto, olvidar otros dos aspectos importantes de la economía: el equilibrio interno de los precios y el equilibrio exterior de la balanza de pagos, porque, a falta de estos equilibrios esenciales, la economía no podrá crecer duraderamente ni ofrecer empleos estables.

La sociedad que cree en la inflación la produce, y cuando tantas impaciencias se despiertan ante las medidas monetarias y presupuestarias que disciplinan, o que intentan disciplinar, la inflación, es menester recordar a los impacientes que ningún país mejora su comportamiento frente a la crisis aumentando los precios. Allí donde existen políticas monetarias y presupuestarias holgadas, por no decir expansivas, no hay menor inflación sino mayor crecimiento de los precios y no hay mayor ocupación sino más paro.

Por eso, es necesario, aunque sea costoso, continuar con políticas monetarias rigurosas e intensificar el control de los gastos corrientes y del déficit público. El Gobierno no va a ceder en este objetivo esencial y de ningún modo se dejará arrastrar por la presión de los que proclaman que nuestro grave problema de paro podría resolverse a través de un mayor déficit público.

Añado, entre paréntesis, que si el déficit no es la solución, tampoco lo es el aumento de la presión fiscal. La reforma fiscal es ya un hecho positivo de la transición. Ahora hay que contemplarla y aplicarla cada vez con mayor eficacia y rigor. Pero es necesario no ahogar ni los beneficios ni el ahorro si queremos que éstos se traduzcan en inversión y creación de puestos de trabajo. En especial es necesario amentar la lucha contra el fraude fiscal para erradicar los supuestos más extendidos de defraudación que sabemos que todavía existen.

La ampliación del déficit público hasta cotas que significan, simplemente, una perdida del sentido de la medida, llevaría en el espacio de pocos meses a una destrucción de empleo, no a su creación. El interés de la nación, el interés de los trabajadores, el interés de los empresarios, está en contener la inflación y no en estimularla, está en contener el déficit de la balanza de pagos y no en aumentarlo, está en crear empleo y no en destruirlo, está en defender no sólo el salario de hoy, sino el salario de mañana.

El control del déficit público obligará a una seria limitación en los gastos corrientes de la maquinaria administrativa y a una revisión de nuestra política de ayudas a sectores y a empresas deficitarias.

Un primer paso en esta dirección se dará ya en la ejecución de los Presupuestos de 1981. Me propongo, inmediatamente tras la constitución del nuevo Gobierno, instar a los Departamentos ministeriales a que realicen propuestas concretas que permitan reducir los gastos corrientes de este ejercicio en una cifra no inferior a 30.000 millones de pesetas. Los Presupuestos Generales del Estado para 1982 se prepararán con exigencia, moderando los gastos corrientes de modo que permitan generar el ahorro público necesario para proseguir el aumento de la inversión pública sin incrementar el déficit.

Al revisar las preferencias y objetivos de la acción que mi Gobierno se propone llevar a cabo, no puedo dejar de mencionar la reconversión industrial y la política agraria y pesquera.

Quiero subrayar que considero necesario mantener un tratamiento sectorial de la crisis industrial, tratamiento que se aleje de sus actuaciones puntuales y que garantice el principio de igualdad de las empresas ante el mercado.

Para una mejor ejecución de esta política, el Gobierno establecerá, a través de la correspondiente norma, un cauce suficiente para lograr una mayor eficacia en su acción. El actual esquema normativo no basta para hacer frente a la situación crítica en que estamos. Hacen falta nuevos instrumentos legales que permitan flexibilizar las relaciones económicas de las empresas en crisis con la Hacienda pública y con la Seguridad Social, que modifiquen los supuestos de actuación del Fondo de Garantía Salarial y que den a la acción del Estado la transparencia y la cobertura necesarias.

Con la misma claridad debo señalar que en una situación de crisis los recursos son limitados y la acción sectorial tiene, necesariamente, que ser selectiva. Esta Cámara conocerá con precisión los recursos que podemos destinar a la reconversión industrial y la aplicación que de ellos vayamos realizando. Y esta política de reconversión se debe completar, se completa, con una estrategia industrial que, a la vista de la integración en Europa, permita aumentar la productividad, afiance las posibilidades de creación de nuevas industrias y estimule la utilización de nuevas tecnologías. La pequeña y mediana empresa deben jugar un papel esencial a este respecto.

He dicho al comienzo de esta intervención que no me proponía exponer de manera exhaustiva las medidas de un programa del que deben importar más los perfiles. Quiero hacer, sin embargo, y ya lo he anunciado, una referencia expresa a la agricultura y a la pesca, sectores hoy en dificultad, aunque por razones diferentes.

Mi Gobierno dedicará a la agricultura una atención preferente. La situación alimentaria mundial exige que aportemos recursos crecientes a este sector con el que, además, la sociedad española tiene, en este momento, una deuda de solidaridad.

La política agraria se planteará con una referencia permanente a las Comunidades Europeas. Ninguna medida, ningún paso que se dé en este sector podrá desconocer el marco europeo en el que debe ganar su futuro, un futuro no muy lejano, nuestra agricultura. Las reformas estructurales se dirigirán, en consecuencia, a mejorar las posibilidades de competencia de los sectores que están hoy en desventaja respecto de la Comunidad, y la política de precios y subvenciones se ordenará teniendo en cuenta la estructura de los precios relativos en Europa.

Con la perspectiva de este horizonte general, mi Gobierno actuará, de forma inmediata, en los siguientes campos:

Aplicación de nuevas medidas urgentes para paliar los efectos que está teniendo sobre las producciones agrícolas y ganaderas la actual situación climatológica.

Conclusión del programa legislativo en curso con envío a las Cortes Generales de los proyectos de ley pendientes y mantenimiento del desarrollo de las medidas concretas anunciadas en otras ocasiones en esta Cámara.

Revisión de la política de subvenciones, agilizando los procedimientos para conceder las que sean necesarias y aproximando, en cualquier caso, nuestros mecanismos a los vigentes en la Comunidad Económica Europea.

Apoyo a las explotaciones familiares y a las cooperativas agrarias, así como al sostenimiento en general de la empresa agraria, como sector indispensable para cubrir la demanda de alimentos de la sociedad española.

EI sector pesquero está en una situación crítica derivada esencialmente de las dificultades de pesca en los caladeros tradicionales. Hay que decir con claridad que esta situación no es fácilmente reversible, pero puedo asegurar a SS. SS. que mi Gobierno defenderá palmo a palmo, en los foros internacionales o en las relaciones bilaterales, los derechos que amparan a nuestros pescadores. En otro capítulo de esta intervención me referiré a la importancia de orientar la política exterior española a la defensa de nuestros intereses concretos, pero quiero dejar dicho ahora que uno de los intereses que con mayor legitimidad podemos y debemos defender es precisamente el de nuestro sector pesquero.

Dicho esto, debo también afirmar con claridad que, una vez definido de manera inequívoca el grado de ocupación posible de nuestra flota, el Gobierno procederá, en diálogo con los

sectores afectados, con empresarios y con trabajadores, a laborar y ejecutar los planes de reestructuración necesarios según los caladeros, las especies, los puertos y los tipos de barcos.

No quisiera concluir este examen de la política económica sin referirme, siquiera brevemente, al papel del sector público en la economía. He insistido muchas veces en mi propósito de fortalecer la economía de mercado según los términos del artículo 38 de la Constitución. Quiero señalar, con igual énfasis, la necesidad de un sector público eficaz que anteponga esta eficacia a cualquier presión sobre su crecimiento y que programe su actuación proyectando algunas certidumbres en un mundo tan escaso de ellas. Una mayor libertad económica no es incompatible -y menos aún en tiempo de crisis- con una racionalización y una planificación de la actuación del Estado. Me propongo establecer un plan trienal de las inversiones públicas que debe servir, acompañado del seguimiento adecuado, para que la inversión se ejecute con eficacia y para que cuando, como ahora sucede, la inversión pública juegue un papel coyuntural decisivo, no sólo se invierta mas, sino que también se invierta mejor.

Al sector público le corresponde también un papel destacado en la corrección de los desequilibrios regionales. La entrada en vigor de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas permitirá al Estado disponer de mejores instrumentos para la programación y ejecución de esta política general. En aplicación de estos instrumentos y en la perspectiva de la adhesión a las Comunidades Europeas, el Gobierno establecerá un sistema de programación regional que cuente con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de los entes preautonómicos.

Voy a referirme ahora a la acción exterior que mi Gobierno se propone realizar si obtengo la investidura.

La realidad demográfica, económica y militar de España obliga a poner el acento en la política exterior, más que en lo que comúnmente conocemos como política internacional. Esto quiere decir que, sin olvidar la debida atención a las grandes cuestiones internacionales, pretendemos centrarnos en nuestros problemas, en la defensa de nuestros intereses específicos y en la cooperación activa y la amistad con aquellos países del mundo que comparten los valores e intereses consustanciales a la sociedad española de hoy.

Nuestra política exterior debe atender preferentemente a la garantía de nuestra seguridad nacional y a la salvaguardia de la integridad de nuestro territorio. Por esto, quiero dejar bien clara la estrecha vinculación existente entre política exterior y política de defensa, que son materialmente inseparables. No es posible alcanzar un aceptable grado de disuasión frente a amenazas exteriores sin un fortalecimiento de las instituciones armadas, servido por una adecuada acción exterior.

Asimismo, entiendo que España debe cooperar a la defensa de los valores democráticos sobre los que se asienta la sociedad en la que queremos vivir y queremos convivir. Tenemos la obligación de afirmar los valores en los que creemos y de cooperar, por lo tanto, en la defensa de los derechos humanos, defensa eficaz y omnicomprensiva, no simplemente retórica y discriminadora. Tenemos la obligación de contribuir a la salvaguardia de la paz en todo el mundo, como un ideal que persiga la seguridad individual y colectiva, que colabore al bienestar y que permita una auténtica cooperación para el desarrollo.

Corresponde, además, a nuestra acción exterior la protección de los derechos e intereses de nuestros emigrantes y, en general, de los españoles residentes en el extranjero la promoción de los intereses económicos, de los intereses económicos españoles, y de los intercambios comerciales, culturales y tecnológicos.

Creo haber definido, así, los tres fundamentos en los que debe asentarse nuestra acción exterior: Primero, seguridad y defensa nacionales segundo, cooperación eficaz para la salvaguardia de los valores éticos y espirituales, propios de nuestra concepción humanista y de la sociedad de libertades en la que creemos y tercero, defensa especifica de los intereses españoles, tanto individuales como colectivos. Y todo ello desde la sobriedad, la eficacia y la dignidad.

Establecidos de esta forma los objetivos, voy a referirme ahora a las que serán líneas de acción principales en nuestra política exterior. El primer esfuerzo se encaminará a conseguir para nuestro país una definición de política europea, democrática y occidental, clara e irreversible lejos de sueños que puedan delatar una tentación aislacionista respecto del marco occidental. Esta afirmación europea ha de venir acompañada de un componente esencial y distintivo que nos proponemos acrecentar: nuestra relación estrecha con los países iberoamericanos, fundamental por tantas razones que es ocioso reiterar, y que se configura como una constante histórica trascendente a cualquier coyuntura.

Por lo que respecta a nuestra política europea, he de felicitarme, hemos de felicitarnos todos, de que, en la búsqueda del interés nacional, partamos de un presupuesto importante: la unanimidad de los partidos políticos respecto a la integración de España en las Comunidades Europeas. Existen, para esa integración, claro está, dificultades económicas. Pero quiero reafirmar aquí el carácter eminentemente político de nuestra opción europea, que constituye, ante todo, un objetivo histórico de primera magnitud. Además de nuestra presencia activa en el Consejo de Europa, ese objetivo se cumplirá mediante nuestra integración próxima en el Mercado Común.

Establecidas las grandes líneas de nuestra política europea, me referiré ahora a cuatro problemas básicos para nosotros, porque se refieren a nuestras relaciones de vecindad.

En primer lugar -y quiero subrayar este «primer lugar-, la vinculación con Portugal. Hay que superar el desconocimiento y la consiguiente separación real entre nuestros pueblos. Hay que colaborar estrechamente con Portugal y alcanzar un entendimiento sólido y duradero. Hay que favorecer, desde ahora, la complementariedad de nuestras economías para conseguir la incorporación mutuamente provechosa de los dos países peninsulares en la Europa Comunitaria.

El segundo tema bilateral que deseo resaltar es el de las relaciones con Francia. Es cierto que existen factores económicos competitivos. Es cierto, también, que la reticencia de Francia en la lucha obligadamente común contra el terrorismo resulta, a veces, incomprensible y dolorosa. Sin embargo, queremos manifestar nuestro propósito de impulsar una nueva política con Francia, dirigida a superar esas dificultades. Pienso que Francia y España deben acreditar su condición de aliados naturales y confío en que París apoyará en su momento, sin reservas, nuestro ingreso en las Comunidades y cooperará, de forma inmediata, con nosotros en la lucha contra el terrorismo.

En tercer lugar, nos proponemos proseguir la aplicación paulatina y convenida de la Declaración de Lisboa, nuevo camino en la marcha hacia la recuperación de Gibraltar, cumpliendo así un objetivo nacional irrenunciable y suprimiendo el único obstáculo importante en nuestras relaciones con el Reino Unido.

En fin, y por lo que hace a nuestra política árabe y africana, me referiré a tres órdenes de cuestiones concretas.

Primero. Nuestra inalterable posición de amistad con el mundo árabe.

Segundo. Nuestra vinculación profunda con las naciones del Magreb. España desea una solución definitiva y justa al agudo conflicto que en el Magreb se desarrolla un conflicto -entiéndase bien- ya ajeno a nosotros y en el que hace tiempo dejamos de ser parte un conflicto en el que nos sumaremos a cualquier dinámica de paz que, aceptando los reiterados principios aplicables al caso, salvaguarde otra línea que debe ser permanente en nuestra política exterior por encima de cualquier dificultad circunstancial otra línea también de vecindad: la amistad con nuestro gran vecino del Sur, la necesidad de contar en nuestra frontera meridional con un Reino de Marruecos estable, próspero y en cordiales relaciones con los demás países del Magreb, igualmente amigos de España.

La tercera referencia obligada es la de Guinea Ecuatorial. El Gobierno que pretendo constituir proseguirá los esfuerzos para el fortalecimiento de la soberanía, el desarrollo y la estabilidad de la joven República africana.

Dentro de nuestra definición occidental, debo dedicar una consideración propia y separada a nuestra relación con los Estados Unidos y la Alianza Atlántica.

En mi opinión, no cabe plantearse como objetivo un distanciamiento entre la Europa Occidental y los Estados Unidos ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo militar. Hay que buscar una relación equilibrada de cooperación y solidaridad, definiendo los espacios de convergencia y acotando los puntos en los que Europa, la Europa progresivamente unida, puede actuar por sí sola. Pero ello no impide que se deba tener presente la existencia de una solidaridad de fondo y de unos intereses comunes expresados políticamente en la relación atlántica y en la organización en que ésta cristaliza.

Sin desconocer que la incorporación de España a la OTAN está vinculada a otros condicionantes de nuestra política exterior, el Gobierno que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza.

Ante todo, he de manifestar que no aceptaremos que terceros países intenten coaccionarnos en este punto con sus opiniones. Entendemos que se trata de una cuestión a dilucidar entre españoles, a través de los mecanismos constitucionalmente establecidos, y a discutir con nuestros eventuales aliados. Pero no toleraremos que terceros países, concretamente la Unión Soviética, se arroguen el derecho de vetar la entrada de España en la OTAN, ni aceptamos, por tanto, las doctrinas de la congelación en sus actuales dimensiones de las alianzas existentes, ni la doctrina de que nuestra soberana voluntad de acción en este campo suponga un gesto agresivo susceptible de quebrar el equilibrio de fuerzas en Europa.

La decisión de marchar hacia la accesión a la Alianza Atlántica responde a una coherencia con nuestra concepción general de la política española, pero, ante todo, a una necesidad defensiva y de seguridad. La política exterior, ya lo he dicho antes, es ante todo búsqueda de seguridad. Y es evidente que esa seguridad tiene un componente militar. También es claro que ese componente militar no puede ser, y en este momento nadie lo considera así, un componente aislado. Las prédicas que apuntan hacia una neutralidad, armada o desarmada, no ocultan la realidad de que estas modalidades están fuera de las posibilidades que derivan de nuestros recursos en el primer caso, y ambos fuera de nuestra especialísima situación geoestratégica. No son, por tanto, ni posibles, ni útiles, ni viables.

Tampoco se puede hablar seriamente de que nuestra integración en la Alianza Atlántica suponga un aumento de los riesgos sobre nuestro espacio territorial. La dimensión de las amenazas a las que toda Europa se enfrentaría en el caso de un conflicto impide, de hecho, la neutralidad de un territorio tan crucial como el nuestro.

Esta afirmación atlantista hace que la relación bilateral con los Estados Unidos deba considerarse desde una perspectiva nueva. Esa relación bilateral podría resultar más útil y ventajosa en cuanto a los intercambios logísticos, tecnológicos, industriales y económicos. La coherencia de la relación bilateral hispano-Norteamérica sería mayor nos situaría en mejores condiciones de negociación y permitiría redefinir sus objetivos, acotando el espacio de la colaboración meramente militar y, dentro de ella, separando mejor los objetivos comunes y las misiones propias y específicas de las Fuerzas Armadas españolas. La modernización de éstas, tan imprescindible como ardua en razón de nuestra difícil situación económica, debe constituir objeto preferente de negociación para que la contrapartida norteamericana pueda facilitar tan vital e inexcusable objetivo.

Estas son las grandes líneas de acción de nuestra política exterior, las grandes líneas que propongo. Junto a ellas existen principios generales y permanentes. España debe tener una participación activa en la construcción de la paz. Estamos en un momento de grave crisis internacional, quizá en el momento potencialmente más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Asistimos a una gran incertidumbre y a una viva desconfianza en las relaciones Este-Oeste, desconfianza que por parte de Occidente se justifica en desgraciados hechos reales. España ha hecho y hará un gran esfuerzo en favor de la paz, en todos los foros a que tiene acceso y singularmente en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Lo hará, asimismo, en su actual condición de miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

En el tema de las autonomías, capital para España y para nuestro futuro, mi programa tiene que ser especialmente preciso e inequívoco.

Por una parte, quiero decir que asumo plenamente, resueltamente, la opción autonómica de la Constitución. Unión de Centro Democrático ha contribuido de manera decisiva a que el principio autonómico, como principio básico de la organización del Estado, se inscriba en nuestro texto fundamental y lo ha traducido luego en realidades operativas. Pocas veces un Estado con la complejidad y el entramado histórico del Estado español habrá emprendido un camino tan apasionante y tan difícil. Es un camino a la vez de esperanza y de riesgos, en el que me propongo medir en lo posible los riesgos para que pueda destacar mejor y afirmarse mejor la esperanza. Una esperanza de mejora de nuestra convivencia, de perfeccionamiento de nuestra vida colectiva, de transformación de la organización pública, de redistribución territorial del poder, haciéndolo más próximo a los ciudadanos y, en definitiva, más eficaz.

De ahí mi propósito firme de cumplir y aplicar lealmente, diligentemente, los Estatutos catalán y vasco, así como de poner en marcha sin tardanza los de Galicia y Andalucía, ya desbloqueados, y, finalmente, de ultimar todo el proceso autonómico restante, que me gustaría dejar concluido en esta legislatura. En lo que a Navarra concierne, continuarán las negociaciones con la Diputación Foral para el amejoramiento paccionado del Fuero, de acuerdo con la naturaleza jurídica del Régimen Foral.

Ahora bien, y es la segunda precisión que me interesa dejar aquí, la construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y, además, con un rigor político y un rigor administrativo especialmente atentos. Esa integridad incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no puede ser un simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o menos fortuito. Por el contrario, el Estado es una pieza esencial del propio sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer posible su funcionamiento y hacer posible también la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad y de igualdad que la Constitución ha impuesto como cuadro general del sistema. Por ello, en el Título VIII del texto constitucional no sólo se definen las competencias transferibles a las Comunidades Autónomas, sino aquellas que han de mantenerse en las manos exclusivas del Estado y también un conjunto importante y que ha de compartirse entre las dos instancias mediante la fijación de bases por el Estado y su desarrollo y ejecución ulterior por las Comunidades Autónomas.

Es, pues, preciso que, a la vez que se ahonda en el sistema autonómico, se pongan a punto y se perfilen técnicamente esas competencias exclusivas o compartidas del Estado, sin las cuales el sistema no funcionaría en los términos que la Constitución impone.

Me propongo, pues, si obtengo esta investidura, trabajar sistemáticamente en esta dirección, imprescindible para el mantenimiento del Estado, así como para la propia eficacia social y política de las Comunidades Autónomas. Especialmente sensible seré a la preservación del principio de la unidad económica de España, impuesta por la propia Constitución y por la eficacia de la economía, como es común en todos los países con sistemas no ya regionales, sino también federales, y exigida esa unidad económica de España hoy con especial fuerza por la situación de crisis económica que padecemos, y por nuestra próxima integración en las Comunidades Europeas. Para ello, pondré en marcha los mecanismos de planificación económica que han de pautar, de acuerdo con las Comunidades este relevante sector de actividad.

Debo decir con claridad que, si llego a presidir el Gobierno, éste ejercerá sin vacilaciones todas las competencias que la Constitución y los Estatutos le reservan. Y ello no para limitar a las autonomías, sino precisamente para servirlas, como antes he anotado. No habrá autonomías fuertes sin un Estado fuerte para profundizar el proceso autonómico es imprescindible robustecer las estructuras unitarias dentro de las cuales han de moverse las Comunidades Autónomas, como es imprescindible también robustecer la autonomía y las haciendas de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, en un esfuerzo coordinado de solidaridad.

Por otra parte, el rigor en la realización del proceso y en su articulación definitiva es, en sí mismo, una condición indispensable para que no pueda producirse un desorden general, que frustraría gravemente a nuestra sociedad y a la esperanza legítima que en las autonomías han puesto nuestros pueblos. Sinceramente creo que ese rigor es imprescindible en aspectos como la Administración, los medios personales, las técnicas jurídicas y financieras. La Administración Central tiene defectos antiguos que no debiera traspasar a las Comunidades Autónomas. Y éstas, por su parte, pondrán todo su empeño en evitar que así sea, para lo cual la Constitución les habilita con las competencias y poderes precisos.

Mis ideas sobre este capítulo importante de las responsabilidades actuales del poder no son muy complicadas, pero creo que son firmes y obedientes a un criterio claro. Sí, sin vacilaciones ni reservas mentales ni de ningún orden, a las autonomías, en las que veo no sólo un mandato ineludible de la Constitución y de los Estatutos, sino también una esperanza cierta para nuestro pueblo, esperanza que sería grave que se frustrase y que, antes bien, todos debemos servir con ilusión y con resolución. Pero no, claramente no, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no sólo cultural, sino político, a todos sus hombres. No, por ello, al desmantelamiento del Estado, cuya fortaleza más bien ha de ser la primera garantía de que las autonomías se afirmen, se profundicen y se desarrollen en el seno de una estructura común que las haga posibles. Un autonomismo fuerte en un Estado fuerte: esa podría ser la clave final de la historia que está dispuesto a desarrollar el Gobierno si yo alcanzo la investidura.

Señoras y señores diputados, paso a tratar ahora, muy brevemente ya, la política que, en materia de seguridad ciudadana, aplicará mi Gobierno si obtengo la investidura.

Cualquier sistema de libertad política está en función de las condiciones para su ejercicio. La libertad demanda unas garantías jurídicas y una protección judicial. Reclama también una igualdad de oportunidades, para no ser patrimonio de unos pocos. Y exige, finalmente, un entorno de respeto social de cumplimiento estricto de las leyes, de orden público en definitiva, de seguridad.

Cuando el ciudadano siente en peligro los valores primarios de su existencia pacífica, aparece el mayor enemigo de la libertad, que es el miedo. Y surgen, entonces, voces interesadas amplificando temores y anunciando catástrofes para conjuntar este gran patrimonio de todos nosotros, que se resume sencillamente en una frase: vivir en democracia y en libertad.

La seguridad es así una condición básica, social y real, de un régimen de libertad política.

Es evidente que la delincuencia ha crecido en España espectacularmente en la década de los setenta.

Sin embargo, aunque el hecho no justifica ninguna complacencia, nuestra tasa de criminalidad sigue siendo una de las más bajas de Europa y, por primera vez desde hace seis años, en 1980 ha disminuido el número de delitos.

Un hecho doloroso merece subrayarse: el 40 por ciento de los reclusos de nuestras prisiones está formado por menores de veinticinco años. Este problema de la delincuencia juvenil, tan frecuentemente ligado al uso de la droga, es una de las mayores facturas de la inseguridad pública.

La política de prevención de la delincuencia se va a situar en la primera línea de las preocupaciones del Gobierno. Se va a presentar inmediatamente un proyecto de Ley de Protección de Menores se va a reformar el régimen de inversiones de Centros especiales y se coordinará toda la acción del Gobierno en materia de prevención del delito. Nos proponemos aplicar una estrategia de prevención social que va a superar la simple política represiva de las medidas penales. En esta materia, la colaboración de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y de las Diputaciones resultará imprescindible. Un exponente máximo de la inseguridad es el terrorismo, que se inicia en España en la década de los años setenta y que ha continuado, después, con la democracia. Durante estos años, los Gobiernos de UCD han afrontado tenazmente el terrorismo, con éxitos y con fracasos con avances, pero también con retrocesos. Es de justicia reconocer aquí el apoyo que han prestado los partidos representantes en esta Cámara en los momentos fundamentales y más dramáticos, respaldando la acción antiterrorista. Y es de necesidad repetir aquí una vez más que esta colaboración seguirá siendo indispensable porque el problema no es sólo, como se dice a menudo, un problema de Estado, sino que es el gran problema que pone en riesgo la propia realidad del Estado. Y en estos instantes, en que se empieza a vencer la presión del terror, debo afirmar que la acción del Gobierno se reforzará en varias líneas ya iniciadas:

Una actuación política con un desarrollo real y sin reservas de lo establecido en las normas de los Estatutos, cuya realidad ha descalificado moralmente la acción de la violencia que ya no tiene justificación ni pretexto político. Una actuación legal, a través de la tipificación penal del delito de terrorismo en el Código Penal y de las figuras que exigen movilidad y variedad con las que se están produciendo estos hechos. Una actuación judicial a través de la presencia constante del Ministerio Fiscal, desde las primeras diligencias, tanto para garantizar los derechos de la persona del detenido, como para incitar a la rápida y eficaz acción de la Justicia. Una actuación policial, con la mejora, tanto cuantitativa como cualitativa, de los servicios en coordinación con la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la Junta de Seguridad. Una política energética dirigida a evitar de raíz que la violencia y la irracionalidad puedan alcanzar, ni siquiera excepcionalmente, a la acción de los servidores del Estado, en los que la sociedad ha visto y quiere ver siempre toda la dignidad, toda la abnegación y todo el sacrificio que reclama la lícita defensa de la justicia y de la democracia. Una actuación sustanciada en la cooperación internacional, especialmente en lo que se refiere a Tratados bilaterales o multilaterales y prácticas judiciales y administrativas en materias de extradición y asilo territorial. En resumen de todo lo anterior, tengo que señalar una vez más que concebimos la defensa de la seguridad ciudadana como un capítulo inseparable de la defensa de la libertad y de la democracia.

Por último, dos palabras sobre un tema que merecería muchas más: la Administración Pública.

Un Gobierno eficaz necesita una Administración que sea capaz de ejecutar con diligencia la política gubernamental. Tras cinco años de intensa dedicación a la Administración, quiero cumplir aquí un elemental deber de justicia hacia tantos funcionarios que han hecho del servicio al Estado la vocación de sus vidas y que lo cumplen, en no pocas ocasiones, con retribuciones escasas y sin otro incentivo que el limpio afán de servir a la comunidad.

La Constitución exige que los funcionarios públicos se rijan por un régimen estatutario. La revisión de este régimen debe hacerse en concierto con todas las Administraciones Públicas y con las organizaciones profesionales y sindicatos de funcionarios. El nuevo régimen de la Función Pública deberá ser el resultado de un amplio concierto y tendrá una vocación de permanencia en el tiempo.

Si obtengo la confianza de la Cámara se abrirá inmediatamente el cauce público de diálogo que es necesario para abordar esta empresa.

Señoras y señores diputados, quisiera cerrar mis palabras con una breve reflexión final. El desencanto que se ha extendido entre los españoles ante la gestión de la cosa pública, la acusación repetida a los Gobiernos sucesivos de incapacidad para resolver los problemas nacionales pueden tener, han tenido ciertamente en algunos casos, razones objetivas en que fundarse, pero tienen, desde luego, su raíz profunda en la pervivencia de actitudes que no corresponden a la nueva situación española. En una democracia, el Gobierno toma la iniciativa en la resolución de los problemas planteados y en la consecución de los objetivos sociales, pero no puede ser responsable de todo lo que ocurre en el país. Un Gobierno democrático, en la medida en que desea y propicia un mayor protagonismo de las instituciones y de los individuos en la toma de las decisiones colectivas, en esa misma medida ve reducido su propio ámbito de poder en esa misma medida precisa de la colaboración de la sociedad entera, con la que comparte los éxitos y los fracasos. Y esta colaboración, que no excluye, a nadie, pide hoy a los empresarios capacidad para aceptar el riesgo e invertir a los trabajadores, solidaridad con quienes no tienen empleo de todos, trabajo y voluntad de aceptar resueltamente nuestras responsabilidades.

Un Gobierno que adviene legítimamente al poder, como el que yo pienso formar si obtengo la investidura, puede y debe pedir esa colaboración de la sociedad entera y con ella un margen de confianza para su actuación.

Se ha dicho que la sociedad española ha vivido la transición política con una madurez excepcional, y ello es cierto, pero acaso nos falta aún, en ese proceso de maduración desde la dictadura, una cierta voluntad para asumir las mayores responsabilidades en los asuntos colectivos que corresponden a la sociedad en un régimen de libertades. De ahí al desencanto, a la confianza y a la crítica sistemática, no hay más que un paso.

Terminada ya la transición política, inaugurada ya una etapa de normalidad democrática (pese a los muchos problemas que nos afligen) el Gobierno que yo forme, si obtengo la investidura, hará frente a sus responsabilidades con toda la autoridad y la firmeza de su origen democrático, fiel a sus principios y sin la preocupación de adelantarse a los ajenos, seguro de hallar en el plazo de la legislatura las primeras soluciones para las principales cuestiones que tiene planteadas.

Yo pido desde aquí la colaboración de los partidos políticos, de las Corporaciones Locales, de las Comunidades Autónomas en la tarea colectiva de seguir construyendo el nuevo Estado. Y especialmente a los partidos políticos que están en la oposición, cuyas responsabilidades como oposición no deben impedirles la colaboración con el Gobierno, aun desde fuera del Gobierno, en las grandes decisiones colectivas. Colaboración que pido y espero con los ojos puestos en los graves problemas de España, y con la certeza de su solución en el tiempo a través del esfuerzo colectivo.

Señoras y señores diputados: para las líneas que quedan expuestas, y que ampliaré en el curso del debate, solicito la confianza de la Cámara en los términos del artículo 99 de la Constitución.

Muchas gracias.